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Reforma Constitucional que crea la Sala Constitucional de Costa Rica (Ley N° 7128)

Bufete de Costa Rica 

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Actualización Legislativa: 18/08/1989

La reforma constitucional que introduce la Ley N.º 7128 constituye un hito en el ordenamiento jurídico costarricense, al crear una Sala Constitucional especializada dentro de la Corte Suprema de Justicia. Este cambio responde a la necesidad de contar con un órgano competente para declarar la inconstitucionalidad de normas y actos de derecho público, garantizando así la supremacía de la Constitución. Al establecer una autoridad centralizada para la revisión constitucional, se fortalece la seguridad jurídica y se promueve la coherencia del sistema legal. La medida refleja la evolución institucional del país hacia una mayor protección de los principios constitucionales.

La normativa regula varios ámbitos esenciales del derecho público, entre los que destacan la declaración de inconstitucionalidad, la resolución de conflictos de competencia entre los poderes del Estado y el Tribunal Supremo de Elecciones, y la competencia en materia de recursos de hábeas corpus y amparo. Asimismo, se aborda la limitación de la potestad legislativa del pueblo y el procedimiento a seguir cuando un veto se fundamenta en razones de inconstitucionalidad. La ley también establece la competencia de la Sala para conocer consultas sobre proyectos de reforma constitucional y tratados internacionales. De este modo, se cubren tanto la defensa de los derechos fundamentales como la organización del proceso legislativo.

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Entre los aspectos fundamentales, el artículo 10 otorga a la Sala Constitucional la facultad de declarar la inconstitucionalidad por mayoría absoluta de sus siete magistrados, excluyendo de esa vía los actos jurisdiccionales internos del Poder Judicial y ciertas decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones. El artículo 48 reconoce el derecho al hábeas corpus y al amparo como recursos de la competencia de la Sala, ampliando su alcance a los derechos consagrados en instrumentos internacionales. Con el artículo 105 se reafirma que la potestad de legislar reside en el pueblo y no puede ser renunciada, salvo en lo relativo a tratados internacionales. El artículo 128 dispone el procedimiento para que, cuando un veto se base en inconstitucionalidad, la Asamblea Legislativa remita el proyecto a la Sala, quien debe resolverlo en treinta días. Finalmente, el transitorio establece la integración de la Sala con magistrados elegidos por una mayoría calificada de dos tercios, garantizando su independencia y representatividad.

Para los profesionales del derecho y la ciudadanía, la creación de la Sala Constitucional reviste una relevancia inmediata, pues centraliza la protección de los derechos fundamentales y la vigilancia de la constitucionalidad de las normas. Los abogados ahora disponen de una vía clara y especializada para impugnar actos que vulneren la Carta Magna, lo que fortalece la estrategia procesal y la defensa de los intereses de sus clientes. Los ciudadanos, por su parte, obtienen una garantía más eficaz de sus libertades mediante los recursos de hábeas corpus y amparo. En conjunto, la reforma promueve una mayor certeza jurídica y consolida el Estado de Derecho en Costa Rica.

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N° 7128

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA,

DECRETA:

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 10, 48, 105 Y 128 DE LA CONSTITUCION POLITICA

ARTÍCULO 1°

Refórmanse los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constituci¢n Política, cuyos textos dirán:

"REFORMA Art. 10: Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No ser n impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley.

Le corresponderá además:

a) Dirimir los conflictos de competencia entre los dos poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, así como en las demás entidades u órganos que indique la ley.

b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga en la ley."

"REFORMA Art. 48: Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de car cter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10."

"REFORMA Art. 105: La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual delega, por medio del sufragio, en la Asamblea Legislativa. Tal potestad no podrá ser renunciada ni sujeta a limitaciones, mediante ningún convenio o contrato, ni directa ni indirectamente, salvo el caso de los tratados, de conformidad con los principios del Derecho Internacional."

"REFORMA Art. 128: Si el veto se funda en razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea Legislativa, esta enviar el decreto legislativo a la Sala indicada en el número 10, para que defienda el diferendo dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que reciba el expediente. Se tendr n por desechadas las disposiciones declaradas inconstitucionales y las demás se enviarán a la Asamblea Legislativa para la tramitación correspondiente. Lo mismo se hará con el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, cuando la sala declare que no contiene disposiciones inconstitucionales".

