La Ley N.º 7499 incorpora al ordenamiento jurídico costarricense la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, firmada en Belém do Pará en 1994. Su aprobación representa un paso decisivo para armonizar la normativa interna con los estándares internacionales de derechos humanos. Al reconocer la violencia de género como una violación de derechos fundamentales, la norma refuerza el compromiso del Estado con la igualdad y la dignidad humana. De este modo, la convención se erige como un pilar estructural en la política pública de prevención y protección de las mujeres.
La convención aborda una amplia gama de fenómenos violentos, desde la agresión física y sexual hasta el abuso psicológico, tanto en el ámbito familiar como en la comunidad y en instituciones públicas. Asimismo, define el alcance de la responsabilidad estatal, obligando a los gobiernos a adoptar medidas de prevención, sanción y reparación. La normativa también protege derechos esenciales como la vida, la integridad física y psíquica, la libertad personal y el acceso a la justicia. En consecuencia, se crea un marco integral que regula la actuación de autoridades, instituciones y la sociedad civil frente a la violencia de género.
Aprobación de la Convención Interamericana Belém do Pará en Costa Rica (Ley N° 7499)
Descargar PDFBufete de Costa Rica
Entre los aspectos fundamentales destacan la definición amplia de violencia contra la mujer y la consagración del derecho de toda mujer a vivir libre de ella. La ley establece la obligación de garantizar recursos judiciales rápidos y efectivos, así como la igualdad de protección ante la ley. Asimismo, se reconoce la necesidad de políticas públicas de prevención, educación y sensibilización, y se impone al Estado la vigilancia y sanción de conductas perpetradas por sus agentes. Estas disposiciones clave dotan al ordenamiento de herramientas concretas para enfrentar la violencia estructural.
Para los profesionales del derecho, la Ley N.º 7499 ofrece un cuerpo normativo actualizado que debe ser interpretado y aplicado en procesos penales, civiles y administrativos. Los abogados, jueces y fiscales encuentran en ella fundamentos para la defensa de víctimas y la persecución de agresores, mientras que los ciudadanos adquieren una mayor certeza de protección y acceso a la justicia. La vigencia de la convención impulsa la formación continua y la sensibilización sobre igualdad de género en el ámbito jurídico. En síntesis, la norma se convierte en un referente indispensable para la construcción de una sociedad más segura e inclusiva.
¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.
