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Ley de Consultorios Jurídicos o Trabajo Comunal en Costa Rica (Ley N° 4775)

Bufete de Costa Rica 

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Actualización Legislativa: 05/09/1979

La Ley de los Consultorios Jurídicos o Trabajo Comunal, N.º 4775, constituye un pilar del sistema de acceso a la justicia en Costa Rica, al consagrar el principio de solidaridad social como fundamento del derecho a la defensa gratuita. Su creación responde a la necesidad de garantizar que los sectores de menores ingresos, exentos de presentar declaración de renta, puedan obtener asistencia jurídica y notarial sin costo alguno. Al integrar a las universidades, particularmente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, la norma fomenta la formación práctica de futuros abogados mientras brinda un servicio esencial a la comunidad. De este modo, la ley se inserta en el ordenamiento jurídico como un mecanismo de política pública que equilibra derechos individuales y responsabilidad colectiva.

La normativa regula la prestación de servicios gratuitos de abogacía y notariado, la exención de timbres, tasas e impuestos en los trámites gestionados por los consultorios, y la ausencia de obligación de fianza de costas para los usuarios. Asimismo, establece la utilización de papel común y la gratuidad de publicaciones oficiales, garantizando una mayor eficiencia y menor carga económica en los procesos judiciales y administrativos. La ley también contempla la designación de curadores ad litem y jueces ejecutores sin honorarios, bajo la dirección de defensores públicos. Finalmente, otorga a los estudiantes de derecho la posibilidad de comparecer en diligencias y representar a las partes bajo la supervisión del director del consultorio.

Ley de Consultorios Jurídicos o Trabajo Comunal en Costa Rica (Ley N° 4775)

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Bufete de Costa Rica

Entre los aspectos fundamentales destacan la definición de beneficiarios según el Artículo 1º, la eliminación de gravámenes en documentos y gestiones (Art. 2º), y la normativa que permite la designación gratuita de curadores y jueces ejecutores (Art. 3º). El Artículo 4º regula la participación activa de los estudiantes, quienes pueden actuar con las mismas atribuciones que el director del consultorio siempre que cuenten con la certificación correspondiente. Estas disposiciones buscan no solo aliviar la carga económica de los usuarios, sino también fortalecer la práctica jurídica académica y la calidad del servicio ofrecido. La regla de extensión de beneficios a estudiantes de cualquier universidad nacional refuerza el carácter inclusivo y de alcance nacional de la ley.

En la actualidad, la Ley N.º 4775 sigue siendo una herramienta clave para profesionales del derecho que desean combinar su formación con la prestación de servicios comunitarios, y para ciudadanos que requieren asistencia legal sin recursos. La exención de costos y la posibilidad de contar con representación estudiantil garantizan una mayor equidad en el acceso a la justicia, especialmente en casos de menor complejidad. Además, la normativa fomenta la colaboración interinstitucional entre el sector académico y el judicial, generando sinergias que mejoran la eficiencia procesal. Por tanto, su observancia y desarrollo continúan siendo esenciales para consolidar un sistema jurídico más justo y accesible.

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Ley de los Consultorios Jurídicos o Trabajo Comunal

NOTA DE SIN ALEVI: Esta ley fue reformada por la Ley N° 6369 de 5 de setiembre de 1979, por lo que se reproduce su texto a continuación:

ARTÍCULO 1º

Las personas que, por el monto de sus ingresos anuales no estén obligadas a presentar declaración, según establezca la Ley del Impuesto sobre la Renta, tendrán derecho a obtener servicios gratuitos de abogacía y notariado en los consultorios jurídicos que ha establecido y establezca la Universidad de Costa Rica, de acuerdo con la reglamentación que al efecto se dicte.

