• Legal
  • Biblioteca
    • Videoteca
    • Leyes
    • Biografías
    • Carrera de Derecho
      • Ayuda para Tesis
      • Tesis
      • Deontología
      • Graduarse en Derecho
      • Temario del Examen
  • Honorarios
  • Legal
      Destacadas
      Derecho AdministrativoDerecho MunicipalDerecho ConstitucionalDerecho PenalDerecho TributarioDerecho ComercialDerecho FinancieroDerecho Registral y NotarialDerecho AmbientalDerecho ProcesalDerecho LaboralDerecho InternacionalDerecho CivilDerecho de FamiliaDerecho SanitarioDerecho AgrarioDerecho de TránsitoDerecho Informático
      Activas
      Derecho Contractual
      Emergentes
      Derecho Canónico
  • Biblioteca
      Contenido
      LeyesInvestigacionesBiografíasDictámenesVideoteca
      Carrera de Derecho
      Ayuda para TesisTesisDeontologíaGraduarseTemario
    • Videoteca
    • Leyes
    • Biografías
    • Carrera de Derecho
      • Ayuda para Tesis
      • Tesis
      • Deontología
      • Graduarse en Derecho
      • Temario del Examen
  • Honorarios


  • Legal
      Destacadas
      Derecho AdministrativoDerecho MunicipalDerecho ConstitucionalDerecho PenalDerecho TributarioDerecho ComercialDerecho FinancieroDerecho Registral y NotarialDerecho AmbientalDerecho ProcesalDerecho LaboralDerecho InternacionalDerecho CivilDerecho de FamiliaDerecho SanitarioDerecho AgrarioDerecho de TránsitoDerecho Informático
      Activas
      Derecho Contractual
      Emergentes
      Derecho Canónico
  • Biblioteca
      Contenido
      LeyesInvestigacionesBiografíasDictámenesVideoteca
      Carrera de Derecho
      Ayuda para TesisTesisDeontologíaGraduarseTemario
    • Videoteca
    • Leyes
    • Biografías
    • Carrera de Derecho
      • Ayuda para Tesis
      • Tesis
      • Deontología
      • Graduarse en Derecho
      • Temario del Examen
  • Honorarios
logo-texto-bufete-de-costa-rica
  • Legal
      Destacadas
      Derecho AdministrativoDerecho MunicipalDerecho ConstitucionalDerecho PenalDerecho TributarioDerecho ComercialDerecho FinancieroDerecho Registral y NotarialDerecho AmbientalDerecho ProcesalDerecho LaboralDerecho InternacionalDerecho CivilDerecho de FamiliaDerecho SanitarioDerecho AgrarioDerecho de TránsitoDerecho Informático
      Activas
      Derecho Contractual
      Emergentes
      Derecho Canónico
  • Biblioteca
      Contenido
      LeyesInvestigacionesBiografíasDictámenesVideoteca
      Carrera de Derecho
      Ayuda para TesisTesisDeontologíaGraduarseTemario
    • Videoteca
    • Leyes
    • Biografías
    • Carrera de Derecho
      • Ayuda para Tesis
      • Tesis
      • Deontología
      • Graduarse en Derecho
      • Temario del Examen
  • Honorarios

Derecho Administrativo  ·  Derechos Humanos  ·  Leyes

Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense (Ley N.° 9999)

Bufete de Costa Rica 

18

Actualización Legislativa: 19/08/2021

La Ley N.° 9999 aprueba la Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense. Su artículo 1 trae el texto completo de esa ley, que regula los procedimientos disciplinarios del Ministerio de Educación Pública por maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor contra estudiantes menores de edad.

El texto aprobado fija principios, definiciones, deberes de prevención del Ministerio, garantías procesales, medidas cautelares, reglas sobre la prueba y sanciones. El artículo 2 reforma varios numerales de la Ley 1581, Estatuto de Servicio Civil, y el artículo 3 adiciona un párrafo segundo a sus numerales 71 y 75, para adaptar los despidos y recursos de personal docente y administrativo a estos casos.

Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense (Ley N.° 9999)

Descargar PDF

Bufete de Costa Rica

Fue publicada en el Alcance N.° 170 a La Gaceta N.° 165 del 27 de agosto de 2021 y rige a partir de su publicación. El texto lo transcribió y cotejó la Biblioteca contra la página oficial de La Gaceta; el facsímil oficial va al final del PDF de la ley.


Ver Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense (Ley N.° 9999) en PDF


Leer Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense (Ley N.° 9999)

Aviso de la Biblioteca Jurídica.
Este texto todavía no incorpora la reforma de la Ley N.° 10420. Mientras la Procuraduría General no publique el texto consolidado, lea esos artículos junto con la reforma.

