Adición de un Inciso k) al Artículo 2 y al Artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública de Costa Rica (Ley N° 10862)

La reciente incorporación del inciso k) al artículo 2 y al artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública (Ley N.º 10862) constituye una reforma significativa dentro del marco jurídico costarricense, pues amplía y precisa los alcances de la normativa que regula la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Esta modificación se inscribe en la continua búsqueda de mayor eficiencia y transparencia en la gestión pública, alineándose con los principios constitucionales de legalidad y buen gobierno. Al establecer nuevas exclusiones y excepciones, la reforma refuerza la capacidad del ordenamiento para atender necesidades específicas del sector académico y de investigación. En consecuencia, se fortalece la coherencia entre la política de contratación y los objetivos estratégicos de desarrollo nacional.

El texto introducido aborda dos ámbitos esenciales: por un lado, la exclusión de determinadas actividades, como las membresías a organismos internacionales y la suscripción a bases de datos para la investigación en universidades públicas y el CONARE; por otro, la definición de casos en que la contratación no competitiva resulta justificada para actividades académicas, de investigación o extensión. Estas disposiciones buscan reconocer la naturaleza particular de los proyectos de generación y transferencia de conocimiento, que a menudo requieren proveedores especializados y condiciones de contratación distintas a las de los procesos ordinarios. Asimismo, se contempla la exención de impuestos para las actividades excluidas, lo que favorece la disponibilidad de recursos para la comunidad universitaria. En suma, la reforma delimita con claridad los límites y las posibilidades de la contratación pública en el sector educativo superior.

Entre los elementos fundamentales del inciso k) destaca la exigencia de realizar un estudio de mercado que demuestre la idoneidad del proveedor y la razonabilidad del precio, aun cuando se opta por una contratación directa. Cuando el proveedor idóneo no esté registrado en el Sistema Digital Unificado, la norma permite la contratación fuera de dicho sistema, siempre que la información completa se registre en los módulos habilitados por la Dirección de Contratación Pública. Además, la reforma establece criterios de especialidad, innovación y compatibilidad académica como justificación para excluir el concurso público, garantizando que la decisión esté sustentada en criterios técnicos y académicos acreditados. Estas medidas buscan equilibrar la flexibilidad operativa con la obligación de rendición de cuentas y control interno.

Para los profesionales del derecho, funcionarios de contratación y la sociedad civil, la adición del inciso k) reviste una relevancia inmediata, pues introduce nuevos parámetros de cumplimiento y de defensa jurídica en los procesos de adquisición académica. Los abogados deberán asesorar a las instituciones educativas sobre la correcta aplicación de los estudios de mercado y la documentación requerida para evitar controversias. Los ciudadanos, por su parte, ganan mayor claridad sobre los casos en que se permite la contratación directa, lo que refuerza la confianza en la gestión pública. En definitiva, esta reforma aporta una herramienta normativa que armoniza la necesidad de agilidad en la investigación con los principios de transparencia y legalidad que rigen la contratación estatal.

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Referencias Bibliográficas

• Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2025). Ley General de Contratación Pública de Costa Rica (Ley n.° 9986). Versión consolidada vigente al 10 de marzo de 2025. Biblioteca Jurídica del Bufete de Costa Rica. https://bufetedecostarica.com/ley-general-de-contratacion-publica-de-costa-rica/