La Ley N.° 10983, «Cierre del Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica y reordenamiento de sus competencias desconcentradas», suprime ese ministerio como cartera del Poder Ejecutivo y redistribuye sus órganos y competencias entre otras instituciones del Estado.
La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) pasa al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán); la Imprenta Nacional, al Ministerio de la Presidencia; y el Tribunal Administrativo Migratorio y la Dirección General de Migración y Extranjería, al Ministerio de Seguridad Pública (MSP). Para ello la ley reforma, adiciona o deroga normas de numerosas leyes vigentes, entre ellas la Ley 5394, la Ley 8764 y la Ley 3859.
Cierre del Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica y Reordenamiento de sus Competencias Desconcentradas (Ley N.° 10983)
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Los transitorios fijan plazos de un año para trasladar plazas, activos, pasivos y contratos, y de dieciséis meses para el proceso de cierre y reorganización administrativa. La ley fue sancionada el 9 de noviembre de 2026 y se publicó en el Alcance N.° 153 a La Gaceta N.° 218 del 17 de noviembre de 2026. Rige a partir del 1 de mayo de 2027.
N° 10983
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
CIERRE DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA DE COSTA RICA Y REORDENAMIENTO DE SUS COMPETENCIAS DESCONCENTRADAS
Disposiciones generales
Suprímase el Ministerio de Gobernación y Policía como cartera ministerial del Poder Ejecutivo.
Trasládense la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y sus competencias al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán); la Imprenta Nacional y sus competencias, al Ministerio de la Presidencia; el Tribunal Administrativo Migratorio y la Dirección General de Migración y Extranjería y sus competencias, al Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Reformas de las Leyes de los Órganos Desconcentrados Sujetos a ser Trasladados a otros Ministerios
Refórmense los artículos 1, 3, 4, 5, 9 y 10 de la Ley 5394, Ley de Creación de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, del 5 de noviembre de 1973. Los textos son los siguientes:
Artículo 1- Créese la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, como órgano de desconcentración máxima del Ministerio de la Presidencia, con personalidad jurídica instrumental para contratar y adquirir bienes y servicios para el cumplimiento de sus fines.
Artículo 3- La Junta se integrará de la siguiente forma: el ministro de la Presidencia o su representante, quien la presidirá; un representante del ministro de Cultura y un delegado de la Editorial de Costa Rica.
Para la elección de estos dos últimos miembros deberán enviarse ternas al Ministerio de la Presidencia para que este haga la escogencia.
Artículo 4- Para el cumplimiento de sus fines, el ministro de la Presidencia pondrá a disposición de la Junta el personal necesario dentro de sus posibilidades presupuestarias. El director de la Imprenta tendrá la representación judicial y extrajudicial de la Junta y será su personero ejecutivo.
Artículo 5- Los ingresos que produzcan al Estado la Imprenta Nacional y los que dicha Imprenta recaude, por cualquier otro concepto, se ingresarán al Sistema de Cuentas del Sector Público, los cuales deberán incorporarse al presupuesto de la República y recibirán el mismo tratamiento que el resto de las rentas del Gobierno central, respetando, cuando corresponda, las asignaciones específicas que dichos recursos tengan establecidas por ley.
Artículo 9- Se autoriza a la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional para que gestione con alguna institución de crédito nacional o del exterior un empréstito para cumplir, a la mayor brevedad, los fines de la presente ley. Asimismo, se autoriza a las instituciones autónomas y semiautónomas del Estado para que se le concedan préstamos a dicha Imprenta a través del Ministerio de la Presidencia, con destino a la adquisición de bienes, equipo, servicios, mobiliario y materiales necesarios para la Imprenta Nacional. Dichos préstamos serán garantizados con los fondos especiales aquí señalados y cualesquiera otros que dicha institución crea necesarios.
Artículo 10- Se autoriza a las instituciones autónomas y semiautónomas del Estado para que otorguen donaciones a favor de la Junta y para que esta los reciba de ellas, así como de otras personas o instituciones privadas, nacionales o extranjeras, por cualquier suma. Para lo cual se deberá acatar lo dispuesto en los artículos 75 de la Ley 9986, Ley General de Contratación Pública, del 27 de mayo de 2021, y 96 ter de la Ley 8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, del 18 de setiembre de 2021, respectivamente.
Refórmense el inciso 9) del artículo 8, el artículo 9, el inciso 1) del artículo 10, el artículo 12, el inciso 29) del artículo 13, el primer párrafo del artículo14, el inciso e) del artículo 19, el artículo 25, el primer párrafo del artículo 40, el inciso 5) del artículo 61, el artículo 186, el inciso 2) del artículo 234, el segundo párrafo del artículo 246, y el inciso 1) del artículo 247 de la Ley 8764, Ley General de Migración y Extranjería, del 19 de agosto de 2009. Los textos son los siguientes:
Artículo 8-
La planificación de la política migratoria deberá apoyarse tanto en instituciones públicas como privadas competentes; para ello, se tomarán en cuenta los siguientes insumos:
(...)
9) Los informes emitidos por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Artículo 9-
Créese el Consejo Nacional de Migración y Extranjería, como consejo consultivo y asesor del Poder Ejecutivo y de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Artículo 10-
El Consejo estará integrado de la siguiente manera:
1) El jerarca de Seguridad Pública, quien lo presidirá.
(...).
Artículo 12-
La Dirección General de Migración y Extranjería, que para los efectos de la presente ley se denomina Dirección General, será un órgano de desconcentración mínima adscrito al Ministerio de Seguridad Pública (MSP); además, será el ejecutor de la política migratoria que dicte el Poder Ejecutivo, con las competencias y las funciones que le señalan la presente ley y su reglamento.
Artículo 13-
Serán funciones de la Dirección General, desarrolladas en el contenido de la presente ley y su reglamento, las siguientes:
(...)
29) Incluir en la Memoria Anual del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y remitir ante el Consejo, independientemente de otros temas, un informe detallado sobre la política y la gestión migratorias puestas en ejecución.
