La Ley N.° 10755, Ley para fortalecer el acceso, la equidad y el control del financiamiento de los partidos políticos, reforma los numerales 24, 52 inciso p), 88, 97, 105, 107, 132, 293 y 307 de la Ley 8765, Código Electoral, de 19 de agosto del 2009, y le adiciona los numerales 25 bis y 107 bis.
Entre otras cosas, la ley permite al Tribunal Supremo de Elecciones cobrar por algunos servicios no esenciales, precisa los informes de finanzas que los partidos deben presentar, crea el Fondo General de Capacitación para los Partidos Políticos, define gastos no redimibles y refuerza el deber de personas y entidades de suministrar información al Tribunal sobre el origen de los recursos partidarios.
Ley para Fortalecer el Acceso, la Equidad y el Control del Financiamiento de los Partidos Políticos (Ley N.° 10755)
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La ley se publicó en el Alcance N.° 120 a La Gaceta N.° 175 del 19 de septiembre de 2025. El texto de esta ley lo transcribió y cotejó la Biblioteca Jurídica, palabra por palabra, contra la página oficial de La Gaceta; el facsímil oficial va al final del PDF de la ley.
N° 10755
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY PARA FORTALECER EL ACCESO, LA EQUIDAD Y EL CONTROL DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Nota de la Biblioteca Jurídica: La Gaceta no ofrece de esta ley un texto digital fiable. Este texto lo transcribió la Biblioteca Jurídica y lo cotejó, palabra por palabra, con la página oficial; el facsímil oficial se reproduce íntegro al final del PDF de esta ley (Alcance N.° 120 a La Gaceta N.° 175 del 19 de septiembre de 2025, páginas 2 a 10 del PDF del Alcance; 9 páginas).
Refórmense los artículos 24, 52 inciso p), 88, 97, 105, 107, 132, 293 y 307 de la Ley 8765, Código Electoral, de 19 de agosto del 2009. Los textos son los siguientes:
Artículo 24- Cobro por algunos servicios no esenciales del Tribunal Supremo de Elecciones
El TSE podrá cobrar por el acceso electrónico con fines comerciales a la información que conste en sus bases de datos, mediante los mecanismos seguros que considere pertinentes y salvaguardando el derecho a la intimidad. Para ello, podrá contratar con sujetos de derecho público, o de derecho privado, el suministro electrónico de la información contenida en sus bases de datos, previo establecimiento, por parte del mismo Tribunal, del régimen tarifario aplicable a dichas relaciones contractuales. La información que suministre el Tribunal deberá respetar el principio de autodeterminación informativa, por lo que no podrá suministrar información de carácter confidencial. Asimismo, el Tribunal podrá cobrar por el suministro de otros servicios no esenciales como las publicaciones, los boletines o cualquier obra producida por la Institución o con su patrocinio, así como las capacitaciones a usuarios externos en materias propias de su competencia, salvo los estudios genealógicos.
Quedan excluidas del cobro las capacitaciones de oficio que realiza el TSE a los partidos políticos, previo a cada proceso electoral.
Los recursos económicos que se generen al amparo de esta norma se depositarán en una cuenta de caja única autorizada por la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, con la denominación de Fondo Específico del Tribunal Supremo de Elecciones. Este Fondo se destinará al mejoramiento de la prestación de los servicios públicos que son competencia exclusiva del Tribunal. Para disponer de estos recursos se deberá realizar la respectiva inclusión vía presupuesto ordinario o extraordinario de la República, diferenciando debidamente los gastos que se realizarán con cargo al Fondo referido, y cualquier financiamiento que este Fondo reciba de parte del Tribunal, aparte de los recursos generados de conformidad con el presente artículo, saldrán directamente del presupuesto propio de la Institución. Este Fondo se manejará de acuerdo con los lineamientos señalados en la Ley 10.495, Ley de Manejo Eficiente de la Liquidez del Sector Público, Ley 10.495, del 17 de junio de 2024.
Artículo 52- Estatuto de los partidos políticos
El estatuto de los partidos constituye su ordenamiento fundamental interno y deberá contener al menos lo siguiente:
p) La forma en la que se distribuye en el período electoral y no electoral la contribución estatal de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política. De lo que el partido político disponga para capacitación, deberá establecerse en forma permanente y paritaria tanto a hombres como a mujeres, con el objetivo de capacitar, formar y promover el conocimiento de los derechos humanos, la ideología, la igualdad de géneros, incentivar los liderazgos, la participación política, el empoderamiento, la postulación, el ejercicio de puestos de decisión, la prevención y el procedimiento para la denuncia de violencia contra las mujeres en la política, entre otros.
