La Ley N.° 10981, Ley de Creación del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, crea esa cartera ministerial para que ejerza la rectoría política en materia de vivienda, de ordenamiento territorial y de gestión integrada de los asentamientos humanos. Emitirá las políticas, los reglamentos y las directrices del sector, en coordinación con las demás instituciones públicas.
La ley enumera las funciones del Ministerio, entre ellas formular políticas de vivienda, emitir directrices para priorizar los recursos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, coordinar con los gobiernos locales y administrar el Sistema de Información de Terrenos del Estado (SITE). Define también que la máxima autoridad es el ministro o ministra, enumera sus atribuciones y detalla los aportes con que se financiará el Ministerio.
Ley de Creación del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Ley N.° 10981)
Descargar PDFBufete de Costa Rica
En sus últimos artículos la ley deroga un inciso de la Ley 1788 y adiciona incisos a la Ley 7052 y a la Ley 6227, y sus tres transitorios protegen a las personas servidoras públicas actuales, mantienen el sistema de financiamiento vigente y dan seis meses para reglamentar la organización del Ministerio. Se publicó en el Alcance N.° 153 a La Gaceta N.° 218 del 17 de noviembre de 2026 y rige a partir de su publicación.
N° 10981
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY DE CREACIÓN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
Creación
Se crea el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, como cartera ministerial, para que ejerza la rectoría política en la generación de orientaciones estratégicas, mecanismos de coordinación, verificación y control en materia de vivienda, de ordenamiento territorial y la gestión integrada de los asentamientos humanos.
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos emitirá las políticas, los reglamentos y las directrices en vivienda, ordenamiento territorial y asentamientos humanos, en función de las necesidades y demandas de los distintos estratos socioeconómicos, con el propósito de facilitar el acceso a vivienda a la población costarricense, en coordinación con las diferentes instituciones públicas, según las competencias asignadas a cada entidad.
Funciones y Atribuciones del Ministerio
Son funciones del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, aparte de las que otras leyes y reglamentos señalen en el cumplimiento de sus fines, las siguientes:
a) Formular propuestas de políticas, lineamientos y directrices sociales y físico espaciales, así como modelos de intervención y evaluación, con el propósito de garantizar mayor eficiencia y eficacia en la atención de las necesidades de vivienda de los habitantes del país.
b) Contribuir al ordenamiento del territorio nacional, mediante la generación de lineamientos, orientaciones estratégicas, instrumentos y mecanismos que busquen la gestión integrada de los asentamientos humanos, a fin de lograr el desarrollo de la población que procure la equidad, dentro de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
c) Orientar la gestión integrada del territorio mediante la promoción de intervenciones que aprovechen el procesamiento de información estratégica y el uso de herramientas geotecnológicas eficaces, para impulsar un desarrollo más eficiente y equilibrado, que redunde en mayor desarrollo de los asentamientos humanos.
d) Velar por que las políticas y los planes de vivienda y asentamientos humanos se formulen en correspondencia con los planes nacionales de desarrollo, en observancia de la protección del medio ambiente.
e) Promover la atención de las necesidades de vivienda, asentamientos humanos, planificación urbana y de gestión integral del territorio.
f) Promover y propiciar convenios con organizaciones nacionales, gobiernos y organismos internacionales relacionados con programas de vivienda y asentamientos humanos.
g) Coordinar con los gobiernos locales programas de desarrollo de asentamientos humanos inclusivos, polifuncionales y sostenibles, así como la priorización de las necesidades residenciales locales, principalmente la eliminación de asentamientos informales, la construcción de viviendas para personas en condición de vulnerabilidad económica y social, así como la satisfacción de la demanda de vivienda de clase media.
h) Emitir directrices para la priorización de los recursos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, necesarios para el cumplimiento de las políticas, los planes y programas de vivienda y asentamientos humanos, respondiendo a criterios de eficiencia y eficacia social, equidad de género, sostenibilidad, pertenencia cultural, accesibilidad, calidad de la vivienda y gestión integral del territorio.
i) Solicitar periódicamente a las instituciones bajo su rectoría información, reportes, datos y estadísticas, con el fin de establecer bases de datos e información confiable y útil para construir políticas públicas, lineamientos, reglamentos o directrices basados en elementos técnicos y datos actualizados; propiciando la toma de decisiones responsable y basada en evidencia. Lo anterior en apego a lo dispuesto en la Ley 8968, Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, del 7 de julio de 2011.
j) Definir las tipologías de vivienda de interés social por medio de lineamientos o reglamentos; para ello deberá basarse en criterios técnicos y científicos, considerando las condiciones climáticas del lugar y culturales de la población beneficiaria, para lo cual podrá apoyarse en estudios e investigaciones que realicen las universidades públicas.
k) Elaborar las políticas públicas relacionadas con desarrollo urbano, asentamientos humanos y vivienda, para lo cual deberá trabajar de forma conjunta con todas las instituciones del sector, según las competencias de cada entidad, así como establecer mecanismos de participación ciudadana para la elaboración de las políticas.
