La Ley N.° 10399, Ley para que el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central de Costa Rica concurran ante la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, ordena a ambos funcionarios concurrir ante el Plenario legislativo […]
Banco central de costa rica
La Ley N.° 10377 reemplaza la referencia de la tasa LIBOR en la Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, de 3 de noviembre de 1995. Su artículo único reforma el numeral 2 del subinciso i) del […]
La Ley N.° 10523, Ley para mejorar las capacidades de la Contraloría General de la República para constatar la veracidad de las declaraciones juradas sobre la situación patrimonial de funcionarios públicos, reforma en un artículo único el numeral 34 de […]
La Ley N.° 10580 adiciona párrafos a tres leyes: la Ley 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep); la Ley 9736, Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, y la Ley 7558, […]
La Ley N.° 10638, Adición de un inciso g) al artículo 17 y un transitorio XII a la Ley 3503, Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores, de 10 de mayo de 1965, incorpora a esa ley, […]
La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, promulgada bajo el número 7558, constituye uno de los pilares del marco jurídico económico del país. Al conferir personalidad jurídica y autonomía a la institución, la norma fortalece la independencia del […]
La Justicia tiene Precio
¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.
Licenciado Arroyo
Dictamen Jurídico N.° 0005
La Cruz de Alajuelita
Derecho Penal · Procesal · Constitucional · DDHH- Causa
- Petición CIDH 326-21
- Lugar de los hechos
- Alajuelita, San José · Costa Rica
- Hechos
- 6 de abril de 1986
Dictamen jurídico sobre la masacre cometida en el Cerro San Miguel de Alajuelita el Domingo de Ramos de 1986: siete víctimas —una mujer adulta y seis menores de edad—; una sentencia condenatoria (1989) anulada en 1990 por graves irregularidades —entre ellas, indicios de tortura para obtener la confesión del adolescente…
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