Durante los periodos relativos a las campañas electorales, según los plazos definidos por el TSE para liquidar gastos respecto de estas, los partidos podrán liquidar gastos de organización y capacitación con cargo a su reserva respectiva, o bien, podrán liquidar esos gastos como parte del legajo de liquidación correspondiente de los gastos de campaña, según lo estimen conveniente.
Artículo 88- Libros contables de los partidos y obligación de reporte. A fin de registrar las operaciones y los gastos en que incurra, cada partido llevará su contabilidad actualizada y los comprobantes de gastos ordenados, conforme al reglamento que dictará el TSE.
La tesorería de cada partido político tiene la obligación de gestionar, ante el TSE, el visado de todos los libros de control contable que la agrupación posea, sea que los use en formato físico o digital. Dichos libros estarán a disposición y sujetos a examen, cuando así lo requiera el TSE.
En caso de extravío, deberá procederse a su reposición inmediata en los términos en que lo establezca el reglamento que al efecto dictará el TSE.
Es responsabilidad del titular de la tesorería el resguardo de la documentación contable y financiera, así como su debida actualización.
Los partidos remitirán al TSE, por medio de la tesorería y dentro de un plazo de 30 días naturales posteriores al vencimiento del periodo respectivo, un informe trimestral de sus finanzas que incluya la documentación y los registros indicados en los artículos 132 y 133 de este Código, o bien, una constancia de inactividad económica emitida por quien ocupe la tesorería partidaria. No obstante, durante los periodos de campaña electoral, los partidos remitirán al TSE un informe mensual de las donaciones, contribuciones o aportes que reciban, de conformidad con lo señalado en el artículo 132 del presente Código.
Artículo 97- Retiro del financiamiento anticipado para el proceso electoral
Los partidos políticos tendrán derecho a retirar la cantidad que les corresponda por concepto de financiamiento anticipado caucionado, de acuerdo con la resolución que para ese efecto deberá emitir el TSE. Los retiros por ese concepto se harán a partir de la presentación de las candidaturas a las elecciones correspondientes, observando la forma de distribución indicada en el artículo 96 de este Código.
Los dineros correspondientes al financiamiento anticipado serán depositados en una cuenta de la Tesorería Nacional, en efectivo, y a más tardar diez meses antes de las elecciones correspondientes. El Tribunal autorizará, mediante resolución, el giro del anticipo correspondiente a cada partido político que haya caucionado.
Artículo 105- Registro de profesionales contables
La Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos registrará a los contadores públicos y contadores privados autorizados que quieran brindar servicios profesionales a los partidos políticos; ello de conformidad con la reglamentación que, al efecto, emita ese Tribunal.
Transitorio X -Los profesionales en contaduría pública autorizada, que estén inscritos ante la CGR, quedarán automáticamente inscritos ante el TSE hasta el vencimiento de la inscripción hecha por el órgano contralor; ello, sin demérito del cumplimiento de los demás requisitos que establezca el TSE por reglamento.
Artículo 107- Comprobación de gastos
Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la declaratoria de elección de diputados, cada partido con derecho a recibir el aporte estatal deberá hacer su cobro al TSE mediante una liquidación de los gastos de campaña, presentada de conformidad con lo establecido en este Código.
Recibida la liquidación, el Tribunal dictará la resolución que determine el monto que corresponde girar al partido político, en un término máximo de quince días hábiles. No obstante, si existiera alguna circunstancia que haga presumir, a criterio del Tribunal, la no conformidad de la totalidad de los gastos liquidados o parte de ellos, podrá ordenar la revisión de los documentos que respaldan la liquidación correspondiente, pero deberá girar los fondos en no más de diez meses luego de emitida la resolución dicha. En todo caso, el Tribunal podrá autorizar el pago de los rubros que no sean sujetos de revisión.
Los partidos políticos deberán señalar, antes del pago, la cuenta bancaria en la que serán depositados los fondos provenientes de la contribución estatal.
En el caso de los gastos de capacitación y organización política en período no electoral, la liquidación deberá presentarse dentro de los treinta días naturales posteriores al vencimiento del trimestre correspondiente. El TSE dictará la resolución que determine el monto a girar, en un plazo máximo de quince días hábiles y, en caso de no conformidad por parte de ese Tribunal de la totalidad de los gastos liquidados o parte de ellos, podrá ordenar la revisión de los documentos que respaldan la liquidación correspondiente, pero deberá girar los fondos en no más de cuarenta y cinco días naturales, luego de presentada la liquidación. El importe correspondiente será deducido de las reservas que el partido político correspondiente tenga previstas para gastos permanentes en los rubros de organización y capacitación.
