La Ley N.° 10982, «Reformas legales para la implementación del proyecto de Hacienda Digital (Sistema Tribu-CR)», adiciona un párrafo final al numeral 12 de la Ley 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, reforma disposiciones de la Ley 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, y de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y deroga el numeral 137 bis de ese Código.
El artículo 1 permite que las herramientas de valoración del Órgano de Normalización Técnica sean utilizadas por el Ministerio de Hacienda. El artículo 2 reforma los pagos parciales y las retenciones del impuesto sobre la renta. El artículo 3 reforma los numerales 134 y 137 del Código, establece el buzón hacendario como medio único de notificación y adiciona un transitorio con plazo de treinta y seis meses para otras dependencias con la calidad de Administración Tributaria.
Reformas Legales para la Implementación del Proyecto de Hacienda Digital (Sistema Tribu-cr) (Ley N.° 10982)
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El artículo 4 deroga el numeral 137 bis del Código y dispone que la ley rige a partir del 1 de enero siguiente posterior a su publicación. Fue sancionada el 22 de octubre de 2026 y se publicó en el Alcance N.° 153 a La Gaceta N.° 218 del 17 de noviembre de 2026.
N° 10982
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
REFORMAS LEGALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE HACIENDA DIGITAL (SISTEMA TRIBU-CR)
Adiciónese un párrafo final al artículo 12 de la Ley 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del 9 de mayo de 1995. El texto es el siguiente:
Artículo 12- Creación del Órgano de Normalización Técnica
[…]
Las herramientas de valoración elaboradas por el Órgano de Normalización Técnica podrán ser utilizadas por el Ministerio de Hacienda para la gestión de los procesos de traspaso de bienes inmuebles, procesos relacionados con la declaración del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda (ISO), rentas y ganancias de capital inmobiliario y cualquier otro impuesto administrado por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, y la valoración administrativa de inmuebles que se realiza ante la solicitud de diversos entes públicos.
Se reforman los incisos a) y b) del artículo 22, el inciso g) del artículo 23 y el inciso
c) del artículo 24 de la Ley 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, del 21 de abril de 1988. Los textos son los siguientes:
Artículo 22- Pagos parciales del impuesto
(…)
a) Servirá de base para calcular las cuotas de pagos parciales el impuesto determinado en el año inmediato anterior, o el promedio aritmético de los tres últimos períodos fiscales, el que sea mayor. En el caso de contribuyentes que por cualquier circunstancia no hubieran declarado en los tres períodos fiscales anteriores, la base para calcular las cuotas de los pagos parciales se determinará utilizando las declaraciones que hubieran presentado. En el caso de los contribuyentes que inician actividades, las cuotas de pagos parciales se calcularán para el siguiente período fiscal.
b) Determinado el monto del pago a cuenta, el setenta y cinco por ciento (75%) de ese monto deberá fraccionarse en tres cuotas iguales, las que deberán pagarse sucesivamente a más tardar el último día hábil de los meses de junio, setiembre y diciembre de cada año.
(…).
Artículo 23- Retención en la fuente
Toda empresa pública o privada, sujeta o no al pago de este impuesto, incluidos el Estado, los bancos del Sistema Bancario Nacional, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y las demás instituciones autónomas o semiautónomas, las municipalidades y las asociaciones e instituciones a que se refiere el artículo 3 de esta ley, está obligada a actuar como agente de retención o de percepción del impuesto, cuando pague o acredite rentas afectas al impuesto establecido en esta ley. Para estos fines, los indicados sujetos deberán retener y enterar al fisco, por cuenta de los beneficiarios de las rentas que a continuación se mencionan, los importes que en cada caso se señalan:
(…)
g) El Estado o sus instituciones, autónomas o semiautónomas, las municipalidades, las empresas públicas y otros entes públicos, en los casos de licitaciones públicas o privadas, contrataciones, negocios u otras operaciones realizadas por ellas, que paguen o acrediten rentas a personas físicas o jurídicas con domicilio en el país, deben retener el dos por ciento (2%) del producto bruto sobre las cantidades mencionadas, aun cuando se trate de pagos a cuenta o adelanto de esas operaciones.