(Mediante resolución de la Sala Constitucional N°5420-01 de las 15:16 horas del 20/06/2001: Se interpretó que este artículo no es inconstitucional y tiene como fin cumplir con el principio de solidaridad social; razón por la cual nada impide que las universidades privadas contemplen en los programas de las respectivas carreras de Derecho cursos que cumplan esa misma función. En consecuencia, debe entenderse que las ventajas académicas y profesionales que poseen los estudiantes de la Universidad de Costa Rica se deben de entender de manera extensiva para todo estudiante de derecho de cualquier otra universidad nacional sea pública o privada. Por otra parte, las ventajas económicas y de exoneración fiscal, son dispuestas de manera exclusiva para la Universidad de Costa Rica porque así lo estableció el legislador y ello no resulta contrario al derecho de la Constitución. También debe ser entendido de manera extensiva la función consultiva y de asesoría jurídica que pueden llevar todas las Universidades públicas o privadas por medio de los consultorios jurídicos, pues para eso en la práctica no existe limitación alguna)

ARTÍCULO 2º

En todas las gestiones judiciales y administrativas que se hagan por medio de los consultorios jurídicos se usará papel común. Ellas y toda certificación que se solicite a las oficinas públicas y privadas estarán exentas de cualquier clase de timbres, tasas o impuestos, presentes y futuros, lo mismo que los documentos inscribibles o no inscribibles en los Registros. Las personas que litiguen bajo la dirección de alguno de los consultorios no estarán obligadas a rendir fianza de costas. Las publicaciones que deban hacerse en los diarios oficiales serán gratuitas. Gozarán de franquicia postal y telegráfica, en el cumplimiento de sus fines.

ARTÍCULO 3º

Cuando en algún juicio atendido por los consultorios jurídicos hubiere que designar Curador ad litem, a falta de alguna de las personas a que se refiere el artículo 50 del Código Civil, la elección la hará el juez en un defensor público. Igual regla se seguirá cuando hubiese que nombrar juez ejecutor para realizar alguna diligencia judicial. El designado no podrá cobrar honorarios; el cargo es obligatorio y estará sujeto a las obligaciones que le fija la Ley de Defensores Públicos.

ARTÍCULO 4º

Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica que, conforme al reglamento respectivo, estuvieren asistiendo a un consultorio jurídico, podrán comparecer a las diligencias de prueba y debates de los juicios de cualquier clase, que estén a su cargo y representar allí a la parte cuyos intereses defiende el consultorio. Actuarán con las mismas atribuciones del Director del Consultorio a quien la parte le haya otorgado poder o designado abogado defensor. Los estudiantes acreditarán su carácter, con certificación extendida por el Director del Consultorio, bajo su responsabilidad. El documento será extendido para cada juicio y podrá ser revocado en cualquier momento por el Director.

(Mediante resolución de la Sala Constitucional N°5420-01 de las 15:16 horas del 20/06/2001: Se interpretó que este artículo no es inconstitucional y tiene como fin cumplir con el principio de solidaridad social; razón por la cual nada impide que las universidades privadas contemplen en los programas de las respectivas carreras de Derecho cursos que cumplan esa misma función. En consecuencia, debe entenderse que las ventajas académicas y profesionales que poseen los estudiantes de la Universidad de Costa Rica se deben de entender de manera extensiva para todo estudiante de derecho de cualquier otra universidad nacional sea pública o privada. Por otra parte, las ventajas económicas y de exoneración fiscal, son dispuestas de manera exclusiva para la Universidad de Costa Rica porque así lo estableció el legislador y ello no resulta contrario al derecho de la Constitución. También debe ser entendido de manera extensiva la función consultiva y de asesoría jurídica que pueden llevar todas las Universidades públicas o privadas por medio de los consultorios jurídicos, pues para eso en la práctica no existe limitación alguna. Así mismo, mediante Resolución de la Sala Constitucional N° 9803-05, de las catorce horas cincuenta y dos minutos del veintisiete de julio del dos mil cinco, se interpretó este artículo en el sentido de que este no es inconstitucional siempre y cuando se interprete que los estudiantes de consultorios jurídicos no pueden asumir ninguna representación en causas penales por delito, contravención o infracciones.)

ARTÍCULO 5º

Cuando se requiera su auxilio o intervención el Organismo de Investigación Judicial atenderá en forma gratuita y obligatoria los casos a cargo de los consultorios jurídicos.

ARTÍCULO 6º

La Universidad de Costa Rica reglamentará esta ley, en la forma que lo considere conveniente, tomando en cuenta, fundamentalmente, la extensión social y la gratuidad del servicio, así como la formación profesional de los estudiantes.

