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Derecho Administrativo  ·  Derecho Ambiental  ·  Leyes

Ley para Recuperar la Riqueza Atunera de Costa Rica y Promover su Aprovechamiento Sostenible en Beneficio del Pueblo Costarricense. Reforma de la Ley 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005 (Ley N.° 10304)

Bufete de Costa Rica 

16

Actualización Legislativa: 24/08/2022

La Ley N.° 10304, «Ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica y promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo costarricense», reforma y adiciona la Ley 8436, Ley de Pesca y Acuicultura. Su artículo 1 reforma los numerales 42, 43, 49, 50, 53, 55, 60 y el segundo párrafo del numeral 136; el artículo 2 y el artículo 3 agregan nuevas disposiciones.

Entre otros puntos, declara el atún recurso estratégico, regula las modalidades de pesca y las licencias de los barcos de red de cerco, reserva las primeras ochenta millas náuticas de la zona económica exclusiva para la pesca sostenible, exige observadores a bordo y crea un fideicomiso para una flota atunera nacional. El transitorio único da al Poder Ejecutivo un plazo de seis meses para reglamentar. La ley rige a partir de su publicación.

Ley para Recuperar la Riqueza Atunera de Costa Rica y Promover su Aprovechamiento Sostenible en Beneficio del Pueblo Costarricense. Reforma de la Ley 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005 (Ley N.° 10304)

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Bufete de Costa Rica

Se publicó en el Alcance N.° 184 a La Gaceta N.° 165 del 31 de agosto de 2022. La Gaceta no ofrece de esta ley un texto digital fiable: la Biblioteca transcribió el texto y lo cotejó palabra por palabra contra la página oficial. El facsímil oficial de La Gaceta va al final del PDF de la ley.


Ver Ley para Recuperar la Riqueza Atunera de Costa Rica y Promover su Aprovechamiento Sostenible en Beneficio del Pueblo Costarricense. Reforma de la Ley 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005 (Ley N.° 10304) en PDF


Leer Ley para Recuperar la Riqueza Atunera de Costa Rica y Promover su Aprovechamiento Sostenible en Beneficio del Pueblo Costarricense. Reforma de la Ley 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005 (Ley N.° 10304)

N° 10304

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA RECUPERAR LA RIQUEZA ATUNERA DE COSTA RICA Y PROMOVER SU APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL PUEBLO COSTARRICENSE. REFORMA DE LA LEY 8436, LEY DE PESCA Y ACUICULTURA, DE 1 DE MARZO DE 2005

Nota de la Biblioteca Jurídica: La Gaceta no ofrece de esta ley un texto digital fiable. Este texto lo transcribió la Biblioteca Jurídica y lo cotejó, palabra por palabra, con la página oficial; el facsímil oficial se reproduce íntegro al final del PDF de esta ley (Alcance N.° 184 a La Gaceta N.° 165 del 31 de agosto de 2022, páginas 2 a 20 del PDF del Alcance; 19 páginas).

ARTÍCULO 1

Se reforman los artículos 42, 43, 49, 50, 53, 55, 60 y el segundo párrafo del artículo 136 de la Ley 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005. Los textos son los siguientes:

Artículo 42- Por la importancia del domo térmico de Costa Rica del océano Pacífico para el desarrollo sostenible de la actividad pesquera, el Estado velará, a partir de estudios técnicos y científicos, fidedignos y actualizados, por la protección, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los recursos marinos en las aguas jurisdiccionales, las cuales comprenden el afloramiento del domo térmico.

El Estado deberá garantizar la gestión de esta área y el aprovechamiento sostenible de sus recursos pesqueros, en beneficio de la población costarricense.

Para estos efectos, el Poder Ejecutivo, con el apoyo técnico del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y las universidades públicas, elaborará y ejecutará un programa de investigación y gestión donde se dé este afloramiento. En todo caso, y en el tanto no contravenga los compromisos asumidos por el país en los acuerdos comerciales internacionales, la flota pesquera nacional tendrá prioridad en el aprovechamiento de los recursos pesqueros del domo térmico.

El Incopesca deberá participar activamente en el marco del Organismo Regional de Ordenación Pesquera, en adelante (OROP), al que corresponda el área de interés, aportando sus análisis en la realización de los estudios técnicos y científicos necesarios para establecer la disponibilidad de los recursos atuneros, entendida esta como la capacidad de desarrollar mortalidad por pesca sobre la respectiva población, sin poner en riesgo el rendimiento máximo sostenible del recurso, ya sea mediante la determinación de límites o mecanismos de compensación, tomando en consideración, para todos los efectos, la biomasa pesquera existente y los parámetros que se fijen en cada OROP. Los estudios que se desarrollen en la respectiva OROP y las medidas de ordenación que allí se acuerden serán tomados en cuenta para la definición de las políticas nacionales en esta materia.

El Estado promoverá, internacionalmente, la importancia de manejar los recursos marinos del domo térmico como recurso vital para la humanidad. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) deberán incorporar en sus planes anuales la búsqueda de cooperación internacional para fortalecer los programas de investigación y desarrollo sostenible de la actividad pesquera nacional.

