La Ley N.° 7302 crea el Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, el marco al que se ajusta el otorgamiento de todas las jubilaciones y pensiones de los regímenes contributivos que tienen como base la prestación de […]
Seguridad social
La Ley N.° 7756 establece un beneficio social de profunda sensibilidad humana: permite que la persona trabajadora que asume el cuidado de un paciente en fase terminal —o de una persona menor de edad gravemente enferma— se separe de su […]
La Ley N° 8950 reconoce derechos prejubilatorios a los exservidores del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) que fueron liquidados entre enero de 1991 y diciembre de 1995 como resultado del proceso de cierre de la institución. La norma busca proteger […]
La Ley N° 8847 otorga personalidad jurídica propia al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), constituyéndolo como una organización social sin fines de lucro inscribible en el Registro […]
La Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, identificada como Ley N.º 5662, constituye un pilar esencial del marco jurídico costarricense orientado a la protección y el fortalecimiento del tejido social. Creada mediante decreto ejecutivo y reformada en diversas oportunidades, la […]
La Justicia tiene Precio
¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.
Licenciado Arroyo
Dictamen Jurídico N.° 0005
La Cruz de Alajuelita
Derecho Penal · Procesal · Constitucional · DDHH- Causa
- Petición CIDH 326-21
- Lugar de los hechos
- Alajuelita, San José · Costa Rica
- Hechos
- 6 de abril de 1986
Dictamen jurídico sobre la masacre cometida en el Cerro San Miguel de Alajuelita el Domingo de Ramos de 1986: siete víctimas —una mujer adulta y seis menores de edad—; una sentencia condenatoria (1989) anulada en 1990 por graves irregularidades —entre ellas, indicios de tortura para obtener la confesión del adolescente…
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