Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos de Costa Rica (Ley N.° 7972)

N° 7972

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

CREACIÓN DE CARGAS TRIBUTARIAS SOBRE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS PARA FINANCIAR UN PLAN INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y AMPARO DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, NIÑAS Y NIÑOS EN RIESGO SOCIAL, PERSONAS DISCAPACITADAS ABANDONADAS, REHABILITACIÓN DE ALCOHÓLICOS Y FARMACODEPENDIENTES, APOYO A LAS LABORES DE LA CRUZ ROJA Y DEROGACIÓN DE IMPUESTOS MENORES SOBRE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y SU CONSECUENTE SUSTITUCIÓN

CAPÍTULO I

TRIBUTOS

SECCIÓN I

IMPUESTO ESPECÍFICO SOBRE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS

ARTÍCULO 1

Créase un impuesto específico por cada mililitro de alcohol absoluto contenido en cualquier bebida alcohólica de producción nacional o importada, indistintamente de su presentación, según la concentración de alcohol por volumen, de acuerdo con la siguiente tabla:

(Los montos del impuesto anterior fueron actualizados por el artículo 1º de la resolución N° MH-DGH-RES-0025-2026 del 9 de abril de 2026,"Actualiza los montos de los impuestos específicos por cada mililitro de alcohol absoluto, mediante un ajuste de menos cero coma ochenta y cinco por ciento (-0,85%), con lo cual disminuye el monto de impuesto")

Este impuesto no se aplicará a las bebidas de producción nacional destinadas a la exportación

(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8399 de 19 de diciembre de 2003).

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo N° 3 de la Ley 8399 de 19 de diciembre de 2003, se exonera del pago de este impuesto el vino utilizado para el ritual de la consagración de la Iglesia Católica. Asimismo, sobre la actualización de este impuesto véase el TRANSITORIO Único de la ley referida)

ARTÍCULO 2

(DEROGADO, por el artículo 2° de la ley N° 8399 de 19 de diciembre de 2003).

ARTÍCULO 3

El hecho generador del impuesto establecido en el

artículo 1 ocurre para lo siguiente:

a) La producción nacional en las ventas a nivel de fábrica, en la

fecha de emisión de la factura o de la entrega del producto, el acto que

suceda primero.

b) La importación o internación, al aceptar la declaración aduanera

en todos los casos, independientemente de su presentación.

Para aplicar el impuesto, se entenderá por venta cualquier acto que

involucre o tenga como fin último transferir el dominio del producto, con

independencia de su naturaleza jurídica, de la designación y de las

condiciones pactadas por las partes. Asimismo, se entenderá por

importación o internación el ingreso al territorio nacional, cumplidos los

trámites legales, de las bebidas alcohólicas provenientes tanto de

Centroamérica como del resto del mundo.

ARTÍCULO 4

Son contribuyentes del tributo creado en el artículo 1

de la presente ley:

a) En la producción nacional, los fabricantes de bebidas alcohólicas.

b) En la importación o internación, toda persona física o jurídica

que introduzca este tipo de productos o a cuyo nombre se importen o

internen.

En lo que respecta a la producción nacional, las normas y los

procedimientos para inscribir a los contribuyentes se establecerán en el

reglamento de la presente ley.

ARTÍCULO 5

El impuesto creado en el artículo 1 de la presente ley

se liquidará y pagará de la siguiente manera:

a) En la producción nacional, durante los primeros quince días

naturales de cada mes, salvo si el día en que se vence este plazo no es

hábil, en cuyo caso, se entenderá como prorrogado hasta el próximo día

hábil. El fabricante presentará la declaración por todas las ventas

efectuadas en el mes anterior, respaldadas debidamente mediante los

comprobantes autorizados por la Administración Tributaria; para ello,

utilizará el formulario de declaración jurada que apruebe la Dirección

General de Tributación. La presentación de esta declaración y el pago del

impuesto son simultáneos.

b) En las importaciones o internaciones, en el momento previo al

desalmacenaje del producto, efectuado por las aduanas. No se autorizará

desalmacenarlo si los interesados no presentan el comprobante

correspondiente al pago del impuesto, documento que en la declaración

aduanera deberá consignarse por separado.