Artículo 49- Los cánones por concepto de registro y licencias de pesca para los barcos atuneros de cerco con bandera extranjera o nacional, tanto dentro de la zona económica exclusiva, como aquellos sobre los que tenga el país derecho en aguas internacionales, serán fijados por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). Se considerará el volumen de la bodega de pescado del barco medido en metros cúbicos y su correspondiente conversión en toneladas métricas, según se encuentre reportado por el Estado de pabellón del buque, en el registro regional de buques de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, los cánones establecidos por los países ribereños para este tipo de flota; la eslora total; la potencia de motor; el tipo y número de aparejos de pesca a bordo; los equipos de navegación; las modalidades de pesca previstas; la zona de pesca donde realizarán las operaciones y especies por capturar; las necesidades de materia prima de las plantas procesadoras nacionales, así como las políticas de conservación y preservación de recurso. La fórmula de cálculo para la fijación y actualización de estos cánones será sometida a consulta al sector pesquero y la industria nacional de conservas, por parte del Incopesca, previo a su definición o modificación. Deberá ser debidamente justificada en criterios técnicos, atendiendo a los principios de proporcionalidad y razonabilidad para asegurar una justa retribución por los recursos pesqueros nacionales, así como la participación efectiva y competitividad nacional e internacional de los distintos sectores pesqueros e industrializadores nacionales de atún, en aras de mantener los mejores niveles de valor agregado nacional y absorción de empleo.

Artículo 50- Se declara el recurso atunero como recurso estratégico para el desarrollo nacional y su obtención, por embarcaciones nacionales para el mercado nacional, su industrialización o su exportación fresco o congelado y por embarcaciones extranjeras para su industrialización por plantas de conserva nacional deberá ser atendida y regulada diligentemente por el Instituto

Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). Se autoriza la pesca de este recurso bajo las siguientes modalidades:

a) Pesca de cerco: es la pesca realizada por embarcaciones de gran potencia, extranjeras o nacionales, utilizando una gran red de cerco, con capacidad para faenar al menos sesenta días, tanto en aguas nacionales como internacionales.

b) Pesca de mediana y avanzada: embarcaciones de mediana o avanzada que, además de estar configuradas para el uso de palangre, pueden incorporar artes selectivos u otros artes que cumplan con los requerimientos técnicos definidos por el Incopesca para la pesca sostenible de atún.

c) Pequeña escala: embarcaciones definidas como pequeña escala, de conformidad con esta ley, que podrán pescar atún con caña y otros artes de pesca sostenible autorizadas.

d) Pesca de atún con caña: pesca selectiva realizada por personas físicas o jurídicas, en embarcaciones de pequeña y mediana escala equipadas para este tipo de pesca, mediante el uso de caña sobre cardúmenes de atún cercanos a la costa.

e) Pesca turística comercial: embarcaciones de pesca turística, autorizadas debidamente para dirigir artes selectivos de pesca.

Cuando el estado del recurso atunero específico como objetivo de captura, según los estudios oficiales y competentes, concluyan en la baja disponibilidad de la biomasa de rendimiento máximo sostenible, el Incopesca podrá definir mecanismos técnicos de ordenación que aseguren la justa participación de las embarcaciones que formen parte de la flota pesquera nacional o que estén asociadas a la industria de conservas de atún para proveerles materia prima. Asimismo, podrá determinar, con base en recomendaciones técnico-científicas, medidas de ordenación espacio-temporales como zonas dinámicas de distribución del esfuerzo pesquero.

Las capturas realizadas, tanto en aguas costarricenses como aquellas efectuadas en aguas internacionales por embarcaciones bajo el control del país, deberán ser reportadas como atún de origen costarricense por las embarcaciones ante la respectiva organización regional de ordenación pesquera, a efectos de asegurar los derechos de captura de largo plazo y la participación del país en la respectiva pesquería.

Las embarcaciones pesqueras con redes de cerco de bandera nacional deberán descargar el producto de sus capturas en puerto nacional y ponerlo a disposición de la industria nacional conservera de atún, en condiciones de mercado, para lo cual el armador respectivo suscribirá un convenio con alguna de las industrias legalmente establecidas en el país. El reglamento de esta ley determinará las condiciones y los plazos para la formalización, la aceptación y el rechazo de la oferta. Cumplido el requisito de oferta aquí establecido, el armador respectivo dispondrá del producto para su comercialización.

Es obligación de la industria conservera nacional procesar el atún hasta la conserva, salvo que se trate de producto que por razones sanitarias, debidamente comprobadas, no hagan viable el proceso, en cuyo caso se dispondrá del producto en la mejor forma que garantice su aprovechamiento.

Artículo 53- Deberán obtener licencia de pesca, los barcos atuneros equipados con red de cerco que dispongan del registro anual respectivo y deseen pescar dentro de la zona económica exclusiva del país en las áreas autorizadas por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), así como en las áreas adyacentes a esta última sobre las que exista o pueda llegar a existir jurisdicción nacional de acuerdo con las leyes y los tratados internacionales. Las licencias se otorgarán por viaje de pesca de sesenta días naturales contados a partir de la obtención de la licencia y hasta la descarga del producto obtenido o el vencimiento de los sesenta días.

Artículo 55- El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) podrá otorgar una licencia de pesca de atún en aguas nacionales a los barcos atuneros con red de cerco que gocen de registro anual y demuestren que la totalidad de sus capturas serán descargadas en Costa Rica y utilizadas por plantas enlatadoras o procesadoras nacionales que se orienten al proceso o enlatado para la industria de conserva, exclusivamente.

Previo a expedir licencias de pesca de atún, el Incopesca deberá determinar, con base en estudios técnicos y científicos, fidedignos y actualizados, cuál es la captura permisible de los recursos vivos de atún que existen en la zona económica exclusiva.