(...).
Artículo 14-
Quien ocupe la Dirección General y la Subdirección General de Migración y Extranjería, que para los efectos de la presente ley se denominan director general y subdirector general, serán funcionarios de confianza, de libre nombramiento y remoción por parte del jerarca de Seguridad Pública. Tales funcionarios deberán ostentar el grado mínimo de licenciatura en una carrera afín al puesto y ser de reconocida solvencia moral. El director general será el superior jerárquico de la Dirección General y el funcionario competente para ejercer y coordinar las funciones de ese órgano. El subdirector general desempeñará las tareas específicas que le asigne el director general y lo sustituirá durante sus ausencias temporales.
(...).
Artículo 19-
(...)
e) Riesgo policial, conforme a los parámetros vigentes para el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Artículo 25-
Créese el Tribunal Administrativo Migratorio como órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), con competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Lo resuelto por el Tribunal agotará la vía administrativa.
El Tribunal Administrativo Migratorio tendrá sede en San José y competencia en todo el territorio nacional.
Artículo 40-
La Dirección General llevará un registro de impedimentos de egreso del país, según las órdenes que emitan al efecto las autoridades jurisdiccionales competentes y de impedimentos de ingreso, según lo ordene el Poder Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública o la Dirección General.
(…).
Artículo 61- Las personas extranjeras serán rechazadas en el momento en que pretendan ingresar al territorio nacional y, aunque gocen de visa, no se les autorizará el ingreso cuando se encuentren comprendidas en cualquiera de los siguientes supuestos:
(...)
5) Cuando tengan impedimentos de ingreso ordenados por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) o por la Dirección General, según los plazos estipulados al efecto en la presente ley.
(...).
Artículo 186-
La expulsión es la orden emanada del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) en resolución razonada, por medio de la cual la persona extranjera que goce de permanencia legal, bajo cualquier categoría migratoria, deberá abandonar el territorio nacional, en el plazo fijado para tal efecto, cuando se considere que sus actividades comprometen la paz, la seguridad pública, la tranquilidad o el orden público.
Artículo 234-
El Fondo Especial de Migración estará constituido por los siguientes recursos:
(...)
2) Los beneficios de la administración o el fideicomiso de los bienes puestos a disposición del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), en razón de la comisión del delito de tráfico y trata de personas.
(…).
Artículo 246- Se crea la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, en adelante denominada la Junta Administrativa.
(…)
La Junta Administrativa tendrá desconcentración mínima del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y contará con personalidad jurídica instrumental y presupuestaria para administrar el presupuesto de la Dirección General; el Fondo de Depósitos de Garantía, el Fondo Especial de Migración, el Fondo Social Migratorio y el Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt).
(...).
Artículo 247- La Junta Administrativa estará integrada por los siguientes miembros:
1) El titular del Ministerio de Seguridad Púbica (MSP) o su representante.
(...).
Refórmense los artículos 1, 8, 11, 14 ter y el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley 3859, Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, del 7 de abril de 1967. Los textos son los siguientes:
Artículo 1- Créese la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), como órgano de desconcentración máxima con personalidad jurídica instrumental del Poder Ejecutivo, adscrito al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), y como instrumento básico de desarrollo, encargada de fomentar, orientar, coordinar y evaluar la organización de las comunidades del país, para lograr su participación activa y consciente en la realización de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública.
Artículo 8- Habrá un Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, integrado por los siguientes miembros: el ministro de Planificación Nacional y Política Económica, o su representante; un ministro de otra cartera, o su representante, que designará el presidente de la República; tres miembros de las asociaciones de desarrollo y dos miembros de la unión de gobiernos locales. Los representantes de las asociaciones de desarrollo y de la unión de gobiernos locales serán nombrados de las ternas que deberán solicitarse a esas entidades. El Consejo será presidido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) o su representante. Cuando las asociaciones de desarrollo estén organizadas a escala nacional, serán los organismos nacionales los encargados de presentar las ternas correspondientes. La integración del Consejo se hará por decreto ejecutivo.
Artículo 11- Los acuerdos del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, sancionados por el presidente de la República y por el ministro
de Planificación Nacional y Política Económica, tendrán carácter obligatorio para los ministerios en cuanto a las acciones relacionadas con programas de desarrollo comunal.
Artículo 14 ter- Las asociaciones de desarrollo, contempladas en la presente
ley, podrán ser declaradas de utilidad pública cuando los ingresos que generen sean reinvertidos en su totalidad en proyectos de interés social, comunal y para el Estado. Las asociaciones deberán estar inscritas y al día con la presentación de informes ante la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y realizar actividades socioeconómicas debidamente registradas y autorizadas por esta Dirección.
La declaración de utilidad pública se solicitará ante la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), la cual emitirá una recomendación al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), que la otorgará de ser procedente. Se otorgará por medio de decreto ejecutivo.
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), mediante labor coordinada con la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), reglamentará el procedimiento a seguir por las organizaciones y establecerá las medidas de control y seguimiento sobre el uso de la declaratoria, siendo que se revocará este beneficio si desaparece el motivo por el cual fue concedido.
Las asociaciones reconocidas como de utilidad pública podrán gozar de las franquicias y concesiones administrativas y económicas que, para cumplir con sus fines, el Poder Ejecutivo o las leyes les otorguen.
Las organizaciones de desarrollo comunal que podrán optar por este beneficio serán aquellas que incluyan dentro de sus planes de trabajo la ejecución de las políticas integradas al Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad.
Artículo 40–
(...)
La Dirección Nacional destinará el producto de la administración de tales bienes a la promoción y difusión de las organizaciones de desarrollo comunal, salvo que los bienes estén por norma o contratación especial, afectos a un determinado destino.
CAPÍTULO III - Reformas de Otras Leyes
Refórmese el artículo 2 de la Ley 6725, Asueto por Días Feriados en Oficinas Públicas por Fiestas Cívicas, del 10 de marzo de 1982. El texto es el siguiente:
Artículo 2- Cada concejo municipal del cantón respectivo será el que decrete el asueto. En relación con las personas funcionarias de los diferentes ministerios e instituciones descentralizadas, será cada jerarca quien determine si el día señalado se les otorgará como asueto.
