Ley para Sancionar el Reclutamiento Ilícito de Personas Menores de Edad (Ley N° 10685)

La Ley N.º 10685, que sanciona el reclutamiento ilícito de personas menores de edad, se inserta en el marco del derecho penal costarricense como una respuesta legislativa a la creciente vulnerabilidad de la infancia frente a delitos de explotación y coacción. Su promulgación refuerza el compromiso del Estado con la protección integral de los derechos de la niñez, alineándose con los principios constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Costa Rica. Al modificar el Código Penal mediante la incorporación del artículo 281 ter, la norma busca cerrar lagunas jurídicas que permitían la impunidad de conductas que afectan a menores en situación de vulnerabilidad. De este modo, la legislación fortalece el ordenamiento jurídico al garantizar una respuesta penal más eficaz y proporcional.

La norma regula, entre otros aspectos, la tipificación del delito de reclutamiento ilícito, estableciendo los criterios para identificar la coacción de menores a participar en actividades delictivas. Asimismo, contempla la consideración de circunstancias agravantes, como la agresión, intimidación o amenaza directa a la víctima o a su núcleo familiar, y la explotación de condiciones de pobreza, exclusión educativa o situación migratoria irregular. La ley también define el rango de penas aplicables, fijando un mínimo de cuatro y un máximo de ocho años de prisión para los responsables. Todo ello se orienta a prevenir la vulneración de los derechos de los menores y a disuadir a potenciales perpetradores.

Entre los elementos fundamentales de la Ley N.º 10685 destaca la incorporación del artículo 281 ter al Código Penal, que establece una pena privativa de libertad específica para quienes recluten a menores bajo coacción o aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad. La disposición subraya la responsabilidad penal no solo por la acción directa, sino también por la intimidación o amenaza a la familia del menor, ampliando el espectro de protección. Además, la norma entra en vigor a partir de su publicación, lo que garantiza su aplicación inmediata y evita vacíos temporales en la persecución de estos delitos. La claridad del texto legislativo permite una interpretación coherente y una aplicación uniforme por parte de los operadores jurídicos.

Para los profesionales del derecho, la Ley N.º 10685 representa una herramienta esencial en la defensa y persecución de los derechos de la infancia, exigiendo una actualización constante de la práctica penal y procesal. Los abogados, fiscales y jueces deben familiarizarse con los criterios de vulnerabilidad y las modalidades de coacción tipificadas para garantizar una adecuada tipificación y sanción. Asimismo, la ciudadanía se beneficia al contar con una normativa que protege de forma explícita a los menores frente a la explotación y el reclutamiento ilícito, reforzando la confianza en el sistema de justicia. En un contexto donde la migración y la exclusión educativa son fenómenos crecientes, la ley cobra una relevancia particular para la construcción de una sociedad más segura e inclusiva.

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Referencias Bibliográficas

• Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2026). Código Penal de Costa Rica (Ley n.° 4573). Versión consolidada vigente al 22 de enero de 2026. Biblioteca Jurídica del Bufete de Costa Rica. https://bufetedecostarica.com/codigo-penal-de-costa-rica-4573/