El traspaso de acciones en Costa Rica constituye una de las operaciones jurídico-mercantiles de mayor trascendencia en la vida económica y societaria del país. Lejos de ser una simple transferencia patrimonial, la cesión de acciones representa el mecanismo técnico mediante el cual se movilizan derechos corporativos, se reorganizan estructuras de propiedad empresarial y se materializan decisiones estratégicas de inversión dentro del sistema capitalista costarricense. En una economía que descansa de manera preponderante sobre la figura de la sociedad anónima, entender con precisión quirúrgica los alcances, requisitos, formalidades y consecuencias fiscales del traspaso accionario no es un lujo académico, sino una necesidad operativa para empresarios, inversionistas, notarios, abogados y asesores financieros.
La presente investigación aborda el fenómeno del traspaso accionario desde una perspectiva integral que articula el Código de Comercio como columna vertebral normativa, con sus desarrollos posteriores contenidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas y el Código Notarial. Se examinará la doctrina costarricense e iberoamericana más autorizada, la jurisprudencia de las Salas Primera y Segunda de la Corte Suprema de Justicia, así como las resoluciones administrativas del Registro Nacional, la Dirección General de Tributación y la Superintendencia General de Entidades Financieras en aquello que resulte atingente. El propósito último es dotar al operador jurídico de una cartografía comprensiva que le permita navegar con seguridad un territorio que, aunque aparenta simplicidad formal, encierra complejidades dogmáticas y prácticas de notable envergadura.
La acción, en su concepción dogmática más depurada, participa de una triple naturaleza que le confiere un carácter jurídico singular dentro del universo de los derechos patrimoniales. En primer término, la acción es una fracción alícuota del capital social, esto es, una porción matemáticamente determinada del capital suscrito de la sociedad anónima. Esta dimensión cuantitativa resulta esencial porque de ella dependen los derechos políticos y económicos que el accionista puede ejercer.
En segundo lugar, la acción es expresión de la condición de socio, de modo que quien la detenta adquiere simultáneamente un estatus jurídico-corporativo que lo vincula con los órganos sociales, le confiere derechos de asistencia y voto en asamblea, derecho al dividendo, derecho a la cuota de liquidación y derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones. En tercer término, y esta es la dimensión que resulta decisiva para efectos del traspaso de acciones en Costa Rica, la acción es un título valor que incorpora los derechos corporativos y los hace circulables conforme a la ley de circulación propia del título.
La doctrina mercantil costarricense, siguiendo la línea de autores como Gastón Certad Maroto, Diego Baudrit Carrillo y Víctor Pérez Vargas, ha sostenido con insistencia que esta triple dimensión explica por qué el traspaso accionario no puede reducirse a un mero contrato de cesión de derechos regido exclusivamente por las normas del Código Civil. Aunque el Código Civil regula la figura genérica de la cesión de créditos y derechos, la acción, por su condición de título valor cartular, exige además el cumplimiento de las formalidades específicas previstas en el Código de Comercio para la circulación de los títulos nominativos o al portador, según corresponda.
El accionista, titular de las acciones, es el sujeto en torno al cual gira toda la arquitectura de la sociedad anónima. Su posición jurídica se caracteriza por un conjunto de derechos que la doctrina clasifica tradicionalmente en políticos y económicos. Entre los primeros se encuentran el derecho de asistencia y voto en las asambleas de accionistas, el derecho de impugnación de acuerdos sociales, el derecho de información, el derecho de fiscalización y, en determinadas condiciones, el derecho de convocatoria.
Entre los derechos económicos figuran el derecho al dividendo cuando la asamblea haya acordado su distribución con cargo a utilidades efectivamente percibidas, el derecho a la cuota de liquidación en caso de disolución, el derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital y el derecho a exigir el reembolso del valor de la acción en los casos previstos por la ley o el pacto social. Cuando se produce el traspaso accionario, la totalidad de estos derechos se desplaza del cedente al cesionario, de modo que el adquirente se subroga en la posición corporativa del transmitente.
No obstante, esta subrogación no opera frente a la sociedad sino hasta que el traspaso haya sido debidamente inscrito en el registro de accionistas, conforme lo exige el artículo ciento cuarenta del Código de Comercio. Este matiz resulta crucial, porque introduce una disociación entre la eficacia del negocio traslativo inter partes y su oponibilidad frente a la sociedad y los terceros.
El capital social es la cifra numérica, expresada en la moneda de curso legal, que representa el valor total del patrimonio inicial de la sociedad anónima, constituido por las aportaciones de los socios. Este capital se divide en acciones del mismo o de distinto valor, y esa división resulta determinante para entender el régimen de traspaso. En la tradición mercantil costarricense se distingue entre capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. El capital autorizado es el tope máximo que los estatutos permiten a la sociedad emitir en acciones. El capital suscrito es aquel que los socios se han comprometido a aportar. El capital pagado es el efectivamente desembolsado.
Estas distinciones adquieren relevancia en el traspaso porque, tratándose de acciones no enteramente pagadas, el cedente mantiene una responsabilidad residual frente a la sociedad y los acreedores sociales por la parte no desembolsada, salvo que el cesionario asuma expresamente dicha obligación y la sociedad consienta la liberación del cedente. El Código de Comercio sanciona esta responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario por las cuotas no pagadas durante un plazo prudencial.