El número de licencias que se otorguen estará limitado o restringido por un límite de captura total de atún para buques cerqueros que establezca anualmente el Incopesca. Este límite deberá establecerse en función del comportamiento de la producción atunera y las capturas de las zonas que sean autorizadas para buques con pesca de cerco. Estas zonas podrán ser definidas mediante decreto ejecutivo y podrán ser modificadas únicamente en función de análisis científicos y técnicos que demuestren la conveniencia nacional de sus modificaciones.

Los barcos atuneros con red de cerco, que gocen de registro anual y de licencia de pesca vigente otorgados por Incopesca, tendrán derecho, por cada licencia pagada, a una prórroga consecutiva de otra licencia de pesca debidamente pagada, por sesenta días naturales, siempre que la cantidad de la descarga sea la totalidad de la captura y cuando el aviso de arribo a puerto para la descarga se efectúe en el plazo de sesenta días originalmente concedido.

Serán acreedores de la misma prórroga los barcos atuneros con red de cerco que gocen de registro anual y de licencia de pesca vigente otorgados por Incopesca, cuya capacidad de acarreo sea inferior a trescientas toneladas métricas, siempre y cuando cancelen el canon correspondiente y descarguen, dentro de los sesenta días naturales, la totalidad de la captura.

El barco atunero con red de cerco con registro anual vigente que sin haber hecho uso de licencia nacional ni haber capturado en la zona económica exclusiva costarricense entregue la totalidad de su captura a la industria conservera nacional, del atún capturado fuera de las aguas jurisdiccionales de Costa Rica, podrá obtener una licencia de pesca con una reducción en el monto del canon hasta de un cincuenta por ciento (50%) por sesenta días naturales durante el año calendario para el que fue otorgado el registro, cuando así lo disponga Incopesca de manera fundamentada, con la finalidad de asegurar la provisión de materia prima a la industria nacional. Para acceder a este beneficio, la entrega de la totalidad de su captura no deberá ser menor a trescientas toneladas.

Para gozar de los beneficios regulados en este artículo, las embarcaciones atuneras interesadas deberán encontrarse al día en el pago de multas, cánones correspondientes por registro y licencias, así como en las demás obligaciones contraídas con el Estado costarricense.

Todos los buques de red de cerco autorizados, tanto para pescar dentro de la zona económica exclusiva como aquellos autorizados para capturar atún en aguas internacionales por el uso de cuotas de acarreo otorgadas al país, deberán registrarse ante el Incopesca, mantener abierto su localizador satelital durante todo el período de autorización y cumplir con la legislación nacional relativa a embarcaciones atuneras de cerco de bandera extranjera.

Corresponderá al Incopesca velar por el cumplimiento de estas disposiciones, así como de las leyes y los reglamentos aplicables en general. El Incopesca mantendrá una unidad especializada en la gestión de especies altamente migratorias y transzonales, a efectos de dar seguimiento a la evolución de las pesquerías de túnidos y especies afines, promover la investigación y recomendar las medidas de ordenación que deberán ser debidamente sustentadas en criterios técnicos.

Artículo 60- Los barcos atuneros de red de cerco no podrán ejercer actividades pesqueras dentro de las primeras ochenta millas náuticas de la zona económica exclusiva ni dentro de los polígonos o las zonas especiales que sean definidos por el Poder Ejecutivo mediante los decretos de zonificación dictados con anterioridad a esta reforma o que se creen en el futuro, las cuales se reservan para la pesca sostenible del atún.

Se faculta al Poder Ejecutivo para que modifique vía decreto ejecutivo estas zonas de reserva, con fundamento en estudios técnicos y científicos avalados por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), a fin de garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros del país y la distribución equitativa de los beneficios de la pesca sostenible del atún.

Todo buque cerquero atunero que esté autorizado para pescar en las aguas jurisdiccionales de Costa Rica, en las áreas definidas para este tipo de pesca con cerco, mediante licencias de atún o que se haya otorgado capacidad de pesca para operar en el océano Pacífico oriental, deberá llevar un observador a bordo para asegurar la recolecta de información científica y el respeto a la normativa nacional pesquera. La presencia del observador a bordo será en todos los viajes de pesca por el período que le conceda la licencia o el período de concesión de capacidad de bodega de pescado. Para estos efectos, el Incopesca deberá garantizar la idoneidad del observador a bordo para el ejercicio de las funciones que se le asignan. Estos observadores deberán ser costarricenses, residentes o extranjeros con permiso de trabajo para los barcos atuneros de bandera nacional o extranjera, de conformidad con las disposiciones de la Comisión Interamericana de Atún Tropical.

El Incopesca iniciará su propio programa de observadores a bordo para buques cerqueros atuneros, cuyo funcionamiento deberá quedar debidamente reglamentado, teniendo presentes los parámetros, protocolos y requerimientos establecidos en las medidas respectivas dictadas por la correspondiente OROP. El costo del Programa de Observadores a Bordo para buques atuneros cerqueros será financiado por un canon por metro cúbico de la capacidad de bodega asignada dentro de las cuotas de acarreo otorgadas al país. Igualmente, estos buques deben dar acceso a la información de la bitácora del capitán, donde se detalle toda la información relevante sobre las capturas y compartirán la señal de su sistema de monitoreo satelital, para los respectivos controles en la plataforma de seguimiento satelital del Incopesca, como condición esencial para el otorgamiento de la licencia.

