Ley para Garantizar la Transparencia en la Elección de la Presidencia del Concejo Municipal (Ley N° 10790)

La Ley N.º 10790 se inscribe en el marco normativo costarricense como una reforma puntual al Código Municipal, reforzando el principio de transparencia que rige la administración pública. Su promulgación responde a la necesidad de garantizar procesos electorales claros y observables en el ámbito local, contribuyendo a la confianza ciudadana en las instituciones municipales. Al armonizarse con la Constitución y los tratados internacionales suscritos por Costa Rica, la norma fortalece el Estado de Derecho y la rendición de cuentas. En este sentido, la ley representa un paso significativo hacia la consolidación de una gestión municipal más abierta y participativa.

El cuerpo normativo regula la forma en que los regidores propietarios eligen al presidente y a la vicepresidenta del Concejo Municipal, estableciendo que la votación sea pública y quede debidamente registrada. Asimismo, introduce la obligación de respetar el principio de paridad de género en la composición del directorio definitivo, asegurando la representación equitativa de mujeres y hombres. La norma también determina que la elección se decida por mayoría relativa de los votos presentes y que, en caso de empate, la suerte sea el mecanismo de desempate. Todo el proceso debe quedar reflejado en el acta correspondiente, garantizando su accesibilidad y verificabilidad.

Entre los aspectos fundamentales destaca la reforma del tercer párrafo del artículo 29 de la Ley 7794, que modifica directamente el procedimiento interno del Concejo Municipal. La disposición obliga a que la juramentación sea seguida de una votación pública, lo que elimina la discrecionalidad y favorece la observación externa. El requisito de paridad de género obliga a que tanto la presidencia como la vicepresidencia provengan de una lista equilibrada, promoviendo la igualdad sustantiva. Finalmente, la inclusión de la suerte como método de resolución de empates y la obligatoriedad de consignar todo el proceso en el registro de actas constituyen garantías adicionales de claridad y legalidad.

Para los profesionales del derecho, la Ley 10790 ofrece un marco actualizado que afecta directamente la práctica de la asesoría legal municipal y la defensa de la normativa electoral local. Los abogados y funcionarios deben adaptar sus procedimientos internos para cumplir con la publicidad de la votación y la documentación exigida, evitando vulnerabilidades procesales. Los ciudadanos, por su parte, ganan una herramienta de control social que les permite verificar la legitimidad de sus representantes municipales. En un contexto de creciente demanda de rendición de cuentas, la norma se vuelve esencial para fortalecer la participación democrática y la confianza en la gestión municipal.

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Referencias Bibliográficas

• Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2026). Código Municipal de Costa Rica (Ley n.° 7794). Versión consolidada vigente al 19 de febrero de 2026. Biblioteca Jurídica del Bufete de Costa Rica. https://bufetedecostarica.com/codigo-municipal-de-costa-rica-7794/