N° 9999

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA PREVENIR LA REVICTIMIZACIÓN Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE

Nota de la Biblioteca Jurídica: La Gaceta no ofrece de esta ley un texto digital fiable. Este texto lo transcribió la Biblioteca Jurídica y lo cotejó, palabra por palabra, con la página oficial; el facsímil oficial se reproduce íntegro al final del PDF de esta ley (Alcance N.° 170 a La Gaceta N.° 165 del 27 de agosto de 2021, páginas 2 a 15 del PDF del Alcance; 14 páginas).

ARTÍCULO 1

Se aprueba la Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense. El texto es el siguiente:

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1- Principios rectores

La presente ley se fundamenta en los principios del interés superior, igualdad y no discriminación, supervivencia y desarrollo, participación y el de autonomía progresiva, contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Conforme a los principios enunciados, todos los sujetos que tengan participación en el procedimiento administrativo-disciplinario abierto contra un funcionario o funcionaria docente, administrativo-docente, técnico-docente o administrativo del Ministerio de Educación Pública (MEP), en cualquiera de sus etapas, fases o instancias, están obligados a orientar sus acciones y decisiones hacia el respeto y la garantía de todos los derechos de las personas menores de edad que figuren como víctimas, denunciantes o testigos, sin excepción alguna ni discriminación.

Artículo 2- Objetivo

Esta ley tiene por objetivo reconocer la condición de sujeto de derecho de las personas menores de edad, prevenir su revictimización y evitar la impunidad en los procedimientos del régimen disciplinario docente y administrativo que cobija a los funcionarios y las funcionarias del Ministerio de Educación Pública (MEP), que tengan por objeto determinar eventuales responsabilidades derivadas de denuncia de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, que involucre a una persona menor de edad o a un grupo de personas menores de edad, como víctimas, conforme a lo dispuesto en los artículos 66, inciso a), y 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Artículo 3- Definiciones y siglas

Para efectos de la presente ley se entiende lo siguiente:

a) Víctima: toda persona menor de edad estudiante que sufre un daño o perjuicio a su propiedad o integridad física, emocional o sexual por culpa de una persona funcionaria docente, docente administrativa o administrativa del Ministerio de Educación Pública (MEP).

b) Revictimización: fenómeno por el cual la víctima menor de edad se ve sometida a un sufrimiento o exposición adicional, producto de los abordajes y procedimientos seguidos por las instituciones y personas encargadas de investigar o instruir las diligencias respecto de los hechos denunciados o de prestar atención a la víctima, que de ningún modo responden a su interés superior.

c) Persona menor de edad: toda persona menor de dieciocho años de edad.

d) Niño y niña: toda persona hasta los doce años de edad cumplidos.

e) Adolescente: toda persona mayor de doce y menor de dieciocho años.

f) Estudiante regular: persona con matrícula vigente o que haya estado matriculado al momento en que ocurrieron los hechos, en algún centro educativo público donde cursa alguna modalidad, ciclo y nivel del sistema educativo.

g) MEP: Ministerio de Educación Pública.

h) Estatuto: Estatuto de Servicio Civil.

i) CDN: Convención sobre los Derechos del Niño.

j) CNA: Código de la Niñez y la Adolescencia.

k) Régimen disciplinario: conjunto de normas que, bajo los principios que informan el debido proceso, tienen como objetivo la regulación de los procedimientos que han de seguirse frente a supuestas faltas cometidas por un funcionario o funcionaria docente, docente-administrativo, técnico-docente y administrativo en el ejercicio de sus funciones en el MEP, o aprovechándose de su investidura.

l) Hostigamiento y acoso sexual: toda conducta con contenido sexual o connotación sexual realizada por un funcionario o funcionaria docente, docente-administrativo, técnico-docente y administrativo contra una persona menor de edad estudiante.

m) Manifestaciones de acoso u hostigamiento sexual: se considerarán como manifestaciones de acoso u hostigamiento sexual, entre otros, los siguientes comportamientos:

i) La solicitud de favores sexuales.

ii) Promesas de un trato preferencial o de ventaja como condición en la formación o proceso educativo, amenazas sugerida o expresa, física o moral, o de daños o castigos de la persona hostigada, como condición para la formación o el proceso educativo, para que la persona estudiante realice conductas sexuales con la persona docente.

iii) La exigencia implícita o explícita de una conducta de carácter sexual.

iv) Las insinuaciones o proposiciones y el uso de lenguaje verbal, no verbal o escrito, de gestos, símbolos o imágenes de naturaleza o contenido sexual.

v) Los acercamientos corporales, los tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual.

vi) Cualquier trato discriminatorio hacia la persona hostigada, que resulte de la negativa de un requerimiento de contenido sexual.

n) Garantía de no revictimización: ninguna persona menor de edad que denuncie o atestigüe sobre hechos de violencia perpetrados en el sistema de educación pública será sometida a procesos donde tenga que revivir en reiteradas ocasiones su condición de víctima; a estar sometida a interrogatorios extenuantes y recriminatorios o a malos tratos durante y posterior al desarrollo de la investigación, que afecten su dignidad.

