La evolución del derecho penal en Costa Rica constituye uno de los procesos histórico-jurídicos más singulares de América Latina. Desde la aplicación del derecho castellano-indiano en tiempos coloniales hasta las reformas del siglo XXI en materia de justicia restaurativa, responsabilidad penal corporativa y combate a la delincuencia organizada, el país ha transitado un camino de progresiva humanización, constitucionalización e internacionalización de su sistema punitivo que lo distingue notablemente en el concierto regional.
Costa Rica fue pionera en la abolición de la pena de muerte, suprimió el ejército como institución permanente — eliminando con ello la justicia penal militar — e incorporó tempranamente las garantías del derecho internacional de los derechos humanos a su ordenamiento interno. Comprender este recorrido histórico no es un ejercicio meramente académico: permite contextualizar las instituciones vigentes, identificar las influencias doctrinales que las sustentan y proyectar las tendencias que moldearán el futuro del sistema penal nacional.
La presente investigación traza un recorrido exhaustivo por las distintas etapas de la evolución legislativa, institucional y doctrinal del derecho penal costarricense, combinando el análisis histórico-normativo con la revisión de los textos legales vigentes, las influencias doctrinales de cada período codificador y el contexto político y social en que surgieron las principales reformas. El objetivo es ofrecer la referencia más completa sobre la historia del derecho penal en Costa Rica, útil tanto para estudiantes de Derecho como para profesionales del foro y académicos interesados en la tradición jurídico-penal costarricense.
El proceso de codificación penal es uno de los fenómenos más significativos de la modernidad jurídica. Surgido de las ideas ilustradas del siglo XVIII — particularmente de la obra seminal de Cesare Beccaria De los delitos y las penas (1764) y de los postulados de la Revolución Francesa —, el movimiento codificador buscó sustituir el casuismo y la dispersión normativa del Antiguo Régimen por cuerpos legales sistemáticos, completos y coherentes. En materia penal, la codificación perseguía la seguridad jurídica mediante la tipificación precisa de las conductas punibles, la proporcionalidad entre el delito y la pena, la igualdad ante la ley y la humanización del sistema punitivo.
En América Latina, el proceso codificador se vinculó estrechamente con la construcción de los Estados nacionales tras la independencia de España. Los nuevos países necesitaban legislación propia que sustituyera el complejo entramado normativo colonial, y el derecho penal fue una de las primeras áreas en recibir atención codificadora por su impacto directo en el ejercicio del poder estatal sobre los ciudadanos. Costa Rica no fue ajena a esta tendencia, aunque su proceso presentó particularidades derivadas de su condición de provincia periférica durante la Colonia y de su temprana vocación civilista tras la independencia.
Tres principios rectores han guiado el desarrollo histórico del derecho penal en Costa Rica. En primer lugar, el principio de humanización progresiva, que se manifiesta en la temprana abolición de la pena de muerte, la prohibición constitucional de penas perpetuas y tratos crueles, y la incorporación de mecanismos de justicia restaurativa. En segundo lugar, el principio de constitucionalización, evidente en la consagración de garantías fundamentales en la Constitución de 1949 y en el control jurisdiccional ejercido por la Sala Constitucional desde 1989. En tercer lugar, el principio de internacionalización, reflejado en la creciente incorporación de estándares del derecho internacional de los derechos humanos al sistema penal interno, proceso intensificado con la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1970 y la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1980.
Durante los siglos XVI al XIX, el territorio que hoy comprende Costa Rica se rigió por el complejo sistema normativo castellano-indiano, un ordenamiento jurídico que combinaba el derecho de Castilla con las normas específicas dictadas para las Indias. En materia penal, este sistema se caracterizaba por su dispersión normativa, su casuismo y la severidad de las penas, que incluían la pena de muerte, los castigos corporales, el destierro y la confiscación de bienes.
Las principales fuentes del derecho penal aplicable en la provincia de Costa Rica durante la Colonia fueron las Siete Partidas de Alfonso X — particularmente la Séptima Partida, dedicada a los delitos y las penas —, la Nueva Recopilación de las Leyes de España de 1567, la Novísima Recopilación de 1805 y las Leyes de Indias, compiladas en la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias de 1680. La Séptima Partida establecía un sistema punitivo riguroso que contemplaba penas de muerte por diversos medios, mutilaciones, azotes, destierro y servidumbre, aplicables según la gravedad del delito y la condición social del infractor.
La aplicación de este derecho en Costa Rica presentaba, sin embargo, particularidades derivadas de la condición marginal de la provincia dentro del sistema colonial. Costa Rica fue una de las provincias más pobres y aisladas de la Capitanía General de Guatemala, con escasa población, limitada actividad económica y una administración de justicia precaria. La lejanía de los centros de poder colonial y la ausencia de tribunales superiores en el territorio hacían que la justicia penal fuera, en la práctica, más informal y menos rigurosa que en las capitales virreinales. Los alcaldes ordinarios ejercían funciones jurisdiccionales con escasa formación jurídica, y los casos de mayor gravedad debían remitirse a la Audiencia de Guatemala, con las demoras que ello implicaba.
No obstante, el legado del derecho castellano-indiano fue significativo para la posterior evolución del derecho penal costarricense. Conceptos fundamentales como la distinción entre delitos públicos y privados, la gradación de las penas según la gravedad del hecho, la consideración de atenuantes y agravantes, y la estructura del proceso penal con sus fases de sumario y plenario, pervivieron en la legislación republicana y dejaron huellas que aún pueden rastrearse en las instituciones penales contemporáneas.