El Servicio Nacional de Guardacostas y el Servicio de Vigilancia Aérea velarán por la vigilancia y protección de la riqueza marina del país. Definirán, dentro de sus planes operativos, la vigilancia del domo térmico y zonas donde se concentre la mayor riqueza y riesgo de piratería y pesca Ilegal no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) de los recursos pesqueros del país, por parte de embarcaciones que no cuenten con los permisos requeridos y que violen los límites establecidos para realizar las actividades pesqueras.

Artículo 136-

(...)

En el caso de las embarcaciones definidas en el párrafo anterior, dedicadas a la pesca de atún con red de cerco, la multa aplicable será de un veinticinco por ciento (25%) del valor de la embarcación. El depósito de la multa podrá ser en dólares, moneda de los Estados Unidos de América, o en colones, de acuerdo con el tipo de cambio vigente a la fecha del pago efectivo.

(...)

ARTÍCULO 2

Se adicionan dos párrafos finales al artículo 43 y un nuevo artículo 60 bis a la Ley 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005. Los textos son los siguientes:

Artículo 43- La pesca comercial es la pesca que se realiza con el fin de obtener beneficios económicos para quienes la practican y se clasificará en:

a) Pequeña escala: pesca realizada artesanalmente por personas físicas, sin mediar el uso de embarcación, en las aguas continentales o en la zona costera, o la pesca practicada a bordo de una embarcación, según la autonomía para faenar definida por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). Se encontrarán facultados para pescar atún con caña y carrete o cuerda de mano.

b) Mediana escala: pesca realizada por personas físicas o jurídicas a bordo de una embarcación, según la autonomía para faenar definida por el Incopesca.

c) Avanzada: pesca realizada por personas físicas o jurídicas, por medios mecánicos, a bordo de una embarcación y orientada a la captura de especies pelágicas y otras especies de importancia comercial con palangre y otras artes selectivas u otras que cumplan con los requerimientos técnicos definidos por el Incopesca para la pesca sostenible de atún.

d) Semiindustrial: pesca realizada por personas físicas o jurídicas, utilizando embarcaciones orientadas a la extracción de la sardina y el atún con red de cerco.

e) Industrial: pesca e industrialización efectuada por personas físicas o jurídicas, con embarcaciones capacitadas para efectuar a bordo labores de pesca, congelamiento, empaque e industrialización de sus capturas.

El Incopesca recomendará y revisará, cada año, el plan de gestión de la actividad pesquera en la zona económica exclusiva, sustentado en criterios técnicos y científicos según parámetros sociales, económicos y ambientales, orientando al desarrollo competitivo de la pesca según las modalidades autorizadas. Dicho plan deberá considerar el estado tecnológico de las flotas y sus requerimientos para un nivel de ejecución óptimo y comprenderá la determinación, entre otros, del esfuerzo pesquero permitido; las medidas de monitoreo, control y vigilancia, tales como bitácoras, sistemas físicos o electrónicos, observadores a bordo, según corresponda; mecanismos de reducción de la pesca incidental y cualquier otro aspecto técnico adecuado al correcto desempeño de la pesca responsable.

En caso de que sea necesario aplicar medidas espaciales o temporales que impliquen exclusión de algún arte de pesca, total o parcial, se deberá emitir el plan de manejo precedido de un proceso participativo con la inclusión consultiva del sector pesquero y la industria nacional, quienes, asimismo, conformarán un comité de vigilancia de cumplimiento del plan de manejo. El Incopesca deberá emitir, al menos una vez al año, los estudios de uso y conservación de la respectiva área que evalúen la utilidad del establecimiento del área y justifiquen su permanencia, modificación o ampliación, según corresponda.

Artículo 60 bis- El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) desarrollará un programa especial para el desarrollo del tejido empresarial, promoviendo las capacidades técnicas, organizativas y gerenciales, entre otras, que permita comercializar el atún fresco proveniente de las pesquerías contempladas en el artículo 50, incisos b) y c), y asegurar las condiciones de desarrollo de la industria asociada al recurso atunero, fresco, congelado, cocido y enlatado, bajo los principios de desarrollo sostenible democrático, reconocimiento del valor del producto y comercio justo, para lo cual promoverá el desarrollo de empresas individuales o colectivas, cooperativas o emprendimientos empresariales que salvaguarden los intereses de las personas adscritas a la actividad pesquera, disminuyendo con ello la intermediación, mejorando los niveles de competitividad y productividad y promoviendo canales de comercialización idóneos para los productos pesqueros obtenidos. Para este fin, el Incopesca deberá instalar una mesa de trabajo permanente integrada por el Ministerio de Economía, Industria y

Comercio (MEIC), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social(MTSS), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Sistema de Banca para el Desarrollo, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), las universidades, entre otras instituciones que así se considere necesario, así como las empresas o asociaciones de pescadores e industriales, las cuales darán su más completa colaboración, en lo profesional, disposición de programas técnicos y apoyo presupuestario, en la búsqueda del objetivo mencionado. Esta mesa de trabajo será de carácter estrictamente consultivo y no vinculante, para la recomendación de estrategias que orienten al aprovechamiento sostenible del recurso pesquero.

El Infocoop destinará parte de los recursos destinados al Sistema de Banca para el Desarrollo, según el artículo 41 de la Ley 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008, con la finalidad de apoyar la efectiva conformación de organizaciones sociales cooperativas que puedan administrar el negocio de la pesca y comercialización del atún.