CAPÍTULO II - DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 4- Responsabilidades de prevención

El Ministerio de Educación Pública (MEP) tiene la responsabilidad de emitir la política interna, los lineamientos y las disposiciones necesarias para proteger a las personas menores de edad que denuncian situaciones de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor en contra de una persona funcionaria docente, administrativo docente, técnico-docente o administrativa, que preste sus servicios a ese Ministerio, así como de prevenir, desalentar y sancionar la revictimización de dichas personas menores de edad denunciantes.

Para tales efectos, deberá tomar medidas expresas en los reglamentos internos, los convenios colectivos, los arreglos directos o de otro tipo de normativa o disposición. Al menos deberán contemplarse las siguientes:

a) Comunicar, en forma escrita y oral, a todo el personal que presta sus servicios al Ministerio de Educación Pública, de manera muy particular aquel personal docente, administrativo-docente, técnico-docente y administrativo que labora en las Direcciones Regionales de Enseñanza, las Supervisiones de Circuito y en los distintos centros educativos públicos, sobre la existencia de una política institucional para proteger a las personas menores de edad que denuncian situaciones de maltrato físico, emocional, psicológico, abuso sexual o trato corruptor y para prevenir y sancionar la revictimización.

b) Disponer de un procedimiento adecuado y efectivo que garantice la confidencialidad de la identidad de las personas denunciantes.

c) Capacitar al personal docente y administrativo del MEP, que tenga contacto con personas menores de edad en razón de sus funciones, en materia de prevención del maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor.

d) Contar con personal con conocimiento en materia de derechos de niñez y adolescencia, y establecer una política de capacitación permanente en la materia para el personal responsable de instruir las diligencias de investigación como de dirección del procedimiento, como cualquier otro con responsabilidades vinculadas a los procedimientos del régimen disciplinario docente y administrativo del Ministerio de Educación Pública.

e) Capacitar e informar a las madres y los padres de familia, personas cuidadoras y estudiantado acerca de la identificación de situaciones de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, la presentación de denuncias, de testificaciones y procesos, así como sobre revictimización.

CAPÍTULO III - PROCEDIMIENTO

Artículo 5- Principios procesales

El procedimiento que se efectúe tanto en el Ministerio de Educación Pública como en el Tribunal de Servicio Civil, con ocasión de una denuncia de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor contra una persona menor de edad estudiante, se informará, en todas sus etapas, fases o instancias, por los principios generales del debido proceso, acceso a la justicia, igualdad y equilibrio procesal, proporcionalidad, confidencialidad, de legalidad, de la inmediación de la prueba, libertad probatoria, representación, la concentración y celeridad procesal, del impulso procesal de oficio.

Las normas y disposiciones de esta ley se interpretarán e integrarán conforme al interés superior del niño y la niña. Asimismo, se informarán por los demás principios protectores consagrados en la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales y normativa nacional atinente.

Artículo 6- Procedimiento y garantías procesales

El personal docente, administrativo docente, técnico-docente o administrativo, que preste sus servicios al Ministerio de Educación Pública, tiene el deber de denunciar ante el director o la directora de la Dirección de Recursos de ese Ministerio los casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor en perjuicio de una persona menor de edad estudiante. En estos casos aplicará, a manera de fuero de protección de la persona denunciante, lo establecido en el artículo 134 de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998. El procedimiento que se instruya al efecto garantizará:

a) El derecho y la legitimación de las personas menores de edad para plantear personalmente la denuncia por cualquier hecho de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor en su perjuicio. También, podrán interponer la denuncia sus padres, sus representantes legales, cualquier miembro del personal docente, administrativo docente, técnico-docente o administrativo, que preste sus servicios al Ministerio de Educación Pública o el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), quienes serán considerados parte dentro del procedimiento, al igual que la persona adolescente mayor de quince años.

b) La persona que figure como denunciante de un hecho de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor en contra de una persona menor de edad o que haya comparecido como testigo de alguna de las partes en el procedimiento administrativo abierto al efecto, no podrá sufrir, como consecuencia de ello, un perjuicio de orden personal o laboral. De comprobarse un perjuicio en la situación educativa de una persona estudiante denunciante, como resultado de los hechos denunciados, tendrá derecho a ser restituido en el pleno goce de sus derechos y al estado de situación que disfrutaba con anterioridad a la denuncia. Con este propósito, el Ministerio de Educación Pública brindará los apoyos necesarios para nivelar su proceso educativo.

c) Toda persona funcionaria docente, administrativa-docente, técnica-docente o administrativa que reciba una denuncia por las causales del artículo 66, inciso a) de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998, deberá abstenerse de realizar un interrogatorio sobre lo sucedido e inmediatamente trasladará dicha denuncia a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, para que proceda según su competencia.