La independencia de Costa Rica, proclamada el 29 de octubre de 1821 como consecuencia del proceso emancipador centroamericano iniciado el 15 de septiembre del mismo año en Guatemala, no supuso una ruptura inmediata con el ordenamiento jurídico colonial. Como ocurrió en la generalidad de los países hispanoamericanos, la independencia política precedió por décadas a la independencia jurídica. La nueva nación heredó no solo un territorio y una población, sino también un entramado normativo complejo que no podía ser sustituido de un día para otro.
En los primeros años de vida republicana, Costa Rica continuó aplicando la legislación española en materia penal, en virtud de disposiciones que expresamente mantenían la vigencia del derecho anterior en todo lo que no contradijera las nuevas instituciones políticas. El Pacto Social Fundamental Interino, conocido como el Pacto de Concordia de 1821 — primer instrumento constitucional del país —, no contenía disposiciones sustantivas en materia penal más allá de reconocer ciertos derechos individuales de carácter general. Los sucesivos instrumentos constitucionales de las décadas de 1820 y 1830 — la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica de 1825, el Decreto de Bases y Garantías de 1841 — fueron incorporando progresivamente garantías penales, pero sin abordar una codificación sustantiva.
Este vacío legislativo se suplió con la continuada aplicación de las Siete Partidas, la Novísima Recopilación y demás cuerpos normativos españoles, situación que generaba una profunda inseguridad jurídica. Los textos aplicables eran extensos, dispersos y frecuentemente contradictorios entre sí, y su interpretación dependía del criterio de los escasos letrados que ejercían funciones jurisdiccionales en el país. La falta de un código propio era particularmente problemática en materia penal, donde la claridad y la certeza normativa son condiciones indispensables para la legítima imposición de sanciones. Esta situación de precariedad normativa fue precisamente la que motivó el primer esfuerzo codificador de Braulio Carrillo en 1841.
El primer intento codificador integral en la historia jurídica costarricense se debe a Braulio Carrillo Colina, Jefe de Estado entre 1835-1837 y nuevamente entre 1838-1842. Carrillo, hombre de formación autodidacta pero de notable visión política, comprendió que la consolidación del Estado costarricense requería un ordenamiento jurídico propio que sustituyera la legislación colonial.
En 1841, Carrillo promulgó el Código General del Estado de Costa Rica, un ambicioso cuerpo normativo que integraba en un solo texto disposiciones de derecho civil, penal, de procedimientos y de comercio. Este código constituyó el primer esfuerzo sistemático de codificación en Centroamérica y uno de los más tempranos en toda América Latina. En su sección penal, el Código General reflejaba las influencias del pensamiento ilustrado europeo filtradas a través de la legislación española de la época, particularmente del Código Penal español de 1822.
El contexto político fue determinante. Carrillo gobernaba con poderes prácticamente dictatoriales, habiendo disuelto la representación política y concentrado el poder en su persona. Esta concentración le permitió impulsar la codificación sin los obstáculos que un proceso legislativo ordinario habría supuesto, pero también significó que el código fue más una imposición del gobernante que el producto de un debate jurídico plural. La caída de Carrillo en 1842, derrocado por Francisco Morazán, puso en cuestión la vigencia del código, aunque muchas de sus disposiciones continuaron aplicándose por la simple razón de que no existía legislación alternativa.
El Código General representó un avance significativo respecto del derecho castellano-indiano: proporcionó un texto único y sistemático, estableció el principio de legalidad penal de forma incipiente y moderó algunas de las penas más severas del Antiguo Régimen. Sin embargo, se trataba de una obra elaborada sin el rigor técnico que la ciencia penal del siglo XIX ya demandaba, y su carácter omnibus dificultaba su aplicación sistemática.
La segunda mitad del siglo XIX fue un período de profunda transformación para Costa Rica, marcado por la consolidación del Estado liberal, el auge de la economía cafetalera y la apertura hacia las corrientes intelectuales europeas. En este contexto surgió la necesidad de un código penal moderno que respondiera a los estándares de la ciencia penal de la época.
El Código Penal de 1880 fue promulgado durante la presidencia de Tomás Guardia Gutiérrez, figura central del liberalismo costarricense que gobernó con interrupciones entre 1870 y 1882. Este código representó una modernización sustancial al abandonar el formato integrador del Código General de 1841 y adoptar la estructura de un código penal autónomo, siguiendo el modelo predominante en Europa y América Latina. La separación del derecho penal como disciplina codificada independiente reflejaba la maduración del pensamiento jurídico costarricense y su apertura a las corrientes europeas contemporáneas.
La principal influencia del Código Penal de 1880 fue el Código Penal español de 1870, que a su vez recogía la tradición codificadora española iniciada con el código de 1822 y continuada con los de 1848 y 1850. La recepción del modelo español era natural dada la comunidad lingüística y la tradición jurídica compartida, pero también reflejaba las limitaciones del medio jurídico costarricense de la época, que aún carecía de una doctrina penal propia capaz de generar soluciones originales. El código se estructuraba siguiendo el esquema clásico de parte general y parte especial, establecía un catálogo de penas que incluía la privación de libertad, la multa y la inhabilitación, y tipificaba los delitos siguiendo las categorías tradicionales. Su vigencia se extendió por más de cuarenta años, durante los cuales fue objeto de reformas parciales que buscaron adaptarlo a las cambiantes circunstancias sociales del país.