ARTÍCULO 3

Se adiciona una sección II al capítulo IV “Pesca del atún” del título II “Tipos de pesca”; un nuevo artículo 79 bis y tres nuevos transitorios IV, V y VI a la Ley 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005. Los textos son los siguientes:

SECCIÓN II

Creación de una flota atunera nacional

Artículo 61 A.- Se declara de interés público y prioridad nacional la creación de una flota atunera nacional con artes de pesca debidamente calificados y prácticas selectivas que reduzcan las capturas incidentales, en especial la de tiburones, que aproveche los recursos pesqueros nacionales de mayor valor comercial y que tome en consideración los efectos del Plan de Acción Internacional de Capacidad de la FAO y las medidas establecidas por los organismos regionales de ordenación pesquera, promoviendo la generación de empleo y el desarrollo social con distribución de la riqueza en las provincias costeras del país, por considerarse el atún como un recurso estratégico para los intereses de la nación.

Le corresponde al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) definir cuáles son las artes de pesca selectivas y sostenibles en estricto apego a criterios científicos y técnicos.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en coordinación con los centros de formación nacionales e internacionales que sean necesarios, creará los programas de formación para capitanes de embarcación y demás tripulantes, a fin de generar las capacidades que la flota pesquera nacional para la pesca de atún necesita para lograr aprovechar los recursos marinos a larga distancia.

Para el cumplimiento de las competencias asignadas en la presente ley, el INA podrá utilizar los recursos a los que se refiere el inciso a) del artículo 41 de la Ley 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008.

Artículo 61 B.- Se crea el fideicomiso para fomentar la creación de una flota atunera nacional, cuando técnicamente se demuestre que se garantice el control de la capacidad y el esfuerzo pesqueros hasta niveles sostenibles. El fideicomiso, además, podrá apoyar proyectos que, mediante acciones de conservación, uso sostenible, investigación, recuperación y generación de capacidades, permitan conservar o incrementar los servicios ecosistémicos del mar y de los recursos marinos y costeros, y mejorar las condiciones de vida especialmente de las comunidades costeras y locales.

El fideicomiso solo podrá establecerse una vez que exista un plan adoptado para gestionar la capacidad y el esfuerzo pesquero para una pesca sostenible, es decir, en relación con las oportunidades de pesca disponibles.

Este fideicomiso tendrá por fines:

a) Dar financiamiento para la reconversión productiva hacia la pesca sostenible de atún, mediante el desarrollo y la implementación de artes de pesca selectivas a través de la reparación, remodelación, adaptación y compra de embarcaciones con capacidad para la pesca sostenible del atún y otras especies de alto valor comercial y para faenar en la zona económica exclusiva de Costa Rica, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 A de esta ley. Además, el fideicomiso podrá realizar la compra de embarcaciones para darlas en arrendamiento o leasing a los fideicomisarios, de conformidad con la presente ley, y podrá utilizar el mecanismo de otorgamiento de avales y garantías como instrumento que tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito y mejorar las condiciones del financiamiento a los beneficiarios de esta ley.

b) Canalizar recursos para fomentar, promocionar, incentivar y participar en la creación, la reactivación y el desarrollo la pesca sostenible de atún con artes de pesca selectivos, mediante modelos de capital semilla y capital de riesgo y para establecer convenios y alianzas estratégicas con el propósito de desarrollar programas de incubación y aceleración de empresas.

c) Financiar la creación de astilleros de embarcaciones bajo la figura de cooperativas de autogestión, asociaciones y organizaciones pesqueras y locales, las que podrán establecer alianzas y/o consorcios con empresas de capital privado para acelerar el crecimiento y desarrollo de esta industria, tanto en materia de inversión como transferencia de capacidades y tecnología. Con tal propósito, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) brindará todo el apoyo y la colaboración para la ubicación e instalación de estos astilleros; asimismo, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) hará los cambios que sean necesarios para brindar los programas de capacitación especializada que sean necesarios y pertinentes para desarrollar las capacidades de los técnicos especializados que esta industria requiere.

Para la compra de las embarcaciones, indicada en el inciso b) anterior, se podrán titularizar los ingresos futuros proyectados del fideicomiso; hacer convenios de cooperación con países que cuenten con flotas atuneras; implementar el mecanismo de participación accionaria de inversionistas privados; recibir donaciones, entre otras opciones que le permitan adquirir la flota atunera, según lo dispuesto por el fideicomitente.

Además, para estos fines, el fideicomiso podrá realizar el otorgamiento de avales y garantías, como instrumento que tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito y mejorar las condiciones del financiamiento a los beneficiarios de esta ley.

d) Financiar proyectos de investigación para el desarrollo de las capacidades y la información necesarias para que las decisiones de manejo, desarrollo y conservación de las pesquerías y la acuicultura, así como el desarrollo de nuevas alternativas tecnológicas productivas, se sustenten en criterios técnicos y científicos. Además, para estos fines, el fideicomiso podrá realizar el otorgamiento de avales y garantías como instrumento que tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito y mejorar las condiciones del financiamiento a los beneficiarios de esta ley.

e) Apoyar proyectos de conservación, uso sostenible, recuperación, restauración, investigación, gestión y generación de capacidades sobre los recursos marinos y costeros, que permitan mantener o incrementar los servicios ecosistémicos del mar. Estos proyectos deberán generar impacto positivo, directo o indirecto, en los servicios ecosistémicos que prestan los ecosistemas marinos y costeros, las especies de pesca, objetivo o de las especies impactadas independientemente del grado de intervención humana que exista en estos.

f) El fideicomiso podrá actuar como una entidad autorizada del Sistema de Banca para el Desarrollo, dentro de lo establecido en la Ley 8634, y la normativa aplicable. Los créditos productivos que se realicen estarán dirigidos a pescadores de atún, acorde con los fines del presente fideicomiso.