Refórmense el tercer párrafo del artículo 20, el párrafo segundo del artículo 28, el artículo 99, el artículo 104 y el artículo 188, de la Ley 276, Ley de Aguas, del 27 de agosto de 1942. Los textos son los siguientes:
Artículo 20-
(...)
La expropiación se hará por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) según los trámites indicados en la ley que rija sobre la materia.
Artículo 28-
(...)
La expropiación se seguirá mediante los trámites corrientes, y la decretará el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) cuando esta se encuentre conforme a derecho.
Artículo 99- Cuando el que quiera aprovechar las aguas públicas no obtuviera de los vecinos la licencia correspondiente para la construcción de las obras necesarias para el aprovechamiento, podrá recurrir ante el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) solicitando la imposición de la servidumbre respectiva.
Artículo 104- No puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para objetos de interés privado sobre construcciones o edificios, ni sobre jardines, ni huertas existentes al tiempo de hacer la solicitud, a menos que la importancia de la obra justifique la medida a juicio del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Artículo 188- Reclamada su acción, ya sea verbalmente o por escrito, para la resolución de cualquiera de las cuestiones reservadas por esta ley a su conocimiento, el inspector, sin otro trámite que el de citar a los interesados por medio de las autoridades de policía con veinticuatro horas de antelación por lo menos, se constituirá en el lugar de la diferencia y, una vez allí, oídas las explicaciones que sobre el terreno dieran los citados que concurran, practicará una disposición cuidadosa de lugares y procederá a hacer por sí las investigaciones que le parezcan conducentes, y a continuación, si fuera posible, o dentro de las veinticuatro horas siguientes a la práctica de la última diligencia investigatoria, dictará la resolución correspondiente. De todo ello levantará acta sumaria, en la cual consignará la reclamación del actor, lo alegado en descargo por la parte o partes que concurrieren, un extracto del resultado de la inspección, así como de las investigaciones hechas, si se practicaren algunas, y la resolución final. Tales actas se extenderán en un libro especial, en cuyo encabezamiento ha de poner constancia el alcalde de la municipalidad correspondiente del objeto a que está destinado y del número de folios que contiene, todos los cuales llevarán el sello de la alcaldía.
Refórmese el primer párrafo del artículo 10 de la Ley 7768, Ley de Correos, del 24 de abril de 1998. El texto es el siguiente:
Artículo 10- Concesiones
Por medio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) con la recomendación de Correos de Costa Rica, el Estado podrá otorgar concesiones a personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, para prestar los servicios sociales de comunicación postal.
(...).
Refórmese el primer párrafo del artículo 16 de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, del 6 de enero de 1998. El texto es el siguiente:
Artículo 16- Control de salidas
Las entradas y salidas del país de las personas menores de edad serán controladas por la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Seguridad Pública (MSP). Para evitar que abandonen de manera ilegítima el territorio nacional, esta Dirección llevará un registro de impedimentos de salida, con base en la información que las autoridades judiciales remitan para este efecto.
(...).
Refórmense el artículo 11 y los incisos b) y d) del artículo 49 de la Ley 7410, Ley General de Policía, del 26 de mayo de 1994. Los textos son los siguientes:
Artículo 11- Constitución
Créese el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que estará integrado por el presidente de la República, quien lo presidirá, por los titulares de los Ministerios de la Presidencia, de Justicia y Paz y de Seguridad Pública, así como por cualquier otro miembro que incluya el presidente de la República.
Artículo 49- Incentivos salariales
Los profesionales integrantes de dicha Dirección tendrán derecho a los siguientes incentivos salariales:
(...)
b) Carrera profesional de acuerdo con la reglamentación vigente en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
(...)
d) Anualidades conforme a los parámetros vigentes para el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
(...).
Refórmense el artículo 1, el inciso a) del artículo 3, el artículo 5, el primer párrafo del artículo 9, y el artículo 10 de la Ley 5811, Regula Propaganda que Utilice la Imagen de la Mujer, del 10 de octubre de 1975. Los textos son los siguientes:
Artículo 1- Todo tipo de propaganda comercial que ofenda la dignidad, el pudor de la familia y en la que se utilice la imagen de la mujer impúdicamente, para promover las ventas, será controlada y regulada con criterio restrictivo por el Ministerio de Justicia y Paz.
Artículo 3-
(...)
a) La que no haya sido aprobada previamente por el Ministerio de Justicia y Paz, conforme a las prevenciones del reglamento respectivo;
(...).
Artículo 5- El Ministerio de Justicia y Paz, a través de la oficina que designe, será el organismo competente para velar por la ejecución de esta ley y, en consecuencia, toda la propaganda que se realice de esta naturaleza sujeta a regulación y a través de cualquier medio publicitario deberá llevar su previa y expresa aprobación.
Artículo 9- La oficina respectiva del Ministerio de Justicia y Paz deberá dictar el pronunciamiento sobre la aprobación o improbación del material de propaganda o proyectos de este, que se le presenten para efectos de los artículos 6, 7 y 8, en el término de quince días hábiles siguientes al de la presentación.
(…).
Artículo 10- Existirá un Consejo Asesor de Propaganda, integrado por dos personas representantes del Ministerio de Justicia y Paz, una de la Cámara de Comercio, otra de la Asociación del Consejo Nacional de Publicidad, y una representante del Instituto Nacional de las Mujeres.
Refórmense los artículos 3 y 8 de la Ley 10267, Ley para Prohibir la Difusión de Propaganda que Degrade a la Persona Adulta Mayor, del 11 de julio de 2022. Los textos son los siguientes:
Artículo 3- Función del Ministerio de Justicia y Paz y de la Oficina de Control de Propaganda
Será obligación del Ministerio de Justicia y Paz controlar y regular el cumplimiento de esta ley.