Contra lo resuelto por el Tribunal cabrá únicamente recurso de reconsideración, el cual deberá ser resuelto en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Si de la totalidad del monto que el partido político presente por concepto de liquidación de gastos electorales, tanto a escala nacional como local, queda algún remanente no reconocido, este se sumará a la reserva prevista para financiar los gastos permanentes de organización y capacitación, y deberá ser liquidada de conformidad con lo establecido en la presente ley.
En todo caso, de existir ese remanente, el monto se sumará a aquel que resulte del porcentaje definido previamente por el partido para esos rubros de gastos permanentes.
La Tesorería Nacional girará los fondos correspondientes a la contribución estatal, una vez que las liquidaciones de los gastos hayan sido debidamente presentadas y aprobadas, dentro de los plazos establecidos para cada liquidación y bajo los procedimientos establecidos en este Código. Cuando los partidos negocien con los entes financieros autorizados, la cesión de la contribución estatal a los partidos políticos, tanto en las elecciones nacionales y locales, así como para los gastos permanentes en organización y capacitación, mediante fideicomiso o préstamo formal para financiar esos gastos, dicha Tesorería Nacional le girará directamente a dichos entes los fondos aprobados.
Los entes financieros, debidamente autorizados, que den préstamos o firmen fideicomisos con los partidos políticos, para financiar sus gastos, no serán responsables por la forma en que estos los ejecuten y liquiden, de conformidad con lo establecido en esta ley, otras leyes conexas y sus reglamentos, sin demérito de las condiciones contractuales que negocien con las indicadas agrupaciones políticas, para que las liquidaciones pertinentes se hagan en forma transparente y clara, desde el punto de vista de la recuperación del principal, comisiones e intereses asociados con las indicadas liquidaciones.
Artículo 132- Obligación de informar
El tesorero del partido político estará obligado a informar trimestralmente, al TSE, sobre las donaciones, las contribuciones o los aportes que reciba. Sin embargo, durante el período comprendido entre la convocatoria y la fecha de elección, el informe será mensual para las agrupaciones políticas que participen en dichas elecciones. En todo caso, cuando un partido político no reciba contribuciones, dentro de los períodos señalados, estará obligado a informar tal circunstancia. Toda la información contable de los partidos políticos es de acceso público por medio del TSE.
Artículo 293- Multas por el incumplimiento del deber de entrega de información
Se impondrá multa de dos a cinco salarios base, al funcionario público que se niegue injustificadamente a rendir informes y dar atestados, o extender certificados o comprobantes, o atrase, sin motivo alguno, la entrega de esos documentos que requieran particulares o funcionarios públicos con fines electorales.
Igual sanción se impondrá a la persona física que se niegue infundadamente a proporcionar, total o parcialmente, la información que le requiera el TSE o sus dependencias competentes, o si la suministra de forma inexacta.
Artículo 307- Obligación de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, de suministrar información al TSE
Las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, están obligadas a suministrar, a los organismos electorales, todo dato o informe que estos soliciten en relación con las funciones que les son propias.
El TSE, o sus dependencias competentes, podrán requerir a contribuyentes, donantes, aportantes, adquirentes de certificados de cesión, proveedores, prestamistas y demás sujetos intervinientes en la dinámica económico financiera partidaria, informes que den cuenta sobre su solvencia económica, así como cualquier otra información relevante para determinar la procedencia y trazabilidad de los recursos, bienes y servicios recibidos directa o indirectamente por las agrupaciones políticas en beneficio suyo o de sus candidaturas y precandidaturas oficializadas. Para estos efectos, el Tribunal podrá requerir información a los propios responsables, así como a terceros, incluyendo a la Dirección General de Tributación, al Banco Central de Costa Rica, a las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras y a las demás entidades de supervisión del sistema financiero nacional.
La Contraloría General de la República, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, la Superintendencia General de Entidades Financieras, las oficialías de cumplimiento de las entidades financieras supervisadas por la indicada superintendencia, el Ministerio de Hacienda y su Dirección General de Tributación, y el Instituto Costarricense sobre Drogas estarán en la obligación de alertar al TSE respecto de situaciones que adviertan en el marco de sus competencias y que den cuenta de hechos inusuales o atípicos respecto de las operaciones financieras y crediticias en las que intervengan las agrupaciones políticas.
De igual forma, deberán suministrar, ante resolución debidamente motivada de dicho tribunal, la información pertinente y relevante para determinar el origen de los recursos que reciban los partidos políticos. El traslado respectivo se realizará cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad, trazabilidad de la información y protección de datos sensibles según la legislación nacional.
La negativa infundada a proporcionar total o parcialmente dicha información, o el suministro de información inexacta, será motivo suficiente para remitir de inmediato el asunto al Ministerio Público.