Uno de los hitos más significativos en la historia del derecho penal costarricense — y uno de los que mayor reconocimiento internacional ha generado — fue la abolición de la pena de muerte en 1882. Costa Rica se convirtió así en uno de los primeros países del mundo en eliminar esta pena de su ordenamiento jurídico, anticipándose por décadas a la tendencia abolicionista que se generalizaría en el siglo XX.
La abolición se produjo bajo el gobierno de Tomás Guardia, paradójicamente un gobernante autoritario que había llegado al poder mediante un golpe de Estado en 1870. La decisión respondió a un conjunto de factores: la influencia del pensamiento humanista e ilustrado que permeaba a las élites intelectuales costarricenses, la tradición civilista del país que contrastaba con la violencia política prevaleciente en otros países centroamericanos, y la convicción de que la pena capital no cumplía una función disuasoria eficaz.
La abolición se consagró a nivel constitucional, garantizando que no pudiera ser revertida por simple mayoría legislativa. Esta decisión fue ratificada y ampliada en la Constitución Política de 1949, cuyo artículo 40 estableció:
Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula.
La abolición de la pena de muerte fue un acto de profundo significado simbólico que contribuyó a forjar la identidad nacional costarricense como pueblo pacífico y humanista. Junto con la posterior abolición del ejército en 1948, constituye uno de los pilares sobre los que se ha construido la excepcionalidad costarricense en el contexto centroamericano y latinoamericano.
A comienzos del siglo XX, el Código Penal de 1880 mostraba signos evidentes de obsolescencia. Las transformaciones sociales derivadas de la expansión bananera en la vertiente atlántica, el crecimiento urbano, la emergencia de nuevos actores sociales como el movimiento obrero organizado, y la evolución de la ciencia penal hacia el positivismo criminológico demandaban una actualización legislativa que el marco codificador de 1880 no podía satisfacer.
El Código Penal de 1924 buscó responder a estas necesidades incorporando elementos del positivismo criminológico italiano, la corriente doctrinal que, encabezada por Cesare Lombroso, Enrico Ferri y Raffaele Garofalo, había revolucionado la ciencia penal europea a finales del siglo XIX. Particularmente influyente fue la idea de que el derecho penal debía ocuparse no solo del delito como hecho jurídico abstracto sino también del delincuente como sujeto social concreto. Se introdujeron conceptos como la peligrosidad del agente, las medidas de seguridad complementarias a las penas, y una mayor atención a la individualización de la sanción penal en función de las circunstancias personales del infractor. El código de 1924 mantuvo la estructura de parte general y parte especial, amplió el catálogo de delitos para incorporar figuras vinculadas a los nuevos fenómenos sociales, y modernizó el sistema de penas con alternativas a la privación de libertad para delitos menores. Su vigencia se extendió hasta 1941.
El Código Penal y de Policía de 1941, promulgado el 21 de agosto de 1941 durante la presidencia de Rafael Ángel Calderón Guardia, se enmarcó en uno de los períodos más trascendentales de la historia costarricense. Las grandes reformas sociales de la década de 1940 incluyeron la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, la promulgación del Código de Trabajo y la incorporación del capítulo de Garantías Sociales a la Constitución. El código penal de 1941 se inscribió en este espíritu reformista, integrando el derecho penal propiamente dicho con las contravenciones de policía en un mismo cuerpo normativo.
Su vigencia se extendió por casi tres décadas, abarcando un período crucial que incluyó la guerra civil de 1948, la promulgación de la Constitución de 1949, la abolición del ejército y la consolidación del Estado social de derecho. La derogación expresa de este código fue consagrada en el artículo 410 del Código Penal de 1970:
Derógase expresamente el Código Penal y de Policía, ambos de 21 de agosto de 1941 y todas las disposiciones legales que lo adicionan y reforman.
La Constitución Política de 1949, promulgada el 7 de noviembre de ese año por la Asamblea Nacional Constituyente, representó un punto de inflexión en la historia jurídica costarricense y sentó las bases constitucionales del derecho penal moderno. Surgida del proceso político posterior a la guerra civil de 1948, esta Constitución incorporó un robusto catálogo de garantías individuales que impactan directamente en el ámbito penal.
El artículo 39 consagró el principio de legalidad penal y el debido proceso con una formulación que perdura hasta la actualidad:
A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.
Esta disposición constituye el pilar fundamental del sistema penal costarricense al exigir simultáneamente la tipicidad legal previa, la sentencia firme, el derecho de defensa y la demostración de culpabilidad como condiciones ineludibles para la imposición de una pena. El artículo 42 complementó este marco al consagrar el principio de ne bis in idem:
Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo punto. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible. Se prohíbe reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revisión.
De particular relevancia para la evolución del derecho penal fue el artículo 12 de la Constitución:
Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias.
Esta disposición, consecuencia directa de la guerra civil de 1948 y de la decisión del Presidente José Figueres Ferrer de abolir las fuerzas armadas, tuvo un impacto profundo en el derecho penal. Al eliminar el ejército como institución permanente, se eliminó también la posibilidad de una justicia penal militar permanente. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, donde la jurisdicción penal militar ha sido fuente constante de conflictos con las garantías del debido proceso, Costa Rica se libró de esta problemática al eliminar el sustrato institucional que la generaba.
El artículo 7 de la Constitución estableció que los tratados públicos y los convenios internacionales debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa tendrían «autoridad superior a las leyes», sentando las bases para la posterior incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al sistema penal. Complementariamente, el artículo 48 — reformado en 1989 mediante la Ley N° 7128 — extendió la protección del hábeas corpus y el amparo a los derechos fundamentales establecidos en instrumentos internacionales:
Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República.