ARTÍCULO 2°

Rige a partir de su publicación.

TRANSITORIO

La sala que se crea en el artículo 10 estará integrada por siete magistrados y por los suplentes que determine la ley, que serán elegidos por la Asamblea Legislativa por votación no menor de los dos tercios de sus miembros. La Asamblea Legislativa hará el nombramiento de los miembros de la Sala dentro de las diez sesiones siguientes a la publicación de la presente ley; dos de ellos los escogerá de entre los miembros de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, cuya integración quedará así reducida.

Mientras no se haya promulgado una ley de la jurisdicción constitucional, la Sala continuará tramitando los asuntos de su competencia, aún los pendientes, de conformidad con las disposiciones vigentes.

Preguntas frecuentes sobre la Reforma Constitucional que crea la Sala Constitucional

¿Cuándo se creó la Sala Constitucional en Costa Rica y qué reformó la Ley 7128?


La Sala Constitucional nació con la Ley 7128, aprobada por la Asamblea Legislativa el 5 de octubre de 1989 y publicada el 18 de agosto de 1989. Su artículo 1 reformó cuatro normas medulares de la Constitución Política: los artículos 10, 48, 105 y 128. El artículo 10 trasladó el control de constitucionalidad a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia; el 48 elevó a rango constitucional los recursos de hábeas corpus y amparo; el 105 reafirmó que la potestad de legislar reside en el pueblo; y el 128 ordenó remitir a esta Sala los vetos por inconstitucionalidad. Con esto Costa Rica abandonó el control disperso anterior y concentró toda la justicia constitucional en un único tribunal especializado, conocido popularmente como Sala IV.

¿Cuántos magistrados integran la Sala Constitucional según la Ley 7128?


El transitorio único de la Ley 7128 dispuso que la Sala Constitucional estará integrada por siete magistrados propietarios y los suplentes que determine la ley, todos elegidos por la Asamblea Legislativa por una votación calificada no menor de dos tercios de sus miembros, es decir, al menos 38 de los 57 diputados. Esa misma norma aclaró que dos de los siete propietarios se escogerían inicialmente entre los miembros de la Sala Primera de la Corte Suprema, cuya integración quedó así reducida. La Asamblea debía hacer ese nombramiento dentro de las diez sesiones siguientes a la publicación de la ley, lo que aceleró la instalación efectiva de la Sala desde octubre de 1989.

¿Qué competencias le otorgó la Constitución a la Sala IV con la reforma de 1989?


El artículo 10 reformado por la Ley 7128 le dio a la Sala Constitucional cuatro competencias claves: declarar la inconstitucionalidad de normas y actos de Derecho Público por mayoría absoluta de sus miembros, conocer los recursos de hábeas corpus y amparo (por remisión del artículo 48), dirimir conflictos de competencia entre los poderes del Estado incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, y conocer las consultas previas sobre proyectos de reforma constitucional, tratados internacionales y otras leyes. Quedaron expresamente excluidos del control los actos jurisdiccionales del Poder Judicial y la declaratoria de elección que hace el TSE. Esta arquitectura convirtió a la Sala IV en el guardián máximo de la Constitución y de los derechos humanos en Costa Rica.

¿Por qué se le conoce popularmente como Sala IV o Sala Cuarta?


El nombre Sala IV es coloquial y proviene del orden de creación dentro de la Corte Suprema de Justicia. Antes de la Ley 7128, la Corte tenía tres salas tradicionales: la Primera (civil y administrativa), la Segunda (laboral y familia) y la Tercera (penal). Cuando el artículo 1 de esta ley creó la nueva Sala especializada en materia constitucional, automáticamente se convirtió en la cuarta sala numérica del tribunal supremo. Aunque su nombre técnico es Sala Constitucional, los abogados, periodistas y la ciudadanía la llaman Sala IV por costumbre, y así aparece en titulares de prensa, libros de doctrina y conversaciones cotidianas sobre litigios constitucionales.

¿Qué cambió en el artículo 48 de la Constitución con la Ley 7128?


El artículo 48 reformado consagró expresamente el derecho de toda persona al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los demás derechos consagrados en la Constitución. La novedad clave fue equiparar la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la República, incorporando así el derecho convencional al bloque de constitucionalidad. Además, ambos recursos quedaron asignados como competencia exclusiva de la Sala que crea el artículo 10. Esto cerró el paso a la dispersión judicial anterior y consolidó un único foro constitucional para la tutela de derechos.