En el caso de la retención contemplada en el presente inciso, así como cualquier otra retención que constituya pago a cuenta del impuesto sobre las utilidades, establecido en el artículo 1 de la presente ley, la Administración Tributaria tendrá la potestad de aplicar de oficio el monto correspondiente de las retenciones indicadas a los pagos parciales citados en el artículo 22 de esta ley, conforme al procedimiento que se disponga mediante resolución de alcance general emitida por la Dirección General de Tributación.
(…)
Asimismo, los agentes de retención deberán emitir al contribuyente una certificación de las retenciones efectuadas durante el período fiscal, a más tardar durante el mes de enero del período siguiente o cuando este la solicite. Dicha certificación deberá contener, como mínimo: el nombre y número de identificación del contribuyente, el nombre y número de identificación del agente retenedor, el número y la fecha de la declaración presentada ante la Administración Tributaria, la fecha de pago de dicha declaración, el monto total declarado, la tarifa aplicada y el monto de la retención efectuada.
Artículo 24- Deducciones del impuesto
(…)
c) Las retenciones practicadas, según lo dispuesto en el artículo 103, inciso d), de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, del 3 de mayo de 1971, y en el artículo 23 de la presente ley, siempre que se les considere como pagos a cuenta del impuesto sobre las utilidades y que no se hubiesen aplicado en los pagos parciales.
(…).
Refórmense los artículos 134 y 137, y adiciónese una disposición transitoria a la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, del 3 de mayo de 1971. Los textos son los siguientes:
Artículo 134- Medio para recibir notificaciones. Se establece el buzón hacendario como el único medio que la Administración Tributaria utilizará para el envío y, por ende, para que el obligado tributario reciba las notificaciones relacionadas con todos los procedimientos y gestiones que a su nombre se tramiten en la Administración Tributaria, sean iniciados de oficio o a gestión de parte, así como de las comunicaciones que deba realizar la Administración en el ejercicio de su función. Para estos efectos, la Administración Tributaria asignará, a cada obligado tributario, un buzón hacendario, el cual deberá regularse por las disposiciones del presente artículo.
En el uso del buzón hacendario, la Administración Tributaria debe mantener un sistema de alertas de carácter informativo, el cual avisará a los obligados tributarios de la existencia de una notificación o comunicación, ya sea por medio de mensajes escritos al número de teléfono celular o al correo electrónico que el obligado tributario tenga registrado en el Registro Único Hacendario o por cualquier otro medio establecido por la Administración Tributaria, según el avance tecnológico. Es deber del obligado tributario revisar periódicamente los mensajes que hayan sido depositados. El acto de inicio de cada procedimiento tributario será notificado en el buzón hacendario asignado al obligado tributario.
En el caso de procedimientos determinativos o sancionadores, y las gestiones contempladas en el artículo 43 del presente Código, así como la fase recursiva derivada de ellos, el obligado tributario podrá señalar una dirección única de correo electrónico para efectos de recibir futuras notificaciones dentro de ese procedimiento específico. El correo electrónico señalado será válido y surtirá efectos jurídicos para futuras notificaciones que se requiera realizar en el procedimiento que se sigue. Para modificar la dirección de correo electrónico señalada para futuras notificaciones y solo para efectos de alguno de los procedimientos señalados en este párrafo, el obligado tributario debe realizar la correspondiente actualización de dicho correo en el sistema que al efecto establezca la Administración Tributaria, conforme al procedimiento que defina la Dirección General de Tributación por medio de resolución de alcance general.
Si el correo electrónico señalado por el interesado para recibir futuras notificaciones dentro de un procedimiento genera un mensaje que indique que este no pudo ser entregado al receptor, la notificación se realizará mediante el buzón hacendario del obligado tributario.
En la notificación realizada, sea mediante el buzón hacendario o mediante correo electrónico, se considera que la persona receptora queda notificada el día hábil siguiente al depósito o el envío respectivo. La contabilización de cualquier plazo empieza a partir del día hábil siguiente a aquel en que la persona receptora quedó notificada.
El medio de notificación que se utilice debe acreditar la fecha y la hora en que se produzca el depósito de la notificación en el buzón electrónico asignado al interesado o el envío del correo electrónico. En ambos casos, debe indicarse que se ha puesto a disposición el contenido íntegro de la notificación.