El Código de Comercio costarricense, en línea con la tradición del derecho mercantil continental, admite diversas clases de acciones que pueden emitirse dependiendo de los derechos que incorporen. Se distingue entre acciones comunes y acciones privilegiadas o preferentes, entre acciones con derecho de voto y acciones sin voto, entre acciones de voto plural y acciones de voto singular, y entre acciones nominativas y al portador, aunque esta última categoría ha sufrido restricciones severas en el ordenamiento costarricense contemporáneo.
Las acciones comunes son aquellas que confieren los derechos ordinarios del socio sin prerrogativas especiales. Las acciones preferentes o privilegiadas otorgan algún beneficio adicional, ordinariamente de contenido económico, como un dividendo preferente, preferencia en el reembolso en caso de liquidación o acumulación de dividendos no pagados. Las acciones sin derecho de voto se admiten solo en casos específicos, compensando la privación del derecho político con ventajas económicas.
La distinción entre acciones nominativas y al portador es capital para el régimen de la cesión de acciones de sociedad anónima. Las acciones nominativas son aquellas que se emiten a nombre de una persona determinada y cuya titularidad se prueba mediante la inscripción en el registro de accionistas de la sociedad. Las acciones al portador, en cambio, se transmitían mediante la simple tradición del título. En Costa Rica, la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal y diversas reformas orientadas a implementar los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional han impuesto restricciones tan severas al régimen de las acciones al portador que, en la práctica, estas han desaparecido como instrumento de circulación mercantil libre.
El traspaso de acciones, en su configuración dogmática más depurada, es un negocio jurídico bilateral de carácter traslativo mediante el cual una persona, denominada cedente, transmite a otra, denominada cesionaria, la titularidad de una o varias acciones representativas del capital social de una sociedad anónima. Este negocio puede revestir diversas modalidades contractuales típicas o atípicas, como la compraventa, la donación, la permuta, el aporte a otra sociedad, la dación en pago, la adjudicación sucesoria o la transmisión por ejecución forzosa.
La causa del traspaso determina consecuencias jurídicas significativas. Así, el traspaso por compraventa genera obligaciones recíprocas de transmitir la propiedad y pagar el precio, activa el impuesto a las ganancias y pérdidas de capital y está sujeto al cumplimiento de los requisitos formales del Código de Comercio. El traspaso por donación, en cambio, se rige parcialmente por las normas del contrato de donación del Código Civil y puede estar sujeto a presunciones fiscales específicas. El traspaso por herencia opera por ministerio de ley, con la partición y adjudicación en el proceso sucesorio, sin perjuicio de la obligación de inscribir el cambio en el registro de accionistas.
El régimen de las sociedades mercantiles y, con él, la figura del traspaso accionario, llega a Costa Rica con el tránsito del derecho colonial español al derecho patrio republicano. Durante el período colonial, las compañías mercantiles se regían por las Ordenanzas de Bilbao de mil setecientos treinta y siete, que recogían prácticas mercantiles consuetudinarias y modelos de asociación comercial que, aunque no preveían la sociedad anónima tal como se la conoce hoy, sí reconocían formas asociativas con división del capital en partes transmisibles entre los socios con el consentimiento de los demás.
Tras la independencia de España y la posterior separación del Imperio Mexicano y de la Federación Centroamericana, Costa Rica adoptó progresivamente códigos propios que fueron modelando su derecho mercantil. El Código General de Carrillo de mil ochocientos cuarenta y uno, aunque primordialmente enfocado en materia civil y penal, contenía referencias a la actividad mercantil que reflejaban la influencia del Código de Comercio francés de mil ochocientos siete y del español de mil ochocientos veintinueve.
El primer Código de Comercio costarricense propiamente dicho data de finales del siglo diecinueve y recogía la regulación de la compañía anónima con una técnica legislativa que, si bien primitiva para los estándares contemporáneos, establecía las bases del régimen de circulación de las acciones. La acción al portador se concebía como un título de crédito que circulaba por simple tradición manual, mientras que la acción nominativa requería inscripción en los libros sociales para operar el traspaso frente a la sociedad.
Durante el siglo diecinueve y buena parte del veinte, la sociedad anónima fue un instrumento reservado fundamentalmente a las grandes empresas cafetaleras, bananeras, financieras y ferroviarias. El traspaso de acciones, en ese contexto histórico, era un acto relativamente infrecuente, generalmente vinculado a reorganizaciones familiares, entrada de nuevos socios capitalistas o procesos sucesorios.
El Código de Comercio vigente, Ley tres mil doscientos ochenta y cuatro del treinta de abril de mil novecientos sesenta y cuatro, marca un hito en la modernización del derecho mercantil costarricense. Este cuerpo normativo, inspirado en los códigos de comercio mexicano, italiano y alemán, regula con sistematicidad y profundidad la sociedad anónima, dedicando una extensa sección al régimen de las acciones, su emisión, clases, circulación y traspaso.
El Código de mil novecientos sesenta y cuatro consagró el régimen de la acción nominativa y de la acción al portador, estableció los requisitos formales para el traspaso, organizó el libro de registro de accionistas y disciplinó la responsabilidad del cedente y del cesionario por las obligaciones pendientes. Desde esa fecha hasta la actualidad, el Código de Comercio ha sido objeto de múltiples reformas puntuales, aunque su arquitectura fundamental se mantiene.
Un punto de inflexión en la historia reciente del traspaso accionario lo constituye la Ley Reguladora del Mercado de Valores, número siete mil setecientos treinta y dos de mil novecientos noventa y siete, que introdujo en el ordenamiento costarricense la figura de la anotación en cuenta como modalidad alternativa a la representación cartular de los valores. Para las acciones de sociedades anónimas que coticen en bolsa o que decidan incorporarse al sistema de anotaciones en cuenta, el traspaso ya no opera mediante el endoso físico del certificado accionario, sino mediante asientos contables en los registros centrales de anotaciones gestionados por las sociedades administradoras de sistemas de compensación y liquidación.