En materia de sanciones y multas, son aplicables a este tributo las

disposiciones del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

ARTÍCULO 6

A partir de la vigencia de esta ley, la Administración

Tributaria, de oficio, actualizará trimestralmente, el monto del impuesto

creado en esta sección, conforme a la variación del índice de precios al

consumidor que determine el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y

el monto resultante de la actualización deberá comunicarse.

En ningún caso, cada ajuste trimestral podrá ser superior a un tres por ciento (3%).

(Así adicionado su párrafo final, por el artículo 29 de la Ley N° 8114,

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias de 4 de julio del 2001).

ARTÍCULO 7

La administración y fiscalización del impuesto aquí

creado corresponde a la Dirección General de Tributación, así como la

recaudación sobre la producción nacional. Las aduanas recaudarán el

impuesto a las importaciones.

ARTÍCULO 8

El impuesto ordenado en el artículo 1 de esta ley deberá calcularse antes del impuesto general sobre las ventas creado por la Ley No. 6826, de 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, de cuya base imponible formará parte. Sin embargo, no estará incluido en la base imponible para calcular los impuestos a favor del Instituto de Desarrollo Rural(*) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.

(*) (Modificada su denominación por el artículo 14° de la Ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012, "Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural")

SECCIÓN II

MODIFICACIÓN DE LA TARIFA Y DETERMINACIÓN

DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SELECTIVO DE

CONSUMO A LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS

ARTÍCULO 9

Establécese en un diez por ciento (10%) la tarifa del

impuesto selectivo de consumo para las bebidas alcohólicas. Estas

mercancías no estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley

No. 4961, de 10 de marzo de 1972, a su reforma ni a su interpretación

auténtica, referentes al mecanismo de flexibilidad del Poder Ejecutivo

para modificar las tarifas.

ARTÍCULO 10

Fíjase la base imponible del impuesto selectivo de

consumo tanto en la producción, y el proceso de envasado como en la

importación de bebidas alcohólicas en la siguiente forma:

a) En la producción y el proceso de envasado nacionales, en el precio

más alto de venta de los fabricantes o envasadores, independientemente de

las condiciones en que se pacte la operación. Este precio de venta estará

conformado por el costo de producción más la utilidad de los fabricantes

o envasadores. El costo de producción estará constituido por todo lo

necesario para la confección o el envasado (materias primas, concentrados,

bienes intermedios, insumos, embalajes, mano de obra directa e indirecta

y costos indirectos de fabricación) hasta el traslado del producto

terminado a los inventarios. El embalaje está compuesto por elementos

tales como cajas, tapas, etiquetas, cápsulas, medallas y envases. Los

envases de vidrio o plástico no formarán parte del costo de producción

hasta por el porcentaje que represente la condición de retornable. El

costo de producción no podrá disminuirse mediante los ingresos

provenientes de la comercialización de subproductos.

b) En la importación o internación de mercancías, adicionando al

valor aduanero los derechos de importación.

En el ejercicio de fiscalización, la Administración Tributaria estará

facultada para verificar y, en los casos de subvaluación de la base

imponible, determinar los porcentajes de utilidad de los fabricantes que

facturen la venta de sus productos a distribuidores exclusivos o únicos;

también podrá verificar la conformación de los precios facturados que

incluyan los impuestos a los que se encuentran afectos.