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) deberán establecer anualmente los requisitos, las modalidades y los criterios para aprobar los proyectos mencionados en el inciso anterior, así como los mecanismos para el monitoreo de los impactos de los proyectos sobre los servicios ecosistémicos. Se dará prioridad a aquellos proyectos que involucren a organizaciones locales y comunales que cuenten con un derecho pleno o precario al aprovechamiento de los recursos, y a los proyectos presentados por las municipalidades y otros actores públicos y privados dirigidos a la prevención y el control de la contaminación de ríos y mares.

El fideicomiso estará integrado de la siguiente manera:

1- Fiduciario: el fiduciario será un banco público, seleccionado mediante licitación pública y en función de la mejor oferta, tomando en cuenta el precio y servicio ofrecido, entre las recibidas a partir de la invitación que realice el fideicomitente a dichas instituciones. Las ofertas deberán detallar los costos debidamente justificados, así como la rentabilidad esperada por el banco público licitante. En procura de un uso eficiente y eficaz de los recursos, el banco adjudicado deberá presentar, anualmente, un detalle de los costos, los cuales serán verificados por la auditoría interna del banco y al menos una auditoría externa, quienes deberán verificar que los costos han sido por una gestión eficiente, por lo que queda expresamente prohibido el traslado de cargos por ineficiencia de la gestión del fiduciario.

Además de las obligaciones que las disposiciones legales vigentes y aplicables al contrato de fideicomiso imponen al fiduciario, este tendrá las obligaciones establecidas en el contrato, así como las siguientes:

i. Administrar el patrimonio del fideicomiso, conforme a las disposiciones legales vigentes y aplicables.

ii. Mantener el patrimonio fideicometido separado de sus propios bienes, de los patrimonios de otros fideicomisos que administre, así como de los patrimonios del fideicomitente y los fideicomisarios.

iii. Llevar la contabilidad del fideicomiso por las diferentes áreas.

iv. Administrar los recursos de fideicomiso para cumplir con los fines que define esta ley.

v. Custodiar, controlar y registrar los documentos legales del fideicomiso y cualquier otro documento que requiera custodia en bóveda o el respectivo seguimiento o control.

vi. Brindar todos los servicios relativos a la administración del fideicomiso.

vii. Auditar, anualmente, la administración y ejecución del fideicomiso, recurriendo a la auditoría interna del fiduciario y a las auditorías externas que deberá contratar el fideicomiso. Para ello, el fiduciario deberá prestar la colaboración que se requiera.

viii. Formalizar y documentar, bajo su responsabilidad y por medio de sus abogados y notarios institucionales, las operaciones relacionadas con el presente fideicomiso.

ix. Realizar el cobro administrativo y judicial en caso de incumplimiento de los contratos de arrendamiento, así como ejercer los derechos y las acciones necesarios, en su carácter de acreedor fiduciario, para recuperar y proteger los bienes arrendados.

2- Fideicomitente: el fideicomitente será el Estado, representado por el ministro o la ministra de Agricultura y Ganadería, en su condición de ente rector del sector.

Serán obligaciones del fideicomitente:

i. Seleccionar al fiduciario de conformidad con lo establecido en el inciso 1), párrafo primero, de este artículo.

ii. Fiscalizar el cumplimiento de los fines y objetivos del fideicomiso.

iii. Conocer los informes de las auditorías externas y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para la sana gestión del fideicomiso.

iv. Presentar, anualmente, un informe de rendición de cuentas ante la Comisión del Ambiente de la Asamblea Legislativa, sobre la gestión y los resultados del fideicomiso y los alcances de esta ley.

Se crea el Comité Especial del Fideicomiso como un órgano consultivo, adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que asesorará al fideicomitente en el cumplimiento de sus obligaciones y coadyuvará en el cumplimiento de los fines de esta ley, garantizando la transparencia y la participación ciudadana en el proceso de la operación del fideicomiso.

El comité estará conformado por nueve personas nombradas de la siguiente manera:

a) Una persona representante de las universidades públicas con sede en las provincias costeras, designada por el Consejo Nacional de Rectores.

b) Tres representantes del sector público, uno del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), uno del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y uno del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) respectivamente, que serán nombrados cada una de ellos por los jerarcas respectivos.

c) Cinco personas representantes que serán designadas de la siguiente forma, de conformidad con el procedimiento establecido en el reglamento de esta ley:

- Uno por las cooperativas fideicomisarias.

- Uno por las asociaciones y organizaciones de pescadores artesanales de las provincias costeras debidamente inscritas y con personería al día.

- Uno de los sindicatos de personas trabajadoras de la pesca de las provincias costeras.

- Dos del sector empresarial pesquero.

Estas personas representantes cumplirán sus funciones ad honórem y permanecerán en sus cargos por dos años, pudiendo ser reelegidas hasta por dos períodos consecutivos, una vez acreditado el cumplimiento de la asistencia y comprobados los resultados positivos de las evaluaciones individuales que se establecerán reglamentariamente. Se deberán observar criterios de idoneidad establecidos reglamentariamente en sus nombramientos. El Comité deberá contar con un código de ética y manejo de conflictos de interés, a fin de velar una gestión transparente y profesional.