d) No se someterá a las víctimas ni a los testigos menores de edad a procesos revictimizantes; se omitirá toda alusión a su vida privada, valoraciones, así como sobre su persona, con la prohibición expresa de considerar los antecedentes de la persona menor de edad denunciante, particularmente en lo relativo a su sexualidad u otra condición personal. En las comparecencias e interrogatorios, en los que participe la persona menor de edad, se evitará, en todo momento, su contacto con la persona denunciada.

e) Los procedimientos instruidos con base en esta ley serán confidenciales, lo cual implica, entre otros aspectos, el deber de las distintas instancias y sujetos procesales, que participan en sus diversas etapas, de no dar a conocer o facilitar cualquier dato personal que permita identificar a la persona menor de edad víctima o personas denunciantes, ni el de la persona denunciada.

f) El órgano instructor y director del procedimiento está obligado a escuchar la declaración de la persona menor de edad que figure como víctima, tomando en cuenta su edad, el grado de madurez y la capacidad de discernimiento, según el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño.

Para ello, deberán ofrecerse las condiciones físicas y ambientales propicias para que la emita libremente y sin riesgo de coacción o amenaza de ningún tipo. Su opinión siempre debe ser tomada en cuenta y referida en la resolución que se emita al efecto. En todo, la persona menor de edad deberá ser acompañada de un familiar, persona o profesional de su confianza, durante la ejecución de las diversas diligencias del procedimiento.

g) En el curso de las distintas etapas del procedimiento administrativo, la persona menor de edad tiene derecho a expresarse y a ser escuchada en su lengua materna y a contar con un traductor o intérprete que podrá ser designado por el órgano director del procedimiento, sin perjuicio de que la persona menor de edad o sus representantes legales ofrezcan uno de su confianza.

h) El procedimiento administrativo disciplinario que regula la presente ley deberá concluirse dentro del plazo máximo ordenatorio de tres meses, contado a partir de la interposición de la denuncia respectiva. La autoridad administrativa u órgano instructor deberá impulsar el procedimiento para que se desarrolle sin demora, iniciando de oficio los asuntos que le correspondan, hasta el dictado de la resolución final.

i) En los procedimientos administrativos disciplinarios por situaciones de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor en perjuicio de una persona menor de edad estudiante no procederá la conciliación.

Artículo 7- Declaración anticipada de la víctima

La declaración de la persona menor de edad víctima de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor se tomará anticipadamente cuando así lo ameriten el caso y las circunstancias y, una vez tomada la declaración, no se requerirá una ratificación posterior de la denuncia. Dicha declaración habrá de servir como elemento probatorio en todas las etapas y fases del procedimiento. No obstante, ello no será óbice para que la víctima amplíe su testimonio, sí así lo desea.

Artículo 8- Medidas cautelares

Además de la obligatoria reubicación o suspensión de la persona docente, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Estatuto del Servicio Civil, durante el procedimiento administrativo, la autoridad competente deberá aplicar todas las medidas cautelares que sean necesarias para evitar la revictimización de las personas denunciantes y sus testigos; evitar cualquier represalia o acto de persecución, incluyendo la posibilidad de reubicar a la persona estudiante, si así lo solicita, con la finalidad de minimizar o prevenir cualquier impacto negativo que sufra la persona estudiante en su desempeño académico. Asimismo, se deberán suspender los efectos de cualquier medida perjudicial tomada contra la persona estudiante por parte de la persona denunciada, cuando existan indicios de que puede ser una represalia.

Artículo 9- Deber de asistencia a las víctimas

En el curso del procedimiento disciplinario, las personas menores de edad víctimas tienen el derecho a ser asistidas y reconocidas por expertos en tratar a este grupo poblacional, en un lugar adecuado, que garantice su privacidad y lo más próximo posible a su lugar de domicilio. Para estos efectos, el órgano director pedirá la colaboración de otras instancias especializadas como la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública. Además de cumplir con las funciones propias de su competencia, la Contraloría de Derechos Estudiantiles podrá coordinar ante la Caja Costarricense de Seguro Social y otras entidades, con el fin de que dichas dependencias puedan brindar, dentro de sus competencias, los servicios integrales de apoyo que se requieran, según sea el caso. El hecho de que ese reconocimiento o asistencia no se otorgue, no puede alegarse como causal de nulidad de parte del accionado.

Artículo 10- Sobre la valoración de la prueba

Toda prueba debe valorarse de conformidad con las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia. Ante la ausencia de prueba directa deberá recurrirse a la prueba indiciaria, atendiendo los principios especiales que rigen la materia de niñez y adolescencia. En caso de duda, se optará por la que más beneficie a la persona menor de edad víctima. El órgano director ordenará oficiosamente la realización de valoraciones técnicas y periciales que resulten necesarias para armonizar la búsqueda de la verdad real con el interés superior de la persona menor de edad.