SECCIÓN III

MODIFICACIÓN DE LA TARIFA Y DETERMINACIÓN

DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SELECTIVO

DE CONSUMO A CIGARRILLOS, CIGARROS Y PUROS

ARTÍCULO 11

Fíjase en el noventa y cinco por ciento (95%), la

tarifa del impuesto selectivo de consumo para los cigarrillos, cigarros y

puros. Estas mercancías no estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo

12 de la Ley No. 4961, de 10 de marzo de 1972, a su reforma ni a su

interpretación auténtica, referentes al mecanismo de flexibilidad del

Poder Ejecutivo para modificar las tarifas.

ARTÍCULO 12

Cada vez que se reporte a la Administración Tributaria

un precio de venta al público, sugerido por el fabricante o importador

para cigarrillos, cigarros y puros de cualquier marca se procederá a

determinar la base imponible del impuesto selectivo de consumo de la

siguiente forma:

a) Cuando el precio resulte menor que el último reportado, no se

utilizará para calcular de la base imponible si no ha transcurrido un

plazo de seis meses posterior al reporte de ese precio. Si en ese período

el precio vuelve a subir, el precio menor no se tomará en cuenta para

dicho cálculo.

b) Cuando el precio resulte mayor que el último reportado, éste se

utilizará para ajustar y establecer la nueva base imponible dentro de los

ocho días siguientes a su reporte o a la fecha en que la Administración

Tributaria tenga conocimiento fundado.

La base imponible se calculará según con la siguiente fórmula:

BI={[PVS/(1+PUD)/(1+PDESC)/(1+PUDIST)]-IIDA-IGV}/(1+ TISC)

(Así modificada la fórmula mediante fe de erratas publicada en La

Gaceta No.36 de 21 de febrero de 2000, p.44)

Para efectos de este artículo, se define lo siguiente:

BI: Base imponible.

PVS: Precio de venta sugerido al público.

PUD: Porcentaje de utilidad presuntiva del detallista.

PDESC: Porcentaje aplicable por concepto de descuento

por volumen.

PUDIST: Porcentaje de utilidad presuntiva de

distribución.

IINDER: Monto del impuesto a favor del Instituto de

Desarrollo Rural(*)

(*) (Modificada su denominación por el artículo 14° de la Ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012, "Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural") IGV: Monto del impuesto general sobre las ventas.

TISC: Tarifa porcentual del impuesto selectivo de

consumo.

Todos los elementos porcentuales consignados en la fórmula anterior

se computarán como fracción de unidad, de modo tal que un cincuenta por

ciento (50%) debe entenderse consignado en la fórmula como cero coma

cincuenta (0,50).

Cada vez que el precio de venta sugerido al público se modifique, el

fabricante o importador estará obligado a comunicárselo a la

Administración Tributaria. De incumplirse esta obligación, se aplicarán

las disposiciones del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Cuando respecto de una misma marca de cigarrillos, cigarros y puros

existan diferencias en el precio de venta al público sugerido por el

fabricante y el importador o diferencias en el precio de venta al público

sugerido por dos o más importadores o fabricantes, prevalecerá el precio

más alto sugerido.

SECCIÓN IV

LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO

PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CIGARRILLOS, CIGARROS Y PUROS

ARTÍCULO 13

El impuesto selectivo de consumo para las bebidas

alcohólicas, cigarrillos, cigarros y puros se liquida y paga del siguiente

modo:

a) Tratándose de importaciones o internaciones, en el momento previo

al desalmacenaje de las mercancías efectuado por las aduanas. No se

autorizará la introducción de mercancías, si los interesados no prueban

haber pagado antes el respectivo impuesto selectivo de consumo, que se

consignará por separado en la declaración aduanera.

b) En la venta de mercancías de producción nacional, los fabricantes

deben liquidar y pagar el impuesto, a más tardar dentro de los primeros

quince días naturales de cada mes. Utilizarán el formulario de declaración

jurada que apruebe la Administración Tributaria, por todas las ventas

efectuadas en el mes anterior al de la declaración. Al presentar de la

declaración, debe probarse el pago del impuesto declarado. En todas las

ventas efectuadas por fabricantes, es obligatorio emitir facturas y

consignar en ellas, por separado, el precio de venta de las mercancías y

el impuesto selectivo de consumo aplicable.