3- Fideicomisarios: los fideicomisarios podrán ser:

i. Cooperativas autogestionarias y cogestionarias, así como asociaciones y organizaciones pesqueras.

ii. Personas trabajadoras de la pesca, pescadoras artesanales y de mediana escala que reconviertan su actividad productiva a la pesca sostenible de atún.

iii. Personas desempleadas que sean residentes en las provincias costeras, según se acredite a través de la policía de proximidad.

iv. Organizaciones de base en comunidades costeras.

Tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones:

a) Cancelar puntualmente los intereses y las amortizaciones de las operaciones crediticias con el fideicomiso.

b) Cuidar, dar mantenimiento y hacer un uso eficiente de los bienes dados en arrendamiento, cancelar puntualmente los alquileres pactados y cumplir las demás obligaciones derivadas de los contratos de arrendamiento o leasing suscritos con el fideicomiso.

c) Desarrollar su actividad pesquera respetando rigurosamente la legislación laboral y ambiental del país.

d) Estar inscritos como patronos y al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el seguro de riesgos del trabajo respecto a todos sus trabajadores.

e) Cumplir con los manuales de pesca responsable, respetar los planes de manejo y aplicar todas las demás disposiciones establecidas para proteger la biodiversidad marina y garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

f) Generar empleo en las provincias costeras, contratando prioritariamente, salvo casos de inopia debidamente comprobada, a personas trabajadoras residentes en las comunidades costeras donde se encuentran domiciliadas.

El incumplimiento de estas obligaciones será causal de resolución de los contratos de arrendamiento de embarcaciones.

4- Patrimonio del fideicomiso: el fideicomiso se financiará con los siguientes recursos:

i. El Poder Ejecutivo podrá transferir hasta mil millones de colones (₡1.000.000.000,00) anuales, durante cuatro años, mediante transferencia incorporada en el presupuesto de la República.

ii. El diez por ciento (10%) del monto total recaudado anualmente por las licencias de pesca para atún a embarcaciones extranjeras con red de cerco se destinará para el patrimonio del fideicomiso por el plazo de diez años. Al final de este término, la totalidad de los recursos será distribuida según el artículo 51 de la presente ley.

Durante el plazo establecido estos recursos deberán ser transferidos anualmente por el Incopesca al fideicomiso, previo cumplimiento de las disposiciones que en materia fiscal deban seguirse por parte del Incopesca. Los funcionarios públicos que no cumplan con esta obligación incurrirán en el delito de incumplimiento de deberes tipificado en el artículo 339 del Código Penal y serán sancionados con pena de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de dos a cuatro años, sin perjuicio de que se configure un delito de mayor gravedad.

iii. Los ingresos generados por el arrendamiento o leasing de las embarcaciones adquiridas por el fideicomiso, los intereses y las amortizaciones del crédito por reconversión, remodelación, adaptación, compra.

iv. Los intereses y demás rendimientos generados por las inversiones de los recursos ociosos del fideicomiso.

v. Las donaciones, los aportes de capital y las transferencias de toda índole que las personas físicas, las entidades públicas o privadas y los organismos nacionales e internacionales realicen a su favor. Asimismo, se autoriza a las entidades públicas y privadas y a los organismos nacionales e internacionales, de naturaleza pública y privada, para que, conforme a sus posibilidades, puedan cooperar con la consecución de los fines del fideicomiso, aportando recursos de naturaleza financiera y no financiera, tales como recursos humanos, vehículos y equipos de oficina. Las donaciones de bienes muebles e inmuebles estarán exentas del pago de todo tributo.

Los recursos del fideicomiso deberán destinarse en su totalidad a los fines aquí establecidos, una vez cubiertos los gastos de administración del fiduciario, gastos que deberán ser mínimos, razonables y proporcionales, en razón de que el objeto y fin público de este fideicomiso debe prevalecer y ser tutelado; en tal sentido los gastos administrativos y operativos deben ser mínimos y los estrictamente necesarios, aspecto que deberá ser permanentemente fiscalizado.

vi. Aportes del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), visualizando el objetivo de este fideicomiso como parte del inciso 1 del artículo 85 de la Ley 8204, Ley Reforma Integral de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, de 26 de diciembre de 2001. Además, el ICD podrá donar y hacer convenios de usufructo de embarcaciones incautadas. En tal sentido, de forma anual se incorporará un presupuesto destinado a la capitalización de este fideicomiso.

5- Exoneración: se exoneran de todo tributo todos los ingresos generados por el fideicomiso y toda compra realizada con recursos del fideicomiso.

Artículo 61 C.- El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) deberá incluir, como prioridad dentro de sus planes operativos, la capacitación y la asistencia técnica a las cooperativas mencionadas en el artículo 61 B de esta ley. Asimismo, dichas entidades, las asociaciones y organizaciones de pescadores y las personas indicadas en dicho artículo tendrán la condición de sector prioritario en el acceso al crédito para su desarrollo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008 y la banca estatal.

Artículo 61 D.- Se prohíbe cualquier tipo de injerencia o intromisión política en la administración de las cooperativas, asociaciones u organizaciones pesqueras reguladas en la presente ley. El incumplimiento podrá acarrear responsabilidad de carácter personal, de acuerdo con las disposiciones legales que sean aplicables.

