La Ley N.° 10831 reforma la Ley 4795, Ley de Extradición, de 16 de julio de 1971. Su artículo único da nueva redacción al inciso a) del numeral 3 y a los numerales 6 y 7 de esa ley.
El numeral 3 mantiene que no se ofrecerá ni concederá la extradición cuando el reclamado fuera costarricense por nacimiento o por naturalización, pero precisa que ese impedimento no se aplica cuando se trate de solicitudes de extradición de ciudadanos costarricenses por los delitos de tráfico internacional de drogas o terrorismo. El numeral 6 fija el aviso a los Estados interesados y el término de dos meses para formalizar la solicitud, y el numeral 7 regula la solicitud por cualquier medio de comunicación y la excarcelación.
Reforma de la Ley 4795, Ley de Extradición, de 16 de julio de 1971 (Ley N.° 10831)
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La ley rige a partir de su publicación en el Alcance N.° 153 a La Gaceta N.° 225 del 28 de noviembre de 2025. El texto lo transcribió y cotejó la Biblioteca contra la página oficial, y el facsímil oficial de La Gaceta va al final del PDF de la ley.
N° 10831
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
REFORMA DE LA LEY 4795, LEY DE EXTRADICIÓN, DE 16 DE JULIO DE 1971
Nota de la Biblioteca Jurídica: La Gaceta no ofrece de esta ley un texto digital fiable. Este texto lo transcribió la Biblioteca Jurídica y lo cotejó, palabra por palabra, con la página oficial; el facsímil oficial se reproduce íntegro al final del PDF de esta ley (Alcance N.° 153 a La Gaceta N.° 225 del 28 de noviembre de 2025, páginas 2 a 4 del PDF del Alcance; 3 páginas).
Refórmense los artículos 3, inciso a), 6 y 7 de la Ley 4795, Ley de Extradición, de 16 de julio de 1971. Los textos son los siguientes:
Artículo 3- No se ofrecerá ni concederá la extradición:
a) Cuando al cometer el hecho punible el reclamado fuera costarricense por nacimiento o por naturalización. En esos casos, será juzgado por los tribunales nacionales. Este impedimento no será aplicable, cuando se trate de solicitudes de extradición de ciudadanos costarricenses por los delitos de tráfico internacional de drogas o terrorismo. Si hubiera descontado en el exterior parte de la pena o de la medida de seguridad impuesta, ellas le serán abonadas por el juez.
(...)
Artículo 6- Cuando los tribunales de justicia, el Ministerio Público o el Poder Ejecutivo tengan conocimiento de que un ciudadano extranjero deba ser extraditado, lo pondrán en conocimiento del Estado o Estados interesados, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que, si a bien lo tienen, formalicen dentro del término de dos meses la solicitud de extradición.
Lo mismo será aplicable cuando se trate de un costarricense imputado por los delitos de tráfico internacional de drogas o terrorismo. Lo anterior, con estricto apego a los derechos fundamentales y las garantías procesales reconocidos en la Constitución Política, en los tratados internacionales y en las leyes.
Artículo 7- La extradición se puede solicitar por cualquier medio de comunicación, siempre que exista una orden de detención contra el imputado y la promesa de cumplir con los requisitos señalados para el trámite. En este caso, los documentos de los que habla el artículo 9 se presentarán a la embajada o consulado costarricense, a más tardar diez días contados a partir de la detención del imputado, la cual deberá dar cuenta de inmediato a las autoridades judiciales costarricenses y remitirlos a la mayor brevedad. Si no se cumple con lo aquí ordenado, el detenido será puesto en libertad y no podrá solicitarse nuevamente su extradición por este procedimiento sumario.
Si los tribunales de justicia determinan interlocutoriamente que el imputado es costarricense por nacimiento o por naturalización, o que se encuentra en alguno de los casos de excepción previstos en los incisos g) y k) del artículo 3, podrán otorgarle el beneficio de la excarcelación, de conformidad con las disposiciones respectivas. Lo anterior, salvo que el ciudadano costarricense sea imputado por los delitos de tráfico internacional de drogas o terrorismo.
Rige a partir de su publicación.
Por regla general no. El artículo único da nueva redacción al numeral 3 de la Ley 4795, que dispone que no se ofrecerá ni concederá la extradición cuando al cometer el hecho punible el reclamado fuera costarricense por nacimiento o por naturalización, y que en esos casos será juzgado por los tribunales nacionales. Ese impedimento no es aplicable cuando se trate de solicitudes de extradición de ciudadanos costarricenses por los delitos de tráfico internacional de drogas o terrorismo.
El artículo único reforma el numeral 6 de la Ley 4795. Cuando los tribunales de justicia, el Ministerio Público o el Poder Ejecutivo tengan conocimiento de que un ciudadano extranjero deba ser extraditado, lo pondrán en conocimiento del Estado o Estados interesados, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que formalicen la solicitud dentro del término de dos meses. Lo mismo se aplica cuando se trate de un costarricense imputado por tráfico internacional de drogas o terrorismo.
Sí, según el numeral 7 de la Ley 4795 tal como lo reforma el artículo único: la extradición se puede solicitar por cualquier medio de comunicación, siempre que exista una orden de detención contra el imputado y la promesa de cumplir los requisitos señalados para el trámite. Los documentos se presentan a la embajada o consulado costarricense a más tardar diez días contados a partir de la detención. Si no se cumple, el detenido será puesto en libertad y no podrá solicitarse nuevamente su extradición por este procedimiento sumario.
El artículo único, al reformar el numeral 7 de la Ley 4795, indica que si los tribunales de justicia determinan interlocutoriamente que el imputado es costarricense por nacimiento o por naturalización, podrán otorgarle el beneficio de la excarcelación, de conformidad con las disposiciones respectivas. Esto no aplica cuando el ciudadano costarricense sea imputado por los delitos de tráfico internacional de drogas o terrorismo.
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