Ley para Permitir a las Municipalidades la Construcción de Obra de Acueducto y Alcantarillado (Ley N° 10595)

La Ley N.º 10595, promulgada por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, inserta una nueva facultad dentro del marco normativo del sector hídrico al permitir que las municipalidades participen directamente en la construcción de obras de acueducto y alcantarillado. Esta norma complementa la Ley 2726, que regula al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y responde a la necesidad de ampliar la cobertura de servicios básicos en zonas donde la capacidad institucional del AyA es limitada. Al reconocer la colaboración interinstitucional, la legislación refuerza el principio constitucional de acceso universal al agua potable y saneamiento, consolidando su posición dentro del ordenamiento jurídico costarricense.

El cuerpo normativo se centra en la autorización de convenios entre el AyA y las corporaciones municipales para la planificación, ejecución y rehabilitación de infraestructuras de suministro de agua y tratamiento de aguas residuales. Regula, a su vez, los requisitos técnicos que deben cumplir los estudios y planos de las obras municipales, estableciendo la supervisión y aprobación del Instituto como condición indispensable. Asimismo, contempla la incorporación de los costos de construcción, expropiaciones y servidumbres al modelo tarifario del AyA, bajo la supervisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Entre las disposiciones clave destaca la incorporación del inciso k) al artículo 2 de la Ley 2726, que formaliza la capacidad del AyA para celebrar convenios con los municipios y garantiza que las obras realizadas se integren al patrimonio del Instituto. El texto exige la aprobación previa de los diseños técnicos, la posterior incorporación de las obras al sistema de tarifas y la transferencia de terrenos y servidumbres al AyA, asegurando una gestión unificada y sostenible. Además, el artículo transitorio establece un plazo de seis meses para que el AyA reglamente los procedimientos de pago, supervisión y registro de los proyectos municipales, proporcionando certeza jurídica a las partes involucradas.

Para los profesionales del derecho, la Ley N.º 10595 representa una fuente de nuevas oportunidades de asesoría en materia de contratación pública, derecho administrativo y regulatorio, al tiempo que plantea retos en la interpretación de los convenios interinstitucionales y la aplicación de la normativa tarifaria. Los ciudadanos, por su parte, se benefician de la ampliación potencial del acceso a servicios de agua y saneamiento, lo que se traduce en mejoras en la calidad de vida y en la protección de la salud pública. En un contexto de creciente demanda de infraestructura hídrica, la norma se vuelve esencial para orientar proyectos locales y garantizar su alineación con los principios de sostenibilidad y equidad que rigen el derecho costarricense.

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