Adiciónense los artículos 25 bis y 107 bis a la Ley 8765, Código Electoral, de 19 de agosto de 2009. Los textos son los siguientes:
Artículo 25 bis- Fondo General de Capacitación para los Partidos Políticos
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dispondrá del fondo denominado Fondo General de Capacitación para los Partidos Políticos, a fin de financiar, equitativamente, programas formativos para los militantes de las agrupaciones políticas inscritas, como forma de potenciar las capacidades, la permanencia y la institucionalización de esas asociaciones voluntarias de ciudadanos.
El funcionamiento de este Fondo se regulará reglamentariamente y deberá someterse a los controles y las responsabilidades establecidos en el ordenamiento jurídico.
Para estos efectos, la Dirección de Presupuesto Nacional incluirá, en la partida presupuestaria que corresponda, los recursos que determine el Tribunal, los cuales no podrán representar más del cero coma quince por ciento (0,15%) del total presupuestado por esa institución.
Los recursos de este Fondo se depositarán en la cuenta de caja única del TSE y corresponderá a la Tesorería Nacional girar los recursos con la inmediatez que requiera el Tribunal, de conformidad con los procedimientos propios del manejo de recursos en caja única.
Una vez concluido el respectivo ciclo electoral, el Tribunal, en un plazo de cuatro meses, hará la liquidación correspondiente de este Fondo y, de existir algún-sobrante, este se depositará en el Fondo General de Caja Única del Estado.
Las capacitaciones que el TSE imparta a los partidos, con este Fondo o por otros medios, no serán de participación obligatoria para esas agrupaciones políticas.
Artículo 107 bis- Gastos no redimibles
Entre otros, se considerarán gastos no redimibles los siguientes:
a) Las contrataciones de bienes o servicios que realicen los partidos políticos con miembros propietarios o suplentes de su Comité Ejecutivo Superior.
b) Las contrataciones de bienes o servicios que realicen los partidos políticos con personas físicas ligadas por parentesco de consanguinidad o afinidad en línea directa o colateral, hasta el tercer grado inclusive, con cualquiera de los miembros propietarios o suplentes del Comité Ejecutivo Superior.
Las contrataciones de bienes o servicios que se realicen con personas jurídicas, cuyos miembros de junta directiva, fiscal, directores, representantes, apoderados o accionistas se encuentren ligados por parentesco de consanguinidad o afinidad en línea directa o colateral, hasta tercer grado inclusive, con cualquiera de los miembros propietarios o suplentes del Comité Ejecutivo Superior.
El artículo 1 da nueva redacción al numeral 88 del Código Electoral: los partidos remiten al TSE, por medio de la tesorería y dentro de un plazo de 30 días naturales posteriores al vencimiento del periodo respectivo, un informe trimestral de sus finanzas, o una constancia de inactividad económica emitida por quien ocupe la tesorería. Durante las campañas electorales el informe de las donaciones, contribuciones o aportes que reciban es mensual.
Según el numeral 107 del Código Electoral, reformado por el artículo 1, el partido cobra al TSE dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la declaratoria de elección de diputados, y el Tribunal dicta la resolución del monto en un término máximo de quince días hábiles. Si ordena revisar los documentos, debe girar los fondos en no más de diez meses luego de emitida la resolución. En período no electoral, el giro es en no más de cuarenta y cinco días naturales luego de presentada la liquidación.
El artículo 2 adiciona el numeral 25 bis al Código Electoral: el TSE dispondrá de ese fondo para financiar, equitativamente, programas formativos para los militantes de las agrupaciones políticas inscritas. Los recursos que determine el Tribunal no podrán representar más del cero coma quince por ciento (0,15%) del total presupuestado por esa institución, y concluido el ciclo electoral el Tribunal liquida el fondo en un plazo de cuatro meses. Las capacitaciones no son de participación obligatoria para los partidos.
El artículo 2 adiciona el numeral 107 bis al Código Electoral y dice que, entre otros, son gastos no redimibles las contrataciones de bienes o servicios que los partidos hagan con miembros propietarios o suplentes de su Comité Ejecutivo Superior, y con personas físicas ligadas a ellos por parentesco de consanguinidad o afinidad, en línea directa o colateral, hasta el tercer grado inclusive. La regla alcanza también a personas jurídicas cuyos directivos, representantes o accionistas tengan ese parentesco.
El numeral 293 del Código Electoral, reformado por el artículo 1, impone multa de dos a cinco salarios base al funcionario público que se niegue injustificadamente a rendir informes o atrase sin motivo la entrega de documentos, y la misma sanción a la persona física que se niegue infundadamente a dar, total o parcialmente, la información que le requiera el TSE, o la suministre de forma inexacta. Según el numeral 307, esa negativa es motivo suficiente para remitir de inmediato el asunto al Ministerio Público.
¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.
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