¿Qué reformó el artículo 128 de la Constitución sobre el veto del Ejecutivo?


El artículo 128 reformado por la Ley 7128 reguló qué pasa cuando el Poder Ejecutivo veta un decreto legislativo invocando razones de inconstitucionalidad y la Asamblea Legislativa no acepta esas razones. La norma ordena que en ese supuesto el decreto se envíe a la Sala Constitucional, que tiene treinta días naturales contados desde la recepción del expediente para resolver el diferendo. Si la Sala declara inconstitucionales algunas disposiciones, esas se tienen por desechadas; las restantes regresan a la Asamblea para continuar el trámite. Si la Sala determina que el proyecto no contiene inconstitucionalidades, el decreto sigue su curso normal. Este mecanismo blindó la legislación frente a vicios materiales antes de que entrara en vigencia.

¿Por qué fue tan importante la creación de la Sala IV en 1989?


Antes de la Ley 7128, el control de constitucionalidad estaba disperso: cualquier juez podía desaplicar normas en casos concretos y la Corte Plena conocía recursos de inconstitucionalidad de manera lenta y cargada de otras tareas. Esto producía decisiones contradictorias y poco eficaces para tutelar derechos. Al concentrar toda la materia constitucional en una Sala especializada de siete magistrados, dedicada a tiempo completo a estudiar amparos, hábeas corpus, acciones de inconstitucionalidad y conflictos de competencia, Costa Rica logró un sistema rápido, especializado y vinculante erga omnes. La Sala IV se convirtió en motor de la consolidación democrática, la igualdad de género, los derechos ambientales y el control de tratados internacionales en el país.

¿La Ley 7128 creó por sí sola la Ley de Jurisdicción Constitucional?


No. La Ley 7128 reformó únicamente la Constitución Política en sus artículos 10, 48, 105 y 128 y dispuso en su transitorio único que, mientras no se promulgara una Ley de Jurisdicción Constitucional, la Sala continuaría tramitando los asuntos de su competencia conforme a las disposiciones vigentes. La regulación detallada de procedimientos, plazos, recursos y efectos de las sentencias se dio pocos días después con la Ley 7135 de Jurisdicción Constitucional, del 11 de octubre de 1989. Por eso ambas leyes deben leerse en conjunto: la 7128 abrió la puerta constitucional y la 7135 dotó a la Sala de su reglamento operativo, fijando la mecánica de amparo, hábeas corpus y acción de inconstitucionalidad.

¿Qué dijo el artículo 105 reformado sobre la potestad de legislar?


El artículo 105 reformado por la Ley 7128 estableció que la potestad de legislar reside en el pueblo, quien la delega mediante el sufragio en la Asamblea Legislativa. Esa potestad no podrá ser renunciada ni sujetada a limitaciones por convenio o contrato, ni directa ni indirectamente, salvo el caso de los tratados conforme al Derecho Internacional. Aunque pueda parecer una declaración política, la incorporación de esta cláusula al control constitucional permite a la Sala IV anular leyes que cedan funciones legislativas a entes privados o que se autolimiten en perjuicio del pueblo soberano. La reforma fortaleció el principio democrático y reafirmó que la Asamblea es delegada del pueblo, no propietaria de la función legislativa.

¿Cómo me afecta la Ley 7128 si quiero presentar un amparo en Costa Rica?


La Ley 7128 le abre la puerta. Gracias al artículo 48 reformado, cualquier persona en Costa Rica tiene derecho fundamental a presentar recursos de hábeas corpus y amparo cuando una autoridad o un particular en posición de poder viole o amenace sus derechos. Y el artículo 10 reformado le garantiza que ese recurso será resuelto por una Sala especializada, no por un juez común recargado. La regulación procesal exacta (plazos, requisitos, autenticación, procedimiento) está en la Ley 7135 de Jurisdicción Constitucional, pero el fundamento constitucional de su derecho a acudir a la Sala IV nace en la Ley 7128. Por eso esta ley se considera, junto con la 7135, la columna vertebral del modelo de protección de derechos en Costa Rica.

Referencias Bibliográficas


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