La desmaterialización ha simplificado de manera significativa el traspaso de acciones en el ámbito bursátil, permitiendo operaciones instantáneas, reducción de costos transaccionales y mayor seguridad jurídica. Sin embargo, para la inmensa mayoría de sociedades anónimas costarricenses, que son sociedades cerradas de carácter familiar o de pocos socios, el traspaso sigue rigiéndose por las normas clásicas del Código de Comercio mediante endoso del certificado y anotación en el libro de registro de accionistas.
El régimen fiscal del traspaso de acciones experimentó una transformación radical con la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, número nueve mil seiscientos treinta y cinco del tres de diciembre de dos mil dieciocho, que incorporó al ordenamiento tributario costarricense un verdadero impuesto a las ganancias y pérdidas de capital. Antes de esta reforma, las ganancias derivadas de la venta de acciones estaban sujetas a un régimen relativamente laxo, con exenciones amplias y tratamientos preferenciales que convertían al traspaso accionario en un vehículo de planificación fiscal altamente atractivo.
Con la Ley nueve mil seiscientos treinta y cinco, el traspaso de acciones quedó sujeto, como regla general, a un impuesto del quince por ciento sobre la ganancia obtenida, con un régimen transitorio para activos adquiridos antes de la vigencia de la reforma. Esta transformación ha obligado a empresarios, asesores fiscales y notarios a repensar las estructuras clásicas de transmisión accionaria, a documentar rigurosamente el costo de adquisición de las acciones para efectos de determinar la base imponible y a incorporar en los contratos de compraventa accionaria cláusulas relativas a la asignación tributaria del impuesto.
El Código de Comercio, Ley tres mil doscientos ochenta y cuatro, constituye la norma primaria que regula el régimen de las sociedades anónimas y, con ello, el traspaso de las acciones representativas de su capital social. Los artículos más relevantes se encuentran en el Capítulo Séptimo del Título Primero del Libro Primero, dedicado a la sociedad anónima. Los artículos ciento dos al ciento setenta y cuatro disciplinan exhaustivamente la constitución, funcionamiento, órganos, capital, acciones y disolución de la sociedad anónima.
En particular, los artículos referidos a las acciones establecen que el capital social se divide en acciones, que estas pueden ser nominativas o al portador según lo permita la ley, que los certificados accionarios deben contener una serie de menciones obligatorias, como la denominación social, el domicilio, el monto del capital social, el número de acciones y su valor nominal, la clase y categoría de la acción, el nombre del titular en el caso de acciones nominativas, y la firma del representante legal de la sociedad.
El artículo ciento cuarenta del Código de Comercio establece que el traspaso de las acciones nominativas se perfecciona mediante el endoso del certificado y la inscripción del traspaso en el libro de registro de accionistas que debe llevar la sociedad, doble formalidad que otorga plenos efectos al traspaso tanto frente a la sociedad como frente a los terceros.
El libro de registro de accionistas es un documento corporativo de capital importancia. En él se consignan los datos de todos los accionistas, el número y clase de acciones que cada uno posee, las transmisiones que se van operando, los gravámenes que pesen sobre las acciones y, en general, cualquier acto o hecho jurídico que afecte la titularidad o el contenido de los derechos accionarios. La sociedad tiene la obligación de llevar este libro con la debida diligencia y actualización, y cualquier accionista tiene derecho a consultarlo.
El Código de Comercio vincula la oponibilidad del traspaso frente a la sociedad a la inscripción en este libro. En consecuencia, mientras la inscripción no se verifique, la sociedad puede seguir reconociendo al cedente como accionista legítimo para efectos del ejercicio de los derechos corporativos.
El endoso es la firma del cedente en el reverso del certificado accionario por la cual manifiesta su voluntad de transmitir la titularidad al cesionario. El endoso puede ser completo, cuando identifica al cesionario, o en blanco, cuando se limita a la firma del cedente. Esta distinción es relevante porque el endoso en blanco permite que el título circule como si fuera al portador hasta que un endosatario decida completarlo con su nombre.
La doctrina costarricense, siguiendo la tradición cambiaria, ha discutido si el endoso accionario opera una transmisión con efectos constitutivos o meramente declarativos. La posición dominante sostiene que el endoso es el acto traslativo que transmite la titularidad de la acción inter partes, mientras que la inscripción en el registro de accionistas cumple una función de oponibilidad frente a la sociedad. Esta posición ha sido confirmada por la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en diversos pronunciamientos.
El Código Notarial, Ley siete mil setecientos sesenta y cuatro, contiene normas relevantes para el traspaso de acciones, particularmente en lo relativo a la autenticación de las firmas del endoso. Aunque el Código de Comercio no exige imperativamente la autenticación notarial de la firma del endoso accionario como requisito de validez, la práctica mercantil y notarial costarricense ha consolidado la costumbre de que el endoso se autentique notarialmente, especialmente cuando se trata de traspasos significativos por su cuantía o relevancia corporativa.
La autenticación notarial confiere certeza sobre la identidad del endosante y sobre la fecha del acto. Además, para determinados efectos fiscales y registrales, como la acreditación del traspaso ante la Dirección General de Tributación o ante la Administración Tributaria para la actualización del Registro de Beneficiarios Finales, la autenticación notarial suele ser un requisito práctico ineludible.
La Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley siete mil noventa y dos, fue objeto de una reforma sustancial con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley nueve mil seiscientos treinta y cinco, que incorporó el Título Cuarto dedicado al impuesto sobre las rentas de capital y las ganancias de capital por acciones. Conforme a este régimen, las ganancias de capital derivadas del traspaso de acciones están sujetas a un impuesto del quince por ciento sobre la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición de las acciones, actualizado conforme a las reglas que la propia ley establece.
El sujeto pasivo del impuesto es el cedente, esto es, quien obtiene la ganancia por la transmisión. La base imponible se determina restando del valor de enajenación el valor de adquisición, los gastos necesarios para la transmisión y los impuestos indirectos que se hubieren pagado. Para activos adquiridos antes de la entrada en vigor de la Ley nueve mil seiscientos treinta y cinco, el contribuyente puede optar entre tributar sobre la ganancia efectivamente realizada o aplicar un impuesto único y definitivo del dos coma veinticinco por ciento sobre el valor total de la transmisión, régimen transitorio que busca evitar la retroactividad efectiva del impuesto.
La ley establece además supuestos de exención y de no sujeción. Entre las exenciones relevantes se encuentran las transmisiones derivadas de procesos sucesorios, las donaciones entre cónyuges y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, las reorganizaciones societarias que cumplan los requisitos reglamentarios y las transmisiones de acciones de sociedades admitidas a cotización oficial en mercados regulados, bajo determinadas condiciones.
La Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas, Ley nueve mil cuatrocientos veintiocho, establece un impuesto anual a cargo de las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Nacional. Aunque este impuesto no grava directamente el traspaso de acciones, sí resulta relevante en la operación traslativa, porque el cumplimiento del pago constituye un requisito para la inscripción de cualquier acto registral relativo a la sociedad, incluidos los cambios de representantes legales o reformas estatutarias derivadas de traspasos accionarios.
Además, la Ley nueve mil cuatrocientos veintiocho incorpora la sanción de disolución por falta de pago consecutivo del impuesto durante tres períodos fiscales. La sociedad disuelta por este motivo queda en estado de liquidación y pierde capacidad para realizar actos jurídicos ordinarios, lo cual afecta la validez de los traspasos accionarios que se pretendan realizar en ese estado patológico.
Aunque el Código de Comercio regula con carácter especial el traspaso de acciones, el Código Civil, Ley treinta, conserva un rol supletorio y, en algunos aspectos, complementario. Las normas sobre cesión de créditos y derechos contenidas en los artículos mil ciento uno y siguientes del Código Civil, así como las normas generales sobre contratos y obligaciones, son aplicables al traspaso accionario en lo no previsto por la legislación mercantil. En particular, las reglas sobre capacidad de las partes, vicios del consentimiento, objeto y causa de los contratos, extinción de las obligaciones y responsabilidad contractual son plenamente aplicables.
Adicionalmente, deben tenerse en cuenta otras normas que inciden en la venta de acciones en Costa Rica. La Ley sobre el Impuesto sobre Traspasos de Bienes Inmuebles, aunque referida primordialmente a inmuebles, contiene presunciones aplicables a los traspasos accionarios de sociedades cuyo patrimonio está sustancialmente constituido por bienes inmuebles. La Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, Ley nueve mil cuatrocientos dieciséis, impone obligaciones de transparencia y declaración de beneficiarios finales que afectan directamente a las sociedades anónimas y, con ello, a cualquier traspaso accionario que modifique la composición de los beneficiarios finales.
Finalmente, las normas sobre legitimación de capitales y financiación del terrorismo, en particular la Ley ocho mil doscientos cuatro, imponen obligaciones de debida diligencia a notarios, abogados y entidades financieras que intervengan en operaciones de traspaso accionario.
La jurisprudencia costarricense ha abordado en diversas ocasiones las controversias relativas al traspaso de acciones. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, como tribunal de casación en materia civil y mercantil, ha consolidado una línea interpretativa según la cual el traspaso de acciones requiere el concurso de los elementos esenciales del negocio jurídico traslativo, a saber, consentimiento, objeto lícito y causa lícita, y el cumplimiento de las formalidades específicas del Código de Comercio, particularmente el endoso del certificado y la inscripción en el libro de registro de accionistas.
Los tribunales han sido particularmente cuidadosos en distinguir los efectos inter partes del traspaso, de sus efectos frente a la sociedad y los terceros. Inter partes, el traspaso puede producir efectos desde el momento del acuerdo y el endoso, aunque la inscripción no se haya verificado. Frente a la sociedad, en cambio, el traspaso solo es oponible a partir de la inscripción en el libro de registro, de modo que la sociedad puede legítimamente desconocer al cesionario no inscrito y continuar reconociendo como accionista al cedente para efectos del ejercicio de los derechos corporativos.
Una de las problemáticas más recurrentes en sede jurisdiccional es la simulación del traspaso accionario. La simulación puede ser absoluta, cuando las partes aparentan celebrar un traspaso que en realidad no quieren realizar, o relativa, cuando encubren bajo la apariencia de un traspaso un negocio jurídico diferente, como una donación disfrazada de compraventa para eludir la normativa sobre legítima hereditaria o las obligaciones fiscales derivadas de la donación.
