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Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas de Costa Rica (Ley N° 10025)
Bufete de Costa Rica
Actualización Legislativa: 12/05/2023
Actualización Legislativa: 12/05/2023
La Ley N.º 10025, “Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas”, se inserta en el marco constitucional costarricense como una norma de carácter estructural que reconoce la lectura como un derecho fundamental y la cultura escrita como pilar del desarrollo humano. Al articularse con la Ley de Derechos de Autor y la normativa educativa, consolida un entramado legal que protege la producción, difusión y acceso a los libros. Su promulgación responde a la necesidad de fortalecer la identidad cultural y la cohesión social mediante la promoción del hábito lector. De este modo, la norma se convierte en un elemento esencial del ordenamiento jurídico, alineado con los principios de igualdad y libertad de expresión.
La legislación regula, en forma integral, el ecosistema del libro y la lectura, abarcando desde la definición de los actores involucrados –autor, agente literario, editorial, distribuidor y librería– hasta la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Bibliotecas y las bibliotecas escolares, tanto físicas como digitales. Asimismo, establece los parámetros para la producción, circulación y comercialización de obras en cualquier soporte, incluyendo la asignación del ISBN y la consideración del libro como bien cultural y tributario. La ley también contempla la responsabilidad del Estado en la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Lectura, garantizando la participación interinstitucional. En conjunto, cubre la cadena completa que permite que el libro llegue a la sociedad.
Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas de Costa Rica (Ley N° 10025)
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Entre las disposiciones clave destaca el artículo 3, que consagra el derecho de todas las personas a la lectura y obliga a los poderes públicos a garantizar su ejercicio en condiciones de libertad y equidad social. El artículo 1 delimita el ámbito de aplicación, extendiendo la normativa al Sinabi y a las bibliotecas públicas escolares, mientras que el artículo 2 brinda definiciones precisas que facilitan la interpretación jurídica de los conceptos involucrados. Asimismo, la ley incorpora mecanismos de planificación, evaluación y actualización periódica del Plan Nacional de Lectura, dotándolo de carácter vinculante para las instituciones estatales. Estas piezas normativas forman la columna vertebral que orienta la política pública hacia la difusión del libro y la promoción de la lectura.
Para los profesionales del derecho, la Ley N.º 10025 representa una fuente de obligaciones y oportunidades en materia contractual, de propiedad intelectual y de gestión cultural, demandando una interpretación cuidadosa de los roles y responsabilidades de los agentes del sector. Para la ciudadanía, la norma garantiza el acceso a la información y a la cultura escrita, fortaleciendo la inclusión educativa y el ejercicio pleno de derechos fundamentales. En un contexto de transformación digital y de creciente demanda de contenidos, la legislación se muestra pertinente para fomentar la alfabetización mediática y la preservación del patrimonio bibliográfico. Así, su aplicación eficaz constituye un elemento clave para el desarrollo sostenible y la cohesión social en Costa Rica.
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