(...).
Artículo 8- Facultades del Ministerio de Justicia y Paz en cuanto a la propaganda que degrade a la persona adulta mayor
El Ministerio de Justicia y Paz, en estricto cumplimiento del debido proceso, podrá ordenar la inmediata suspensión de la propaganda que no se ajuste a las estipulaciones de esta ley o a las disposiciones reglamentarias y, en caso de rebeldía o desacato, podrá ordenar el decomiso y la destrucción del material de que se trate, para lo cual podrá recurrir al auxilio de la Fuerza Pública.
Refórmense el artículo 3, el artículo 4, y el sexto, séptimo y octavo párrafos del artículo 6 de la Ley 9221, Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su Régimen de uso y Aprovechamiento Territorial, del 27 de marzo de 2014. Los textos son los siguientes:
Artículo 3- Se autoriza al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), para que mediante decreto ejecutivo realice las declaratorias de zonas urbanas litorales, de conformidad con las disposiciones contenidas en la presente ley.
Artículo 4- Créese la Comisión Interinstitucional de Zonas Urbanas Litorales, en adelante Cizul, como un órgano técnico adscrito al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), cuya función será determinar la viabilidad técnica de la declaratoria de zona urbana litoral.
El dictamen de la Cizul que determine la improcedencia técnica de la declaratoria de zona urbana litoral será vinculante.
La Cizul contará con un Consejo Director integrado por:
a) El ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos o su representante, quien presidirá la Comisión.
(...)
e) El director del Instituto Geográfico Nacional o su representante.
(...)
Los representantes de los ministros, presidentes ejecutivos o directores deberán ser funcionarios de la dependencia a su cargo y ejercerán su cargo ad honórem.
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) proporcionará los recursos económicos, materiales y técnicos para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Para tal efecto, se designará un director ejecutivo, cuya función será ejecutar los acuerdos, asesorar técnica y legalmente a la Cizul, fungir como enlace con instituciones públicas y privadas, y cualquier otra función determinada en el reglamento de esta ley.
(...).
Artículo 6-
(...)
Vencido el plazo de oposiciones, o bien, una vez conocidas las oposiciones planteadas, en el plazo hasta de treinta días hábiles, la Cizul elaborará el informe técnico. Dicho informe deberá ser remitido al ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, dentro del plazo señalado.
El ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, en el plazo hasta de diez días hábiles computado a partir de la recepción del informe técnico, remitirá este a la municipalidad respectiva, la cual deberá pronunciarse mediante acuerdo del concejo municipal en el plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción del referido informe. Dicho acuerdo deberá ser remitido al ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, dentro del plazo señalado.
En caso de que el informe técnico determine la viabilidad de la declaratoria de zona urbana litoral y la municipalidad acoja favorablemente el informe técnico, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) gestionará el decreto ejecutivo correspondiente, en un plazo máximo de veinte días hábiles.
(...).
Refórmese el artículo 50 de la Ley 4716, Ley de Organización y Funcionamiento del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (I.F.A.M.), del 9 de febrero de 1971. El texto es el siguiente:
Artículo 50- El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) deberá coordinar sus actividades con los otros organismos del Estado en procura de una eficiente cooperación entre las municipalidades del país, y de estas con el Gobierno central y las demás instituciones públicas.
Refórmense los artículos 4 y 7 de la Ley 8231, Prohibición de Minas Antipersonales, del 2 de abril de 2002. Los textos son los siguientes:
Artículo 4- Destrucción de minas
Es obligación del Estado costarricense localizar, desactivar y destruir las minas y sus componentes localizados en el territorio nacional, que pretendan ingresar a este o transitarlo.
Esta destrucción será llevada a cabo por la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) o la entidad calificada que este designe y deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de doce meses después del decomiso, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 7859, Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, del 29 de enero de 1999.
La autoridad que conozca del caso tomará las previsiones necesarias para poner a la orden de la citada Dirección los bienes para ser destruidos antes de la expiración del plazo indicado y para recabar la totalidad de la prueba necesaria, sin que esto implique una ampliación del plazo enunciado en el párrafo anterior.
Únicamente las fuerzas de policía podrán poseer y utilizar dispositivos para detectar, desactivar o detonar, en forma controlada, minas antipersonales.
La determinación de la cantidad de artefactos necesarios para este fin corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y la custodia de estos al Arsenal Nacional.
Establézcase como unidad organizacional técnica especializada para ser consultada por las autoridades competentes en los aspectos regulados en esta ley, la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Artículo 7- Creación de la Unidad Especializada
Créese una Unidad Especializada de la Fuerza Pública encargada de localizar y destruir tanto las minas como los demás materiales regulados por esta ley.
Esta Unidad deberá elaborar mapas de las posibles zonas minadas y comunicar cuándo estas dejen de serlo.
Los integrantes de esta Unidad, además de la capacitación derivada de su carácter de funcionarios policiales, recibirán la instrucción para realizar adecuadamente su labor.
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) podrá gestionar cualquier tipo de ayuda, nacional o internacional, a fin de cumplir los propósitos de esta ley.
Refórmense los incisos b) y m) del artículo 10, y los artículos 44, 47 y 66, de la Ley 9095, Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Conatt), del 26 de octubre de 2012. Los textos son los siguientes:
Artículo 10- Integración de la Coalición
La Coalición estará integrada por el jerarca o su representante, de las siguientes instituciones:
(...)
b) El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Ejes de atención y prevención.
(...)
m) El Ministerio de Seguridad Pública (MSP). Ejes de atención, prevención e información, análisis e investigación.
(...).
Artículo 44- Instituciones responsables de asistencia a víctimas de trata
Cuando las víctimas de trata sean personas menores de edad, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) será la entidad encargada de suministrar la atención, la protección de derechos y la asistencia requerida.
Si se trata de víctimas mujeres mayores de edad, esta responsabilidad de asistencia le corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). Si son personas adultas mayores, se deberá coordinar con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).
