Ley contra el Sicariato — Adición de los Artículos 112 bis y 280 bis al Código Penal en Costa Rica (Ley N° 10841)

La Ley N.° 10841, conocida como Ley contra el Sicariato, constituye una reforma estructural del Código Penal costarricense al incorporar los artículos 112 bis y 280 bis. Su promulgación responde a la necesidad de dotar al ordenamiento jurídico de herramientas específicas para combatir la criminalidad organizada que se manifiesta a través de homicidios por encargo. Al reconocer la gravedad de estos delitos, la norma refuerza el principio de protección a la vida como pilar fundamental del derecho penal. Esta incorporación se inscribe dentro de la política estatal de garantizar la seguridad ciudadana y la integridad del orden público.

La normativa regula, en primer lugar, la conducta de quien, en razón de su pertenencia o participación en una organización criminal, cause la muerte de otra persona mediante un encargo remunerado. En segundo término, establece sanciones para quienes, de forma pública, soliciten, ofrezcan o promuevan servicios de homicidio por sicariato, así como para quienes ofrezcan entrenamiento o preparación para tales actos. Asimismo, la ley delimita el ámbito de responsabilidad penal tanto para los ejecutores como para los promotores de estos crímenes. De esta manera, se cubren todas las fases del delito, desde la planificación hasta la ejecución.

Entre los aspectos fundamentales destaca la imposición de penas de prisión que oscilan entre veinte y cuarenta años para los autores materiales del homicidio por sicariato. Para los promotores y ofertantes públicos, la pena prevista es de tres a cinco años, extendiéndose también a quienes brinden entrenamiento especializado. La redacción de los artículos enfatiza la condición de remuneración o promesa remuneratoria como elemento calificativo del delito. Además, la norma establece su vigencia a partir de su publicación, garantizando una aplicación inmediata y preventiva.

Para los profesionales del derecho, la Ley contra el Sicariato representa una herramienta esencial en la lucha contra la violencia extrema y la criminalidad organizada, requiriendo una interpretación cuidadosa de sus alcances y límites. Los jueces, fiscales y defensores deben estar familiarizados con los criterios de prueba y la tipicidad de los actos descritos para asegurar una correcta aplicación de las sanciones. Para la ciudadanía, la existencia de esta legislación refuerza la confianza en que el Estado persigue activamente la erradicación de los homicidios por encargo. En conjunto, la norma contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales en Costa Rica.

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Referencias Bibliográficas

• Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2026). Código Penal de Costa Rica (Ley n.° 4573). Versión consolidada vigente al 22 de enero de 2026. Biblioteca Jurídica del Bufete de Costa Rica. https://bufetedecostarica.com/codigo-penal-de-costa-rica-4573/