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Derecho Administrativo  ·  Derecho Financiero  ·  Leyes

Aprobación del Contrato de Préstamo N.° 4871/Oc-cr Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para Financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia (Ley N.° 9968)

Bufete de Costa Rica 

8

Actualización Legislativa: 16/03/2021

La Ley N.° 9968 aprueba el Contrato de Préstamo N.° 4871/OC-CR entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. El préstamo es por un monto hasta de cien millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$100 000 000).

Además de aprobar el contrato, la ley dispone cómo se ejecuta el Programa: lo gestiona el Ministerio de Justicia y Paz por medio de la Unidad Coordinadora del Programa, crea la Unidad Ejecutora del Programa como órgano de desconcentración máxima adscrito a ese Ministerio, regula la administración de los recursos y la contratación, y fija reglas ambientales, de exoneración y de evaluación de resultados. La ley rige a partir de su publicación.

Aprobación del Contrato de Préstamo N.° 4871/Oc-cr Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para Financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia (Ley N.° 9968)

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Bufete de Costa Rica

El texto de la ley lo transcribió y cotejó la Biblioteca, y el facsímil oficial de La Gaceta, que trae el contrato de préstamo, las normas generales y su anexo único, va al final del PDF de la ley. Se publicó en el Alcance N.° 57 a La Gaceta N.° 53 del 17 de marzo de 2021.


Ver Aprobación del Contrato de Préstamo N.° 4871/Oc-cr Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para Financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia (Ley N.° 9968) en PDF


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N° 9968

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N.° 4871/OC-CR SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

ARTÍCULO 1

Aprobación del contrato de préstamo

Se aprueba el Contrato de Préstamo N.° 4871/OC-CR, entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), suscrito el 17 de marzo de 2020, por un monto hasta de cien millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$100 000 000), para financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia.

El texto del referido contrato de préstamo, las normas generales y su anexo único, que se adjuntan a continuación, forman parte integrante de esta ley.

Nota de la Biblioteca Jurídica: el texto del instrumento aprobado se reproduce en facsímil oficial al final del PDF de esta ley (páginas 4 a 68 de la edición de La Gaceta).

ARTÍCULO 2

Objetivo del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia

El Programa tiene como objetivo general contribuir a la disminución de los homicidios y asaltos en Costa Rica. Los objetivos específicos son: (i) mejorar la efectividad policial para prevenir el delito en los distritos priorizados; y (ii) reducir los comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia, en distritos con desventajas concentradas.

ARTÍCULO 3

Estructura organizacional para la ejecución del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia

El prestatario llevará a cabo el Programa bajo la gestión del Ministerio de Justicia y Paz, por medio de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

Aquellas actividades que se ejecuten con la participación de otros entes públicos serán gestionadas según los lineamientos establecidos en el Manual Operativo del Programa.

ARTÍCULO 4

Creación de la Unidad Ejecutora del Programa

Se crea la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) como un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, con personalidad jurídica instrumental para la realización de las funciones establecidas en el Contrato de Préstamo N° 4871/OC-CR y sus anexos que se aprueban mediante esta ley.

Para la ejecución e implementación del Programa se crearán cuatro plazas: una coordinación general, quien ostentará la mayor jerarquía administrativa y ejercerá las funciones ejecutivas de dicha Unidad, una Gerencia de Infraestructura, una Gerencia del Componente de Efectividad Policial y una Gerencia del Componente de Centros Cívicos.

Se autoriza a los ministerios de Justicia y Paz y de Seguridad Pública a proveer del personal profesional con que cuente y posea la idoneidad para ocupar las plazas descritas. En caso de que se demuestre que las instituciones no cuentan con el personal idóneo para ocupar estos cargos, se podrán realizar las contrataciones necesarias para ocupar dichas plazas. Los costos de las plazas estarán cubiertos con recursos propios del préstamo y tendrán vigencia desde la aprobación de la presente ley hasta que finalice su ejecución.

Ambos ministerios quedan autorizados, asimismo, para destacar personal de su planilla regular, de manera exclusiva, en labores de apoyo para la ejecución del programa.

ARTÍCULO 5

Administración de los recursos y rendición de cuentas

Los recursos provenientes del contrato de préstamo serán depositados en la cuenta designada por la Tesorería Nacional, en cumplimiento con el principio de caja única.

La Tesorería Nacional procederá a acreditar, de conformidad con los procedimientos establecidos, los desembolsos solicitados a favor de la UCP conforme a las disposiciones del contrato de préstamo para la realización de las actividades del Proyecto aprobado por esta ley; al efecto, la UCP deberá atender la normativa establecida para el uso eficiente de los recursos.

Los informes a que se hace referencia en los incisos c) y d) de la cláusula 5.01 del contrato de préstamo autorizado mediante la presente ley deberán ser enviados a la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, a más tardar siete días hábiles luego de su formal entrega, con copia a la Contraloría General de la República.