El Código Penal vigente, Ley N° 4573, fue promulgado el 4 de mayo de 1970 y entró en vigencia el 15 de noviembre del mismo año. Este código representó la culminación de un largo proceso de modernización del derecho penal costarricense y constituyó un salto cualitativo respecto de la legislación anterior.
Las influencias doctrinales del Código Penal de 1970 fueron múltiples y reflejaron la apertura del medio jurídico costarricense hacia las corrientes más avanzadas de la ciencia penal. La principal fuente de inspiración fue el Código Penal Tipo para Latinoamérica, un proyecto académico impulsado por la Comisión Redactora del Código Penal Tipo Latinoamericano, que buscaba dotar a la región de un modelo codificador común basado en los desarrollos más recientes de la dogmática penal alemana e italiana. Este proyecto propugnaba un derecho penal de acto — frente al derecho penal de autor positivista —, el principio de culpabilidad como fundamento y límite de la pena, y una parte general técnicamente depurada.
La influencia de la dogmática penal alemana se manifiesta en la estructura del hecho punible adoptada por el código, que sigue el esquema tripartito de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, así como en la regulación del error de tipo y de prohibición, las causas de justificación y las circunstancias de inculpabilidad. La doctrina penal italiana también dejó su impronta, particularmente en la regulación de la tentativa, la participación criminal y el concurso de delitos.
El artículo 1 del Código Penal consagra el principio de legalidad con una formulación que armoniza con el artículo 39 constitucional:
Nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no tipifique como punible ni sometido a penas o medidas de seguridad que aquélla no haya establecido previamente.
La estructura del código comprende un Libro Primero dedicado a las Disposiciones Generales — que incluye la ley penal, el hecho punible, el autor, las penas y las medidas de seguridad — y un Libro Segundo dedicado a los Delitos, organizado por títulos según el bien jurídico protegido. Esta estructura refleja el principio de lesividad u ofensividad, según el cual el derecho penal solo puede intervenir para proteger bienes jurídicos frente a conductas que los lesionen o pongan en peligro.
Desde su promulgación, el Código Penal ha sido objeto de numerosas reformas que reflejan la adaptación del derecho penal a las cambiantes realidades sociales. La Ley N° 7538 de 1995 reformó disposiciones sobre adopción de personas. La Ley N° 7732 de 1997 (Ley Reguladora del Mercado de Valores) introdujo tipos penales especializados en el ámbito financiero. La Ley N° 8250 de 2002 reformó el Libro Tercero de Contravenciones. La Ley N° 8272 de 2002 incorporó los crímenes de guerra y de lesa humanidad, en consonancia con la evolución del derecho penal internacional y los compromisos asumidos por Costa Rica ante la comunidad internacional. La Ley N° 9048 de 2012 reformó la sección de delitos informáticos, tipificando conductas como el fraude informático, la suplantación de identidad digital y el acceso ilícito a sistemas.
Leyes especiales como la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (N° 8589 de 2007) y la Ley contra la Delincuencia Organizada (N° 8754 de 2009) han complementado y modificado sus disposiciones, limitando beneficios penales para ciertos delitos. La Ley N° 8719 de 2009 sobre fortalecimiento de la legislación contra el terrorismo también reformó artículos del código. Más recientemente, la Ley N° 9699 de 2019 sobre responsabilidad de personas jurídicas reformó el artículo 38 del código e introdujo un cambio paradigmático al romper con el principio tradicional de que las sociedades no pueden delinquir. Y la Ley N° 9877 de 2020 contra el acoso sexual callejero adicionó nuevos tipos penales con disposiciones transitorias de entrada en vigencia diferida.
Este proceso constante de reforma ha mantenido vivo al código de 1970, adaptándolo a cada nueva realidad sin necesidad de una recodificación integral, lo que habla tanto de la solidez de su estructura original como de la flexibilidad del legislador costarricense para actualizar el instrumento normativo fundamental del derecho penal.
El Código de Procedimientos Penales de 1973 (Ley N° 5377 del 19 de octubre de 1973) vino a completar la reforma penal iniciada con el Código Penal de 1970. Este código adoptó un sistema procesal mixto que combinaba elementos del sistema inquisitivo tradicional con elementos del sistema acusatorio moderno. En la fase de instrucción, mantenía rasgos inquisitivos significativos: el juez de instrucción concentraba funciones de investigación y decisión, la escrituralidad predominaba sobre la oralidad, y el secreto sumarial limitaba la participación de la defensa. La fase de juicio, sin embargo, incorporaba elementos acusatorios como la oralidad, la publicidad y la contradicción.
Este sistema fue objeto de crecientes críticas que eventualmente conducirían a la reforma de 1996. Las objeciones principales se dirigían a la concentración de funciones en el juez instructor — que comprometía su imparcialidad —, a la excesiva duración de los procesos agravada por la escrituralidad, y a la insuficiente protección de los derechos del imputado durante la instrucción.
La reforma procesal penal de 1996, materializada en el Código Procesal Penal (Ley N° 7594 del 10 de abril de 1996), que entró en vigencia el 1 de enero de 1998, representó la transformación más profunda del sistema de justicia penal costarricense en la segunda mitad del siglo XX. El nuevo código sustituyó el sistema mixto por un modelo acusatorio, inscribiéndose en la ola de reformas procesales penales que recorrió América Latina durante la década de 1990 bajo la influencia del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica.