CAPÍTULO II

DESTINO DE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 14

El total de recursos recaudados en virtud de los impuestos establecidos y modificados en la presente ley, se asignará de la siguiente manera:

a) Tres mil quinientos millones de colones ((3.500.000.000,00), según en el artículo 15 de esta ley.

b) Mil millones de colones ((1.000.000.000,00) para financiar las pensiones del Régimen no Contributivo administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.

c) Doscientos millones de colones ((200.000.000,00) para el Fondo de la Niñez y la Adolescencia (Código de la Niñez y la Adolescencia, artículo 184), para financiar los proyectos de reinserción educativa de las madres adolescentes en situación de riesgo social.

(Nota de Sinalevi: Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 011172 del 17 de junio del 2020, se declaró inconstitucional la omisión de la Asamblea Legislativa de no incluir la totalidad del monto presupuestado por el Poder Ejecutivo, definido en el inciso anterior)

d) Cien millones de colones ((100.000.000,00), para el destino señalado en el inciso h) del artículo 15 de la presente ley.

(*)e) Doscientos millones de colones (₡200.000.000,00) de lo recaudado por esta ley se destinarán, ineludiblemente, al Ministerio de Educación Pública (MEP) y se utilizarán de la siguiente forma: cien millones de colones (₡100.000.000,00) para financiar el deporte y la recreación de las personas con discapacidad, según la siguiente tabla: un treinta por ciento (30%) de esos recursos serán para el Comité Paralímpico Nacional y el setenta por ciento (70%) serán para financiar los programas actividades deportivas y de recreación de las organizaciones para personas con discapacidad vinculadas y acreditadas en Costa Rica, por la organización Special Olympics International (Olimpiadas Especiales Internacionales).

Los restantes cien millones de colones (₡100.000.000,00) para cumplir los objetivos de la Ley Nº 8283, Ley para el Financiamiento y Desarrollo de Equipos de Apoyo para la Formación de Estudiantes con Discapacidad Matriculados en III y IV Ciclos de la Educación Regular y de los Servicios de III y IV Ciclos de Educación Especial, de 28 de mayo de 2002.

El MEP deberá establecer los mecanismos de control y fiscalización tendientes a verificar la correcta utilización y destino de todos los recursos públicos otorgados a las asociaciones y demás beneficiarias de los recursos aquí dispuestos.

El MEP deberá establecer los mecanismos de control tendientes a verificar la correcta utilización y destino de todos los recursos públicos destinados en la presente ley.

El MEP deberá establecer la utilización de los principios de contratación administrativa, para las contrataciones que se realicen utilizando estos recursos, según lo establecido en la Ley Nº 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995.

Para verificar la información suministrada sobre el uso de dichos recursos, las organizaciones beneficiarias deberán llevar registros contables por separado y detallar los programas en los que se han invertido los recursos.

Además, deberán presentar ante el MEP y la Contraloría General de la República, para su control y fiscalización, la liquidación anual de los gastos que se financien con los recursos entregados, con el fin de facilitar el control y la fiscalización oportuna.

Tanto la Contraloría General de la República como el MEP tendrán acceso a la documentación y demás información que revele aspectos sobre la correcta administración y el uso apropiado de los recursos depositados a las organizaciones, asociaciones y comités.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, el MEP podrá suspender la entrega de los recursos a las organizaciones beneficiarias y solicitar su devolución, en caso de que incurran en cualquiera de las siguientes faltas:

1. Suministrar información alterada o falsa.

2. Cambiar el destino de los recursos o hacer uso indebido de estos.

3. Negarse a suministrar información pertinente que le sirva al MEP o a la Contraloría General de la República para verificar la información correspondiente sobre el uso de los recursos entregados.