(Mediante resolución de la Sala Constitucional N°5420-01 de las 15:16 horas del 20/06/2001: Se interpretó que este artículo no es inconstitucional y tiene como fin cumplir con el principio de solidaridad social; razón por la cual nada impide que las universidades privadas contemplen en los programas de las respectivas carreras de Derecho cursos que cumplan esa misma función. En consecuencia, debe entenderse que las ventajas académicas y profesionales que poseen los estudiantes de la Universidad de Costa Rica se deben de entender de manera extensiva para todo estudiante de derecho de cualquier otra universidad nacional sea pública o privada. Por otra parte, las ventajas económicas y de exoneración fiscal, son dispuestas de manera exclusiva para la Universidad de Costa Rica porque así lo estableció el legislador y ello no resulta contrario al derecho de la Constitución. También debe ser entendido de manera extensiva la función consultiva y de asesoría jurídica que pueden llevar todas las Universidades públicas o privadas por medio de los consultorios jurídicos, pues para eso en la práctica no existe limitación alguna)

ARTÍCULO 7º

Las entidades públicas y privadas podrán destinar partidas de sus presupuestos para financiar el funcionamiento de los programas de la Facultad de Derecho, las cuales serán deducibles del Impuesto sobre la Renta. Cuando tales partidas se destinen a la creación de nuevos consultorios o programas de trabajo comunal, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica determinará la posibilidad y oportunidad de esa creación.

(Mediante resolución de la Sala Constitucional N°5420-01 de las 15:16 horas del 20/06/2001: Se interpretó que este artículo no es inconstitucional y tiene como fin cumplir con el principio de solidaridad social; razón por la cual nada impide que las universidades privadas contemplen en los programas de las respectivas carreras de Derecho cursos que cumplan esa misma función. En consecuencia, debe entenderse que las ventajas académicas y profesionales que poseen los estudiantes de la Universidad de Costa Rica se deben de entender de manera extensiva para todo estudiante de derecho de cualquier otra universidad nacional sea pública o privada. Por otra parte, las ventajas económicas y de exoneración fiscal, son dispuestas de manera exclusiva para la Universidad de Costa Rica porque así lo estableció el legislador y ello no resulta contrario al derecho de la Constitución. También debe ser entendido de manera extensiva la función consultiva y de asesoría jurídica que pueden llevar todas las Universidades públicas o privadas por medio de los consultorios jurídicos, pues para eso en la práctica no existe limitación alguna)

Preguntas frecuentes sobre la Ley de Consultorios Jurídicos en Costa Rica

¿Qué es un consultorio jurídico universitario y para qué sirve?


Un consultorio jurídico es una oficina de asistencia legal gratuita que la Universidad de Costa Rica creó al amparo de la Ley N° 4775 del 21 de junio de 1971, reformada por la Ley N° 6369 del 5 de setiembre de 1979, para que las personas de bajos ingresos puedan obtener servicios de abogacía y notariado sin pagar honorarios profesionales. El artículo 1° obliga a la UCR a sostener estos consultorios y los abre a quienes por el monto de sus ingresos anuales no estén obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta. La Sala Constitucional, en la resolución N° 5420-01 del 20 de junio de 2001, extendió el modelo a todas las universidades, públicas o privadas, que tengan carrera de Derecho. El propósito doble es garantizar el acceso a la justicia de las personas pobres y, al mismo tiempo, formar a los estudiantes de Derecho mediante práctica supervisada.

¿Quién tiene derecho a recibir asistencia gratuita en un consultorio jurídico de Costa Rica?


El artículo 1° de la Ley 4775 fija el criterio de elegibilidad: tienen derecho a obtener servicios gratuitos de abogacía y notariado en los consultorios jurídicos universitarios las personas que, por el monto de sus ingresos anuales, no estén obligadas a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta. En la práctica, se trata de personas asalariadas y trabajadores independientes cuyos ingresos brutos anuales no superan los mínimos exentos de declarar que cada año fija la Dirección General de Tributación. La acreditación del nivel de ingresos la realiza el Director del Consultorio con base en la documentación que le presente el solicitante (orden patronal, estados de cuenta, declaración jurada). La gratuidad cubre tanto los honorarios profesionales como los derechos accesorios del trámite (timbres, tasas, fianzas), según el artículo 2°. Si la persona excede el umbral de ingresos, el consultorio debe rechazar el caso o referirlo a otro abogado a tarifa de mercado.