El artículo 1 del nuevo código consagró el principio de legalidad procesal:
Nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad, sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo a este Código y con observancia estricta de las garantías, las facultades y los derechos previstos para las personas.
Las innovaciones estructurales fueron profundas y afectaron todos los niveles del proceso penal. Se separaron las funciones de investigación — asignadas al Ministerio Público — de las funciones jurisdiccionales reservadas a los jueces, eliminando la figura del juez instructor que concentraba ambos roles en el sistema anterior. Se estableció la oralidad como principio rector del proceso, sustituyendo la predominancia de la escrituralidad que caracterizaba al código de 1973. El artículo 5 del nuevo código estableció que los jueces quedan sujetos «únicamente a la Constitución, al Derecho Internacional y Comunitario vigentes en Costa Rica, y a la ley», consagrando la independencia judicial como pilar del sistema acusatorio.
El artículo 9 consagró la presunción de inocencia al disponer que «el imputado deberá ser considerado como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no sea declarada su culpabilidad por sentencia firme». El artículo 12 garantizó la inviolabilidad de la defensa, y el artículo 13 aseguró el derecho a defensa técnica letrada desde el inicio de la persecución penal hasta la ejecución de la sentencia. Se fortaleció significativamente el papel de la víctima como sujeto procesal con derechos propios, y se introdujeron mecanismos de justicia alternativa — la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y la reparación integral del daño — que reflejaban una nueva concepción del conflicto penal como algo susceptible de resolución participativa, no solo de imposición estatal.
El artículo 16 estableció la dualidad de la acción penal — pública o privada —, disponiendo que cuando sea pública, su ejercicio corresponde al Ministerio Público, «sin perjuicio de la participación que este Código concede a la víctima o a los ciudadanos». Se regularon también los criterios de oportunidad (artículo 22), permitiendo al Ministerio Público, con autorización superior, no ejercer la acción penal en determinados supuestos, introduciendo así flexibilidad en un sistema que históricamente se había regido por el principio de legalidad procesal absoluta.
La transición de un sistema a otro requirió un período de implementación de casi dos años. Las disposiciones transitorias fueron cuidadosamente diseñadas para gestionar la coexistencia temporal de ambos sistemas. El Transitorio I estableció que los procesos con auto de elevación a juicio o de prórroga extraordinaria continuarían tramitándose conforme al código anterior, mientras que los demás se adecuarían a las nuevas disposiciones. El Transitorio III otorgó a la Corte Suprema de Justicia facultades extraordinarias durante los primeros dos años de vigencia para reorganizar despachos, trasladar funcionarios y redistribuir la competencia territorial. El Transitorio IV previó la necesidad de una ley de organización judicial complementaria que adecuara la estructura del Poder Judicial a los requerimientos del nuevo modelo procesal. La derogación expresa del código de 1973 quedó consagrada en el artículo 494:
Se derogan expresamente el Código de Procedimientos Penales, Ley No. 5377, del 19 de octubre de 1973 y las leyes que lo adicionaron y reformaron, así como cualquier disposición que se oponga o contradiga lo preceptuado en este Código.
La creación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley N° 7135 de 1989) constituyó un hito de extraordinaria importancia para la evolución del derecho penal en Costa Rica. El artículo 10 de la Constitución Política, reformado para establecer esta jurisdicción especializada, dispuso que correspondería a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia «declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público».
La creación de esta jurisdicción constitucional especializada, acompañada de la reforma del artículo 48 que amplió la protección del hábeas corpus y el amparo, transformó radicalmente la relación entre el derecho constitucional y el derecho penal en Costa Rica. Antes de 1989, el control de constitucionalidad de las leyes penales era ejercido por la Corte Suprema en pleno, con procedimientos lentos y criterios poco sistematizados. La Sala Constitucional introdujo un control ágil, especializado y accesible, que permitió a cualquier persona cuestionar la constitucionalidad de una norma penal o denunciar la violación de garantías fundamentales en el contexto de un proceso penal.
El impacto de la Sala Constitucional en el derecho penal ha sido verdaderamente transformador. Desde su instalación, ha ejercido un riguroso control de constitucionalidad sobre la legislación penal, declarando inconstitucionales disposiciones que vulneraban garantías fundamentales. La Resolución N° 322 de febrero de 1992 declaró inconstitucionales disposiciones relativas a medidas de seguridad impuestas por autoridades administrativas, por contravenir el artículo 39 de la Constitución — esta resolución fue particularmente significativa porque delimitó la frontera entre la potestad administrativa de policía y el derecho penal, reservando la imposición de medidas restrictivas de la libertad a la autoridad judicial. La Resolución N° 88-92 de enero de 1992, aclarada posteriormente por la Resolución N° 796-92 de marzo de 1992, abordó cuestiones fundamentales de constitucionalidad penal. La Resolución N° 353 del 12 de febrero de 1991 interpretó el artículo 42 constitucional en el sentido de que la prohibición de juzgar en diversas instancias se refiere exclusivamente a que el juez que dicta una resolución no puede resolver el recurso que proceda contra ella. Y la Resolución N° 1588-98 de marzo de 1998 modificó disposiciones del Código Penal para adecuarlas al marco constitucional.