De manera excepcional, aquellos obligados tributarios o ciudadanos, que por alguna circunstancia particular se encuentran en lo que se denomina brecha digital, entendida esta como la desigualdad existente entre las personas respecto a las posibilidades en cuanto al acceso y uso en las tecnologías de la información, sea por razones, entre otras, de localización geográfica, economía, cultura, edad, género, salud, discapacidad, y que por lo tanto requieran ser atendidos de forma presencial, podrán acudir a las oficinas que la Administración Tributaria designe, para todo trámite y diligencia que necesite realizar para la habilitación del buzón hacendario.
El procedimiento que fuera necesario para la aplicación de este artículo será establecido mediante resolución de alcance general emitida por la Dirección General de Tributación.
La Administración Tributaria garantizará que el uso del buzón hacendario respete los principios y las obligaciones establecidos en la Ley 8968, Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, del 07 de julio de 2011, asegurando la confidencialidad, la integridad y el uso exclusivo de la información tributaria allí contenida.
Asimismo, en la utilización del buzón hacendario como medio único de notificación, la Administración Tributaria deberá asegurar el pleno respeto al derecho de defensa y al debido proceso del administrado, conforme a los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, limitando todo tratamiento de datos personales estrictamente a los fines tributarios previstos en esta ley.
Artículo 137- Excepciones a la notificación por medios electrónicos
Únicamente en el caso de obligados tributarios que no se encuentren inscritos, que no tengan asignado un buzón hacendario ni se cuente con una dirección de correo electrónico registrada en el sistema que al efecto defina la Administración Tributaria a los cuales notificarles, se faculta a la Administración Tributaria a utilizar las siguientes formas de notificación:
a) Personalmente, sea cuando el interesado, su representante y/o apoderado legal concurra a las oficinas de la Administración Tributaria o cuando sea localizado en un lugar físico, sea o no su domicilio fiscal.
En dicho acto de notificación, se hará entrega de una copia íntegra del acto administrativo o comunicado que deba notificarse por parte del funcionario público a cargo de la diligencia o de las autoridades de policía a las que se encomiende tal acto.
En estos casos, quien realiza la notificación debe dejar constancia de la entrega de la copia del acto administrativo o comunicado al interesado en el acta respectiva, requiriéndole la firma al obligado tributario o representante y/o apoderado legal, según corresponda. Si el interesado no sabe firmar o no le es posible hacerlo, o bien, si se niega a firmar o a recibir la notificación respectiva, el funcionario a cargo de la diligencia dejará constancia en el acta de los hechos acaecidos y firmará el acta de notificación.
En caso de que el interesado no se encuentre en su domicilio fiscal, se debe entregar copia del acto administrativo o comunicado a cualquier persona que aparente ser mayor de quince años que se encuentre en el domicilio fiscal del interesado, requiriéndole que firme el acta respectiva; si dicho tercero se negara a firmar o a recibir la notificación, el funcionario a cargo de la diligencia dejará constancia en el acta de los hechos acaecidos y firmará el acta de notificación.
En todo caso, el acta de la diligencia debe expresar la entrega de la copia del acto administrativo, la cédula y el nombre de la persona que la reciba; si esta no sabe, no quiere o no puede firmar, o si se negara a proporcionar los datos identificativos, el funcionario a cargo de la diligencia dejará constancia en el acta de los hechos acaecidos y firmará el acta de notificación. Al entregar el acta o cédula, debe indicarse al pie de esta la fecha y hora de su entrega.
b) Por medio de un solo edicto publicado en el diario oficial. En estos casos, se considera notificado el interesado a partir del tercer día hábil siguiente a la fecha de publicación del edicto.
En el caso de los incisos a) y b) de este artículo, para futuras notificaciones, así como para efectos de que se le asigne el correspondiente buzón hacendario y pueda tener acceso a los expedientes electrónicos que se hayan constituido en trámites a su nombre, el obligado tributario o responsable, dentro del plazo que se otorgue en la notificación correspondiente, deberá registrarse en el sistema que la Administración Tributaria establezca. En caso de que no lo haga, las resoluciones que recaigan quedan firmes veinticuatro horas después de dictadas.