Si las víctimas son personas con discapacidad, mayores de dieciocho años y menores de sesenta y cinco años, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), por medio de su función rectora, coordinará con las demás instituciones del Estado las competencias que les correspondan, para suministrarles la atención y asistencia que requieran de su programa de protección.
Artículo 47- Protección de víctimas de la trata de personas y actividades conexas
Las víctimas de la trata de personas que decidan no presentar la denuncia o colaborar con las autoridades podrán recibir protección policial ante situaciones de amenaza, previa valoración del riesgo. La protección estará a cargo del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), conforme al programa de protección que establece el reglamento de la presente ley.
Artículo 66- Auditoría
Anualmente, el Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt) será objeto de una auditoría externa.
Toda la información sobre la operación y el funcionamiento de Fonatt deberá encontrarse disponible para la auditoría interna del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Refórmese el primer párrafo del artículo 240 de la Ley 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, del 4 de octubre de 2012. El texto es el siguiente:
Artículo 240- Vehículos de uso policial, los de servicios de seguridad, prevención y emergencia, y de investigación
Comprende los vehículos usados por los cuerpos de policía de Presidencia, ministerios de Seguridad Pública, Justicia y Paz, Obras Públicas y Transportes, y Hacienda, municipalidades y el Organismo de Investigación Judicial, así como los vehículos del Cuerpo de Bomberos y la Comisión Nacional de Emergencias; igualmente, se incluirán, dentro de esta categoría, los vehículos que utilicen la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República, y los utilizados por los entes y órganos de la Administración pública en cumplimiento de sus funciones, deberes y competencias permanentes de control interno, para asegurar, preservar, prevenir y salvaguardar bienes y derechos de su patrimonio y, en su caso, reprimir y sancionar acciones dolosas o delictivas de funcionarios o de terceros.
(...).
Refórmense los artículos 4 y el primer párrafo del artículo 9 de la Ley 9996, Ley para la Atracción de Inversionistas, Rentistas y Pensionados, del 5 de julio de 2021. Los textos son los siguientes:
Artículo 4- Rectoría
El órgano rector de lo tutelado en la presente ley en materia de migración será la Dirección General de Migración y Extranjería, adscrito al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y en lo atinente a materia tributaria será el Ministerio de Hacienda.
Artículo 9- Tramitación
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP), por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería, en atención a los criterios de simplificación de trámites, dispondrá de una ventanilla de atención especializada para las categorías dispuestas en el artículo segundo de la presente ley, regulados en la Ley 8220, Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, del 4 de marzo de 2002.
(…).
Refórmese el inciso 4) del artículo 11 bis de la Ley 9145, Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos, del 6 de agosto de 2013. El texto es el siguiente:
Artículo 11 bis- Condiciones de acceso y permanencia a los recintos deportivos
No se permitirá el acceso ni la permanencia de los espectadores y asistentes a las competiciones, eventos y espectáculos deportivos contemplados en la presente ley, cuando se intenten llevar a cabo las siguientes situaciones:
(...)
4) Introducir, portar o utilizar, dentro o fuera del recinto deportivo, armas de fuego o punzocortantes. A tales efectos, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) elaborará un listado de objetos no permitidos.
(...).
Refórmese el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley 9552, Creación de la Academia Nacional de Policía, del 24 de mayo de 2018. El texto es el siguiente:
Artículo 28- (...)
Este incentivo podrá ser extendido temporalmente a otros funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), siempre y cuando sean destacados en la Academia Nacional de Policía o en la Academia Nacional de Guardacostas, para impartir cursos dentro de los procesos de formación, especialización y actualización, con una duración mínima de un mes calendario.
(...).
Refórmense el segundo párrafo del artículo 14, el inciso f) del artículo 30, y el inciso
e) del artículo 36, de la Ley 8754, Ley Contra la Delincuencia Organizada, del 22 de julio de 2009. Los textos son los siguientes:
Artículo 14- Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones
(…)
Cada año, quien ejerza la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en sesión privada, informará a los ministros de la Presidencia, de Justicia, de Seguridad Pública, al Ministerio Público y al OIJ, acerca de la eficiencia, la eficacia y los resultados del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, así como de las mejoras que deban hacerse para su actualización.
Artículo 30- Administración del dinero decomisado
(...)
f) Un diez por ciento (10%) al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), para cubrir las necesidades de los cuerpos policiales que lo integren.
(...).
Artículo 36- Distribución de dineros y valores comisados
(...)
e) Un diez por ciento (10%) al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), para cubrir las necesidades de los cuerpos policiales que lo integren.
(...).
Refórmese el inciso c) del artículo 24, de la Ley 7440, Ley de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos, del 11 de octubre de 1994. El texto es el siguiente:
Artículo 24- Cierre de locales.
(...)
c) Cuando se cometa la misma infracción por cuarta vez, la autoridad judicial ordenará el cierre definitivo del establecimiento y lo comunicará a la municipalidad respectiva, la cual deberá cancelar la patente, o al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para que cancele las concesiones de frecuencias de televisión o radio, o a las autoridades competentes para que cancelen el permiso o la autorización respectiva.
El director ejecutivo llevará un registro, bien respaldado, de las infracciones establecidas jurisdiccionalmente y de las personas y empresas responsables.
Refórmense los incisos a) y b) del artículo 3 de la Ley 8031 Uso y Protección de los Emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, del 19 de octubre de 2000. Los textos son los siguientes:
Artículo 3- Uso protector del emblema
Emplearán el emblema a título protector las siguientes organizaciones:
a) Servicio sanitario de las fuerzas públicas. Bajo el control del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el servicio sanitario de las fuerzas públicas utilizará, tanto en tiempo de paz como de conflicto armado, el emblema de la Cruz Roja para dar a conocer a su personal sanitario, unidades y medios de transporte sanitarios por tierra, mar y aire. El personal sanitario y el personal religioso agregado a las fuerzas públicas portarán un brazal y una identificación proporcionados por el departamento encargado en el Ministerio de Seguridad Pública, de acuerdo con un registro único y central que este llevará. Asimismo, el Ministerio deberá difundir esta ley entre los miembros de la Fuerza Pública y educará a su personal para que la respete.
b) Hospitales y unidades sanitarias civiles. Con la autorización expresa del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y bajo su control, el personal sanitario civil, los hospitales, las demás unidades sanitarias civiles, y los medios de transporte sanitarios civiles, en particular el transporte y la asistencia de heridos, enfermos y náufragos, estarán identificados con el emblema a título protector en tiempo de conflicto armado. El personal sanitario, así como el personal religioso agregado a las unidades sanitarias civiles llevarán el brazal y la identificación conforme al inciso a) anterior.