La Sala ha desarrollado una jurisprudencia consistente y profunda que ha constitucionalizado prácticamente todos los aspectos del derecho penal. Sus pronunciamientos han abarcado desde el principio de legalidad penal — exigiendo la máxima taxatividad en la descripción de las conductas punibles y rechazando tipos penales ambiguos o excesivamente abiertos — hasta estándares rigurosos para la motivación de las sentencias penales, la proporcionalidad de las penas, la presunción de inocencia, la proscripción de la doble persecución penal y los límites constitucionales de la prisión preventiva. Este control jurisdiccional ha actuado como un contrapeso fundamental frente a las tendencias expansionistas del legislador penal, asegurando que la política criminal se mantenga dentro de los cauces constitucionales.
La incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al sistema penal costarricense ha sido un proceso gradual con impacto profundo en las garantías penales y procesales vigentes.
Costa Rica ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en 1970, convirtiéndose en uno de los primeros países en adherirse a este instrumento fundamental. La Convención contiene disposiciones directamente aplicables al ámbito penal: derecho a la libertad personal (artículo 7), garantías judiciales (artículo 8), principio de legalidad y retroactividad (artículo 9) y protección judicial (artículo 25).
En 1980, Costa Rica aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se estableció en San José. La jurisprudencia de la Corte ha impactado significativamente la legislación penal costarricense, siendo el caso más emblemático Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004), en el cual la Corte determinó que el recurso de casación penal costarricense no satisfacía el derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención Americana.
Esta sentencia motivó directamente la promulgación de la Ley N° 8837 de 2010, que creó el recurso de apelación de sentencia penal. Como lo dispuso el nuevo artículo 459 del Código Procesal Penal:
El recurso de apelación de sentencia permitirá el examen integral del fallo, cuando la parte interesada alegue inconformidad con la determinación de los hechos, la incorporación y valoración de la prueba, la fundamentación jurídica o la fijación de la pena.
El siglo XXI ha sido testigo de un intenso proceso de reforma legislativa en materia penal que ha ampliado significativamente el alcance del derecho penal costarricense.
La Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (Ley N° 8589 de 2007) tipificó de manera especializada las formas de violencia perpetradas contra mujeres en el contexto de relaciones de pareja. Esta ley fue producto de las obligaciones internacionales asumidas al ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, ratificada como Ley N° 6968 del 2 de octubre de 1984) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, ratificada como Ley N° 7499 del 2 de mayo de 1995). Su artículo 3 establece que constituyen fuentes de interpretación de esta ley todos los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en el país, «los cuales, en la medida en que otorguen mayores derechos y garantías a las personas, privan sobre la Constitución Política».
La Ley contra la Delincuencia Organizada (Ley N° 8754 del 22 de julio de 2009) respondió a la creciente preocupación por el impacto de las redes criminales transnacionales en Costa Rica, particularmente las vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos. La ley definió la delincuencia organizada como «un grupo estructurado de dos o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves», e introdujo herramientas procesales especiales para su investigación y juzgamiento. Estas herramientas — que incluyen técnicas especiales de investigación, agentes encubiertos y regímenes de protección de testigos — se aplican exclusivamente a los casos de delincuencia organizada nacional y transnacional, creando así un régimen procesal diferenciado que, sin embargo, debe respetar las garantías constitucionales fundamentales.
La posterior creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (Ley N° 9481 del 13 de septiembre de 2017) complementó esta legislación con un aparato institucional dedicado, estableciendo tribunales y fiscalías especializadas capaces de abordar la complejidad inherente a este tipo de criminalidad. La reforma al régimen de prescripción para estos delitos (Ley N° 9769 del 18 de octubre de 2019), que permite la suspensión de la prescripción en ciertos supuestos, reforzó esta orientación de política criminal.
La Ley de Justicia Penal Juvenil (Ley N° 7576 del 8 de marzo de 1996) creó un sistema especializado para personas entre doce y menos de dieciocho años, basado en los principios de protección integral, interés superior del niño, y la inserción y restauración social del menor. Sus principios rectores fueron después enriquecidos por la Ley de Justicia Restaurativa (Ley N° 9582 de 2018), que reformó sus artículos 50 y 51 para incorporar procedimientos restaurativos.
La Ley de Justicia Restaurativa (Ley N° 9582 del 2 de julio de 2018) introdujo un marco conceptual y procedimental para instaurar la justicia restaurativa en el ordenamiento costarricense. Su artículo 1 define su objeto como la creación de un instrumento que contribuya a resolver conflictos jurídicos generados por hechos delictivos «con la participación activa de las partes intervinientes, a fin de restaurar los daños a la víctima, procurar la inserción social de la persona ofensora, con soluciones integrales y promover la paz social». Esta ley representa un giro significativo desde el paradigma exclusivamente retributivo hacia un modelo que incorpora la restauración como complemento del sistema penal tradicional.
La Ley N° 9699 del 10 de junio de 2019, sobre responsabilidad de las personas jurídicas en materia de cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos, introdujo por primera vez en el ordenamiento penal costarricense la responsabilidad penal de las personas jurídicas, rompiendo con el principio tradicional societas delinquere non potest que había imperado durante toda la historia del derecho penal del país. Este cambio paradigmático en la concepción del sujeto activo del delito respondió a estándares internacionales anticorrupción — particularmente los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que Costa Rica aspira ingresar plenamente — y a la creciente sofisticación de la criminalidad económica que utiliza estructuras corporativas como vehículo para la comisión de delitos. La ley reformó el artículo 38 del Código Penal y estableció un sistema de responsabilidad penal corporativa que incluye sanciones como multas, disolución, suspensión de actividades e inhabilitación para contratar con el Estado.