I) Administrar el Sistema de Información de Terrenos del Estado (SITE), para lo cual todas las instituciones públicas, autónomas, centralizadas o descentralizadas facilitarán la información actualizada de sus inmuebles al Ministerio para crear y actualizar la base de datos de este sistema.
m) Coordinar la gestión interinstitucional en materia de vivienda, ordenamiento territorial y asentamientos humanos, como medio para concertar esfuerzos del sector y dirigirlos hacia una acción común.
n) Incorporar de manera transversal criterios de adaptación al cambio climático, gestión del riesgo y resiliencia territorial en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, los planes y programas de vivienda y asentamientos humanos.
ñ) El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, en el ejercicio de sus competencias, deberá garantizar que todas las políticas, los planes, programas y las directrices en materia de vivienda, ordenamiento territorial y asentamientos humanos incorporen de manera transversal los lineamientos de la variable social, con el fin de generar comunidades organizadas, seguras, solidarias, inclusivas, amigables con el ambiente, articuladas con su entorno y gobierno local, y que le den sostenibilidad a la inversión pública en vivienda e infraestructura, promoviendo con ello el mejoramiento de su calidad de vida.
Organización del Ministerio
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos deberá contar con la organización administrativa interna que sea necesaria para cumplir sus fines, en concordancia con la legislación correspondiente.
El ministro o ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos será la máxima autoridad del Ministerio y contará con el apoyo de los órganos y dependencias necesarias para el cumplimiento de sus fines, acorde con la legislación y políticas que regulan la materia.
Son atribuciones del ministro o ministra las siguientes:
a) Dirigir las políticas del Ministerio y avalar las inversiones y ejecuciones presupuestarias, de conformidad con los planes operativos y estratégicos de la institución.
b) Organizar, vía reglamento, las dependencias y servicios del Ministerio.
c) Presentar el presupuesto anual del Ministerio y los presupuestos extraordinarios al Ministerio de Hacienda, y defender la aprobación respectiva en la Asamblea Legislativa.
d) Nombrar y remover cuando proceda, de conformidad con los lineamientos de la Dirección General de Servicio Civil, al recurso humano del Ministerio y asignarles sus funciones y deberes dentro de las prescripciones de la presente ley.
e) Proponer a la Asamblea Legislativa, conjuntamente con la Presidencia de la República, los proyectos de ley que a su juicio sean necesarios para solucionar los problemas de vivienda, asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
f) Someter ante el Poder Ejecutivo los reglamentos internos y externos necesarios para el mejor desarrollo de los fines del Ministerio.
g) Ejercer todas las demás funciones, facultades y deberes que le correspondan, de acuerdo con las leyes y, en general, la superior fiscalización de los servicios y funciones encargados por esta ley al Ministerio, y adoptar todas las demás resoluciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.
Financiamiento del Ministerio
El Ministerio recibirá los siguientes aportes:
a) El que se establezca en la ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República de cada año.
b) Donaciones, cesiones a título gratuito y otros aportes de entes públicos y privados, nacionales o extranjeros.
c) Los fondos que reciba mediante convenios con entidades de desarrollo.
d) Las transferencias que realice el Poder Ejecutivo.
El Ministerio podrá hacer uso de sus recursos ordinarios o extraordinarios bajo la modalidad de presupuesto anual, suscribir contratos para la formalización de estructuras asociativas público-privadas, acceder a fondos nacionales e internacionales, donaciones y captación de recursos de la cooperación internacional.
Reformas de otras leyes
Se deroga el inciso f) del artículo 5 de la Ley 1788, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, del 24 de agosto de 1954.
Se adiciona un inciso ñ) al artículo 6 de la Ley 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banhvi (Banco Hipotecario de la Vivienda), del 13 de noviembre de 1968. El texto es el siguiente:
Artículo 6- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) tendrá las siguientes atribuciones y funciones:
(...)
ñ) Remitir al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos los informes, estudios, datos, comunicados, reportes, análisis técnicos y cualquier otra documentación que solicite el ente rector para evaluar el cumplimiento de sus políticas y lineamientos. Quedan excluidos de esa información aquellos datos respecto de los cuales existe un deber legal de confidencialidad bancaria, según lo regulado en el Código de Comercio y en la Ley 8968, Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, del 7 de julio de 2011.
Se adiciona un inciso o) al artículo 23 de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, del 2 de mayo de 1978. El texto es el siguiente:
Artículo 23-
(…)
o) Vivienda y Asentamientos Humanos.
Todas las personas servidoras públicas actuales del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos mantendrán sus puestos y derechos laborales adquiridos.
El actual sistema de financiamiento del Mivah se mantendrá
con la aprobación de este proyecto, para que el Ministerio continúe operando a derecho.
