La Ley N.° 10681, «Declaratoria de interés público e inclusión de un plan de salud mental en el sistema educativo costarricense», declara de interés público la promoción de la enseñanza en salud mental mediante un plan específico y su inclusión gradual en los programas de estudio. El texto lo transcribió y cotejó la Biblioteca palabra por palabra contra la página oficial; el facsímil oficial de La Gaceta va al final del PDF de la ley.
Es de aplicación obligatoria en los centros educativos públicos y privados, del nivel preescolar a la educación diversificada. El Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación Pública aprobarán el plan con sus lineamientos; la ley además regula la capacitación docente, las campañas de sensibilización, los convenios, la evaluación continua y la confidencialidad de la información de los estudiantes.
Declaratoria de Interes Público e Inclusión de un Plan de Salud Mental en el Sistema Educativo Costarricense (Ley N.° 10681)
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Un año después de su entrada en vigencia, el Ministerio de Educación Pública informará a la Asamblea Legislativa sobre su aplicación, y el Poder Ejecutivo tiene seis meses para reglamentarla. La ley rige a partir de su publicación, en el Alcance N.° 58 a La Gaceta N.° 84 del 12 de mayo de 2025.
N° 10681
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
DECLARATORIA DE INTERES PÚBLICO E INCLUSIÓN DE UN PLAN DE SALUD MENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE
Nota de la Biblioteca Jurídica: La Gaceta no ofrece de esta ley un texto digital fiable. Este texto lo transcribió la Biblioteca Jurídica y lo cotejó, palabra por palabra, con la página oficial; el facsímil oficial se reproduce íntegro al final del PDF de esta ley (Alcance N.° 58 a La Gaceta N.° 84 del 12 de mayo de 2025, páginas 11 a 16 del PDF del Alcance; 6 páginas).
Objetivo general
La promoción de la enseñanza en salud mental mediante un plan específico y su inclusión gradual en los programas de estudio de los diferentes niveles del sistema educativo, para promover el bienestar integral (social, emocional y psicológico) de los estudiantes a través de la identificación, conocimiento y la gestión efectiva de factores que la afectan.
Objetivos específicos
a) Prevenir los trastornos de salud mental a través de la educación temprana.
b) Reducir el aumento de diagnósticos por trastornos mentales, costos asociados a los problemas de salud mental, carga social, económica y manejo de estas condiciones a largo plazo.
c) Promover el bienestar psicológico como un factor clave en el rendimiento académico y la permanencia escolar, mediante la incorporación de enfoques pedagógicos que consideren la salud mental como un pilar fundamental, optimizando la inversión en educación.
d) Contribuir en el desarrollo económico y social, siendo individuos mentalmente saludables y capaces de aportar de manera efectiva a la economía, así como participar activamente en la sociedad fomentando comunidades más fuertes y resilientes.
Ámbito de aplicación
Esta ley es de aplicación obligatoria en los centros educativos, tanto públicos como privados, desde el nivel preescolar hasta la educación diversificada, integración donde se trasmitirá en forma sistemática la educación en salud mental con un enfoque que debe abarcar la adaptación de contenidos, métodos y estrategias pedagógicas, según las capacidades y necesidades específicas de cada grupo etario.
Declaratoria de interés público
Se declara de interés público la promoción de la enseñanza en salud mental mediante un plan específico y su inclusión gradual en los programas de estudio de los centros educativos públicos y privados del sistema de educación costarricense.
Definiciones
Para los fines de esta ley se define lo siguiente:
a) Salud mental: se comprende como el proceso de bienestar y desempeño personal y colectivo, caracterizado por la autorrealización, la autoestima, la autonomía, la capacidad para responder a las demandas de la vida en contextos familiares, comunitarios, académicos y laborales, y por el disfrute de la vida en armonía con el ambiente. La salud mental se promueve a través del sistema de salud y según factores biológicos, ambientales, sociales, económicos, culturales y psicológicos; según lo establece el artículo 7, inciso b), de la Ley 10412, Ley Nacional de Salud Mental, del 29 de noviembre de 2023.
b) Salud mental escolar: se refiere a la promoción, protección y restauración de la salud mental en el entorno escolar. Incluye las políticas y prácticas que trabajan hacia un ambiente escolar saludable que promueva el desarrollo emocional, social y académico de todos los estudiantes. Esto implica apoyar la resiliencia, enseñar a los estudiantes habilidades de afrontamiento, proporcionar apoyo emocional y psicológico y facilitar la detección temprana y manejo de problemas de salud mental.
c) Trastorno mental: conjunto de conductas y síntomas de orden mental clínicamente reconocibles, que en la mayoría de los casos se acompaña de malestar psíquico o interfieren en la actividad normal de la persona, según lo establecido en la revisión vigente de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según lo establece el artículo 7, inciso c), de la Ley 10412, Ley Nacional de Salud Mental, del 29 de noviembre del 2023.
Plan de Salud Mental Escolar
El Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación Pública, en el ámbito de sus competencias, aprobarán, implementarán y diseñarán el plan de salud mental, así como los lineamientos para garantizar su inclusión de forma transversal en los programas de estudio de los diferentes niveles del sistema educativo. El plan generado deberá contener los siguientes aspectos mínimos:
a) Introducir educación sobre salud mental mediante herramientas accesibles y prácticas.
b) Implementar medidas preventivas, efectivas para la intervención temprana y oportuna, reducción de los factores de riesgo y fomento de mecanismos para su protección.
c) Promover un ambiente escolar que asegure la inclusión y prevención de acoso escolar para mejorar el bienestar mental de toda la comunidad educativa.
d) Implementar actividades que aumenten la conciencia sobre los trastornos mentales, eduquen a la comunidad sobre su impacto y reduzcan el estigma asociado, a través de campañas informativas e iniciativas participativas.
e) Involucrar al entorno familiar y comunidades en programas educativos sobre salud mental que amplíen el apoyo a estudiantes y sus familias.
f) Implementar campañas educativas, charlas, talleres y actividades que permitan reducir el estigma que existe entorno a los trastornos mentales, creando un ambiente de empatía, apoyo y respeto en la comunidad escolar.