¿Cuánto cuesta tramitar un caso en un consultorio jurídico universitario?


Nada para el usuario. El artículo 2° de la Ley 4775 establece una exención fiscal completa para los trámites canalizados por los consultorios jurídicos: (i) se usará papel común (no requiere papel sellado); (ii) las gestiones judiciales y administrativas y toda certificación que se solicite a oficinas públicas y privadas están exentas de cualquier clase de timbres, tasas o impuestos, presentes y futuros; (iii) la misma exención cubre los documentos inscribibles o no inscribibles en los Registros; (iv) las personas patrocinadas no están obligadas a rendir fianza de costas; (v) las publicaciones que deban hacerse en los diarios oficiales (La Gaceta y el Boletín Judicial) son gratuitas; y (vi) los consultorios gozan de franquicia postal y telegráfica. La gratuidad alcanza también a las certificaciones del Registro Nacional, del Registro Civil y de la Tributación que el caso requiera. Lo único que el usuario podría tener que pagar son gastos de transporte propio o de testigos, que son ajenos a la actuación profesional.

¿Pueden los estudiantes de Derecho representarme en juicio si voy a un consultorio jurídico?


Sí, pero bajo condiciones precisas. El artículo 4° de la Ley 4775 autoriza a los estudiantes de la Facultad de Derecho que estén asistiendo al consultorio jurídico, conforme al reglamento universitario respectivo, a comparecer a las diligencias de prueba y debates de los juicios de cualquier clase y a representar allí a la parte cuyos intereses defiende el consultorio, con las mismas atribuciones del Director del Consultorio (que es abogado titulado). La habilitación se acredita con una certificación extendida por el Director del Consultorio bajo su responsabilidad personal; el documento se entrega para cada juicio y puede ser revocado en cualquier momento por el Director si el desempeño del estudiante no es satisfactorio. La supervisión activa del Director es obligatoria: no es delegación abierta, sino práctica tutelada. Como contrapeso, la resolución de la Sala Constitucional N° 9803-05 del 27 de julio de 2005 aclaró que esta habilitación no permite a los estudiantes asumir representación en causas penales por delito, contravención o infracciones — esos casos deben ser litigados directamente por un abogado titulado.

¿En qué materias jurídicas NO puede atenderme un consultorio jurídico universitario?


El consultorio jurídico universitario puede atender la mayoría de materias civiles, de familia, laborales, administrativas, agrarias, registrales y notariales en las que la persona usuaria califica por nivel de ingresos. Sin embargo, la Sala Constitucional, en la resolución N° 9803-05 del 27 de julio de 2005, fijó una limitación importante al artículo 4° de la Ley 4775: los estudiantes que actúan en consultorios jurídicos no pueden asumir ninguna representación en causas penales por delito, contravención o infracciones. Esto significa que, aunque el consultorio reciba un caso penal, la firma y la actuación procesal tiene que ser hecha directamente por un abogado litigante titulado; el estudiante puede colaborar en investigación o redacción, pero no comparecer a debate ni firmar memoriales. Tampoco se atienden, por política institucional de la Facultad de Derecho, casos en que el usuario tiene capacidad económica para contratar abogado privado, ni casos donde haya conflicto de interés con la propia universidad o con otros usuarios atendidos por el mismo consultorio.

¿Qué pasa si en mi caso hay que nombrar Curador ad litem o juez ejecutor?


Cuando se litiga a través de un consultorio jurídico universitario y el juicio requiere designar un Curador ad litem (representante judicial de un menor o persona ausente o con discapacidad), el artículo 3° de la Ley 4775 fija una regla especial: a falta de las personas a las que se refiere el artículo 50 del Código Civil, la elección la hará el juez recayendo en un defensor público. Idéntica regla rige cuando hubiese que nombrar juez ejecutor para realizar alguna diligencia judicial: también se designará a un defensor público. Lo importante para el usuario es lo siguiente: el defensor público designado no puede cobrar honorarios al usuario, el cargo es obligatorio y queda sujeto a las obligaciones de la Ley de Defensores Públicos. Es decir, el costo cero del consultorio se preserva incluso cuando el procedimiento exige funcionarios auxiliares de justicia.

¿Las universidades privadas con carrera de Derecho también pueden tener consultorios jurídicos gratuitos?


