La Ley N.° 9876, «Reformas de la Ley 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de 2006, Ley para la Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Producción Pecuaria», modifica la ley que regula al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) para que sus controles sanitarios tomen en cuenta la realidad de las explotaciones pecuarias artesanales y de reducido tamaño.
El artículo 1 de esta ley da nueva redacción a los numerales 4, 6, 37, 38, 58, 64 y 68 de la Ley 8495: interpretación de la ley, competencias del Senasa, potestades de policía sanitaria, medidas sanitarias, retiro del certificado veterinario de operación, seguridad de los productos de origen animal y trazabilidad. El artículo 2 adiciona un inciso k) al numeral 2, sobre el fomento pecuario y las prácticas tradicionales, y un numeral 51 bis, sobre la documentación para el transporte en el territorio nacional.
Reformas de la Ley 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de 2006, Ley para la Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Producción Pecuaria (Ley N.° 9876)
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El transitorio único da al Senasa seis meses, a partir de la entrada en vigencia de la ley, para adaptar su aplicación a lo dispuesto, y la ley rige a partir de su publicación. El texto lo transcribió y cotejó palabra por palabra la Biblioteca contra la página oficial; el facsímil oficial de La Gaceta va al final del PDF de la ley. Se publicó en el Alcance N.° 251 a La Gaceta N.° 236 del 24 de setiembre de 2020.
N° 9876
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
REFORMAS DE LA LEY 8495, LEY GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL, DE 6 DE ABRIL DE 2006, LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA PRODUCCIÓN PECUARIA
Nota de la Biblioteca Jurídica: La Gaceta no ofrece de esta ley un texto digital fiable. Este texto lo transcribió la Biblioteca Jurídica y lo cotejó, palabra por palabra, con la página oficial; el facsímil oficial se reproduce íntegro al final del PDF de esta ley (Alcance N.° 251 a La Gaceta N.° 236 del 24 de septiembre de 2020, páginas 2 a 8 del PDF del Alcance; 7 páginas).
Se reforman los artículos 4, 6, 37, 38, 58, 64 y 68 de la Ley 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de 2006. Los textos son los siguientes:
Artículo 4- Interpretación de esta ley
La presente ley será interpretada en beneficio de la salud humana, la salud animal y el medio ambiente, y para la protección de cada uno de ellos. La jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan. Sin perjuicio de otros principios, se considerarán los siguientes: el principio precautorio o de cautela, el principio de análisis de riesgos, el principio de protección de los intereses del consumidor, el principio de equivalencia y el principio de transparencia e información y el principio de interdicción de la arbitrariedad.
Deberá emplearse el principio de proporcionalidad para determinar el campo de aplicación del ordenamiento escrito, de manera que se diferencie según el riesgo sanitario que implica el establecimiento sujeto a control.
[...]
Artículo 6- Competencias
El Senasa tendrá las siguientes competencias:
[...]
d) Proponer al Poder Ejecutivo que dicte las normas reglamentarias sobre materias de salud animal y salud pública veterinaria. Siempre que sea técnicamente posible desde la perspectiva sanitaria, estas propuestas deberán incluir normas diferenciadas, que se adapten de mejor forma a la realidad de las explotaciones que emplean métodos artesanales y a aquellas que por su reducido tamaño tienen dificultades técnicas y financieras para implementar estándares internacionales o normas establecidas fundamentalmente para las actividades agroindustriales.
e) Dictar las normas técnicas pertinentes, elaborar los manuales de procedimientos, así como ejecutar y controlar las medidas de bienestar animal, inspección veterinaria, desplazamiento interno, importación, exportación, tránsito, cordones sanitarios, prohibición de desplazamiento a zonas o locales infectados, prohibición o uso controlado de medicamentos veterinarios y reactivos de laboratorio veterinario, vigilancia e investigación epidemiológica y medidas sanitarias y veterinarias, en general, de todo animal doméstico, silvestre, acuático u otros, su material genético, sus productos, subproductos, derivados, sus desechos, las sustancias peligrosas y los alimentos para animales. En el ejercicio de esta competencia, el Senasa tomará en consideración tanto el tamaño de los establecimientos sujetos a control, como el uso de métodos de producción artesanales entre otros reconocidos por el Senasa, en tanto criterios objetivos que permitan establecer normas técnicas manuales diferenciados y adaptados a la realidad de establecimientos, siempre que sea técnica, científica y profesionalmente posible desde la perspectiva sanitaria de la protección a la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. Esos criterios objetivos deberán valorarse también durante la ejecución y el control de las medidas arriba indicadas. Se incluye en esta ley la competencia para conocer y regular cualquier otra medida o producto que la tecnología desarrolle y afecte la salud o la producción animal.
