Ley que Sanciona el Delito de Préstamo de Dinero «Gota a Gota» (Ley N° 10471)

La Ley N.º 10471 surge como respuesta a la creciente problemática del préstamo de dinero “gota a gota”, una modalidad que ha vulnerado derechos fundamentales y ha generado un clima de inseguridad en la esfera crediticia costarricense. Al incorporarse al Código Penal mediante el artículo 214 bis, la norma refuerza el marco jurídico nacional, alineándolo con los principios constitucionales de protección a la persona y a la familia. Su promulgación representa un paso significativo para combatir prácticas abusivas que, de otro modo, quedarían fuera del alcance de la legislación penal tradicional. En este sentido, la disposición fortalece la certeza jurídica y la confianza en las instituciones del Estado de Derecho.

El texto regula, fundamentalmente, la figura de la extorsión cobratoria, describiendo con precisión los actos de amenaza e intimidación que persiguen el cobro de deudas mediante presión directa o a través de terceros. Asimismo, establece los ámbitos de aplicación, incluyendo los canales de comunicación utilizados y la protección de víctimas vulnerables, como menores, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. La norma también contempla la tipificación de conductas cometidas por grupos organizados, vinculándolas a la legislación contra la delincuencia organizada. De esta manera, se cubren tanto los aspectos individuales como los colectivos del fenómeno del “gota a gota”.

Entre los elementos esenciales de la ley destaca la graduación de penas, que van de cuatro a ocho años de prisión para la conducta básica de extorsión cobratoria, y se agravan hasta cinco o diez años cuando la amenaza recae sobre personas vulnerables, se emplean varios agresores, o se produce daño físico o psicológico. La sanción se eleva a ocho‑quince años cuando concurren circunstancias de delincuencia organizada, conforme a la Ley contra la Delincuencia Organizada y los tratados internacionales vigentes. Estas disposiciones buscan no solo castigar, sino también disuadir la perpetración de actos coercitivos y proteger a los sectores más expuestos de la sociedad. La entrada en vigor inmediata garantiza que el aparato judicial cuente con herramientas actualizadas para perseguir estos delitos.

Para los profesionales del derecho, la Ley N.º 10471 constituye una herramienta esencial que amplía el espectro de conductas punibles y permite una actuación más eficaz en la defensa de los derechos de los deudores. Jueces, fiscales y abogados deben familiarizarse con los criterios de tipicidad y agravación para asegurar una correcta aplicación de las penas y evitar vulneraciones procesales. Asimismo, la ciudadanía gana una mayor garantía de protección frente a prácticas crediticias coercitivas, lo que fortalece la confianza en el sistema financiero y judicial. En un contexto donde la informalidad crediticia sigue siendo una amenaza, la norma se revela como un pilar fundamental para la seguridad jurídica y la cohesión social.

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Referencias Bibliográficas

• Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2026). Código Penal de Costa Rica (Ley n.° 4573). Versión consolidada vigente al 22 de enero de 2026. Biblioteca Jurídica del Bufete de Costa Rica. https://bufetedecostarica.com/codigo-penal-de-costa-rica-4573/
• Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2023). Ley contra la Delincuencia Organizada en Costa Rica (Ley n.° 8754). Versión consolidada vigente al 20 de septiembre de 2023. Biblioteca Jurídica del Bufete de Costa Rica. https://bufetedecostarica.com/ley-contra-la-delincuencia-organizada-en-costa-rica-8754/