4. No brindar los servicios para los cuales se han asignado los recursos.

5. No cumplir con los principios de contratación administrativa que establezca el MEP.

6. Incumplir con los lineamientos que establezca la Contraloría General de la República para el uso de los recursos públicos.

Para ejecutar las sanciones indicadas, se acudirá al procedimiento administrativo establecido en la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.

La Contraloría General de la República por incumplimientos de las normas establecidas en este inciso y con base en sus competencias de fiscalización sobre los fondos públicos entregados a sujetos privados, luego del debido proceso, podrá facultar al MEP para suspender, según la gravedad de la violación cometida, la entrega de recursos a los sujetos beneficiarios. En este supuesto, a solicitud del MEP, podrá autorizar la redistribución de estos recursos suspendidos a los otros beneficiarios indicados en este inciso. Esta distribución será de forma proporcional con respecto a los porcentajes establecidos en esta norma. Lo anterior sin detrimento de las otras sanciones que pueda establecer el ordenamiento jurídico.

(*) (Así reformado el inciso e) anterior por el artículo 19 de la ley N° 9739 del 5 de noviembre del 2019, "Reformas para la inclusión al deporte y la recreación de las personas con discapacidad")

f) Cien millones de colones (100.000.000,00) a los patronatos escolares de las escuelas de atención prioritaria o urbano marginales, para la adquisición de material didáctico, alimentación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa.

g) El resto de los recursos se asignará libremente.

El Ministerio de Hacienda estará obligado a incluir, en el proyecto de ley de presupuesto ordinario de la República, los aportes previstos en los incisos a), b), c), d), e) y f) anteriores.

Prohíbese la subejecución del presupuesto en esta materia. Estos recursos no estarán sujetos a las directrices emitidas por el Poder Ejecutivo en materia de restricción de gasto público.

Los recursos deberán ser girados en tractos trimestrales por las autoridades competentes y los montos se ajustarán anualmente, conforme al índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

ARTÍCULO 15

Los recursos referidos en el inciso a) del artículo 14 de la presente ley serán asignados, vía transferencia del Ministerio de Hacienda, en la siguiente forma:

a) Un treinta y uno por ciento (31%) de los recursos será asignado al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, para la operación y el mantenimiento con miras a mejorar la calidad de atención de los hogares, albergues y centros diurnos de atención de ancianos, públicos o privados, para financiar programas de atención, rehabilitación o tratamiento de personas adultas mayores en estado de necesidad o indigencia, así como para financiar programas de organización, promoción, educación y capacitación que potencien las capacidades del adulto mayor, mejoren su calidad de vida y estimulen su permanencia en la familia y su comunidad.

Estos programas podrán ser ejecutados por entidades o instituciones públicas o privadas. Los recursos se distribuirán así:

1.- Un monto anual de setenta y cinco millones de colones ((75.000.000,00) para financiar programas de atención, rehabilitación o tratamiento de personas adultas mayores en estado de necesidad o indigencia, realizados por instituciones públicas o privadas. Este monto se ajustará anualmente, según el índice de precios al consumidor fijado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

2.- Un monto anual de ciento veinticinco millones de colones ((125.000.000,00) para financiar programas de organización, promoción, educación y capacitación que potencien las capacidades del adulto mayor, mejoren su calidad de vida y estimulen su permanencia en la familia y su comunidad. Este monto se ajustará anualmente de conformidad con el índice de precios al consumidor fijado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

3.- El resto de los recursos se distribuirá proporcionalmente entre los hogares, albergues y centros diurnos de atención de ancianos, de acuerdo con el número de beneficiarios que cada uno atienda. Para realizar esta distribución, cada persona institucionalizada en un hogar de ancianos representará una unidad; cada persona institucionalizada en un albergue de ancianos representará el setenta y cinco por ciento (75%) de esa unidad y cada persona institucionalizada en un centro diurno de atención al anciano representará el cuarenta por ciento (40%) de la unidad.

b) Un veintiséis por ciento (26%) de los recursos será asignado al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para financiar programas de atención, albergue, rehabilitación o tratamiento de niñas y niños discapacitados o en riesgo social, incluso los agredidos que requieran tratamiento integral. Estos programas podrán ser realizados por instituciones o entidades, públicas o privadas.