En los casos en los que la única prueba que exista sea la declaración del menor o de la menor víctima, dicha declaración hará plena prueba, salvo que esta haya sido debidamente desvirtuada por el servidor accionado.

Artículo 11- Evacuación del testimonio

La persona menor de edad tiene derecho a que las diligencias de evacuación de prueba testimonial sean efectuadas por personal capacitado en técnicas de interrogación y entrevista a personas menores de edad. Dichos interrogatorios tendrán, por único fin, recabar información esencial para la averiguación de los hechos, sin revictimizarla, garantizando la dignidad, el honor y la reputación de las personas menores de edad.

Las audiencias se realizarán en forma privada y siempre que haya participación de personas menores de edad como presuntas víctimas o testigos, estas se realizarán en cámaras de Gesell o, en su defecto, en espacios adecuados que garanticen su integridad emocional.

Artículo 12- Deber de denuncia ante sospecha de abuso y relaciones sexuales -relaciones

impropias- con personas menores de edad en sede penal

Toda persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública, que hubiera identificado indicios de abuso sexual o relaciones sexuales en perjuicio o con persona menor de edad estudiante, deberá plantear en forma inmediata la denuncia penal. Lo anterior sin perjuicio de la investigación administrativa que se ordene al efecto. La omisión de esta obligación generará responsabilidad administrativa y disciplinaria para la persona funcionaria, en los términos dispuestos en el artículo 188 de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998, en la presente ley y en el artículo 60 del Estatuto de Servicio Civil.

Artículo 13- Garantías para los docentes

La persona funcionaria denunciada goza de todos los derechos relativos al debido proceso y demás garantías procesales del derecho administrativo y laboral. De no comprobarse los hechos que se le imputan, la persona denunciada será restituida al estado inmediato anterior que disfrutaba con anterioridad a la denuncia.

Artículo 14- Otros efectos del procedimiento

La resolución final que determine la existencia de una falta, por parte de una persona funcionaria o docente, deberá dejar sin efecto cualquier medida injusta, improcedente o arbitraria en perjuicio de la persona estudiante adoptada por la persona investigada, tales como las evaluaciones, sanciones impuestas o cualquier otro que se haya ejercido en perjuicio de la persona estudiante.

Se deberán aplicar las medidas de reposición necesarias según corresponda, de manera tal que se garantice que las represalias tomadas por la persona investigada no tendrán efectos perjudiciales sobre la víctima.

Artículo 15- Caducidad y prescripciones

La acción para interponer la denuncia, por alguno de los hechos contemplados en la presente ley, deberá plantearse dentro del plazo de dos años contado a partir del último hecho, o bien, desde el momento en que cesó la causa que ha impedido la denuncia.

Prescribirá en dos meses la acción del ministro o la ministra de Educación para iniciar la gestión de despido de las personas servidoras docentes y administrativas, y para imponer la sanción disciplinaria correspondiente, en los casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, que involucren a una persona menor de edad estudiante como víctima. Dicho plazo se computará a partir del día en que se dio causa para la sanción o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos o las faltas correspondientes, en el caso del personal docente, por la Dirección de Recursos Humanos, y en el caso de personal administrativo, por parte del ministro o la ministra.

Artículo 16- Sanciones

Además de las eventuales sanciones que pudieran corresponder en la vía civil y penal contra la persona funcionaria docente, administrativo-docente, técnico-docente o administrativa, contra quien se hubiera emitido resolución firme de despido por la comisión de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor en perjuicio de una persona menor de edad estudiante, a partir de la aplicación del procedimiento regulado en la presente ley, se declarará, mediante resolución fundada, la inelegibilidad por un lapso de diez años de dicho funcionario o funcionaria. La Dirección General de Servicio Civil excluirá a esa persona de la nómina de candidatos elegibles al Régimen de Servicio Civil, por el plazo indicado.

Para la fijación de la sanción, deberá tomarse en cuenta, como un elemento agravante, si existieron promesas de un trato preferencial o de ventaja como condición en la formación o el proceso educativo, amenaza sugerida o expresa, física o moral, o de daños o castigos de la persona hostigada, como condición para la formación o el proceso educativo.

ARTÍCULO 2

Se reforman los artículos 14, inciso a); 43, inciso a); 60, 62, 66, párrafo 3°, 67, 68 y 190, inciso a) de la Ley 1581, Estatuto de Servicio Civil, de 30 de mayo de 1953. Los textos son los siguientes:

Artículo 14- Son atribuciones del Tribunal de Servicio Civil conocer:

a) En primera instancia los casos de despido, previa información levantada por la Dirección General, salvo cuando se trate de procedimientos de despido de servidores y servidoras del Ministerio de Educación Pública, sean docentes y administrativos, por las causales del artículo 66, inciso a), de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998, en cuyo caso la gestión de despido se presentará directamente ante el Tribunal de Servicio Civil, previa instrucción realizada a lo interno del Ministerio de Educación Pública, según lo dispuesto en el título II, capítulo IV, artículos 59 y siguientes del Estatuto de Servicio Civil.

