Reducción de la Deuda Pública por Venta de Activos Ociosos de Costa Rica (Ley N° 10092)

N° 10092

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

REDUCCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA POR MEDIO DE LA VENTA DE

ACTIVOS OCIOSOS O SUBUTILIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO

ARTÍCULO 1

Autorización

Se autoriza a todos los entes y órganos de la Administración Pública para que enajenen o liquiden, de manera directa, los bienes muebles e inmuebles inscritos a su nombre y que no estén afectados al uso o dominio público sobre los que proceda la compra directa, de acuerdo con los parámetros de la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento; siempre y cuando dichos bienes no estén siendo utilizados en modo alguno y a criterio de la institución resulten ociosos, de acuerdo con el efectivo cumplimiento del fin público por el que fueron adquiridos.

ARTÍCULO 2

Definición

Para efectos de esta ley, se entenderá por activo ocioso aquel bien mueble o inmueble que, estando disponible para su uso, en la ubicación y en las condiciones esperadas, requeridas y necesarias para utilizarlo, no genere utilidades, beneficios o rentabilidad alguna, ni se le pueda dar el uso previsto para el que fue adquirido o algún otro que sea en función de su naturaleza.

ARTÍCULO 3

Declaratoria de ociosidad

Cada órgano y entidad de la Administración Pública tendrá la obligación de realizar un inventario anual de todos sus bienes muebles e inmuebles y remitir un informe al Ministerio de Hacienda, a más tardar el 31 de marzo de cada año, en el cual identificará, además, los bienes que catalogarían como ociosos. En caso de no existir bienes de este tipo, el jerarca deberá hacerlo constar en el respectivo informe. Corresponderá al máximo jerarca del órgano o ente emitir la resolución razonada

por la cual declara el bien como ocioso, así como acreditar que desprenderse de este no generará afectación al servicio público ni a derechos de terceras personas sobre estos.

ARTÍCULO 4

Disposición del bien y su traspaso

A partir de la resolución señalada en el artículo anterior, el jerarca máximo de cada órgano o ente deberá emitir el acto administrativo en el cual acepta traspasar el bien al Ministerio de Hacienda, siguiendo los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente y previo avalúo del bien, realizado por un perito del Ministerio de Hacienda.

Dicho traspaso será realizado según lo dispuesto en la Ley 6815, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 27 de setiembre de 1982.

Una vez en firme dicho acto, el jerarca deberá notificar su decisión al Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de República.

ARTÍCULO 5

Remate del bien

Tan pronto el bien declarado ocioso pase a dominio del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa de dicha cartera anunciará la posibilidad de desprenderse de este mediante un remate, que se regulará según lo dispuesto por la legislación de contratación administrativa vigente.

ARTÍCULO 6

Producto del remate del bien

El producto del remate público ingresará íntegramente al erario y será destinado, en su totalidad, al servicio de la deuda pública, por medio del presupuesto nacional correspondiente.

La Tesorería Nacional deberá acreditar el ingreso de la totalidad de los recursos generados producto de la realización del remate de los bienes indicados en esta ley.

ARTÍCULO 7

Tramitación de desafectación ante la Asamblea Legislativa

En caso de que los bienes públicos declarados como ociosos se encuentren afectados por el uso o dominio público, el jerarca del órgano o la entidad de la Administración Pública centralizada podrá solicitar al Poder Ejecutivo la presentación del respectivo proyecto de ley, ante la Asamblea Legislativa, para su desafectación.

ARTÍCULO 8

Facultad de los órganos o entes de la Administración Pública para participar

Los órganos o entes de la Administración Pública, en ejercicio de sus potestades y competencias, podrán declarar la ociosidad de sus bienes, autorizar el traspaso y solicitar al Poder Ejecutivo, en los casos que corresponda, la presentación del proyecto para la desafectación del bien público, en los términos dispuestos por la presente ley.

ARTÍCULO 9

Responsabilidades

El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de esta ley será causal de responsabilidad administrativa y civil para el jerarca del órgano o ente, quien a su vez podrá realizar la distribución interna de responsabilidades, según lo dispuesto por el artículo 205 de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil veintidós.