La evolución del derecho penal costarricense presenta diferencias significativas con los procesos de otros países de la región que merecen un análisis comparativo detenido. La temprana abolición de la pena de muerte (1882) y del ejército (1948) distinguen a Costa Rica de la inmensa mayoría de sus vecinos, donde ambas instituciones pervivieron durante gran parte del siglo XX y, en algunos casos, siguen vigentes. En Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, la persistencia de fuerzas armadas con jurisdicción penal propia generó una dualidad jurisdiccional que Costa Rica logró evitar y que en esos países ha sido fuente recurrente de impunidad, abusos y tensión con las garantías del debido proceso. En Panamá, si bien se abolió el ejército en 1990 siguiendo el ejemplo costarricense, la transición fue traumática y tardía.
La reforma procesal penal de 1996 fue parte de una ola regional impulsada por la democratización post-Guerra Fría y la creciente influencia del sistema interamericano de derechos humanos, pero Costa Rica la implementó de manera relativamente temprana y ordenada. Guatemala adoptó su Código Procesal Penal acusatorio en 1992, siendo pionera en Centroamérica, aunque su implementación enfrentó enormes dificultades institucionales derivadas del conflicto armado interno. El Salvador reformó su sistema en 1998, Honduras en 1999 y Nicaragua en 2001. En América del Sur, Chile implementó su reforma procesal penal a partir de 2000, siendo considerada una de las más exitosas de la región por su implementación gradual, región por región, que permitió ajustar el modelo conforme avanzaba. México, por su parte, no reformó su sistema procesal penal federal sino hasta 2008, con una implementación que se extendió hasta 2016.
Colombia, con su sistema acusatorio implementado progresivamente desde 2004, comparte con Costa Rica la influencia del modelo iberoamericano, aunque la presencia del conflicto armado interno colombiano ha generado instituciones como la justicia transicional — incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz — sin paralelo en la experiencia costarricense. Argentina, donde la reforma procesal federal ha sido particularmente lenta y conflictiva, ilustra por contraste la relativa eficacia con que Costa Rica logró gestionar la transición de un modelo procesal a otro.
En materia de humanización de las penas, Costa Rica mantiene una posición destacada en la región. Mientras varios países latinoamericanos han endurecido significativamente las penas privativas de libertad en respuesta a crisis de seguridad — como El Salvador con su política de «guerra contra las pandillas» —, Costa Rica ha buscado, al menos legislativamente, complementar la respuesta punitiva con mecanismos alternativos como la justicia restaurativa. Esta orientación, sin embargo, coexiste con presiones sociales crecientes que demandan mayor severidad penal, generando una tensión que probablemente definirá el rumbo del derecho penal costarricense en las próximas décadas.
El derecho penal costarricense enfrenta desafíos significativos en el siglo XXI. La tensión entre la demanda social de mayor seguridad y el respeto a las garantías fundamentales se manifiesta en tendencias de expansionismo penal y populismo punitivo. Reformas recientes como la incorporación de la violencia vicaria (Ley N° 10634 de 2025) y las circunstancias agravantes por sustancias corrosivas (Ley N° 10636 de 2025) a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres ilustran esta tendencia expansiva, que si bien responde a necesidades sociales legítimas, plantea interrogantes sobre los límites del poder punitivo estatal.
El crecimiento del crimen organizado transnacional — particularmente el narcotráfico — pone a prueba la capacidad institucional del sistema penal. La sobrepoblación carcelaria y las deficientes condiciones de detención contradicen los principios humanistas que históricamente han caracterizado al sistema penal costarricense, revelando una brecha entre el discurso garantista de la legislación y la realidad del sistema penitenciario.
Entre las tendencias más significativas se encuentra la consolidación de la justicia restaurativa como complemento del sistema retributivo, el fortalecimiento de los derechos de las víctimas como sujetos procesales con intereses propios, y la creciente digitalización de los procesos penales. La tipificación de delitos informáticos (Ley N° 9048 de 2012), la implementación de audiencias virtuales y la gestión electrónica de expedientes representan adaptaciones del sistema penal a la era digital.
La revolución tecnológica ha impactado el derecho penal costarricense en múltiples dimensiones que abarcan tanto el derecho sustantivo como el procesal. En el plano sustantivo, la tipificación de los delitos informáticos mediante la Ley N° 9048 de 2012 representó el reconocimiento legislativo de que las nuevas tecnologías habían creado un espacio virtual donde se cometen conductas lesivas que requieren respuesta penal específica. En el plano procesal, el uso de herramientas de análisis forense digital, la implementación de audiencias virtuales y la gestión electrónica de expedientes han transformado la práctica cotidiana de la justicia penal.
La pandemia de COVID-19 actuó como catalizador de estas tendencias, forzando una transición acelerada hacia la virtualidad que probablemente habría tomado años en condiciones normales. Las audiencias por videoconferencia, inicialmente adoptadas como medida de emergencia, se consolidaron como un componente permanente del sistema de justicia penal. La Ley de Notificaciones Judiciales (Ley N° 8687) facilitó la comunicación electrónica de actos procesales, contribuyendo a la agilización de los procesos y reduciendo las demoras asociadas a las notificaciones físicas tradicionales.
