La Ley N.° 10322, «Protección del patrimonio de toda índole de la persona adulta mayor», adiciona el artículo 57 bis a la Ley 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, de 25 de octubre de 1999. Su artículo único trae el texto nuevo de ese numeral.
Según el numeral 57 bis, los juzgados de Familia y de Pensiones Alimentarias, a petición de parte, del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) o de terceros con interés legítimo, mediante el proceso no contencioso, piden a quien administre el dinero de una persona adulta mayor que demuestre con prueba documental su utilización o destino. Si determinan un uso indebido, aplican lo citado en el numeral 61 de esa misma ley.
Protección del Patrimonio de Toda Índole de la Persona Adulta Mayor (Ley N.° 10322)
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El texto de la ley lo transcribió y cotejó la Biblioteca palabra por palabra contra la página oficial; el facsímil oficial de La Gaceta va al final del PDF de la ley. La ley rige a partir de su publicación, en el Alcance N.° 98 a La Gaceta N.° 95 del 30 de mayo de 2023.
N° 10322
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE TODA ÍNDOLE DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
Nota de la Biblioteca Jurídica: La Gaceta no ofrece de esta ley un texto digital fiable. Este texto lo transcribió la Biblioteca Jurídica y lo cotejó, palabra por palabra, con la página oficial; el facsímil oficial se reproduce íntegro al final del PDF de esta ley (Alcance N.° 98 a La Gaceta N.° 95 del 30 de mayo de 2023, páginas 17 a 19 del PDF del Alcance; 3 páginas).
Se adiciona el artículo 57 bis a la Ley 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, de 25 de octubre de 1999. El texto es el siguiente:
Artículo 57 bis- Los juzgados de Familia y de Pensiones Alimentarias, a petición de parte, del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), o de terceros con interés legítimo, mediante el trámite del proceso no contencioso, solicitará a quien administre el dinero de una persona adulta mayor, de una pensión de cualquier índole o régimen, que demuestre con prueba documental la utilización o el destino de los recursos asignados. Cuando la autoridad judicial determine el uso indebido del dinero administrado, aplicará lo citado en el artículo 61 de la presente ley.
Rige a partir de su publicación.
Según el artículo único, que adiciona el numeral 57 bis a la Ley 7935, la solicitud la puede hacer cualquiera de las partes, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) o terceros con interés legítimo. La atienden los juzgados de Familia y de Pensiones Alimentarias mediante el trámite del proceso no contencioso.
El artículo único dispone que los juzgados solicitarán a quien administre el dinero de una persona adulta mayor, o una pensión de cualquier índole o régimen, que demuestre con prueba documental la utilización o el destino de los recursos asignados.
Conforme al artículo único, cuando la autoridad judicial determine el uso indebido del dinero administrado, aplicará lo citado en el numeral 61 de la Ley 7935. El texto de la adición no describe aquí otras consecuencias: remite a ese numeral.
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