Artículo 43- [...]

a) El ministro o la ministra someterá por escrito, a conocimiento de la Dirección General de Servicio Civil, su decisión de despedir a la persona trabajadora con expresión de las razones legales y los hechos que la funda, salvo cuando se trate de procedimientos de despido de servidores y servidoras del Ministerio de Educación Pública, sean docentes y administrativos, por las causales del artículo 66, inciso a), de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998. En estos casos, realizada la instrucción por parte del Ministerio de Educación Pública, el ministro o la ministra someterá por escrito, al Tribunal de Servicio Civil, la gestión de despido.

Artículo 60- Además de las causales que enumera el artículo 43 de este Estatuto, se considera falta grave la violación de las prohibiciones que señala el artículo 58 y las causales del artículo 66, inciso

a) de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998.

Artículo 62- Toda falta grave podrá ser sancionada con el despido sin responsabilidad para el Estado. No obstante, cuando el Tribunal de la Carrera Docente, que establece este capítulo, así lo recomiende, previo examen de la naturaleza de la falta y los antecedentes del servidor y siempre que no se trate de los supuestos del artículo 66, inciso a) de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998, el ministro o la ministra de Educación Pública podrá conmutar dicha sanción por el descenso del servidor al grado inmediato inferior, caso de ser posible, o bien, por suspensión del cargo sin goce de sueldo de tres a seis meses.

Artículo 66- [...]

Contra las resoluciones del director o la directora de la Dirección de Recursos Humanos, dictadas en los procedimientos a que este capítulo se refiere, excepto las comprendidas en el primer párrafo de este mismo artículo y las dictadas en procedimientos iniciados por las causales establecidas en el artículo 66, inciso a) de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998, caben los recursos de revocatoria y apelación ante el Tribunal de la Carrera Docente, cuando sean interpuestos dentro de un plazo de cinco días hábiles. En los casos de las causales del artículo 66 del Código de la Niñez y Adolescencia, el recurso de revocatoria se planteará ante la Dirección de Recursos Humanos y el de apelación ante el ministro o la ministra de Educación.

[...]

Artículo 67- En casos muy calificados y cuando por la naturaleza de la presunta falta se considere perjudicial la permanencia del servidor en el puesto, el director o la directora de la Dirección de Recursos Humanos ordenará la suspensión en el cargo o su traslado temporal a otro puesto, mediante acción de personal. En el caso de las causales establecidas en el artículo 66, inciso a) de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998, procederá siempre la adopción de la medida cautelar de suspensión del cargo o la reubicación.

Artículo 68- Para el trámite de las diligencias, el director o la directora de la Dirección de Recursos Humanos contará con el número de instructores necesarios. El personal instructor, encargado de sustanciar una información, procederá, en primer término, a pedir a los quejosos la ratificación personal de los cargos, salvo el caso en que el denunciante sea autoridad competente, la información se haya iniciado de oficio o cuando se trate de casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, que involucren al alumnado como víctima o victimario. En estos supuestos no cabrá investigación preliminar, investigación previa docente o cualquier otra

instrucción previa al traslado formal de cargos.

En los casos en que se precise, la ratificación de cargos, así como los testimonios, deberán rendirse bajo afirmación expresa de decir verdad.

Ratificados los cargos, el personal instructor evacuará la prueba ofrecida y levantará el acta correspondiente.

Artículo 190- Son atribuciones del Tribunal conocer:

a) En primera instancia, los casos de despido, previa información levantada por la Dirección General, que deberá hacerse en un término no mayor de sesenta días; salvo cuando se trate de procedimientos de despido de servidores y servidoras del Ministerio de Educación Pública, sean docentes y administrativos, por las causales del artículo 66, inciso a) de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998, en cuyo caso la instrucción la hará el Departamento de Recursos Humanos de dicho Ministerio.

[...]

ARTÍCULO 3

Se adiciona un párrafo segundo a los artículos 71 y 75 de la Ley 1581, Estatuto de Servicio Civil, de 30 de mayo de 1953. Los textos son los siguientes:

Artículo 71- [...]

Tampoco procederá el traslado del expediente al Tribunal de Carrera Docente cuando se trate de casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, que involucren al alumnado como víctima o victimario, en cuyo caso el asunto se elevará a conocimiento del ministro o la ministra de Educación Pública, quien dispondrá lo conducente en el término de un mes contado a partir del recibo del expediente.

Artículo 75- [...]