Capacitación docente
El Ministerio de Educación Pública implementará programas de capacitación y actualización continua para docentes en el área de salud mental, con el objetivo de garantizar la promoción de la enseñanza adecuada y efectiva.
Difusión de contenidos pedagógicos en materia de salud mental
El Ministerio de Educación Pública, en coordinación con el Ministerio de Salud, promoverá campañas pedagógicas y de sensibilización sobre la importancia de la salud mental tanto dentro como fuera del ámbito educativo, con el objetivo de reducir el estigma entorno a los trastornos mentales y fomentar una cultura de apoyo y comprensión.
Convenios
Se autoriza al Ministerio de Educación Pública a suscribir convenios con entidades gubernamentales, fundaciones y organizaciones internacionales para el cumplimiento de los fines y objetivos de la presente ley.
Estos convenios podrán incluir la colaboración en la implementación de programas, provisión de recursos y realización de actividades que fortalezcan la educación en salud mental.
Investigación y mejora continua
Se fomentará la evaluación continua en el ámbito de la salud mental escolar para medir la efectividad de las intervenciones y estrategias implementadas. Esta evaluación será realizada por el Ministerio de Educación Pública en coordinación con la Secretaría Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud.
Confidencialidad
Se garantizará la protección de datos y la confidencialidad en la gestión de información relacionada con la salud mental de los estudiantes, de conformidad con lo que establece la Ley 8968, Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, del 7 de julio de 2011.
Transcurrido el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Educación Pública informará a la Asamblea Legislativa sobre la aplicación de las disposiciones contenidas.
Dentro de un plazo máximo de seis meses siguientes a la publicación de la ley, el Poder Ejecutivo procederá a reglamentarla para garantizar su operatividad.
Rige a partir de su publicación.
El artículo 1 fija como objetivo general la promoción de la enseñanza en salud mental mediante un plan específico y su inclusión gradual en los programas de estudio de los diferentes niveles del sistema educativo, para promover el bienestar integral (social, emocional y psicológico) de los estudiantes a través de la identificación, el conocimiento y la gestión efectiva de los factores que la afectan.
El artículo 1 enumera cuatro: prevenir los trastornos de salud mental mediante la educación temprana; reducir el aumento de diagnósticos por trastornos mentales y los costos y la carga social y económica asociados; promover el bienestar psicológico como factor clave del rendimiento académico y la permanencia escolar; y contribuir al desarrollo económico y social con personas mentalmente saludables que participen activamente en la sociedad.
Sí. El artículo 2 establece que la ley es de aplicación obligatoria en los centros educativos, tanto públicos como privados, desde el nivel preescolar hasta la educación diversificada, con adaptación de contenidos, métodos y estrategias pedagógicas según las capacidades y necesidades de cada grupo etario. El artículo 3 declara de interés público la promoción de esta enseñanza en los centros públicos y privados.
El artículo 4 define la salud mental escolar como la promoción, protección y restauración de la salud mental en el entorno escolar, con políticas y prácticas que procuren un ambiente saludable para el desarrollo emocional, social y académico de los estudiantes. Define el trastorno mental como un conjunto de conductas y síntomas de orden mental clínicamente reconocibles, y remite a la Ley 10412, Ley Nacional de Salud Mental, para el concepto de salud mental.
Según el artículo 5, el Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación Pública, en el ámbito de sus competencias, aprobarán, implementarán y diseñarán el plan y los lineamientos para incluirlo de forma transversal en los programas de estudio. Como mínimo debe introducir educación sobre salud mental, implementar medidas preventivas, promover un ambiente escolar inclusivo y libre de acoso, reducir el estigma con campañas e involucrar a las familias y comunidades.
Sí. El artículo 6 ordena al Ministerio de Educación Pública implementar programas de capacitación y actualización continua para docentes en el área de salud mental, con el objetivo de garantizar la promoción de una enseñanza adecuada y efectiva en esta materia.
El artículo 7 encarga al Ministerio de Educación Pública, en coordinación con el Ministerio de Salud, promover campañas pedagógicas y de sensibilización sobre la importancia de la salud mental, dentro y fuera del ámbito educativo, para reducir el estigma. El artículo 8 lo autoriza a suscribir convenios con entidades gubernamentales, fundaciones y organizaciones internacionales, que podrán incluir colaboración en programas, provisión de recursos y actividades.
El artículo 9 dispone una evaluación continua de la salud mental escolar para medir la efectividad de las intervenciones, a cargo del Ministerio de Educación Pública en coordinación con la Secretaría Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud. El artículo 10 garantiza la protección de datos y la confidencialidad de la información sobre la salud mental de los estudiantes, de conformidad con la Ley 8968, Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
El artículo 11 dispone que, transcurrido un año contado a partir de la entrada en vigencia de la ley, el Ministerio de Educación Pública informará a la Asamblea Legislativa sobre la aplicación de sus disposiciones. El texto no detalla el contenido de ese informe ni prevé otra consecuencia.
El artículo 12 fija un plazo máximo de seis meses siguientes a la publicación de la ley para que el Poder Ejecutivo la reglamente, con el fin de garantizar su operatividad. La ley rige a partir de su publicación, y el informe a la Asamblea Legislativa del artículo 11 corre un año desde su entrada en vigencia.
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