Sí. Aunque la Ley N° 4775 menciona expresamente solo a la Universidad de Costa Rica, la Sala Constitucional en la resolución N° 5420-01 del 20 de junio de 2001 interpretó el artículo 1° de manera ampliada: nada impide que las universidades privadas contemplen en los programas de las respectivas carreras de Derecho cursos que cumplan esa misma función. Y agregó: las ventajas académicas y profesionales que poseen los estudiantes de la Universidad de Costa Rica se deben de entender de manera extensiva para todo estudiante de Derecho de cualquier otra universidad nacional, sea pública o privada. Por eso hoy varias universidades privadas (UNED, ULACIT, Universidad Latina, Universidad Fidélitas, entre otras) operan consultorios jurídicos gratuitos. Una salvedad importante: las ventajas económicas y de exoneración fiscal de los artículos 2° y 7° de la ley (no pago de timbres, deducción del Impuesto sobre la Renta para quienes donen) se mantienen exclusivas para la Universidad de Costa Rica, porque así lo dispuso el legislador y la Sala Constitucional consideró que esa diferenciación no es contraria a la Constitución.

¿Tengo que rendir fianza de costas si me defienden en un consultorio jurídico?


No. El artículo 2° de la Ley 4775 dispone expresamente que las personas que litiguen bajo la dirección de alguno de los consultorios no estarán obligadas a rendir fianza de costas. La fianza de costas (también llamada cautio iudicatum solvi) es la garantía económica que en algunos procesos un actor debe rendir para asegurar el pago de las costas si pierde el juicio. Esta exención es muy importante: en condiciones normales, una persona de bajos ingresos sin capacidad de garantía podría ver bloqueada su acción judicial por la simple razón de no poder caucionar las costas. La Ley 4775 elimina ese obstáculo para todos los procesos canalizados por los consultorios jurídicos, lo que hace operativa la garantía constitucional de acceso a la justicia consagrada en el artículo 41 de la Constitución Política. Si el juzgado por error exige la fianza, el Director del Consultorio debe presentar gestión recordando el artículo 2° de la Ley 4775 y solicitar que se exonere la garantía.

¿El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tiene que atender los casos del consultorio jurídico?


Sí, en forma gratuita y obligatoria. El artículo 5° de la Ley 4775 dispone que cuando se requiera su auxilio o intervención, el Organismo de Investigación Judicial atenderá en forma gratuita y obligatoria los casos a cargo de los consultorios jurídicos. Esto cubre supuestos como: levantamiento de pruebas técnicas, peritajes, dictámenes médico-legales, investigaciones de paternidad por marcadores genéticos, levantamiento de cadáveres en sucesiones intestadas y, en general, cualquier diligencia investigativa que necesite el caso patrocinado. El usuario no paga los costos de pericia ni los desplazamientos del OIJ. La solicitud la hace el Director del Consultorio o el estudiante autorizado, dirigiendo oficio al OIJ con la indicación de que el caso se tramita al amparo de la Ley 4775. Esta disposición es coherente con la gratuidad integral del modelo de consultorios y evita que peritos o investigadores se conviertan en cuello de botella económico para el usuario.

¿Si mi empresa o institución dona a un consultorio jurídico universitario, puedo deducir del Impuesto sobre la Renta?


Sí. El artículo 7° de la Ley 4775 establece un incentivo tributario: las entidades públicas y privadas podrán destinar partidas de sus presupuestos para financiar el funcionamiento de los programas de la Facultad de Derecho, las cuales serán deducibles del Impuesto sobre la Renta. Es decir, las donaciones de empresas, fundaciones o municipalidades a los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica son gasto deducible al calcular la base imponible del Impuesto sobre la Renta del donante (Ley N° 7092). Si la donación se destina específicamente a la creación de nuevos consultorios o programas de trabajo comunal, el mismo artículo 7° agrega un requisito: la Facultad de Derecho de la UCR debe determinar previamente la posibilidad y oportunidad de esa creación, para evitar duplicación de esfuerzos o instalación en zonas ya cubiertas. Importante: por la diferenciación que mantuvo la Sala Constitucional en la resolución N° 5420-01, este beneficio fiscal se aplica exclusivamente a las donaciones a la UCR, no a donaciones a consultorios jurídicos de universidades privadas.

Referencias Bibliográficas


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