La Ley de Fortalecimiento de la acción social de la Asociación Obras del Espíritu Santo, Ley N.° 9919, asigna a esa asociación, con cédula jurídica 3-002-344562, los recursos económicos que tiene acumulados la Junta de Protección Social (JPS) a favor […]
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La Ley N.° 9941, Reactivación y Reforzamiento de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, reforma la Ley 9220 para definir la Redcudi como un sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso público, universal y de financiamiento solidario, […]
La Ley N.° 10397 reforma el inciso c) del numeral 95 de la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, y modifica la licencia por paternidad en caso de muerte de la madre, para proteger el […]
La Ley N.° 10959, «Mejoramiento de la gestión del Patronato Nacional de la Infancia y fortalecimiento del proceso especial de protección de las personas menores de edad», es una ley de reforma. Su artículo único modifica los incisos m) y […]
La Ley N.° 10851, «Segregación y desafectación del uso público de un bien propiedad de la Municipalidad de El Guarco y autorización para su donación al Patronato Nacional de la Infancia», autoriza a ese gobierno local a separar un lote […]
BUFETE DE COSTA RICA "El Podcast" 0:00 -0:00 0:00 Velocidad 0.5x 1x 1.5x 2x Volumen Descargar Spotify Tu navegador no soporta el elemento de audio. El ordenamiento jurídico costarricense ha desarrollado una concepción avanzada respecto a la protección de los […]
La Justicia tiene Precio
¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.
Licenciado Arroyo
Dictamen Jurídico N.° 0005
La Cruz de Alajuelita
Derecho Penal · Procesal · Constitucional · DDHH- Causa
- Petición CIDH 326-21
- Lugar de los hechos
- Alajuelita, San José · Costa Rica
- Hechos
- 6 de abril de 1986
Dictamen jurídico sobre la masacre cometida en el Cerro San Miguel de Alajuelita el Domingo de Ramos de 1986: siete víctimas —una mujer adulta y seis menores de edad—; una sentencia condenatoria (1989) anulada en 1990 por graves irregularidades —entre ellas, indicios de tortura para obtener la confesión del adolescente…
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