El Derecho Administrativo en Costa Rica es la rama del derecho publico que regula la organizacion, funcionamiento y actividad de la Administracion Publica, asi como las relaciones entre esta y los administrados. Constituye el marco juridico que rige la actuacion del Estado costarricense en el ejercicio de la funcion administrativa.
La legislacion administrativa costarricense se fundamenta en la Ley General de la Administracion Publica, que establece los principios rectores de legalidad, eficiencia, razonabilidad y proporcionalidad. Complementan este marco normativo la Ley General de Contratacion Publica, el Codigo Procesal Contencioso-Administrativo, la Ley Marco de Empleo Publico y diversas leyes organicas de instituciones autonomas y semiautonomas.
El sistema de justicia administrativa cuenta con la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, que permite a los ciudadanos impugnar actos y omisiones de la Administracion Publica. Ademas, la Contraloria General de la Republica ejerce el control de la hacienda publica y la Defensoria de los Habitantes tutela los derechos de los administrados.
En Bufete de Costa Rica publicamos la legislacion administrativa vigente de Costa Rica, verificada con el Sistema Costarricense de Informacion Juridica. Consulte los textos completos para su investigacion academica o practica profesional.
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La Ley 10158 Costa Rica declara servicio esencial la atención a la violencia contra las mujeres…
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La Ley 9878 reforma el régimen sancionador contra la violencia y el racismo en eventos deportivos…
La Ley 10444 extiende un año la vida útil de autobuses 2007 y 2008 de micro…
La Ley 10393 obliga a publicar los contribuyentes beneficiados con cada condonación fiscal aprobada por ley…
¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.
Dictamen jurídico sobre la masacre cometida en el Cerro San Miguel de Alajuelita el Domingo de Ramos de 1986: siete víctimas —una mujer adulta y seis menores de edad—; una sentencia condenatoria (1989) anulada en 1990 por graves irregularidades —entre ellas, indicios de tortura para obtener la confesión del adolescente…
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