La Sala Primera ha sostenido que, para declarar la simulación, es necesario acreditar mediante prueba idónea que la voluntad real de las partes era divergente de la voluntad declarada. Los indicios de simulación típicamente considerados incluyen el vínculo familiar o de dependencia entre cedente y cesionario, la desproporción entre el precio pactado y el valor real de las acciones, la ausencia de movimiento patrimonial que corrobore el pago del precio, la continuidad del cedente en el control efectivo de la sociedad pese al traspaso formal y la proximidad temporal entre el traspaso y otros actos jurídicos susceptibles de evidenciar la simulación.
Otra línea jurisprudencial relevante aborda la responsabilidad del cedente frente al cesionario por los vicios ocultos de las acciones. Se ha discutido si el cedente responde únicamente por la titularidad legítima de las acciones o si debe garantizar también la situación patrimonial de la sociedad subyacente. La tendencia dominante, siguiendo los cánones del derecho común de la compraventa, es considerar que el cedente garantiza la titularidad y la ausencia de gravámenes ocultos, pero no necesariamente la realidad patrimonial de la sociedad, salvo que se haya pactado expresamente una cláusula de declaraciones y garantías.
Esta conclusión ha impulsado en la práctica mercantil la incorporación cada vez más frecuente de cláusulas detalladas de representaciones y garantías en los contratos de compraventa accionaria, en particular en operaciones de adquisición empresarial de cierta envergadura.
Los estatutos sociales de muchas sociedades anónimas costarricenses contienen cláusulas que restringen la libre transmisibilidad de las acciones, estableciendo derechos de preferencia en favor de los demás accionistas o requiriendo la autorización previa del consejo de administración o de la asamblea para el traspaso. La jurisprudencia ha validado la compatibilidad de estas cláusulas con el ordenamiento, siempre que no impliquen una prohibición absoluta de transmitir ni supongan una afectación sustancial del contenido esencial del derecho de propiedad accionario. En caso de incumplimiento del derecho de preferencia, los tribunales han ordenado, según el caso, la nulidad del traspaso no precedido del cumplimiento del procedimiento estatutario o el derecho de los accionistas preteridos a adquirir las acciones en las condiciones que originalmente hubieran correspondido.
Los tribunales se han ocupado también de los traspasos accionarios producidos en ejecuciones forzosas, remates judiciales y procesos concursales. En estos supuestos, el traspaso opera por ministerio de resolución judicial, sin que sea necesaria la concurrencia voluntaria del cedente. No obstante, los requisitos formales del Código de Comercio, esto es, la anotación en el libro de registro de accionistas, deben cumplirse igualmente, con la particularidad de que el acto es suplido por mandato del juez y la inscripción se ordena por el tribunal al administrador de la sociedad.
El impacto fiscal del traspaso de acciones en Costa Rica experimentó una transformación radical con la Ley nueve mil seiscientos treinta y cinco. Antes de esta reforma, el régimen fiscal de las ganancias de capital era fragmentario, con abundantes exenciones y tratamientos especiales que permitían estructurar traspasos accionarios con mínima o nula tributación. Desde la vigencia plena de la Ley nueve mil seiscientos treinta y cinco a partir del primero de julio de dos mil diecinueve, el escenario cambió drásticamente.
El impuesto del quince por ciento sobre las ganancias de capital derivadas de la transmisión de acciones impone al contribuyente la carga de acreditar documentalmente el costo de adquisición de las acciones, lo cual en muchos casos resulta problemático cuando se trata de sociedades familiares en las que las acciones se han transmitido a lo largo de varias generaciones sin una documentación fiscal rigurosa. La Dirección General de Tributación ha emitido criterios administrativos y resoluciones interpretativas para clarificar aspectos relativos a la base imponible, el devengo y los supuestos de exención.
En la práctica profesional, los traspasos accionarios relevantes requieren hoy de una planificación fiscal previa que contemple la determinación rigurosa del costo de adquisición de las acciones, la consideración de las opciones del régimen transitorio para activos preexistentes, el análisis de la aplicabilidad de exenciones por reorganización societaria o por transmisiones entre parientes, la evaluación de la incidencia del impuesto sobre dividendos cuando el traspaso se instrumenta con una distribución previa de reservas, y la estructuración temporal y geográfica de la operación para optimizar la carga tributaria dentro del marco de lo que la legislación permite.
A diferencia de otras jurisdicciones donde los traspasos accionarios deben inscribirse en registros públicos específicos, el Registro Nacional de Costa Rica no lleva un registro de accionistas de sociedades anónimas. Los traspasos se inscriben en los libros de registro de accionistas que cada sociedad debe llevar de manera privada. Esta circunstancia genera un doble efecto: por un lado, simplifica la operación traslativa, que puede instrumentarse con considerable agilidad sin necesidad de acudir al Registro Nacional; por otro, impone a las partes la carga de preservar adecuadamente la documentación corporativa, porque ante una eventual controversia, la prueba del traspaso dependerá de la regularidad del libro y de los endosos.
El Registro Nacional sí interviene, en cambio, en los aspectos registrales derivados del traspaso que afecten a otros elementos de la vida social, como los cambios de representantes legales, las modificaciones estatutarias, las reformas de estatutos derivadas de cambios en la composición accionaria o la disolución de la sociedad. En estos casos, la inscripción en la Sección Mercantil del Registro Nacional requiere el cumplimiento de los requisitos formales propios del Registro, que incluyen la presentación de los documentos correspondientes y el pago de los impuestos y derechos aplicables.