(...).
Refórmese el primer párrafo del artículo 10 de la Ley 7221 Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, del 6 de abril de 1991. El texto es el siguiente:
Artículo 10- Los profesionales extranjeros, graduados fuera del país en ciencias agropecuarias, que reúnan las condiciones estipuladas en los artículos 5 y 6, podrán incorporarse al Colegio, poseer cédula de residencia permanente en el país, según certificación extendida por la Dirección General de Migración y Extranjería o que estén casados con costarricenses y que sean aceptados por la Junta Directiva por votación de no menos de las dos terceras partes de sus miembros.
(…).
Refórmese el segundo párrafo del artículo 177 de la Ley 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda), del 13 de noviembre de 1986. El texto es el siguiente:
Artículo 177-
(...)
Cuando, a su juicio, el Banco considere que se está haciendo uso indebido de alguna de estas denominaciones, o que el uso de alguna similar pudiera producir confusión entre el público, el Banco deberá avisar de inmediato a la persona o institución de que se trate para que desista de hacerlo en un plazo razonable, que no podrá exceder de treinta días naturales. Vencido el plazo que se fije, sin que se elimine el aviso, el Banco deberá comunicar este hecho al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), para que este proceda al cierre del establecimiento por medio de las autoridades competentes.
Refórmese el artículo 9 de la Ley 6812, Ley de Reestructuración del Poder Ejecutivo, del 14 de setiembre de 1982. El texto es el siguiente:
Artículo 9- En todas aquellas leyes directamente relacionadas con la dirección y el control del movimiento migratorio del país, las referencias que se haga al Ministerio de Gobernación y Policía corresponderán a la Dirección General de Migración y Extranjería, la cual podrá coordinar con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Refórmese el inciso g) del artículo 13 de la Ley 6723, Ley del Registro y Archivos Judiciales, del 10 de marzo de 1982. El texto es el siguiente:
Artículo 13- El Registro expedirá certificaciones de juzgamientos solamente en los siguientes casos y para los fines propios de cada institución que las solicite:
(…)
g) Al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), en relación con las personas interesadas en desempeñar cargos en los diferentes cuerpos policiales, de agentes de investigación, o de cualquier otro puesto investido de autoridad que requiera el uso de armas.
(...).
Refórmese el inciso c) del artículo 3 de la Ley 8435 Creación de la Comisión Nacional para la Seguridad Escolar y Colegial, del 17 de febrero de 2005. El texto es el siguiente:
Artículo 3- La Comisión Nacional para la Seguridad Escolar y Colegial estará integrada por los siguientes miembros:
(...)
c) Una persona representante del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
(...).
Refórmese el primer párrafo del artículo 4 de la Ley 8357 Declaración de Interés Público de las Actividades de la Asociación Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte y Autorización a la Administración Pública para que Done Recursos Económicos y Establezca Convenios con esta Asociación, del 12 de junio de 2003. El texto es el siguiente:
Artículo 4- Ingreso temporal de expertos académicos extranjeros
Autorícese a la Dirección General de Migración y Extranjería, del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para que, a los expertos académicos extranjeros, que ingresen al país requeridos para implementar proyectos por realizar por parte de esta Asociación, les conceda el permiso de ingreso temporal, para estancias de días u horas o para residencia temporal, a fin de que participen en el desarrollo de las actividades indicadas en el artículo 2 de esta ley.
(…).
Refórmese el artículo 4 de la Ley 8093, Creación del Programa Nacional de Educación contra las Drogas, del 15 de marzo de 2001. El texto es el siguiente:
Artículo 4- Para lograr los fines del Programa Nacional de Educación contra las Drogas, el Ministerio de Educación Pública (MEP), como entidad responsable del programa, contará con la cooperación técnica, profesional y logística del Centro Nacional de Prevención de Drogas (Cenadro), el Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas (Cicad), la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), y el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (lAFA).
Refórmense los artículos 7, 9 y 25 de la Ley 6122, Ley para Garantizar al País Mayor Seguridad y Orden, del 17 de noviembre de 1977. Los textos son los siguientes:
Artículo 7- Sin perjuicio de la sanción establecida en el artículo primero, en caso de que no se informe al Registro Público de la Propiedad de Vehículos el desarme del vehículo, y en caso de que se encuentren omisiones o alteraciones en los asientos del libro de registro, el delegado de la Guardia de Asistencia Rural suspenderá el permiso y sellará el establecimiento, para evitar la salida de sus existencias. Esta resolución podrá ser revocada por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) o por los tribunales competentes.
Artículo 9- Las resoluciones que ordenen la suspensión y cancelación del permiso, y las que ordenen el cierre del establecimiento son apelables ante el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), dentro de los tres días posteriores a haber sido notificado. Sin embargo, mientras esté en trámite la apelación, se mantendrán las medidas impuestas al establecimiento.
Artículo 25- El que incumpla cualquiera de las obligaciones impuestas en la presente ley será sancionado por la Gobernación con la cancelación del permiso y el sello del establecimiento. La resolución que se dicte será apelable, sin efecto suspensivo, dentro de los tres días posteriores, ante el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Refórmese el artículo 4 de la Ley 6123, Declara Interés Nacional Actividad Radioaficionados, del 7 de noviembre de 1977. El texto es el siguiente:
Artículo 4- Las gestiones relacionadas con esta ley serán iniciadas ante el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), quien conocerá de las solicitudes para acogerse a los beneficios estipulados y sustanciar el trámite conforme a sus prescripciones. Dictada la resolución, dentro de los quince días posteriores al recibido de la gestión, ese Ministerio la hará del conocimiento del Ministerio de Hacienda, para que este emita la orden de desalmacenaje.