Del total de los recursos destinados al PANI, deberá contribuir a financiar el establecimiento y mantenimiento de un centro de atención para menores abandonados o en riesgo social en la provincia de Guanacaste.

(Nota de Sinalevi: Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 011172 del 17 de junio del 2020, se declaró inconstitucional la omisión de la Asamblea Legislativa de no incluir la totalidad del monto presupuestado por el Poder Ejecutivo, definido en el inciso b) anterior)

c) Un quince por ciento (15%) de los recursos será asignado al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) para financiar programas de atención, albergue, rehabilitación o tratamiento de personas con problemas de alcoholismo y farmacodependencia, así como de personas fumadoras, realizados por instituciones o entidades públicas o privadas.

De este porcentaje, un dos y medio por ciento (2,5%) será girado en partes iguales a favor de la Asociación Misionera Club de Paz, cédula jurídica No. 3-002-092400 y a la Asociación Ejército de Salvación, cédula jurídica No. 3-002-045556. Estas sumas sólo podrán ser utilizadas en programas de baño, alimentación y dormitorio para la población alcohólica y farmacodependiente menesterosa e indigente.

Del total de los recursos destinados al IAFA, este deberá financiar el establecimiento y mantenimiento de albergues para el tratamiento de las mujeres drogadictas en las provincias de Limón y Puntarenas.

d) Un siete por ciento (7%) de los recursos será asignado al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia para financiar, en coordinación con el Ministerio de Educación Pública y el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, programas de difusión, educación y prevención tendientes a evitar el fumado, la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, el uso de sustancias adictivas de uso no medicinal o el consumo abusivo de fármacos o medicamentos (psicofármacos), si tales programas son realizados por instituciones o entidades públicas o privadas.

e) Un cinco y medio por ciento (5,5%) de los recursos será asignado a los comités auxiliares de la Cruz Roja Costarricense.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 6 de la Ley N° 8563 del 30 de enero de 2007)

f) Un cinco por ciento (5%) de los recursos será asignado al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), de los cuales al menos el cero coma cinco por ciento (0,5%) será destinado a la implementación y ejecución del Programa para la Promoción de la Autonomía de las Personas con Discapacidad."

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 42 de la Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, N° 9379 del 18 de agosto de 2016)

g) Un ocho por ciento (8%) de los recursos será asignado a la Fundación Ayúdanos para Ayudar, cédula jurídica No. 3-006-109117-31, para que se utilice únicamente en el Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura.

h) Un dos y medio por ciento (2,5%) de los recursos será asignado a la Fundación Mundo de Oportunidades, titular de la cédula jurídica número No. 3-006-227840, para financiar el proyecto de creación, construcción y mantenimiento de un centro de recursos destinado a velar por las necesidades de la población discapacitada.

(Mediante el artículo 34 de la Ley N° 8261 de 2 de mayodel 2002, Ley General de la Persona Joven, se sustituye el término MovimientoNacional de Juventudes, por el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven)

ARTÍCULO 16

Cada institución aludida en los incisos c), d), e) y f) del artículo 14 y en el artículo 15 de esta ley será responsable de administrar los recursos asignados. Con este fin, deberá abrir una cuenta especial por cada rubro asignado y llevar registros contables independientes.

Aparte de los recursos señalados en los artículos 14 y 15 de esta ley, las cuentas especiales también podrán ser engrosadas por lo siguiente:

a) Otras partidas incluidas en el presupuesto ordinario o los presupuestos extraordinarios de la República, así como en sus modificaciones.

b) Donaciones, legados o herencias que se les asignen.

c) Ayudas económicas facilitadas por entidades o gobiernos extranjeros y organismos internacionales.

