Ley para regular el beneficio del arresto domiciliario con brazalete electrónico en Costa Rica (Ley N° 10517)

La Ley N.º 10517, promulgada en agosto de 2024, constituye una actualización normativa esencial dentro del marco penal costarricense, al regular de forma específica el beneficio del arresto domiciliario mediante el uso de brazaletes electrónicos. Esta reforma responde a la necesidad de adaptar el sistema de ejecución de penas a los avances tecnológicos y a los principios de proporcionalidad y reintegración social. Al incorporarse al Código Penal y al Código Procesal Penal, la norma refuerza la coherencia del ordenamiento jurídico y amplía las herramientas de control judicial.

El texto legislativo aborda la definición de los supuestos en los que procede el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, estableciendo los límites de la pena, la exclusión de delitos graves como la delincuencia organizada y los delitos sexuales contra menores, y la incompatibilidad con ciertos delitos de estupefacientes. Asimismo, regula la autorización de salidas restringidas por motivos laborales, de salud, educativos o familiares, y fija los criterios para la revocación de la medida. La norma también contempla la equivalencia entre la localización permanente con dispositivo electrónico y la prisión preventiva, alineando ambos instrumentos de control.

Entre las disposiciones clave destacan la exigencia de que la pena no supere los cuatro años de prisión y la obligación del juez de valorar el cumplimiento de las condiciones impuestas, como la integridad del brazalete y la notificación de fallas. El legislador otorga al juzgador la facultad de modificar o revocar la medida cuando se incurra en incumplimientos, se dañe el dispositivo o se cometa un nuevo delito, garantizando así la efectividad del control y la seguridad pública. Además, el artículo transitorio I protege los casos ya iniciados antes de la entrada en vigor, evitando retroactividad perjudicial.

Para los profesionales del derecho, la Ley N.º 10517 representa un instrumento relevante que afecta la estrategia de defensa, la negociación de penas y la asesoría a clientes bajo medidas de localización electrónica. Los operadores judiciales deben familiarizarse con los requisitos y procedimientos establecidos para la imposición y revocación del arresto domiciliario, mientras que la ciudadanía en general gana claridad sobre sus derechos y obligaciones en el marco de esta modalidad de cumplimiento de condenas. En un contexto de creciente uso de tecnologías de vigilancia, la norma aporta certeza jurídica y fomenta una justicia más eficiente y humanizada.

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