Tanto los medios establecidos en el artículo 134 del presente Código, así como las formas excepcionales reguladas en el presente artículo, constituyen las únicas formas de notificación utilizadas por la Administración Tributaria; no procede aplicar supletoriamente ninguna otra normativa sobre esta materia.
Transitorio XII- Para la implementación del buzón hacendario en aquellas dependencias estatales que la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, del 3 de mayo de 1971, y/o cualquier otra ley especial, les otorgue la calidad de “Administración Tributaria”, que se ubiquen dentro o fuera de la estructura funcional del Ministerio de Hacienda, contarán con un plazo de treinta y seis meses, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para que implementen los sistemas informáticos correspondientes para el uso del buzón hacendario que administra el Ministerio de Hacienda, conforme lo regulado en el artículo 134 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, dichas dependencias aplicarán, para el caso de notificaciones y comunicados que deban de realizar a los ciudadanos, las disposiciones contempladas en la Ley 8687, Notificaciones Judiciales, del 4 de diciembre del 2008, y en forma supletoria por la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, del 2 de mayo de 1978, según corresponda.
Derogatorias
Deróguese el artículo 137 bis de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, del 3 de mayo de 1971.
Rige a partir del 1 de enero siguiente posterior a su publicación.
El artículo 3 da nueva redacción al numeral 134 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Ley 4755) y establece el buzón hacendario como el único medio que la Administración Tributaria utiliza para notificar y comunicar. La persona queda notificada el día hábil siguiente al depósito, y desde ese día hábil siguiente se cuentan los plazos. La Administración debe mantener un sistema de alertas informativas por mensaje al celular o al correo registrado en el Registro Único Hacendario, y usted debe revisar periódicamente los mensajes depositados.
Sí, en procedimientos determinativos o sancionadores, en las gestiones del numeral 43 del Código y en su fase recursiva. Según el artículo 3, el acto de inicio se notifica en el buzón hacendario y, después, usted puede señalar una dirección única de correo para las notificaciones futuras de ese procedimiento. Si el correo genera un mensaje de que no pudo entregarse, la notificación se hace por el buzón hacendario. Para cambiar el correo debe actualizarlo en el sistema que establezca la Administración, según lo que defina la Dirección General de Tributación por resolución de alcance general.
El artículo 3, al dar nueva redacción al numeral 137 del Código, permite a la Administración notificar solo a obligados no inscritos, sin buzón asignado ni correo registrado, de dos formas: personalmente, con entrega de copia íntegra del acto y constancia en el acta, o por un solo edicto en el diario oficial, caso en el que se tiene por notificado al tercer día hábil siguiente a la publicación. Después, el obligado debe registrarse en el sistema dentro del plazo que se le otorgue; si no lo hace, las resoluciones quedan firmes veinticuatro horas después de dictadas.
El artículo 2 reforma los incisos a) y b) del numeral 22 de la Ley 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta. Como base de las cuotas sirve el impuesto determinado en el año inmediato anterior o el promedio aritmético de los tres últimos períodos fiscales, el que sea mayor. Sobre el monto del pago a cuenta, el setenta y cinco por ciento (75%) debe fraccionarse en tres cuotas iguales, pagaderas a más tardar el último día hábil de junio, setiembre y diciembre de cada año.
El transitorio que el artículo 3 adiciona al Código, numerado XII, da un plazo de treinta y seis meses, contados desde la entrada en vigencia de la ley, a las dependencias que la Ley 4755 u otra ley especial califique como Administración Tributaria, dentro o fuera del Ministerio de Hacienda, para implementar los sistemas informáticos que les permitan usar el buzón hacendario. Mientras tanto, para notificar a los ciudadanos aplican la Ley 8687, Notificaciones Judiciales, y de forma supletoria la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública.
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Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.
Dictamen jurídico sobre la masacre cometida en el Cerro San Miguel de Alajuelita el Domingo de Ramos de 1986: siete víctimas —una mujer adulta y seis menores de edad—; una sentencia condenatoria (1989) anulada en 1990 por graves irregularidades —entre ellas, indicios de tortura para obtener la confesión del adolescente…
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