Un cambio institucional de primera magnitud es la creación del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, adscrito al Banco Central de Costa Rica, en cumplimiento de la Ley nueve mil cuatrocientos dieciséis y su reglamentación. Este registro obliga a las personas jurídicas a declarar anualmente la identidad de sus beneficiarios finales, entendidos como las personas físicas que, directa o indirectamente, poseen o controlan la sociedad. Cualquier traspaso accionario que modifique la composición de beneficiarios finales debe ser declarado en el registro en los plazos reglamentarios, so pena de sanciones administrativas significativas.
Este registro ha transformado la dinámica del traspaso accionario en Costa Rica, introduciendo un elemento de transparencia que antes no existía. Las estructuras tradicionales de ocultamiento mediante cadenas de sociedades, acciones al portador o interposición de personas han perdido eficacia práctica porque el beneficiario final real debe ser identificado y declarado.
El traspaso accionario ha adquirido una relevancia creciente en el ámbito de la planificación sucesoria familiar. Las sociedades familiares utilizan con frecuencia instrumentos como la constitución de holdings familiares, el uso de fideicomisos de administración, la emisión de acciones preferentes sin voto para los herederos no operativos y los pactos parasociales que regulan la transmisión mortis causa de las acciones entre los miembros de la familia.
La Ley nueve mil seiscientos treinta y cinco ha añadido una complejidad fiscal a estas estructuras, porque cualquier movimiento accionario puede activar el impuesto a las ganancias de capital. No obstante, las transmisiones mortis causa y las donaciones entre parientes cercanos se benefician, bajo ciertas condiciones, de exenciones que permiten conservar el beneficio fiscal tradicional de la sucesión familiar.
El notariado costarricense desempeña un papel fundamental en la instrumentación del traspaso accionario. Entre sus funciones relevantes figuran la autenticación de firmas en los endosos accionarios, que dota de fecha cierta y certeza sobre la identidad de los comparecientes; el otorgamiento de las escrituras públicas de compraventa accionaria, cuando las partes opten por esta formalidad por razones de seguridad jurídica o por imposición estatutaria; la protocolización de documentos corporativos, tales como actas de asamblea que autoricen el traspaso o certificaciones registrales; la asesoría integral al cliente en el diseño de la estructura jurídica, fiscal y registral del traspaso; y la expedición de certificaciones notariales que acrediten la realidad de las operaciones para efectos probatorios, registrales o fiscales.
El régimen costarricense del traspaso accionario comparte raíces y estructuras básicas con la tradición continental europea, particularmente con el derecho español. La Ley de Sociedades de Capital española regula, al igual que el Código de Comercio costarricense, el régimen de las acciones nominativas y su transmisión mediante endoso e inscripción en el libro registro de acciones nominativas. La tendencia común es la restricción progresiva de las acciones al portador por razones de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
La principal divergencia reside en la mayor sofisticación del mercado bursátil español, que ha desarrollado con profundidad el régimen de las anotaciones en cuenta y la desmaterialización de las acciones cotizadas, mientras que en Costa Rica este sistema se circunscribe a las pocas sociedades que cotizan en la Bolsa Nacional de Valores.
El Código de Comercio mexicano y la Ley General de Sociedades Mercantiles del país azteca, que inspiraron en alguna medida al Código de Comercio costarricense de mil novecientos sesenta y cuatro, mantienen una estructura similar de regulación del traspaso accionario. En Colombia, el Código de Comercio y la Ley doscientos veintidós de mil novecientos noventa y cinco establecen un régimen paralelo con algunas singularidades, como el Registro Único Empresarial y Social, que unifica los registros corporativos y facilita la consulta pública de la información societaria.
La comparación con estas jurisdicciones revela que Costa Rica comparte el modelo general de la tradición jurídica latinoamericana, con un énfasis particular en la intervención notarial y una regulación registral menos centralizada que en otros países.
El contraste con el derecho anglosajón, particularmente el estadounidense, es significativo. En Estados Unidos, el régimen de las corporaciones se rige principalmente por la legislación estatal, destacando Delaware como jurisdicción de referencia para las grandes corporaciones. El traspaso de acciones se instrumenta mediante los Stock Transfer Agreements y el sistema de Stock Certificates o, más frecuentemente, mediante registros electrónicos mantenidos por Transfer Agents especializados.
La estructura anglosajona se caracteriza por una mayor autonomía de la voluntad en la configuración de los derechos accionarios, una amplia gama de clases de acciones con derechos diferenciados, y una práctica corporativa sofisticada que combina la libertad contractual con la regulación federal de mercados de valores a través de la Securities and Exchange Commission. Costa Rica podría extraer aprendizajes de esta experiencia, particularmente en materia de flexibilización de los pactos parasociales y modernización del régimen de clases de acciones.
Dentro de Centroamérica, los regímenes son razonablemente similares entre sí. Panamá, con su Ley treinta y dos de mil novecientos veintisiete sobre Sociedades Anónimas, ha desarrollado un sistema especialmente atractivo para inversiones internacionales, con notables ventajas de flexibilidad y velocidad registral, aunque también sometido a crecientes exigencias de transparencia derivadas de la presión internacional. Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua presentan regímenes comparables al costarricense, con diferencias de matiz en aspectos como los requisitos de autenticación, los impuestos aplicables y los plazos registrales.
El régimen costarricense del traspaso accionario enfrenta desafíos significativos. En primer lugar, la necesidad de modernizar y digitalizar los procedimientos registrales para reducir costos transaccionales y tiempos de tramitación. En segundo lugar, la armonización creciente con estándares internacionales de transparencia que continúa presionando por mayor rigor en la identificación de beneficiarios finales y en la prevención de estructuras opacas. En tercer lugar, la articulación cada vez más compleja entre el derecho mercantil, el derecho fiscal y el derecho registral, que exige una formación multidisciplinaria de los operadores jurídicos.