La solicitud referida anteriormente la iniciará el propio interesado a título personal. En el caso de institutos oficiales de enseñanza o asociaciones de radioaficionados la gestión será hecha por el director o presidente respectivo, previa demostración de su personería legal.
Refórmense el segundo párrafo del artículo 5 y el primer y segundo párrafos del artículo 19 de la Ley 218, Ley de Asociaciones, del 8 de agosto de 1939. Los textos son los siguientes:
Artículo 5- Toda asociación debe constituirse mediante un ordenamiento básico que rija sus actividades y que se denominará "estatutos".
Para que una asociación ejerza lícitamente sus actividades debe estar inscrita en el Registro de Personas Jurídicas que al efecto llevará el Registro Nacional.
(…).
Artículo 19- Para proceder a la inscripción, previamente se deberá haber cumplido con los requisitos legales y reglamentarios que para tal efecto establezca el Registro Nacional.
El Registro Nacional examinará la documentación para establecer si se cumplen los requisitos de ley y las demás disposiciones atinentes al caso. Si la encontrara defectuosa u omisa lo comunicará señalando los errores, al presidente de la Directiva, por medio de la autoridad política del domicilio de este. Subsanados los errores u omisiones, o si no los hubiera, el Registro Nacional por medio del Registro de Personas Jurídicas mandará publicar un edicto en el diario oficial La Gaceta, dando cuenta de la constitución de la asociación, su nombre, fines, domicilio y representante legal, y emplazando, por quince días hábiles a partir de su publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite.
(...).
Refórmense los artículos 340 y el inciso a) del artículo 343 de la Ley 3284, Código de Comercio, del 30 de abril de 1964. Los textos son los siguientes:
Artículo 340- Las empresas públicas de transporte dictarán sus propios reglamentos, tarifas o itinerarios, que deberán ser aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y puestos en lugar visible en sus estaciones y bodegas. Esos reglamentos, tarifas o itinerarios son obligatorios para todos, siempre que se ajusten a las disposiciones legales que rigen la materia.
Artículo 343- Las empresas públicas de transporte están obligadas:
a) A imprimir sus reglamentos y fijarlos en lugar visible en las estaciones y bodegas, una vez que hayan sido aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT);
(...).
CAPÍTULO IV - Adiciones
Adiciónese un inciso 9) al artículo 47 de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, del 2 de mayo de 1978. El texto es el siguiente:
Artículo 47-
(…)
9- El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) tendrá un viceministerio administrativo y aquellos otros que se designen de conformidad con el inciso 1) del presente artículo.
CAPÍTULO V - Derogatorias
Deróguese el inciso c) del artículo 23 de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, del 2 de mayo de 1978.
Deróguense el artículo 6 y el artículo transitorio de la Ley 5394, Ley de Creación de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, del 5 de noviembre de 1973.
Deróguese el inciso e) del artículo 5 de la Ley 7440, Ley de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos, del 11 de octubre de 1994.
Disposiciones Transitorias
Las plazas de las instituciones contempladas en la presente ley deberán ser trasladadas a las entidades que asuman las competencias y funciones que ejecutaban con anterioridad en los órganos desconcentrados o adscritos cubiertos en esta ley, en estricto apego de sus derechos laborales. Para los ajustes e implementación del Manual de Clases se tendrá un plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia de la presente norma.
Las plazas del Ministerio de Gobernación y Policía, pertenecientes al programa presupuestario de la actividad central, deberán ser reubicadas en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y/o en la Dirección General de Migración y Extranjería, en estricto apego de sus derechos laborales. Para los ajustes e implementación del Manual de Clases se tendrá un plazo de un año, a partir de entrada en vigencia de la ley.
Los activos, pasivos y contratos, así como cualquier proceso de naturaleza judicial, que tuviesen los órganos desconcentrados y adscritos contemplados en la presente ley, antes de que esta entrara en vigencia, deberán ser traspasados a la institución que asuma las competencias y funciones. Lo referente al programa presupuestario de actividad central del Ministerio de Gobernación y Policía pasará al Ministerio de Seguridad Pública (MSP). Para lo anterior, se contará con un plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia la presente ley, para realizar los ajustes necesarios en los diferentes registros que se encuentran dispuestos para esos efectos.
Las instituciones objeto de cambio en el marco de la presente ley deberán presentar, ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), una propuesta de reorganización institucional, a efectos de contar con una estructura acorde con esta norma. Tales instituciones tendrán un plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para presentar e implementar la propuesta de reorganización respectiva.
Para la aplicación de la regla fiscal en el primer ejercicio presupuestario siguiente a la entrada en vigencia de esta ley, se tomará como base para calcular el crecimiento interanual la sumatoria de los presupuestos de los órganos desconcentrados con el de los ministerios a los que pertenecen.
La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) deberá otorgar el financiamiento de aquellos proyectos que hayan sido aprobados a las organizaciones de desarrollo comunal al 31 de diciembre del año 2024, y que hayan cumplido técnica, legal y administrativamente con los requisitos establecidos para ser aprobados; dichos proyectos serán erogados en el transcurso de los tres años siguientes a la promulgación de la presente ley, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.
El Poder Ejecutivo, desde los ministerios competentes, derogarán, reformarán o dictarán los reglamentos que sean necesarios para la implementación de esta ley. Lo anterior en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
El auditor y el subauditor del Ministerio de Gobernación y Policía serán trasladados como auditor y subauditor, respectivamente, a Dinadeco, conservando todos sus derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 8292, Ley General de Control Interno, del 31 julio de 2022, y del artículo 15 de la Ley 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, del 7 de setiembre de 1994.