La inteligencia artificial plantea desafíos emergentes que el derecho penal costarricense deberá abordar en el futuro cercano. En su dimensión como herramienta de comisión delictiva, la IA permite la creación de deepfakes con potencial difamatorio o extorsivo, la automatización de ataques cibernéticos a gran escala, y la sofisticación de fraudes que utilizan ingeniería social potenciada por algoritmos. En su dimensión como herramienta para la administración de justicia, la IA ofrece posibilidades de análisis predictivo para la asignación de recursos judiciales, procesamiento masivo de evidencia digital, y asistencia en la gestión de casos complejos con grandes volúmenes de información.
El desafío para el ordenamiento jurídico costarricense será equilibrar la eficiencia que la tecnología puede aportar con las garantías irrenunciables del debido proceso y los derechos fundamentales. La ciberseguridad, la protección de datos personales en el contexto de investigaciones penales, la regulación de la evidencia digital y la admisibilidad de pruebas generadas o procesadas por inteligencia artificial serán temas centrales de la agenda legislativa y jurisprudencial en las próximas décadas. El sistema penal costarricense, fiel a su tradición garantista, deberá encontrar el punto de equilibrio que le permita aprovechar los beneficios de la tecnología sin sacrificar los principios que han sido la marca distintiva de su evolución histórica.
La pena de muerte fue abolida en Costa Rica en 1882, bajo el gobierno de Tomás Guardia, convirtiéndose en uno de los primeros países del mundo en tomar esta decisión. La abolición se consagró a nivel constitucional y fue ratificada por la Constitución de 1949, cuyo artículo 40 prohíbe los tratamientos crueles o degradantes y las penas perpetuas.
Costa Rica ha tenido cinco instrumentos codificadores principales en materia penal: el Código General de Braulio Carrillo (1841), el Código Penal de 1880, el Código Penal de 1924, el Código Penal y de Policía de 1941 y el Código Penal vigente de 1970 (Ley N° 4573). El código vigente, con más de cinco décadas de vigencia y numerosas reformas, es el de mayor duración en la historia del país.
El Código Penal de 1970 fue influenciado principalmente por el Código Penal Tipo para Latinoamérica, la dogmática penal alemana — particularmente en la estructura del delito basada en tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad — y la doctrina penal italiana en materia de tentativa, participación criminal y concurso de delitos.
La abolición del ejército como institución permanente mediante el artículo 12 de la Constitución de 1949 eliminó el sustrato institucional de la justicia penal militar. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, Costa Rica no ha enfrentado la problemática de los fueros militares y su tensión con las garantías del debido proceso, lo cual ha contribuido a un sistema penal más uniforme y garantista.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004) determinó que el recurso de casación penal no satisfacía el derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior (artículo 8.2.h de la Convención Americana). Esto condujo a la promulgación de la Ley N° 8837 de 2010, que creó el recurso de apelación de sentencia penal, permitiendo un examen integral del fallo y cumpliendo con el estándar interamericano de doble instancia.
La transición se produjo con el Código Procesal Penal de 1996 (Ley N° 7594), que entró en vigencia el 1 de enero de 1998. Este código sustituyó el sistema mixto inquisitivo-acusatorio del Código de Procedimientos Penales de 1973 (Ley N° 5377) por un modelo acusatorio que separó las funciones de investigación y juzgamiento, estableció la oralidad como principio rector e introdujo mecanismos de justicia alternativa.
La evolución del derecho penal en Costa Rica constituye un proceso histórico que refleja la construcción progresiva de un Estado democrático de derecho comprometido con los derechos humanos y la dignidad de la persona. Desde la aplicación del derecho castellano-indiano durante la Colonia hasta las reformas del siglo XXI en materia de justicia restaurativa, responsabilidad penal corporativa y combate a la delincuencia organizada, el derecho penal costarricense ha recorrido un camino de humanización, constitucionalización e internacionalización que lo distingue en el contexto latinoamericano.
La abolición de la pena de muerte en 1882 y del ejército en 1948 sentaron las bases de una identidad jurídica nacional centrada en el valor de la vida humana y la solución pacífica de los conflictos. La Constitución de 1949, con su robusto catálogo de garantías penales — principio de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de tratos crueles, ne bis in idem —, proporcionó el marco constitucional dentro del cual se ha desarrollado el derecho penal moderno. El Código Penal de 1970 modernizó la dogmática penal alineándola con las corrientes más avanzadas de la ciencia penal continental, mientras que la creación de la Sala Constitucional en 1989 introdujo un control jurisdiccional riguroso que ha constitucionalizado profundamente la práctica penal.
La reforma procesal penal de 1996, al transitar del modelo mixto inquisitivo al modelo acusatorio, transformó radicalmente la estructura del proceso penal y los roles de sus actores. La incorporación del derecho internacional de los derechos humanos — catalizada por la ratificación de la Convención Americana en 1970, la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana en 1980 y la reforma constitucional del artículo 48 en 1989 — ha enriquecido el sistema de garantías penales con estándares supranacionales, como lo demuestra paradigmáticamente la creación del recurso de apelación de sentencia tras el caso Herrera Ulloa.
Los desafíos del presente — la tensión entre expansionismo penal y garantismo, el impacto del crimen organizado transnacional, la brecha entre la legislación progresista y la realidad penitenciaria, y la revolución tecnológica — exigen que la sociedad costarricense aborde estas cuestiones sin abandonar los principios humanistas y garantistas que constituyen la herencia más valiosa de su tradición jurídico-penal. La historia del derecho penal costarricense demuestra que es posible construir un sistema de justicia penal que, siendo eficaz en la protección de la sociedad, respete al mismo tiempo la dignidad humana y los derechos fundamentales. Ese legado merece ser preservado y profundizado.
¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.