(De acuerdo con el dictamen C-118-2014 del 19 de abril de 2004, Conclusión 8va., las normas contenidas en los artículos 16 y 17 referentes a la recaudación y administración de fondos que señala la Ley de Impuestos sobre Cigarrillos y Licores para financiar el Plan de Protección Social, N° 7972 de 22 de diciembre de 1999, deben entenderse como modificadas tácitamente por lo establecido en el artículo 66 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No.8131 de 18 de setiembre de 2001, en aplicación del Principio de Caja Única del Estado)

ARTÍCULO 17

Los recursos asignados en virtud de lo dispuesto en los

incisos a), c), d), e) y f) del artículo 14 y en los artículos 15 y 16 de

esta ley, se usarán y ejecutarán según las siguientes disposiciones

generales:

a) Los recursos se destinarán únicamente a financiar lo dispuesto en

los incisos c), d), e) y f) del artículo 14 y en el artículo 15 de la

presente ley. La institución administradora de los fondos no podrá

destinarlos a gastos operativos ni administrativos propios.

b) Las instituciones citadas en los incisos c), d), e) y f) del

artículo 14 y en el artículo 15, podrán ejecutar los recursos directamente

o por medio de convenios suscritos con otras entidades o instituciones,

públicas o privadas, según la presente ley y su reglamento. La Contraloría

General de la República deberá refrendar dichos convenios antes de ser

ejecutados, conforme al artículo 20 de la Ley No. 7428, de 7 de setiembre

de 1994.

c) Las instituciones indicadas en los incisos c), d), e) y f) del

artículo 14 y en el artículo 15 de la presente ley, deberán presentar,

ante la Contraloría General de la República y la Defensoría de los

Habitantes, una evaluación anual que incluya, al menos, una síntesis de

los programas financiados, los resultados obtenidos y los estados

financieros debidamente auditados.

d) Las instituciones mencionadas en los incisos c), d), e) y f) del

artículo 14 y en el artículo 15 de esta ley, velarán porque los fondos

asignados a ellas no permanezcan ociosos desde su ingreso a las cuentas

especiales descritas en el artículo anterior hasta su giro efectivo o

utilización.

Para ello, podrán invertir estos fondos solo en instrumentos

bursátiles de carácter público estatal y deberán invertirlos por medio de

contratos de administración bursátil que les garanticen la propiedad de

los títulos valores adquiridos, utilizando la intermediación de los

puestos de bolsa que cumplan los requisitos fijados para las inversiones

de las entidades del sector público que dicte el Poder Ejecutivo mediante

reglamento. Las instituciones aquí referidas designarán una entidad para

la custodia de valores y efectivo, perteneciente a un banco estatal,

distinto del puesto de bolsa contratado. Esta entidad deberá cumplir con

los requisitos que dispongan los reglamentos de la Superintendencia

General de Valores. Todo lo anterior se realizará guardando las

precauciones pertinentes para no afectar la liquidez de la cuenta

respectiva y con el objetivo de repartir todos los recursos girados en

virtud de esta ley.

(De acuerdo con el dictamen C-118-2014 del 19 de abril de 2004, Conclusión 8va., las normas contenidas en los artículos 16 y 17 referentes a la recaudación y administración de fondos que señala la Ley de Impuestos sobre Cigarrillos y Licores para financiar el Plan de Protección Social, N° 7972 de 22 de diciembre de 1999, deben entenderse como modificadas tácitamente por lo establecido en el artículo 66 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No.8131 de 18 de setiembre de 2001, en aplicación del Principio de Caja Única del Estado)

ARTÍCULO 18

El uso, la inversión y la distribución de los fondos descritos en este capítulo estarán sujetos a la supervisión de la Contraloría General de la República y de la Superintendencia General de Valores, en lo atinente a las competencias de esta última

