Ley para Sancionar Penalmente a las Personas que Introduzcan Ilegalmente Teléfonos Celulares, Satelitales u Otros Medios de Comunicación o Electrónicos, en los Centros Penitenciarios de Costa Rica (Ley N° 10716)

La Ley N.º 10716 se inserta en el marco del derecho penal costarricense con el objetivo de reforzar la seguridad y la disciplina en los establecimientos penitenciarios de modalidad cerrada. Al tipificar como delito la introducción no autorizada de dispositivos de comunicación, la norma responde a la necesidad de proteger la integridad del sistema carcelario frente a actividades ilícitas que pueden derivar en delitos graves, como el tráfico de drogas o la coordinación de actos delictivos desde el interior de los penales. Su promulgación refleja la voluntad del Poder Legislativo de actualizar el Código Penal para enfrentar los retos que plantea la tecnología en el ámbito carcelario. En consecuencia, la disposición se constituye en un elemento esencial del ordenamiento jurídico, complementando los instrumentos existentes para la prevención y sanción de conductas que vulneran la seguridad pública.

La normativa regula, de manera integral, la posesión, introducción, facilitación y procuración de teléfonos celulares, satelitales y otros medios de comunicación electrónica dentro de los centros penitenciarios. Asimismo, abarca los componentes tecnológicos y tarjetas SIM que posibiliten la comunicación, extendiendo su alcance a cualquier medio utilizado para lograr el ingreso de dichos dispositivos. La ley también contempla la responsabilidad de funcionarios públicos, proveedores, abogados y cualquier persona con autorización especial que actúe sin la habilitación correspondiente. De esta forma, se cubren tanto los actores internos como externos que puedan contribuir a la vulneración de la normativa penitenciaria.

Entre los aspectos fundamentales destaca la incorporación del artículo 257 quater al Código Penal, estableciendo una pena de dos a cuatro años de prisión para quienes infrinjan la prohibición sin autorización legal o reglamentaria. La sanción se incrementa en un tercio cuando la conducta es perpetrada por funcionarios públicos, proveedores de bienes o servicios, abogados en ejercicio o cualquier persona con autorización especial que actúe de forma indebida. La redacción precisa de la norma permite una aplicación clara y uniforme por parte de los órganos judiciales, garantizando la proporcionalidad de la pena y la protección de los derechos de los implicados. Además, la disposición contempla la posibilidad de aumentar la pena en función de la gravedad y la posición del infractor, reforzando el carácter disuasorio del régimen penal.

Para los profesionales del derecho, la Ley 10716 representa una herramienta relevante en la defensa y persecución de casos vinculados a la seguridad penitenciaria, exigiendo un conocimiento actualizado de sus elementos tipificadores y de las agravantes previstas. Los operadores judiciales, fiscales y defensores deben estar atentos a la correcta calificación de los hechos y a la aplicación de las sanciones correspondientes, considerando las particularidades de cada caso. Para la ciudadanía, la norma refuerza la confianza en que el Estado protege el orden interno de los centros penitenciarios y combate la utilización de la tecnología para fines delictivos. En suma, la legislación aporta un marco jurídico sólido que responde a los desafíos contemporáneos de la seguridad carcelaria y al fortalecimiento del Estado de Derecho.

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Referencias Bibliográficas

• Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2026). Código Penal de Costa Rica (Ley n.° 4573). Versión consolidada vigente al 22 de enero de 2026. Biblioteca Jurídica del Bufete de Costa Rica. https://bufetedecostarica.com/codigo-penal-de-costa-rica-4573/