Ley para el Aprovechamiento y la Disposición de los Vehículos Automotores de Uso Policial, Servicios de Seguridad, Prevención y Emergencia y de Investigación (Ley N.° 10063)

N° 10063

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE USO POLICIAL, SERVICIOS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y EMERGENCIA Y DE INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 1

Se reforma el artículo 240 de la Ley 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012. El texto es el siguiente:

Artículo 240- Vehículos de uso policial, los de servicios de seguridad, prevención y emergencia y de investigación.

Comprende los vehículos usados por los cuerpos de policía de Presidencia, ministerios de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, Justicia y Paz, de Obras Públicas y Transportes, y Hacienda, municipalidades y el Organismo de Investigación Judicial, así como los vehículos del Cuerpo de Bomberos y la Comisión Nacional de Emergencias. Igualmente, se incluirán, dentro de esta categoría, los vehículos que utilicen la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República para las investigaciones especiales que realicen en combate del fraude y la corrupción.

Se autoriza a las instituciones indicadas en el párrafo anterior para que, ante declaratoria de inservibles, desecho, desuso o pérdida total de sus vehículos, soliciten la desinscripción del bien ante el Registro Nacional, aportando únicamente la declaratoria, las respectivas placas y el dispositivo de identificación del Registro Nacional y exonerándose del resto de requisitos señalados en la ley o en los reglamentos. Una vez realizada la descripción, la institución respectiva deberá informar al Ministerio de Hacienda sobre el bien sometido a la desinscripción.

La institución respectiva elaborará un reglamento especial para la aplicación de lo contenido en el presente artículo.

ARTÍCULO 2

Se autoriza a los ministerios de la Presidencia, Seguridad Pública, Gobernación y Policía, Justicia y Paz, Obras Públicas y Transportes, y Hacienda, las municipalidades, al Organismo de Investigación Judicial, al Cuerpo de Bomberos, a la Comisión Nacional de Emergencias y a la Contraloría General de la República para que dispongan de los vehículos de uso policial, los de servicios de seguridad, prevención y emergencia y de investigación que sean declarados inservibles, desecho, desuso o pérdida total como chatarra para su venta o donación a organizaciones sin fines de lucro. Para lo anterior los bienes deberán estar desinscritos. En caso de que se quieran traspasar estos bienes entre instituciones públicas, únicamente podrá hacerse como una donación y no como una venta.

En cualesquiera de los casos mencionados en este artículo, será la organización o la institución la que deberá hacer la solicitud respectiva del bien. Se deberá dar prioridad a las necesidades del Estado y del resto de instituciones de la Administración Pública.

En caso de venta, se hará de acuerdo con lo establecido para estos efectos en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995. En caso de donación, se priorizará a las organizaciones sin fines de lucro de los distritos con e menores índices de desarrollo social, según estudios del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), respetando el orden de presentación de la solicitud.

ARTÍCULO 3

Las instituciones indicadas en el artículo 240 de la Ley 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012, que tengan vehículos en condición de inservibles, desecho o pérdida total, a la entrada en vigencia de esta ley, harán la declaratoria de dicha condición según lo defina el reglamento respectivo y procederán a la solicitud de desinscripción ante el Registro Nacional, y le serán condonadas todas las deudas por derechos de circulación pendientes de pago, aplicándose como único requisito la presentación de la declaratoria.

Las instituciones que desinscriban vehículos, conforme a los parámetros establecidos en la presente ley, no podrán reinscribir dichos bienes a su nombre.

Rige a partir de su publicación.