En cuarto lugar, la incorporación gradual de tecnologías digitales, que plantea interrogantes sobre la validez de los documentos electrónicos, las firmas digitales y los registros distribuidos. Finalmente, la tensión entre la libre transmisibilidad de las acciones como principio estructurante y la necesidad de proteger intereses legítimos mediante cláusulas estatutarias restrictivas.
Diversos sectores han planteado la necesidad de una reforma integral del régimen accionario costarricense para adaptarlo a las exigencias del siglo veintiuno. Entre las propuestas de reforma figuran la simplificación del régimen de clases de acciones, la incorporación explícita de las acciones representadas por anotaciones en cuenta como modalidad alternativa válida para toda sociedad que así lo decida, la flexibilización de los requisitos formales del traspaso para operaciones de menor cuantía, la creación de un registro público centralizado de accionistas para sociedades de cierta envergadura, la mejora del régimen de protección de accionistas minoritarios frente a operaciones de traspaso abusivas y la clarificación del régimen fiscal para eliminar zonas grises interpretativas que generan inseguridad.
La digitalización del tráfico accionario es probablemente la tendencia más transformadora del horizonte próximo. La posibilidad de llevar libros de registro de accionistas en soporte electrónico, de autenticar firmas mediante certificados digitales cualificados, de documentar traspasos con herramientas de firma electrónica avanzada y de integrar los registros accionarios con plataformas empresariales y bancarias abre escenarios de eficiencia antes inimaginables.
No obstante, esta evolución requiere un marco legal claro que reconozca la equivalencia funcional entre el soporte físico y el electrónico, que establezca estándares de seguridad y conservación de la información, y que prevea mecanismos de prueba para eventuales controversias.
Un desafío transversal es la formación y especialización de los operadores jurídicos. La complejidad creciente del régimen del traspaso accionario exige abogados, notarios y asesores fiscales con una formación integral que combine el derecho mercantil, el derecho tributario, el derecho registral y las tecnologías de la información. Los colegios profesionales, las universidades y los centros de formación continuada desempeñan un papel fundamental en esta tarea, que debe concebirse no como una actividad episódica sino como un proceso permanente de actualización.
La tokenización de activos financieros, incluidas las acciones de sociedades mercantiles, constituye probablemente la mayor disrupción tecnológica que el derecho corporativo contemporáneo enfrenta. La tokenización consiste en representar digitalmente un activo, como una acción, mediante un token criptográfico registrado en una cadena de bloques o tecnología de registro distribuido. Este token incorpora los derechos corporativos asociados a la acción y puede transmitirse mediante operaciones digitales registradas en la blockchain con efectos jurídicos equivalentes a los del traspaso tradicional.
La tokenización promete transformaciones radicales en varios ejes. Primero, reduce drásticamente los costos transaccionales de los traspasos, eliminando intermediarios y automatizando procesos mediante contratos inteligentes. Segundo, aumenta la liquidez de activos tradicionalmente ilíquidos, como las acciones de sociedades cerradas, al permitir su fraccionamiento y transmisión en mercados digitales globales. Tercero, incrementa la transparencia y trazabilidad de las operaciones, porque cada transferencia queda registrada de manera inmutable en la blockchain. Cuarto, permite la ejecución automática de cláusulas contractuales, como restricciones a la transmisibilidad, derechos de preferencia o condiciones suspensivas, mediante la programación de smart contracts.
La tokenización accionaria plantea desafíos jurídicos de primer orden en el ordenamiento costarricense. En primer lugar, la cuestión de la equivalencia funcional entre el token criptográfico y la acción tradicional exige un reconocimiento legal expreso o, al menos, interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales que validen la traslación. En segundo lugar, el régimen del traspaso tokenizado debe articularse con los requisitos formales del Código de Comercio, que exige endoso e inscripción en el libro de registro de accionistas.
Una posible vía de armonización es considerar que el libro de registro puede llevarse en formato blockchain, con las inscripciones automatizadas por el protocolo tecnológico, siempre que se cumplan los requisitos de integridad, disponibilidad y no repudio. En tercer lugar, la identificación de los titulares de tokens plantea retos de privacidad y, simultáneamente, de cumplimiento de las obligaciones de transparencia y declaración de beneficiarios finales. En cuarto lugar, los aspectos fiscales del traspaso tokenizado deben clarificarse, particularmente en cuanto al devengo del impuesto a las ganancias de capital, la determinación de la base imponible y la retención en fuente.
Más allá del traspaso propiamente dicho, la blockchain promete transformaciones en el gobierno corporativo mismo. La celebración de asambleas virtuales con voto tokenizado, la distribución automática de dividendos mediante smart contracts, la gestión transparente de fondos y tesorería societaria y la trazabilidad integral de las decisiones corporativas son aplicaciones que comienzan a materializarse en jurisdicciones pioneras. En Costa Rica, la adopción de estas tecnologías sigue siendo incipiente, aunque existen iniciativas públicas y privadas que exploran sus potencialidades.
La calificación jurídica de los tokens que incorporan derechos accionarios como valores negociables sujetos a la regulación del mercado de valores es un tema de debate internacional intenso. En Costa Rica, la Superintendencia General de Valores, conforme a la Ley Reguladora del Mercado de Valores, ejerce competencias sobre los valores admitidos a negociación. La incorporación de security tokens al perímetro regulatorio requiere una labor interpretativa y, eventualmente, normativa para determinar los requisitos de emisión, comercialización y negociación de estos instrumentos.