Aquellos funcionarios que no deseen trasladarse a la planilla respectiva propuesta, y que decidan poner término a su relación laboral con el Estado, se les reconocerá el pago de todos los extremos laborales a que tengan derecho. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) acompañará en esta labor, que deberá completarse en no más de un año a partir de la vigencia de esta ley.
El Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo máximo de dieciséis meses, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para ejecutar el proceso de cierre, supresión y reorganización administrativa. Asimismo, el Poder Ejecutivo deberá emitir la reglamentación, las directrices y los actos administrativos requeridos para la correcta implementación del proceso institucional previsto en la presente ley.
Rige a partir del 1 de mayo de 2027.
El artículo 1 suprime el Ministerio de Gobernación y Policía como cartera ministerial del Poder Ejecutivo. El artículo 2 reparte sus competencias: la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) pasa a Mideplán; la Imprenta Nacional, al Ministerio de la Presidencia; y el Tribunal Administrativo Migratorio y la Dirección General de Migración y Extranjería, al Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Según el artículo 2, la Dirección General de Migración y Extranjería y el Tribunal Administrativo Migratorio pasan al Ministerio de Seguridad Pública (MSP). El artículo 4 reforma la Ley 8764 para ajustarlo: el numeral 12 dispone que la Dirección General será un órgano de desconcentración mínima adscrito al MSP, y el numeral 25 crea el Tribunal Administrativo Migratorio como órgano de desconcentración máxima adscrito al MSP, con sede en San José y competencia en todo el territorio nacional. Lo que el Tribunal resuelva agota la vía administrativa.
El artículo 4 reforma la Ley 8764. Conforme al numeral 186, la expulsión es la orden emanada del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), en resolución razonada, contra la persona extranjera con permanencia legal cuyas actividades comprometan la paz, la seguridad pública, la tranquilidad o el orden público. Según el numeral 40, los impedimentos de ingreso los ordenan el Poder Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública o la Dirección General de Migración y Extranjería.
El artículo 5 reforma la Ley 3859: el numeral 1 deja a Dinadeco como órgano de desconcentración máxima adscrito a Mideplán, y el numeral 14 ter dispone que la utilidad pública de una asociación de desarrollo se solicita ante Dinadeco, que recomienda a Mideplán, y que esta la otorga por decreto ejecutivo. El transitorio VI obliga a Dinadeco a financiar los proyectos aprobados a organizaciones de desarrollo comunal al 31 de diciembre del año 2024 que cumplieron los requisitos; se erogan en los tres años siguientes a la promulgación, según la disponibilidad presupuestaria.
El artículo 3 reforma la Ley 5394. El numeral 1 crea la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional como órgano de desconcentración máxima del Ministerio de la Presidencia. Según el numeral 3, la integran el ministro de la Presidencia o su representante, quien la preside, un representante del ministro de Cultura y un delegado de la Editorial de Costa Rica; los dos últimos se escogen de ternas enviadas al Ministerio de la Presidencia. El artículo 37 deroga el numeral 6 y el artículo transitorio de esa misma ley.
El Ministerio de Justicia y Paz. El artículo 11 reforma la Ley 5811 para que sea ese Ministerio el que controle y regule, con criterio restrictivo, la propaganda comercial que ofenda la dignidad y el pudor de la familia; su oficina debe resolver sobre la aprobación del material en quince días hábiles desde la presentación. El artículo 12 reforma la Ley 10267 y le encarga controlar el cumplimiento de la ley contra la propaganda que degrade a la persona adulta mayor, incluida la suspensión inmediata de esa propaganda, con respeto del debido proceso.
Sí, en quién lo conduce. El artículo 13 reforma la Ley 9221: autoriza al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), a declarar las zonas urbanas litorales por decreto ejecutivo, y deja a la Comisión Interinstitucional de Zonas Urbanas Litorales (Cizul) adscrita a ese Ministerio. Los plazos del numeral 6 se mantienen en el texto: hasta treinta días hábiles para el informe técnico de la Cizul, hasta diez días hábiles para que el ministro lo remita a la municipalidad y veinte días hábiles para que el concejo municipal se pronuncie.
El artículo 15 reforma la Ley 8231. Conforme al numeral 4, la destrucción la lleva a cabo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) o la entidad calificada que este designe, en un plazo máximo de doce meses después del decomiso. Corresponde al MSP determinar la cantidad de artefactos que pueden poseer las fuerzas de policía para detectar o desactivar minas, y su custodia queda al Arsenal Nacional. El numeral 7 crea una Unidad Especializada de la Fuerza Pública que localiza y destruye las minas.
Los transitorios I, III y IV dan un año desde la entrada en vigencia para ajustar el Manual de Clases, traspasar activos, pasivos, contratos y procesos judiciales, y presentar e implementar la reorganización institucional ante Mideplán. El transitorio IX da al Poder Ejecutivo un plazo máximo de dieciséis meses para ejecutar el cierre, la supresión y la reorganización administrativa. Ese transitorio cierra con la fecha de vigencia de la ley: rige a partir del 1 de mayo de 2027.
El transitorio I ordena trasladar las plazas a las entidades que asuman las competencias, en estricto apego de los derechos laborales. Según el transitorio II, las plazas de la actividad central del Ministerio de Gobernación y Policía se reubican en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) o en la Dirección General de Migración y Extranjería. El transitorio VIII traslada al auditor y al subauditor a Dinadeco con todos sus derechos; a quien no desee trasladarse y ponga término a su relación laboral con el Estado se le reconoce el pago de todos los extremos laborales, con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en no más de un año.
¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.
Dictamen jurídico sobre la masacre cometida en el Cerro San Miguel de Alajuelita el Domingo de Ramos de 1986: siete víctimas —una mujer adulta y seis menores de edad—; una sentencia condenatoria (1989) anulada en 1990 por graves irregularidades —entre ellas, indicios de tortura para obtener la confesión del adolescente…
Leer dictamen completo →Consulta profesional
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