En el contexto de la creciente digitalización de los servicios financieros y el alarmante incremento de fraudes electrónicos, la Ley N.º 10889 se erige como una respuesta normativa esencial para reforzar la protección de los consumidores en la custodia de sus recursos. Al incorporarse al ordenamiento jurídico costarricense mediante la reforma del artículo 35 de la Ley 7472, la norma consolida el principio de responsabilidad objetiva en materia de servicios financieros, alineándose con la política de defensa efectiva del consumidor. Su promulgación refleja la voluntad del Poder Legislativo de actualizar la regulación frente a los desafíos que plantea la ciberseguridad en el sector bancario.
La legislación aborda, entre otros aspectos, la definición y alcance de las entidades financieras sujetas a supervisión, estableciendo que todas las instituciones reguladas por la Ley 7558 quedan comprendidas en su ámbito de aplicación. Asimismo, regula el procedimiento que deben seguir los usuarios que denuncien operaciones no autorizadas, fijando plazos estrictos para la presentación de reclamos y la respuesta de las instituciones. La norma también contempla la obligación de las entidades de mantener controles preventivos, detectivos y correctivos, bajo la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras.
Entre los elementos fundamentales de la Ley N.º 10889 destaca la imposición de responsabilidad concurrente e independiente de culpa a los bancos y demás instituciones financieras por la sustracción de fondos o la custodia inadecuada, salvo que se acredite alguna eximente prevista en la legislación. La disposición obliga a las entidades a demostrar la existencia de mecanismos de seguridad cibernética y a presentar evidencia de que sus sistemas informáticos no han sido vulnerados, todo ello dentro de un plazo de treinta días, prorrogable una sola vez. Además, la normativa establece la necesidad de que los usuarios acompañen sus reclamos con la denuncia correspondiente ante el Organismo de Investigación Judicial, garantizando así la trazabilidad del proceso.
Para los profesionales del derecho y la ciudadanía, la Ley N.º 10889 constituye una herramienta clave que refuerza la confianza en el sistema financiero y brinda un marco claro para la defensa de los derechos de los consumidores. Los abogados deben asesorar a sus clientes sobre los requisitos de presentación de reclamos, los plazos y la documentación necesaria, así como sobre las posibles eximentes de responsabilidad. Por su parte, los usuarios adquieren una mayor certeza de que, en caso de fraude, podrán contar con mecanismos efectivos y tiempos definidos para la reparación de los daños ocasionados.
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