La Ley N.° 10109 reforma el artículo 9 y adiciona un artículo 9 bis a la Ley 7769, Atención a las Mujeres en Condiciones de Pobreza, de 24 de abril de 1998. Su artículo 1 da nueva redacción al numeral 9 y su artículo 2 introduce el numeral 9 bis.
El nuevo numeral 9 autoriza al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) a suscribir un contrato de fideicomiso con bancos del Estado, el Banco Internacional de Costa Rica o el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para apoyar iniciativas microempresariales de mujeres en condición de pobreza y de sus familias, con préstamos, capital semilla no reembolsable, crédito con tasas favorables y servicios de capacitación. El numeral 9 bis crea la Unidad Ejecutora del fideicomiso y somete a este y a esa unidad a la fiscalización de la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna del IMAS.
Reforma del Artículo 9 y Adición de un Artículo 9 bis a la Ley 7769, Atención a las Mujeres en Condiciones de Pobreza, de 24 de abril de 1998 (Ley N.° 10109)
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El texto lo transcribió y cotejó la Biblioteca palabra por palabra contra la página oficial, y el facsímil oficial de La Gaceta va al final del PDF de la ley. La ley rige a partir de su publicación y salió en el Alcance N.° 35 a La Gaceta N.° 33 del 18 de febrero de 2022.
N° 10109
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
REFORMA DEL ARTÍCULO 9 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 9 BIS A LA LEY 7769, ATENCIÓN A LAS MUJERES EN CONDICIONES DE POBREZA, DE 24 DE ABRIL DE 1998
Nota de la Biblioteca Jurídica: La Gaceta no ofrece de esta ley un texto digital fiable. Este texto lo transcribió la Biblioteca Jurídica y lo cotejó, palabra por palabra, con la página oficial; el facsímil oficial se reproduce íntegro al final del PDF de esta ley (Alcance N.° 35 a La Gaceta N.° 33 del 18 de febrero de 2022, páginas 2 a 6 del PDF del Alcance; 5 páginas).
Se reforma el artículo 9 de la Ley 7769, Atención a las Mujeres en Condiciones de Pobreza, de 24 de abril de 1998. El texto es el siguiente:
Artículo 9- Autorización de contrato de fideicomiso
Se autoriza al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para que, como institución pública destinada a la lucha contra la pobreza o en coordinación con otras entidades de derecho público, suscriba un contrato de fideicomiso con cualquiera de los bancos comerciales del Estado, el Banco Internacional de Costa Rica, S. A. o con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, con recursos propios; del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) o de donaciones de instituciones públicas, entes privados u organismos internacionales, a fin de establecer mecanismos ágiles de apoyo a las actividades e iniciativas microempresariales que beneficien a las mujeres en condición de pobreza y a sus familias, como un medio para lograr la inserción laboral y productiva y mejorar su calidad de vida.
Los mecanismos de apoyo serán los siguientes:
a) Otorgar préstamos para actividades productivas de mujeres en situación de pobreza y sus familias, y a organizaciones cuya integración sea al menos de un sesenta y cinco por ciento (65%) de mujeres, y que de las mujeres integrantes al menos un ochenta por ciento (80%) estén en condición de pobreza.
b) Realizar transferencias de recursos en capital semilla no reembolsable para apoyar proyectos productivos de mujeres en condiciones de pobreza y sus familias, que no son sujetas de crédito y sus iniciativas se encuentran en proceso de iniciación o en marcha y las cuales visualizan una oportunidad de mejorar su competitividad, rentabilidad, ampliación o ingreso a nuevos mercados. Los proyectos deben ser viables con posibilidad de ser escalables.
Para el otorgamiento de estos recursos se deberá contar con criterios técnicos que determinen la sostenibilidad del fondo y que no se está atentando contra los objetivos por el que fue creado este.
Para la transferencia de estos recursos se podrá utilizar hasta un máximo de un veinticinco por ciento (25%) de los recursos disponibles del fideicomiso.
c) Facilitar el otorgamiento de créditos con tasas de interés favorables y el financiamiento de garantías adicionales y subsidiarias a estos créditos.
d) Prestar servicios de apoyo, capacitación y seguimiento de la actividad productiva en todas sus fases, con el fin de dar sostenibilidad a los proyectos productivos de las mujeres y familias beneficiarias.
El fideicomiso contará con procesos de evaluación de sus efectos o impactos, al menos, cada cinco años, los cuales puede gestionar en convenio o alianza con universidades públicas o el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), por medio del Sistema Nacional de Evaluación.
Se adiciona un artículo 9 bis a la Ley 7769, Atención a las Mujeres en Condiciones de Pobreza, de 24 de abril de 1998. El texto es el siguiente:
Artículo 9 bis. Unidad Ejecutora del Fideicomiso
Los mecanismos de apoyo están a cargo de la Unidad Ejecutora establecida en el marco del contrato de fideicomiso.
Esta Unidad Ejecutora, como instancia técnica que otorga los beneficios establecidos en la ley, propiciará la mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, para lo cual utilizará los parámetros de pobreza que establece el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la clasificación socioeconómica contenida en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), creado mediante la Ley 9137, previo convenio de cooperación con Sinirube y en apego a lo establecido en la Ley 8968, Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, de 7 de julio de 2011.
Los mecanismos de apoyo otorgados por la Unidad Ejecutora del Fideicomiso deberán ser incluidos en el registro de personas beneficiarias de Sinirube.
La Unidad Ejecutora, entre otras funciones, debe vigilar por el adecuado funcionamiento del programa de apoyo; analizar proyectos específicos y alianzas estratégicas que permitan cumplir con los objetivos del programa; desarrollar procesos que faciliten los servicios de apoyo; apoyar la evaluación de los diferentes proyectos; dar seguimiento a los convenios específicos entre las instituciones que apoyen el programa y coordinar la implementación de los programas de apoyo con el IMAS y sus áreas regionales y otras instituciones del sector productivo.
El fideicomiso y la Unidad Ejecutora serán fiscalizados por la Contraloría General de la República y la Auditoria Interna del IMAS.
Rige a partir de su publicación.
El artículo 1 da nueva redacción al numeral 9 de la Ley 7769 y fija cuatro mecanismos de apoyo: préstamos para actividades productivas, transferencias de capital semilla no reembolsable, crédito con tasas de interés favorables con garantías adicionales y subsidiarias, y servicios de apoyo, capacitación y seguimiento de la actividad productiva.
Según el artículo 1, los préstamos también pueden darse a organizaciones cuya integración sea al menos de un sesenta y cinco por ciento (65%) de mujeres, y de esas integrantes al menos un ochenta por ciento (80%) tiene que estar en condición de pobreza.
El artículo 1 permite usar hasta un máximo de un veinticinco por ciento (25%) de los recursos disponibles del fideicomiso para esas transferencias. Van dirigidas a proyectos de mujeres en pobreza que no son sujetas de crédito, y los proyectos deben ser viables y con posibilidad de ser escalables, con criterios técnicos que determinen la sostenibilidad del fondo.
El artículo 2 adiciona el numeral 9 bis a la Ley 7769: los mecanismos de apoyo quedan a cargo de la Unidad Ejecutora establecida en el contrato de fideicomiso, que debe vigilar el adecuado funcionamiento del programa y analizar proyectos. El fideicomiso y la Unidad Ejecutora serán fiscalizados por la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna del IMAS.
El artículo 1 dispone que el fideicomiso contará con procesos de evaluación de sus efectos o impactos al menos cada cinco años. Esa evaluación se puede gestionar en convenio o alianza con universidades públicas o con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), por medio del Sistema Nacional de Evaluación.
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