[...]
Artículo 37- Potestades de policía sanitaria
El Senasa queda autorizado para ordenar y ejecutar las medidas sanitarias necesarias, en materia de la aplicación de medicamentos veterinarios, el sacrificio de los animales afectados, los sospechosos de estarlo o los que han estado en contacto con ellos; la retención, el decomiso, la desinsectación, la desinfección, la devolución al país de origen, cuarentena, desnaturalización, destrucción de productos, subproductos y derivados de origen animal, así como el material genético y biotecnológico sometido a tecnologías de ingeniería genética y otros.
De todo lo actuado habrá constancia en un expediente administrativo; para ello, se deberá demostrar la debida motivación del acto y lo que dispone como medios de prueba en el párrafo primero de este artículo.
La persona interesada tendrá derecho a que, en el acto, se le entregue una copia legible de dicha acta.
Para el ejercicio de las competencias que esta ley le confiere, el Senasa contará con las potestades que ostenta el Servicio Fitosanitario del Estado, establecidas en la Ley 7664, Ley de Protección Fitosanitaria, de 8 de abril de 1997. Queda prohibido el ejercicio de estas potestades cuando no se está poniendo en riesgo la salud pública, la salud pública veterinaria o la salud animal.
Artículo 38- Medidas sanitarias
Los funcionarios del Senasa, y los que este designe, quedan facultados para que realicen inspecciones o visitas, así como para que apliquen las medidas sanitarias dentro de la propiedad privada o pública, en caso de que las mercancías pongan en riesgo la salud pública veterinaria o la salud animal.
Para el ejercicio de esta facultad, los funcionarios del Senasa deberán observar, en todo momento, los principios de proporcionalidad y de interdicción de la arbitrariedad enunciados en el artículo 4 de esta ley y deberán informar al administrado acerca de los recursos legales para impugnar el acto administrativo que reviste la medida sanitaria.
Artículo 58- Retiro del certificado veterinario de operación
El Senasa podrá retirar el certificado veterinario de operación si determina, previa inspección, que el establecimiento no cumple los requisitos sanitarios fijados para las actividades autorizadas. En caso de que el certificado se retire, el interesado deberá solicitarlo de nuevo.
El retiro del certificado deberá hacerse mediante una resolución debidamente motivada, contra la cual caben los recursos contemplados en la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.
Artículo 64- Seguridad de los productos y subproductos de origen animal
El Senasa, en conjunto y coordinación con el Ministerio de Salud, determinará las medidas sanitarias necesarias para garantizar la seguridad de los productos y subproductos de origen animal destinados al consumo humano. De igual manera, velará por la idoneidad de los insumos utilizados en su elaboración.
En la determinación de las medidas sanitarias mencionadas en el párrafo anterior, siempre que sea técnica, científica y profesionalmente posible desde la perspectiva sanitaria, deberán incluir mecanismos diferenciados que se adapten de mejor forma a la realidad de las explotaciones que emplean métodos artesanales, entre otros reconocidos por el Senasa, así como a la de aquellos establecimientos considerados de subsistencia por su reducido tamaño, volumen, riesgo sanitario y método de producción.
Se prohíbe la producción, transformación y distribución de productos o subproductos de origen animal o de alimentos para animales que no sean seguros para el ambiente o el consumo humano o animal.
Artículo 68- Productos sujetos a la trazabilidad/rastreabilidad
El Senasa velará por la creación, ejecución y verificación de los sistemas de trazabilidad/rastreabilidad de lo siguiente:
[...]