El financiamiento autorizado mediante la presente ley no podrá ser utilizado en la creación de plazas con cargo a los presupuestos públicos.

ARTÍCULO 6

Procedimientos de contratación administrativa

Los procedimientos de adquisición del Programa financiado con el Contrato de Préstamo N° 4871/OC-CR, independientemente del mecanismo de ejecución que utilice el Organismo Ejecutor, se someterán al régimen definido por las políticas de adquisición establecidas en el contrato de préstamo aprobado por esta ley, las cuales prevalecerán sobre los procedimientos y las normas del ordenamiento jurídico nacional, cuya aplicación será solo supletoria y en acatamiento de los principios que rigen la contratación administrativa.

En los casos en que según el monto contractual estimado proceda que la Contraloría General de la República tramite y resuelva los recursos de objeción y de apelación en contra de los pliegos o carteles de licitación y los actos de adjudicación que se dicten en los procedimientos de adquisiciones, se aplicarán todos los plazos previstos para el caso de las licitaciones abreviadas, según lo establece la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995. En dichos trámites recursivos la Contraloría General de la República resolverá únicamente sobre las alegaciones de nulidad hechas por las partes.

ARTÍCULO 7

Exoneraciones

Los documentos que se requieran para formalizar el Contrato de Préstamo N° 4871/OC-CR, así como su inscripción en los registros correspondientes, estarán exentos del pago de impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones o derechos de carácter nacional.

Las adquisiciones de bienes y servicios, que se lleven a cabo en la ejecución e implementación del Programa, no estarán sujetas al pago de ninguna clase de impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones ni derechos de carácter nacional. La presente exoneración no rige para los contratos suscritos con terceros.

ARTÍCULO 8

Otras fuentes de financiamiento

En caso de que el Poder Ejecutivo logre concretar financiamiento adicional para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia, proveniente de cooperación financiera internacional no reembolsable, los recursos que se liberen del endeudamiento del Contrato de Préstamo N.° 4871 /OC-CR podrán destinarse, previo acuerdo con el banco, a otras actividades de infraestructura consistentes con los objetivos del referido Programa y cumpliendo los indicadores dispuestos para estos fines en cada componente.

ARTÍCULO 9

Inclusión de recursos en el presupuesto ordinario y extraordinario de la República

Siendo que los recursos del financiamiento N.° 4871/OC-CR son única y exclusivamente para la utilización en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia, el Poder Ejecutivo deberá incluir dichos recursos en el presupuesto ordinario y extraordinario de la República, mediante autorización legislativa.

ARTÍCULO 10

Procedimiento de evaluación de impacto ambiental

Las actividades, las obras o los proyectos que se desarrollen con cargo a los fondos aquí aprobados, incluidos los referentes a relocalización de los servicios públicos, deberán cumplir la evaluación de impacto ambiental por medio de trámites expeditos, con el fin de satisfacer el fin público y cumplir los objetivos para los cuales se aprobaron los presentes contratos de préstamo. Se deberá realizar una evaluación ambiental de conformidad con el artículo 17 de la Ley 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), por ser el órgano competente, establecerá por medio de resolución administrativa, en un plazo máximo de diez días hábiles, los términos de referencia ambiental, estos últimos tendrán carácter de estudios específicos; asimismo, indicará el instrumento de evaluación correspondiente.

La Setena deberá colaborar con la redacción de los instrumentos de evaluación ambiental, si así se requiere por parte de la Administración Pública, al amparo de la normativa tutelar ambiental. Las actividades y los proyectos que se financian con los contratos de préstamo aprobados en esta ley se exceptúan del pago de las tarifas establecidas por el decreto N.º 34536-Minae, denominado Reglamento de fijación de tarifas de servicios brindados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Asimismo, se exceptúan las actividades, las obras o los proyectos que se ejecuten con los fondos aquí aprobados, de la publicación establecida en el artículo 22 de la Ley 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995.

ARTÍCULO 11

Viabilidad ambiental

Recibida la totalidad de la información y los estudios requeridos, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) contará con un plazo hasta de un mes para emitir la resolución administrativa en la que se otorga o rechaza la viabilidad ambiental. Esta resolución administrativa deberá ser notificada a la Dirección de Geología y Minas y a las partes legitimadas en el expediente administrativo. La Setena deberá sujetar el procedimiento a reglas de calificación única de la información, con el propósito de dar cumplimiento a los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función administrativas.

ARTÍCULO 12

Evaluación de resultados

La evaluación de medio término para revisar avances en las actividades, desviaciones y sus causas, proponer medidas correctivas y verificar los productos intermedios de acuerdo con la Matriz de Resultados del Programa, la ocurrencia de riesgos y aplicación de las medidas para mitigarlos, así como la evaluación final para verificar el avance en el cumplimiento de las metas previstas para cada uno de los resultados y la generación de los productos del Programa y la evaluación final sobre los resultados del Programa, con base en la metodología establecida en el Plan de Monitoreo y Evaluación y de conformidad con las pautas acordadas con el banco, deberán ser inscritas por parte del Ministerio de Justicia y Paz en la Agenda Nacional de Evaluación y presentar los informes finales a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).