No obstante, cuando se trate de asuntos en los que figure como víctima una persona menor de edad, el Tribunal de Servicio Civil deberá conducir las diligencias en consonancia con lo dispuesto en la Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense.

Rige a partir de su publicación.

Preguntas frecuentes sobre la Ley 9999

¿Quién puede denunciar maltrato o abuso contra un estudiante menor de edad y ante quién?


Según el numeral 6 del texto aprobado por el artículo 1, el personal del Ministerio de Educación Pública tiene el deber de denunciar ante el director o la directora de la Dirección de Recursos del Ministerio los casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor contra una persona menor de edad estudiante. La víctima puede denunciar personalmente, y también sus padres, sus representantes legales, el personal del Ministerio o el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

¿Cuánto debe durar el procedimiento disciplinario y cabe conciliar?


El numeral 6 del texto aprobado por el artículo 1 dispone que el procedimiento debe concluirse dentro del plazo máximo ordenatorio de tres meses, contado desde la interposición de la denuncia, y que el órgano instructor debe impulsarlo sin demora hasta la resolución final. Además, en los procedimientos por maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor contra una persona menor de edad estudiante no procede la conciliación.

¿Tiene que repetir su declaración un estudiante menor de edad que fue víctima?


No necesariamente. El numeral 7 del texto aprobado por el artículo 1 prevé que la declaración de la víctima se tome anticipadamente cuando así lo ameriten el caso y las circunstancias, y que luego no se requiera una ratificación posterior de la denuncia; esa declaración sirve como prueba en todas las etapas. Según el numeral 11, las audiencias son privadas y, con menores como víctimas o testigos, se realizan en cámaras de Gesell o en espacios que garanticen su integridad emocional.

¿Qué plazos hay para denunciar y para que el Ministerio inicie el despido?


El numeral 15 del texto aprobado por el artículo 1 indica que la denuncia debe plantearse dentro de dos años contados desde el último hecho, o desde que cesó la causa que impidió denunciar. La acción del ministro o la ministra de Educación para iniciar la gestión de despido y sancionar prescribe en dos meses, contados desde que se dio causa para la sanción o desde que se conocieron los hechos o las faltas.

¿Qué sanción adicional recibe el funcionario despedido por maltrato o abuso contra un estudiante?


El numeral 16 del texto aprobado por el artículo 1 establece que, además de las sanciones civiles y penales que correspondan, a quien sea despedido por resolución firme por maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor contra un estudiante menor de edad se le declara, mediante resolución fundada, inelegible por diez años. La Dirección General de Servicio Civil lo excluye de la nómina de candidatos elegibles por ese plazo.

Referencias Bibliográficas

  • Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2025). Constitución Política de Costa Rica. Versión consolidada vigente al 2 de septiembre de 2025. Biblioteca Jurídica del Bufete de Costa Rica. https://bufetedecostarica.com/constitucion-politica-de-la-republica-de-costa-rica/
  • Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2025). Estatuto de Servicio Civil de Costa Rica (Ley n.° 1581). Versión consolidada vigente al 29 de octubre de 2025. Biblioteca Jurídica del Bufete de Costa Rica. https://bufetedecostarica.com/estatuto-de-servicio-civil-de-costa-rica-1581/
  • Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2024). Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica (Ley n.° 7739). Versión consolidada vigente al 15 de noviembre de 2024. Biblioteca Jurídica del Bufete de Costa Rica. https://bufetedecostarica.com/codigo-de-la-ninez-y-la-adolescencia-de-costa-rica-7739/

estatuto de servicio civilLey 9999Leyes de 2021personas menores de edadRevictimizaciónsistema educativo