Al crear y ejecutar estos sistemas de trazabilidad/rastreabilidad, el Senasa deberá valorar, técnicamente desde la perspectiva sanitaria, si resulta indispensable incorporar los productos mencionados en este artículo, incluidos los animales vivos, cuando estos no forman parte de una operación comercial. Cuando no sea indispensable estos productos serán excluidos del sistema.
Los sistemas de trazabilidad/rastreabilidad vigilados y supervisados por el Senasa comprenderán todas las etapas de producción, transformación, transporte, importación, exportación y distribución mayorista, de los productos indicados anteriormente.
Se adicionan un inciso k) al artículo 2 y un artículo 51 bis a la Ley 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de 2006. Los textos son los siguientes:
Artículo 2- Objetivos de la ley
La presente ley tiene como objetivos:
[...]
k) Fomentar el desarrollo pecuario y la preservación de las prácticas tradicionales que, en atención al artículo 1 de la Constitución Política, garanticen un enfoque multiétnico y pluricultural.
Artículo 51 bis- Documentación para el transporte en el territorio nacional
Las personas físicas o jurídicas, así como las compañías dedicadas al transporte en el territorio nacional, estarán obligadas a requerir de los interesados los documentos y requisitos que establecen la presente ley y sus reglamentaciones, antes de recibirlos a bordo. Los requisitos que se soliciten deberán ser acordes con la capacidad de transporte del vehículo y tomar en cuenta la distancia por recorrer.
De no portar esos documentos, el Senasa podrá disponer el sacrificio de los animales, cuando esta situación implique un riesgo para la salud animal, la salud pública o la salud pública veterinaria, o la desnaturalización de los productos, según proceda. Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra medida sanitaria que la legislación disponga.
Los gastos por la aplicación de las medidas anteriores correrán por cuenta del transportista, del particular o de su representante.
El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) tendrá seis meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para adaptar su aplicación de conformidad con lo aquí dispuesto.
Rige a partir de su publicación.
El artículo 1 reforma los numerales 4, 6, 37, 38, 58, 64 y 68 de la Ley 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de 2006. Tocan la interpretación de la ley, las competencias del Senasa, las potestades de policía sanitaria, las medidas sanitarias, el retiro del certificado veterinario de operación, la seguridad de los productos de origen animal y los productos sujetos a trazabilidad.
No necesariamente. Según el artículo 1, cuando sea técnicamente posible desde la perspectiva sanitaria, las propuestas de normas del Senasa deben incluir normas diferenciadas que se adapten a las explotaciones que emplean métodos artesanales y a las que por su reducido tamaño tienen dificultades técnicas y financieras. Lo mismo vale para las medidas que garantizan la seguridad de los productos de origen animal, que deben incluir mecanismos diferenciados, también para los establecimientos considerados de subsistencia.
El artículo 1, en el nuevo texto del numeral 58 de la Ley 8495, dice que el Senasa podrá retirarlo si determina, previa inspección, que el establecimiento no cumple los requisitos sanitarios fijados para las actividades autorizadas. El retiro debe hacerse mediante una resolución debidamente motivada, contra la cual caben los recursos contemplados en la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978. Si se retira, el interesado deberá solicitarlo de nuevo.
El artículo 2 adiciona a la Ley 8495 el numeral 51 bis. Las personas y compañías dedicadas al transporte en el territorio nacional estarán obligadas a requerir de los interesados los documentos y requisitos que establecen esa ley y sus reglamentaciones, antes de recibirlos a bordo. Si no se portan, el Senasa podrá disponer el sacrificio de los animales cuando haya riesgo para la salud animal, la salud pública o la salud pública veterinaria, o la desnaturalización de los productos. Los gastos correrán por cuenta del transportista, del particular o de su representante.
El transitorio único establece que el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) tendrá seis meses, a partir de la entrada en vigencia de la ley, para adaptar su aplicación de conformidad con lo dispuesto. La ley rige a partir de su publicación.
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Dictamen jurídico sobre la masacre cometida en el Cerro San Miguel de Alajuelita el Domingo de Ramos de 1986: siete víctimas —una mujer adulta y seis menores de edad—; una sentencia condenatoria (1989) anulada en 1990 por graves irregularidades —entre ellas, indicios de tortura para obtener la confesión del adolescente…
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