Rige a partir de su publicación en La Gaceta.

Preguntas frecuentes sobre la Ley 9968 y el préstamo del BID para seguridad ciudadana

¿Por cuánto dinero es el préstamo del BID que aprueba la Ley 9968?


El artículo 1 aprueba el Contrato de Préstamo N.° 4871/OC-CR entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), suscrito el 17 de marzo de 2020, por un monto hasta de cien millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$100 000 000). El dinero se destina a financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia, y el contrato, las normas generales y su anexo único forman parte integrante de la ley.

¿Cuál es el objetivo del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia?


Según el artículo 2, el objetivo general es contribuir a la disminución de los homicidios y asaltos en Costa Rica. Los objetivos específicos son mejorar la efectividad policial para prevenir el delito en los distritos priorizados y reducir los comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia, en distritos con desventajas concentradas.

¿Quién ejecuta el Programa de Seguridad Ciudadana financiado con el préstamo?


El artículo 3 dispone que el prestatario llevará a cabo el Programa bajo la gestión del Ministerio de Justicia y Paz, por medio de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). Las actividades que se ejecuten con la participación de otros entes públicos se gestionan según los lineamientos del Manual Operativo del Programa.

¿Qué es la Unidad Ejecutora del Programa y cuántas plazas se crean?


El artículo 4 crea la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) como un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, con personalidad jurídica instrumental. Para ejecutar el Programa se crean cuatro plazas: una coordinación general, una Gerencia de Infraestructura, una Gerencia del Componente de Efectividad Policial y una Gerencia del Componente de Centros Cívicos. Los costos de las plazas se cubren con recursos propios del préstamo.

¿A dónde van los recursos del préstamo y a quién se rinden los informes?


El artículo 5 ordena depositar los recursos del préstamo en la cuenta designada por la Tesorería Nacional, conforme al principio de caja única. Los informes de los incisos c) y d) de la cláusula 5.01 del contrato deben enviarse a la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, a más tardar siete días hábiles luego de su formal entrega, con copia a la Contraloría General de la República.

¿Qué reglas de contratación se aplican a las compras del Programa?


Según el artículo 6, las adquisiciones del Programa se someten a las políticas de adquisición del contrato de préstamo, que prevalecen sobre los procedimientos del ordenamiento jurídico nacional, cuya aplicación es solo supletoria. Cuando la Contraloría General de la República deba resolver recursos de objeción y de apelación, se aplican los plazos de las licitaciones abreviadas de la Ley 7494, de 2 de mayo de 1995, y resuelve únicamente sobre las alegaciones de nulidad.

¿Qué exoneraciones de impuestos trae el préstamo para la seguridad ciudadana?


El artículo 7 exime del pago de impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones o derechos de carácter nacional a los documentos necesarios para formalizar el contrato y a su inscripción en los registros. Tampoco están sujetas a esos tributos las adquisiciones de bienes y servicios de la ejecución del Programa, pero la exoneración no rige para los contratos suscritos con terceros.

¿Qué plazos tiene la Setena para los trámites ambientales de las obras del Programa?


El artículo 10 exige que las obras con cargo a los fondos cumplan la evaluación de impacto ambiental por trámites expeditos, y la Setena debe fijar los términos de referencia en un plazo máximo de diez días hábiles. Según el artículo 11, una vez recibida toda la información y los estudios requeridos, la Setena cuenta con un plazo hasta de un mes para otorgar o rechazar la viabilidad ambiental.

¿Qué pasa si el Gobierno consigue más financiamiento para el Programa?


Según el artículo 8, si el Poder Ejecutivo concreta financiamiento adicional de cooperación financiera internacional no reembolsable, los recursos que se liberen del endeudamiento podrán destinarse, previo acuerdo con el banco, a otras actividades de infraestructura consistentes con los objetivos del Programa. El artículo 9 añade que los recursos del financiamiento son única y exclusivamente para este Programa y que el Poder Ejecutivo debe incluirlos en el presupuesto de la República mediante autorización legislativa.

¿Cómo se evalúan los resultados del Programa de Seguridad Ciudadana?


El artículo 12 prevé una evaluación de medio término, para revisar avances, desviaciones y riesgos según la Matriz de Resultados del Programa, y una evaluación final de las metas y los productos. El Ministerio de Justicia y Paz debe inscribirlas en la Agenda Nacional de Evaluación y presentar los informes finales a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).

Referencias Bibliográficas

  • Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2026). Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica (Ley n.° 7554). Versión consolidada vigente al 26 de agosto de 2026. Biblioteca Jurídica del Bufete de Costa Rica. https://bufetedecostarica.com/ley-organica-del-ambiente-de-costa-rica-7554/

Contrato de préstamo 4871/OC-CRLey 9968Ministerio de Justicia y PazPréstamo BIDprevención de la violenciaseguridad ciudadana

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