La Ley N.° 10000, Ampliación de los alcances de la Ley 9577, Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, de 27 de junio de 2018, prolonga por un período igual el plazo de treinta y seis meses que dispone el numeral 1 de la Ley 9577.
Durante la prórroga siguen suspendidos los desalojos, las demoliciones y la suspensión de actividades en la Zona Marítima Terrestre, la Zona Fronteriza y el Patrimonio Natural del Estado, salvo resolución judicial o administrativa en firme por daño ambiental. La ley no crea derechos a favor de los ocupantes, limita las modificaciones a las obras, exige dictamen del Minae en patrimonio natural del Estado y autoriza a las municipalidades a aplicarla en su territorio.
Ampliación de los Alcances de la Ley 9577, Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, de 27 de junio de 2018 (Ley N.° 10000)
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La ley rige a partir de su publicación en el Alcance N.° 132 a La Gaceta N.° 127 del 2 de julio de 2021. El texto lo transcribió y cotejó la Biblioteca contra la página oficial, y el facsímil oficial de La Gaceta va al final del PDF de la ley.
N° 10000
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
AMPLIACIÓN DE LOS ALCANCES DE LA LEY 9577, PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES, DE 27 DE JUNIO DE 2018
Nota de la Biblioteca Jurídica: La Gaceta no ofrece de esta ley un texto digital fiable. Este texto lo transcribió la Biblioteca Jurídica y lo cotejó, palabra por palabra, con la página oficial; el facsímil oficial se reproduce íntegro al final del PDF de esta ley (Alcance N.° 132 a La Gaceta N.° 127 del 2 de julio de 2021, páginas 2 a 5 del PDF del Alcance; 4 páginas).
Se prolonga el plazo de treinta y seis meses, que dispone el artículo 1 de la Ley 9577, Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, de 27 de junio de 2018, por un período de tiempo igual, con idénticos efectos de suspensión sobre las acciones
administrativas de desalojo de personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades comerciales, agropecuarias y cualquier otra actividad lícita y proyectos existentes en la Zona Marítima Terrestre, Zona Fronteriza y Patrimonio Natural del Estado, salvo aquellas que sean ordenadas mediante resolución judicial o administrativa en firme, fundadas en la comisión de daño ambiental o cuando exista peligro o amenaza del daño del medio ambiente.
La suspensión prevista en el artículo anterior no excluye dictar las medidas
cautelares judiciales o administrativas, por las autoridades competentes, cuando se determine la comisión de daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente.
Con el propósito de garantizar la ejecución del Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, se excepcionan de la aplicación de la presente ley las áreas indicadas en el artículo 11 de la Ley 9451, Aprobación del Contrato de Préstamo N.° 3488/OC-CR, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo para Financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, de 16 de mayo de 2017.
Cuando se trate de zonas declaradas patrimonio natural del Estado, la aplicación de la moratoria estará sujeta al dictamen técnico favorable del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
En ningún caso, la aplicación de esta ley favorecerá la constitución de derechos a favor de los ocupantes de las zonas objeto de la moratoria. Asimismo, los ocupantes no podrán realizar modificaciones en las obras, a excepción de obras de mantenimiento, mejoras necesarias o urgentes, las cuales quedan autorizadas. Tampoco se podrán realizar modificaciones en las actividades y los proyectos ubicados en las zonas objeto de la moratoria.
Durante la vigencia de la moratoria, el Estado no deberá permitir que se den nuevas ocupaciones en las zonas referidas en el artículo 1 de esta ley.
Se autoriza a las municipalidades, en las zonas de su competencia, para que apliquen la moratoria en los términos establecidos en la presente ley, previo dictamen favorable del órgano municipal competente.
Durante la vigencia de esta moratoria, el Estado deberá tomar las medidas óptimas para el ordenamiento de las zonas referidas en la presente ley.
Rige a partir de su publicación.
El artículo 1 prolonga por un período de tiempo igual el plazo de treinta y seis meses que dispone el numeral 1 de la Ley 9577, Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, de 27 de junio de 2018, con idénticos efectos de suspensión.
Según el artículo 1, se suspenden las acciones administrativas de desalojo de personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades comerciales, agropecuarias y cualquier otra actividad lícita, y los proyectos existentes en la Zona Marítima Terrestre, la Zona Fronteriza y el Patrimonio Natural del Estado.
Sí, en dos supuestos. El artículo 1 deja fuera de la suspensión lo ordenado mediante resolución judicial o administrativa en firme, fundada en la comisión de daño ambiental, o cuando exista peligro o amenaza de daño al medio ambiente. El artículo 2 aclara que además pueden dictarse medidas cautelares judiciales o administrativas en esos casos.
El artículo 2 excepciona de la aplicación de esta ley, para garantizar la ejecución del Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, las áreas indicadas en el numeral 11 de la Ley 9451, que aprobó el Contrato de Préstamo N.° 3488/OC-CR con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Cuando se trata de zonas declaradas patrimonio natural del Estado, el artículo 3 sujeta la aplicación de la moratoria al dictamen técnico favorable del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Sin ese dictamen favorable, el texto no permite aplicar la moratoria en esas zonas.
No. El artículo 4 dispone que, en ningún caso, la aplicación de esta ley favorecerá la constitución de derechos a favor de los ocupantes de las zonas objeto de la moratoria. Es una suspensión de las acciones de desalojo y demolición, no un reconocimiento de derechos sobre la zona.
Solo algunas. El artículo 4 prohíbe modificar las obras, salvo obras de mantenimiento, mejoras necesarias o urgentes, que quedan autorizadas. Tampoco se pueden modificar las actividades ni los proyectos ubicados en las zonas objeto de la moratoria.
No deberían. Según el artículo 5 ordena que, durante la vigencia de la moratoria, el Estado no deberá permitir nuevas ocupaciones en las zonas del artículo 1 de esta ley. El artículo 7 agrega que el Estado deberá tomar las medidas óptimas para el ordenamiento de esas zonas.
Sí. El artículo 6 autoriza a las municipalidades, en las zonas de su competencia, para que apliquen la moratoria en los términos establecidos en la ley, previo dictamen favorable del órgano municipal competente. Sin ese dictamen, el texto no la autoriza.
La ley rige a partir de su publicación. Su artículo 1 prolonga por un período de tiempo igual el plazo de treinta y seis meses que dispone el numeral 1 de la Ley 9577, con idénticos efectos de suspensión sobre los desalojos y las demoliciones.
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