Artículos Relacionados


Reforma de los Artículos 29 y 38 de la Ley 7476, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, de 3 de febrero de 1995 (Ley N.° 10029)
Derecho Laboral  ·  Derechos Humanos  ·  Leyes
Reforma de los Artículos 29 y 38 de la Ley 7476, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, de 3 de febrero de 1995 (Ley N.° 10029)
02/10/2026
Reforma del Artículo 143 y Adición de un Inciso d) al Artículo 159 de la Ley 5476, Código de Familia, del 21 de diciembre de 1973, y Adición de un Inciso d) al Artículo 130 de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, del 06 de enero de 1998; Ley para Reforzar la Protección de las Personas Menores de Edad Frente a las Relaciones Impropias (Ley N.° 10603)
Derecho de Familia  ·  Derechos Humanos  ·  Leyes
Reforma del Artículo 143 y Adición de un Inciso d) al Artículo 159 de la Ley 5476, Código de Familia, del 21 de diciembre de 1973, y Adición de un Inciso d) al Artículo 130 de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, del 06 de enero de 1998; Ley para Reforzar la Protección de las Personas Menores de Edad Frente a las Relaciones Impropias (Ley N.° 10603)
02/10/2026
Reforma del Artículo 55 de la Ley 1581, Estatuto de Servicio CIVIL, de 30 de mayo de 1953, para Incorporar el Inciso d) que Establece la Obligatoriedad del Examen de Idoneidad en los Requisitos de Ingreso a la Carrera Docente (Ley N.° 9871)
Derecho Administrativo  ·  Derecho Laboral  ·  Leyes
Reforma del Artículo 55 de la Ley 1581, Estatuto de Servicio CIVIL, de 30 de mayo de 1953, para Incorporar el Inciso d) que Establece la Obligatoriedad del Examen de Idoneidad en los Requisitos de Ingreso a la Carrera Docente (Ley N.° 9871)
07/11/2026
Reforma del Artículo 256 de la Ley 5395, Ley General de Salud, de 30 de octubre de 1973 (Ley N.° 9997)
Reforma del Artículo 256 de la Ley 5395, Ley General de Salud, de 30 de octubre de 1973 (Ley N.° 9997)
Artículo Anterior
Ampliación de los Alcances de la Ley 9577, Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, de 27 de junio de 2018 (Ley N.° 10000)
Ampliación de los Alcances de la Ley 9577, Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, de 27 de junio de 2018 (Ley N.° 10000)
Próximo Artículo
  • Bufete de Costa Rica
    Servicios relacionados
    a la Ley N.° 9999
    Honorarios conforme al Decreto N.° 41457-JP
    I.
    Abogacía
    5
    • Recurso de Amparo
    • Acción de Inconstitucionalidad
    • Recurso de Hábeas Corpus
    • Recursos de Revisión y Casación
    • Hora Profesional de Abogados y Notarios
    Ver tabla completa de honorarios
  • Último dictamen N.° 0005

    La Cruz de Alajuelita

    Derecho Penal · Procesal · Constitucional · DDHH · Alajuelita, San José · Costa Rica

    Dictamen jurídico sobre la masacre cometida en el Cerro San Miguel de Alajuelita el Domingo de Ramos de 1986: siete víctimas —una mujer adulta y…

    0:00
    2:55
    Leer dictamen →


La Justicia tiene Precio

¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
 
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.

Licenciado Arroyo

Dictamen Jurídico

De la serie editorial Último dictamen publicado
Dictamen Jurídico N.° 0005

La Cruz de Alajuelita

Derecho Penal · Procesal · Constitucional · DDHH
Causa
Petición CIDH 326-21
Lugar de los hechos
Alajuelita, San José · Costa Rica
Hechos
6 de abril de 1986

Dictamen jurídico sobre la masacre cometida en el Cerro San Miguel de Alajuelita el Domingo de Ramos de 1986: siete víctimas —una mujer adulta y seis menores de edad—; una sentencia condenatoria (1989) anulada en 1990 por graves irregularidades —entre ellas, indicios de tortura para obtener la confesión del adolescente…

Cápsula doctrinal en audio

En la voz del Lic. Larry Hans Arroyo Vargas

0:00
2:55
Leer dictamen completo →
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas
Abogado Litigante Incorporado
Bufete de Costa Rica
Código Profesional 37094
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica
2022 - 2026 Bufete de Costa Rica - Todos los derechos reservados
Diseño web por iNTELIGENCIA Viva




Consulta profesional

¿Desea agendar cita con el Licenciado Arroyo?

La justicia tiene precio.

Honorario profesional

Cita virtual de una hora, uno a uno, con pago adelantado.

₡102.548 IVAi por hora — arancel del Colegio de Abogados. SINPE Móvil o transferencia, antes de la cita. No reembolsable.

¿Puede cubrir este honorario?

Sí, puedo

La justicia tiene precio.

Le agradecemos su interés

Conozca las opciones gratuitas en Costa Rica.

Hemos preparado una guía sobre los Consultorios Jurídicos gratuitos disponibles para usted: Colegio de Abogados, Defensa Pública, UCR, ULatina y otros.

Ver la guía →

WhatsApp

Le esperamos vía WhatsApp…

Abrir WhatsApp

Esta ventana se cerrará automáticamente en 20 segundos.

Áreas Legales
Destacadas
Derecho AdministrativoDerecho MunicipalDerecho ConstitucionalDerecho PenalDerecho TributarioDerecho ComercialDerecho FinancieroDerecho Registral y NotarialDerecho AmbientalDerecho ProcesalDerecho LaboralDerecho InternacionalDerecho CivilDerecho de FamiliaDerecho SanitarioDerecho AgrarioDerecho de TránsitoDerecho Informático
Activas
Derecho Contractual
Emergentes
Derecho Canónico
Biblioteca
Contenido
LeyesInvestigacionesBiografíasDictámenesVideoteca
Carrera de Derecho
Ayuda para TesisTesisDeontologíaGraduarseTemario