Para efectos de la reglamentación de la organización del Ministerio y su proceso de constitución, se habilitará un plazo de seis meses a partir de la publicación de la presente ley.
Rige a partir de su publicación.
El artículo 1 crea el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos como cartera ministerial. Su fin es ejercer la rectoría política en la generación de orientaciones estratégicas, mecanismos de coordinación, verificación y control en materia de vivienda, de ordenamiento territorial y de gestión integrada de los asentamientos humanos.
Según el artículo 2, el Ministerio emitirá las políticas, los reglamentos y las directrices en vivienda, ordenamiento territorial y asentamientos humanos, en función de las necesidades y demandas de los distintos estratos socioeconómicos. El propósito es facilitar el acceso a vivienda a la población costarricense, en coordinación con las instituciones públicas, según las competencias de cada entidad.
El artículo 3 las enumera en varios incisos. Entre ellas: formular políticas, lineamientos y directrices para atender las necesidades de vivienda; contribuir al ordenamiento del territorio nacional; promover convenios con organizaciones, gobiernos y organismos internacionales; coordinar con los gobiernos locales programas de asentamientos humanos; y coordinar la gestión interinstitucional del sector. Son funciones adicionales a las que otras leyes y reglamentos le señalen.
Según el artículo 3, le corresponde al Ministerio definir las tipologías de vivienda de interés social por medio de lineamientos o reglamentos. Para ello debe basarse en criterios técnicos y científicos, considerando las condiciones climáticas del lugar y culturales de la población beneficiaria, y puede apoyarse en estudios e investigaciones que realicen las universidades públicas.
El artículo 3 encarga al Ministerio administrar el Sistema de Información de Terrenos del Estado (SITE). Todas las instituciones públicas, autónomas, centralizadas o descentralizadas, deben facilitar al Ministerio la información actualizada de sus inmuebles para crear y actualizar la base de datos de ese sistema.
El artículo 5 establece que el ministro o ministra es la máxima autoridad del Ministerio. Según el artículo 6, le corresponde, entre otras cosas, dirigir las políticas del Ministerio, organizar por vía reglamentaria sus dependencias y servicios, presentar el presupuesto anual al Ministerio de Hacienda, nombrar y remover al recurso humano conforme a los lineamientos de la Dirección General de Servicio Civil, y someter al Poder Ejecutivo los reglamentos necesarios.
El artículo 7 señala cuatro aportes: lo que se establezca en la ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República de cada año; donaciones, cesiones a título gratuito y otros aportes de entes públicos y privados, nacionales o extranjeros; los fondos que reciba mediante convenios con entidades de desarrollo; y las transferencias del Poder Ejecutivo. Además, podrá suscribir contratos para estructuras asociativas público-privadas y captar recursos de la cooperación internacional.
El artículo 8 deroga el inciso f) del numeral 5 de la Ley 1788, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. El artículo 9 adiciona un inciso al numeral 6 de la Ley 7052, del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y creación del Banhvi. El artículo 10 adiciona un inciso o) al numeral 23 de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, con el texto «Vivienda y Asentamientos Humanos».
Según el artículo 9, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) deberá remitir al Ministerio los informes, estudios, datos, comunicados, reportes, análisis técnicos y cualquier otra documentación que solicite el ente rector para evaluar el cumplimiento de sus políticas y lineamientos. Quedan excluidos los datos sujetos a un deber legal de confidencialidad bancaria, según el Código de Comercio y la Ley 8968, de protección de datos personales.
El transitorio I dispone que todas las personas servidoras públicas actuales del Ministerio mantendrán sus puestos y derechos laborales adquiridos. El transitorio II mantiene el actual sistema de financiamiento del Mivah, para que el Ministerio continúe operando a derecho. El transitorio III habilita un plazo de seis meses a partir de la publicación de la ley para reglamentar la organización del Ministerio y su proceso de constitución.
¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.
Dictamen jurídico sobre la masacre cometida en el Cerro San Miguel de Alajuelita el Domingo de Ramos de 1986: siete víctimas —una mujer adulta y seis menores de edad—; una sentencia condenatoria (1989) anulada en 1990 por graves irregularidades —entre ellas, indicios de tortura para obtener la confesión del adolescente…
Leer dictamen completo →Consulta profesional
La justicia tiene precio.
Honorario profesional
₡102.548 IVAi por hora — arancel del Colegio de Abogados. SINPE Móvil o transferencia, antes de la cita. No reembolsable.
¿Puede cubrir este honorario?
La justicia tiene precio.
Le agradecemos su interés
Hemos preparado una guía sobre los Consultorios Jurídicos gratuitos disponibles para usted: Colegio de Abogados, Defensa Pública, UCR, ULatina y otros.
Esta ventana se cerrará automáticamente en 20 segundos.