La adopción de tecnologías de tokenización y blockchain en el tráfico accionario costarricense probablemente seguirá una trayectoria gradual. Las primeras aplicaciones se concentrarán en nichos específicos, como las plataformas de crowdfunding de equity, las estructuras de venture capital, las operaciones de startup tecnológicas y las sociedades mercantiles con vocación internacional. La consolidación de estas prácticas dependerá de la evolución del marco regulatorio, de la claridad de los criterios fiscales y registrales, de la disponibilidad de infraestructura tecnológica confiable y de la formación progresiva de operadores jurídicos especializados.
Costa Rica cuenta con una tradición jurídica flexible y una comunidad profesional innovadora que facilitarán la adaptación. La Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, proporciona una base normativa que, con las interpretaciones adecuadas, puede cobijar operaciones tokenizadas. La articulación con el Código de Comercio y con la normativa tributaria requerirá, no obstante, esfuerzos doctrinales, jurisprudenciales y eventualmente legislativos para dotar al ecosistema de la necesaria seguridad jurídica.
Paralelamente a la tokenización, la inteligencia artificial y la automatización de procesos están comenzando a transformar las tareas asociadas al traspaso accionario. Herramientas de análisis contractual automatizado permiten revisar en segundos contratos de compraventa accionaria complejos identificando cláusulas problemáticas, inconsistencias o riesgos. Sistemas de due diligence automatizada consultan simultáneamente múltiples registros públicos, bases de datos judiciales y listas de sanciones internacionales. Plataformas de cumplimiento fiscal calculan automáticamente la base imponible del impuesto a las ganancias de capital y preparan las declaraciones correspondientes.
Estas herramientas no sustituyen el juicio profesional del abogado o del notario, pero lo potencian exponencialmente, liberando tiempo para las tareas de mayor valor añadido y reduciendo el margen de error en las operaciones rutinarias.
El traspaso de acciones en Costa Rica es una institución jurídico-mercantil de profunda complejidad y creciente relevancia práctica. A lo largo de esta investigación se ha evidenciado que la transmisión de la titularidad accionaria no es un simple acto de voluntad bilateral sino un complejo entramado de requisitos sustantivos y formales, cuya configuración depende del tipo de acción, de la estructura societaria, de las disposiciones estatutarias, del contexto fiscal y de las tecnologías disponibles.
El Código de Comercio, con sus disposiciones centenarias pero vigentes, sigue siendo la columna vertebral del régimen, complementado por desarrollos posteriores de primer orden como la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas, el Código Notarial y la normativa complementaria sobre transparencia y beneficiarios finales. La articulación entre estas normas exige del operador jurídico una visión sistémica que permita navegar con seguridad un territorio que en apariencia es sencillo pero en la realidad es altamente sofisticado.
Desde la perspectiva práctica, el traspaso accionario exige la concurrencia de elementos esenciales del negocio jurídico, el cumplimiento de las formalidades específicas del endoso y la inscripción en el libro de registro de accionistas, la consideración cuidadosa de los derechos de preferencia y otras restricciones estatutarias, la planificación fiscal del impuesto a las ganancias de capital y la atención rigurosa a las obligaciones de transparencia y declaración de beneficiarios finales. El papel del notario es central, tanto como garante de la autenticidad de las firmas cuanto como asesor integral del cliente y como guardián de la seguridad jurídica del tráfico accionario.
La jurisprudencia costarricense ha consolidado líneas interpretativas relevantes, particularmente en materia de efectos inter partes frente a la oponibilidad societaria, simulación del traspaso, responsabilidad del cedente por vicios ocultos, validez de las cláusulas estatutarias restrictivas y operaciones forzosas por ejecución judicial. Estas líneas jurisprudenciales constituyen un valioso acervo interpretativo que todo profesional del derecho debe conocer para brindar asesoría competente.
El análisis comparado revela que Costa Rica comparte la tradición continental latinoamericana y española, con particularidades propias derivadas de su historia jurídica y de sus circunstancias económicas. La armonización creciente con estándares internacionales de transparencia, la presión hacia la eliminación de estructuras opacas y la digitalización progresiva del tráfico corporativo marcan las tendencias transformadoras del horizonte próximo.
Los desafíos contemporáneos son significativos y exigen respuestas multidimensionales. La modernización registral, la armonización fiscal, la incorporación tecnológica, la protección de minoritarios y la formación profesional son ejes que demandan atención sistemática por parte de legisladores, operadores jurídicos, academia y sector empresarial. La tokenización de acciones, la blockchain, los smart contracts y la inteligencia artificial constituyen factores disruptivos que reconfigurarán progresivamente el régimen tradicional del traspaso accionario, abriendo posibilidades inéditas de eficiencia, transparencia y accesibilidad pero planteando también interrogantes jurídicos de primer orden.
El traspaso de acciones en Costa Rica es un campo jurídico vivo, en permanente evolución, que articula tradición y modernidad, seguridad jurídica y flexibilidad operativa, autonomía de la voluntad e intervención pública. Su correcto manejo profesional exige un conocimiento profundo del Derecho mercantil, una sensibilidad afinada para las implicaciones fiscales, una conciencia clara de las obligaciones de transparencia, una actitud abierta hacia las transformaciones tecnológicas y, por encima de todo, una vocación rigurosa de servicio a los intereses legítimos de los clientes dentro del marco del ordenamiento jurídico y de los principios ético-profesionales que rigen el ejercicio de la abogacía y del notariado.
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Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.