En virtud de lo dispuesto en esta Ley, solo podrán girarse dineros a las entidades privadas cuando no tengan fines de lucro, posean personería jurídica vigente y hayan sido declaradas de bienestar social por el Instituto Mixto de Ayuda Social y previamente calificadas por la administración concedente respectiva como entidades privadas idóneas para administrar fondos públicos; para ello, tanto su organización administrativa y contable, como sus controles internos deberán ajustarse a las normas legales, los reglamentos vigentes y los manuales técnicos y contables emitidos por la Contraloría General de la República, para el uso correcto de los recursos públicos. En todo caso, también les será aplicable lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley orgánica de la Contraloría General de la República, N.º 7428, de 7 de setiembre de 1994.

(Así reformado por el artículo 45° de la ley N° 8823 del 5 de mayo de 2010)

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 19

El impuesto único referido en el artículo 6 de la Ley

No. 7012, de 4 de noviembre de 1985, y sus reformas, para bebidas

alcohólicas, cigarrillos, cigarros y puros que se comercialicen en el

Depósito Libre Comercial de Golfito, tanto los de producción nacional como

los extranjeros, será equivalente a un treinta por ciento (30%) de la

carga tributaria de una importación ordinaria o un treinta por ciento

(30%) de la carga tributaria que recae sobre la producción nacional.

ARTÍCULO 20

Deróganse los siguientes tributos:

a) El Impuesto al activo de las empresas, creado mediante el artículo

88 de la Ley No. 7092, de 21 de abril de 1988 y sus reformas.

b) El impuesto ad-valórem a las exportaciones, creado en el artículo

3 de la Ley No. 5519, de 24 de abril de 1974, y sus reformas.

ARTÍCULO 21

Esta ley no deroga ninguna disposición legal anterior

que imponga cargas tributarias al consumo, precio, valor, venta, traspaso,

canje, permuta, importación, internación, exportación, distribución,

comercialización, donación o producción de bebidas alcohólicas,

cigarrillos, cigarros y puros.

ARTÍCULO 22

El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, incorporará en el presupuesto ordinario y extraordinario de la República, a favor del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, los recursos que esta institución deje de percibir como consecuencia directa de la disminución en la tarifa del impuesto selectivo de consumo a las bebidas alcohólicas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

TRANSITORIO ÚNICO

Mientras no se promulgue el reglamento de esta ley, la inscripción y la aplicación del formulario para que declaren los productores nacionales contribuyentes del impuesto creado en esta ley, se regirá por lo dispuesto en la Ley No. 4961, de 10 de marzo de 1972 y sus reformas.

*Rige a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley.

*(NOTA: Por Resolución N° 2123-2000, de las nueve horas del diez de marzo del dos mil, la Sala Constitucional considera que es a partir del 01 de febrero de 2000 que esta ley entra en vigencia.

Por lo tanto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta ley rige a partir del 01 de febrero de 2000).

TRANSITORIO

Los recursos dispuestos en la Ley N.º 7972, Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos para Financiar un Plan Integral de Protección y Amparo de la Población Adulta Mayor, Niñas y Niños en Riesgo Social, Personas Discapacitadas Abandonadas, Rehabilitación de Alcohólicos y Farmacodependientes, Apoyo a las Labores de la Cruz Roja y Derogación de Impuestos Menores sobre las Actividades Agrícolas y su Consecuente Sustitución, de 22 de diciembre de 1999, para el Comité Paralímpico Nacional, serán destinados y administrados por el Comité Olímpico Nacional mientras no haya entrado en funciones el Comité Paralímpico Nacional de Costa Rica. El Comité Olímpico Nacional deberá rendir cuentas de lo actuado en pro del deporte paralímpico, incluyendo las gestiones y coordinaciones relativas a la participación de Costa Rica en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 9793 del 2 de diciembre de 2019)