La Ley N.° 9846 aprueba los contratos de préstamo suscritos entre la República de Costa Rica, por un lado, y el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo, por el otro, para financiar el programa de apoyo presupuestario con base en reformas de políticas para apoyar el Plan de Descarbonización de Costa Rica.
La ley aprueba dos contratos: el Contrato de Préstamo N.° 4988/OC-CR con el BID, hasta por US $230.000.000, y el Contrato de Préstamo N.° CCR 1011 01F con la AFD, hasta el equivalente en euros de US $150.000.000. Los textos de ambos contratos forman parte integrante de la ley. Los recursos se destinan a la respuesta a la emergencia del COVID-19 y al servicio de la deuda pública, con al menos US $60.000.000 para la Caja Costarricense de Seguro Social.
Aprobación de los Contratos de Préstamo Suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo, para Financiar el Programa de Apoyo Presupuestario con Base en Reformas de Políticas para Apoyar el Plan de Descarbonización de Costa Rica (Ley N.° 9846)
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La ley prohíbe usar los recursos en fideicomisos, exige informes mensuales a la Contraloría General de la República, ordena incorporar los recursos al presupuesto de la República y exonera de impuestos la formalización de los contratos. Se publicó en el Alcance N.° 131 a La Gaceta N.° 130 del 3 de junio de 2020, y la ley rige a partir de su publicación.
N° 9846
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
APROBACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO SUSCRITOS ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO, PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO CON BASE EN REFORMAS DE POLÍTICAS PARA APOYAR EL PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DE COSTA RICA
Aprobación del Contrato de Préstamo N.° 4988/OC-CR
Se aprueba el Contrato de Préstamo N.° 4988/OC-CR, entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República de Costa Rica, para financiar el Programa hacia una Economía Verde: Apoyo al Plan de Descarbonización de Costa Rica, que se deriva de la iniciativa del Programa de Apoyo Presupuestario con base en Reforma de Políticas para Apoyar al Plan de Descarbonización de Costa Rica, hasta por la suma de doscientos treinta millones de dólares estadounidenses (US $230.000.000).
El texto del referido Contrato de Préstamo y las Normas Generales, que se adjuntan a continuación, forman parte integrante de esta Ley.
Nota de la Biblioteca Jurídica: el instrumento que este artículo aprueba, con sus anexos, se reproduce en facsímil oficial de La Gaceta al final del PDF de esta ley (Alcance N.° 131 a La Gaceta N.° 130 del 3 de junio de 2020, páginas 4 a 50 del PDF del Alcance; 47 páginas).
Aprobación del Contrato de Préstamo N.° CCR 1011 01F
Se aprueba el Contrato de Préstamo N.° CCR 1011 01F entre la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la República de Costa Rica, para financiar el Programa de Apoyo Presupuestario para el Fortalecimiento de las Políticas de Implementación del Plan de Descarbonización de Costa Rica, hasta el equivalente en euros de ciento cincuenta millones de dólares estadounidenses (US $150.000.000).
El texto del referido Contrato de Préstamo y sus anexos, que se adjuntan a continuación, forman parte integrante de esta Ley.
Nota de la Biblioteca Jurídica: el instrumento que este artículo aprueba, con sus anexos, se reproduce en facsímil oficial de La Gaceta al final del PDF de esta ley (Alcance N.° 131 a La Gaceta N.° 130 del 3 de junio de 2020, páginas 52 a 106 del PDF del Alcance; 55 páginas).
Uso de los recursos
Los recursos de los contratos de préstamo que financian el Programa de Apoyo Presupuestario con base en Reforma de Políticas para Apoyar al Plan de Descarbonización de Costa Rica serán utilizados para financiar la respuesta del Estado costarricense a la emergencia nacional provocada por el virus COVID-19 y para el servicio de la deuda pública (principal e intereses), de conformidad con el siguiente desglose.
a) Trasladar al menos sesenta millones de dólares estadounidenses (US $60.000.000) a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para mitigar el efecto de la rebaja en la base mínima contributiva producto de la crisis por el COVID-
19. El saldo que exista al 15 de diciembre 2020 deberá ser transferido al Ministerio de Hacienda, para que sea utilizado en el pago del servicio de la deuda, según las reglas de uso definidas en el inciso b) de este artículo.
b) El restante recurso financiero se utilizará para el pago del servicio de la deuda con prioridad en la amortización antes que los intereses pero siempre empezando con la deuda con más alto costo financiero para el Estado costarricense.
El desvío o la utilización de los recursos de este empréstito, para fines distintos de los expresamente autorizados en este artículo, será sancionado según lo indicado en el artículo 68 de la Ley 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, de 7 de setiembre de 1994. Además, constituirá el delito por malversación de fondos públicos, tipificado en el artículo 363 de la Ley 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970, y será sancionado con las penas establecidas en dicho artículo.
Ningún recurso de este empréstito podrá ser trasladado, ni utilizado, en ningún fideicomiso.
El Poder Ejecutivo deberá remitir, a la Contraloría General de la República, un informe mensual, detallado y documentado sobre la forma en que se está ejecutando el recurso, que contendrá, además, un corte de las necesidades de financiamiento del Gobierno central y una estimación de nuevos empréstitos que están siendo negociados o tramitados, y las necesidades de financiamiento que estarían siendo solventadas con estos nuevos recursos. La Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, evaluará los resultados de dichos informes y remitirá un informe mensual al respecto a la Asamblea Legislativa.