Como condición para participar de los beneficios de esta ley, los gerentes o administradores de estas cooperativas deberán ser seleccionados mediante concurso de antecedentes y con base en criterios técnicos de idoneidad. El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) deberá establecer un programa permanente de actualización profesional para los consejos de administración y los cuerpos gerenciales; además será obligatorio que estas cooperativas cuenten con una auditoría anual, tanto operativa como de los estados financieros. Cuando la cooperativa no cuente con los recursos para estas auditorías, el costo será asumido por el Infocoop, a fin de garantizar que esta práctica y disposición siempre se cumpla.

Artículo 79 bis- Las embarcaciones debidamente autorizadas para la pesca turística podrán tramitar un permiso especial ante el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) para realizar pesca de atún, hasta de quince piezas por día, en días hábiles, durante la temporada baja, siempre que se cuente con el sustento técnico respectivo y se garantice el cumplimiento de las medidas sanitarias que garanticen la inocuidad alimentaria.

Las respectivas embarcaciones deberán llevar una bitácora de pesca con los datos que determine el respectivo acuerdo del Incopesca, con sustento en la recomendación que emita el Departamento de Investigación y Estadística.

Transitorio IV- En las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para los ejercicios económicos de los cuatro años siguientes a la creación del fideicomiso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 B de esta ley, el Poder Ejecutivo podrá incorporar hasta mil millones de colones (₡1.000.000.000,00) anuales, destinados al patrimonio de dicho fidecomiso.

Transitorio V- En el plazo improrrogable de cuatro meses a partir de que el Poder Ejecutivo haya emitido la reglamentación de esta reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) deberá iniciar los estudios técnicos para determinar la ampliación del área de reserva en la zona económica exclusiva establecida en el artículo 60 de esta ley, para la pesca sostenible del atún por parte de las pesquerías autorizadas en los incisos b), c) y

d) del artículo 50. Para estos efectos, el Incopesca contará con el apoyo técnico de las universidades públicas, mediante los respectivos convenios de cooperación.

Transitorio VI- El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) tendrá un plazo máximo de dieciocho meses para iniciar los estudios a los que se hace referencia en el párrafo segundo del artículo 61B y, una vez que los finalice, contará con un plazo máximo de tres meses para la creación del fideicomiso.

TRANSITORIO ÚNICO

El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de seis meses, contado a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para emitir la reglamentación respectiva.

Rige a partir de su publicación.

Preguntas frecuentes sobre la reforma de la Ley de Pesca y Acuicultura para el atún

¿Qué numerales de la Ley de Pesca y Acuicultura reforma la Ley 10304?


El artículo 1 reforma los numerales 42, 43, 49, 50, 53, 55, 60 y el segundo párrafo del numeral 136 de la Ley 8436, Ley de Pesca y Acuicultura. El artículo 2 adiciona dos párrafos finales al numeral 43 y un nuevo numeral 60 bis. El artículo 3 adiciona una sección II al capítulo IV, «Pesca del atún», un nuevo numeral 79 bis y tres nuevos transitorios a esa misma ley.

¿Dónde no pueden pescar los barcos atuneros de red de cerco?


Según el nuevo numeral 60 de la Ley 8436, que da el artículo 1, esos barcos no pueden ejercer actividades pesqueras dentro de las primeras ochenta millas náuticas de la zona económica exclusiva ni dentro de los polígonos o zonas especiales que defina el Poder Ejecutivo, reservados para la pesca sostenible del atún. Además, todo buque cerquero autorizado debe llevar un observador a bordo en todos los viajes de pesca.

¿Cómo funcionan las licencias de pesca de atún con red de cerco?


El artículo 1 da nueva redacción al numeral 53 de la Ley 8436: las licencias se otorgan por viaje de pesca de sesenta días naturales. El numeral 55 permite una prórroga de otra licencia por sesenta días naturales si se descarga la totalidad de la captura, y una reducción del canon de hasta cincuenta por ciento (50%) para ciertos barcos que entreguen su captura a la industria conservera nacional, cuando así lo disponga el Incopesca de manera fundamentada.

¿Qué es el fideicomiso para la flota atunera nacional y cómo se financia?


El artículo 3 crea, en el numeral 61 B de la Ley 8436, un fideicomiso para fomentar una flota atunera nacional, que sólo puede establecerse cuando exista un plan para gestionar la capacidad y el esfuerzo pesquero. El fiduciario es un banco público y el fideicomitente es el Estado. Su patrimonio incluye hasta mil millones de colones (₡1.000.000.000,00) anuales durante cuatro años y el diez por ciento (10%) de lo recaudado por licencias de atún a embarcaciones extranjeras con red de cerco, por diez años.

¿Qué multa se aplica a las embarcaciones atuneras de red de cerco?


El artículo 1 reforma el segundo párrafo del numeral 136 de la Ley 8436. En el caso de las embarcaciones dedicadas a la pesca de atún con red de cerco, la multa aplicable será de un veinticinco por ciento (25%) del valor de la embarcación. El depósito de la multa podrá hacerse en dólares, moneda de los Estados Unidos de América, o en colones, según el tipo de cambio vigente a la fecha del pago efectivo.

Referencias Bibliográficas

  • Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2026). Ley de Pesca y Acuicultura (Ley n.° 8436). Versión consolidada vigente al 21 de octubre de 2026. Biblioteca Jurídica del Bufete de Costa Rica. https://bufetedecostarica.com/ley-de-pesca-y-acuicultura-en-costa-rica-8436/

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