Incorporación de recursos en el presupuesto de la República
El Poder Ejecutivo deberá incorporar en el presupuesto de la República, mediante modificaciones y presupuestos extraordinarios sometidos a la valoración de la Asamblea Legislativa, todos los recursos de este contrato de préstamo de apoyo presupuestario autorizado mediante esta ley.
Administración de los recursos
El prestatario administrará los recursos de los contratos de préstamo que financian el Programa de Apoyo Presupuestario con base en Reforma de Políticas para Apoyar al Plan de Descarbonización de Costa Rica, de conformidad con el principio de Caja Única del Estado, en lo que corresponda.
Exención de pago de impuestos para la formalización del financiamiento
No estarán sujetos al pago de ninguna clase de impuestos, timbres, tasas, contribuciones o derechos, los documentos que se requieran para formalizar los contratos de préstamo que financian el Programa de Apoyo Presupuestario con base en Reforma de Políticas para Apoyar al Plan de Descarbonización de Costa Rica, así como su inscripción en los registros correspondientes queda exonerada de todo tipo de pago.
Rige a partir de su publicación en La Gaceta.
Nota de la Biblioteca Jurídica: los documentos que La Gaceta publicó con esta ley entre su aprobación legislativa y su sanción se reproducen en facsímil oficial al final del PDF de esta ley (Alcance N.° 131 a La Gaceta N.° 130 del 3 de junio de 2020, páginas 109 a 152 del PDF del Alcance; 44 páginas).
El artículo 1 aprueba el Contrato de Préstamo N.° 4988/OC-CR entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República de Costa Rica, hasta por la suma de doscientos treinta millones de dólares estadounidenses (US $230.000.000). El préstamo financia el Programa hacia una Economía Verde: Apoyo al Plan de Descarbonización de Costa Rica, y el texto del contrato y de las Normas Generales forma parte integrante de la ley.
El artículo 2 aprueba el Contrato de Préstamo N.° CCR 1011 01F entre la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la República de Costa Rica. El monto es el equivalente en euros de ciento cincuenta millones de dólares estadounidenses (US $150.000.000). Sirve para financiar el Programa de Apoyo Presupuestario para el Fortalecimiento de las Políticas de Implementación del Plan de Descarbonización de Costa Rica, y el contrato y sus anexos forman parte de la ley.
Según el artículo 3, los recursos se utilizan para financiar la respuesta del Estado costarricense a la emergencia nacional provocada por el virus COVID-19 y para el servicio de la deuda pública, es decir, principal e intereses. El mismo artículo detalla el desglose: una parte se traslada a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el restante recurso financiero se destina al pago de la deuda.
El artículo 3 ordena trasladar al menos sesenta millones de dólares estadounidenses (US $60.000.000) a la CCSS, para mitigar el efecto de la rebaja en la base mínima contributiva producto de la crisis por el COVID-19. El saldo que exista al 15 de diciembre 2020 debe transferirse al Ministerio de Hacienda para que se use en el pago del servicio de la deuda, con las reglas del inciso b) del mismo artículo.
El artículo 3 dispone que el restante recurso financiero se utilizará para el pago del servicio de la deuda, con prioridad en la amortización antes que los intereses, pero siempre empezando con la deuda con más alto costo financiero para el Estado costarricense. Esas reglas de uso aplican también al saldo que se transfiera al Ministerio de Hacienda.
El artículo 3 establece que el desvío o la utilización de los recursos del empréstito para fines distintos de los expresamente autorizados será sancionado según el numeral 68 de la Ley 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Además, constituirá el delito por malversación de fondos públicos, tipificado en el numeral 363 de la Ley 4573, Código Penal, y será sancionado con las penas establecidas en ese numeral.
No. El artículo 3 es claro: ningún recurso de este empréstito podrá ser trasladado, ni utilizado, en ningún fideicomiso. Esta prohibición se suma a la regla de que los recursos sólo pueden usarse para los fines que el mismo artículo autoriza expresamente.
Según el artículo 3, el Poder Ejecutivo debe remitir a la Contraloría General de la República un informe mensual, detallado y documentado, sobre la forma en que se está ejecutando el recurso. Incluye un corte de las necesidades de financiamiento del Gobierno central y una estimación de nuevos empréstitos que están siendo negociados o tramitados. La Contraloría evalúa esos informes y remite un informe mensual a la Asamblea Legislativa.
El artículo 4 obliga al Poder Ejecutivo a incorporar en el presupuesto de la República todos los recursos del préstamo, mediante modificaciones y presupuestos extraordinarios sometidos a la valoración de la Asamblea Legislativa. El artículo 5 agrega que el prestatario administrará los recursos de conformidad con el principio de Caja Única del Estado, en lo que corresponda.
No. El artículo 6 dispone que los documentos que se requieran para formalizar los contratos de préstamo no están sujetos al pago de ninguna clase de impuestos, timbres, tasas, contribuciones o derechos. Su inscripción en los registros correspondientes también queda exonerada de todo tipo de pago.
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