Aprobación del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CCLIP) Cr-o0005 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana y del Contrato de Préstamo N.° 4864/Oc-cr que Financia la Primera Operación Individual bajo el Cclip Denominada Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público Privadas (Ley N.° 9899)

N° 9899

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (CCLIP) CR-O0005 DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD URBANA Y DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N.° 4864/OC-CR QUE FINANCIA LA PRIMERA OPERACIÓN INDIVIDUAL BAJO EL CCLIP DENOMINADA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

ARTÍCULO 1

Aprobación del convenio de cooperación

Se aprueba el Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CCLIP) CR-O0005 para el Financiamiento del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, suscrito el 18 de marzo de 2020, en San José, Costa Rica, entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto hasta de trescientos cincuenta millones de dólares moneda de los Estados Unidos de América (US$350.000.000,00).

El texto referido del Convenio de Cooperación, que se anexa a continuación, forma parte integrante de esta ley.

Nota de la Biblioteca Jurídica: el texto del instrumento aprobado se reproduce en facsímil oficial al final del PDF de esta ley (páginas 4 a 10 de la edición de La Gaceta).

ARTÍCULO 2

Aprobación del Contrato de Préstamo N.° 4864/OC-CR

Se aprueba el Contrato de Préstamo N.° 4864/OC-CR, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 18 de marzo de 2020, para financiar el Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas, por un monto hasta de ciento veinticinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000.000,00), celebrado en el marco del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CCLIP) CR-O0005.

De este Programa se asignarán, al menos, seis millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$6.000.000,00) para la realización de estudios, anteproyectos y diseños, conforme se requieran para la terminación de la nueva vía a San Carlos que incluyen, entre otros, los análisis de riesgo de desastre y efectos de cambio climático para integrar en los parámetros de diseño y proveer resiliencia. De existir un remanente de recursos, estos se destinarán al financiamiento de las expropiaciones u otras labores preparatorias requeridas para la construcción de esta carretera.

Los textos del referido Contrato de Préstamo N.° 4864/OC-CR, su anexo único y las normas generales, que se adjuntan a continuación, forman parte integrante de esta ley.

(El texto de este instrumento también se reproduce en el facsímil oficial al final del PDF de esta ley: páginas 12 a 80 de la edición de La Gaceta.)

ARTÍCULO 3

Contrato de Préstamo que financiará la Segunda Operación Individual

El Contrato de Préstamo que financiará la Segunda Operación Individual derivada del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CCLIP) CR-O0005, entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, será por un monto de doscientos veinticinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$225.000.000,00), de los cuales, al menos, doscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$200.000.000,00) se destinarán a la terminación de la nueva vía a San Carlos (Ruta 35), cumpliendo con los requisitos de elegibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo.

En caso de que para la construcción de la nueva vía a San Carlos se aplique un esquema de asociación público privada que puede incluir, entre otros, la construcción, el mantenimiento y la operación de la vía, se podrá contar con los doscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$200.000.000,00) como aporte del Gobierno para el desarrollo de la vía.

Este contrato no deberá someterse al trámite y la eventual aprobación de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, ya que la aprobación misma del CCLIP es suficiente; no obstante, el Ministerio de Hacienda deberá enviar una copia fiel treinta días antes de la suscripción del contrato de préstamo a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, con el fin de que la comisión cumpla con la función de vigilar, fiscalizar la Hacienda Pública y realizar las investigaciones de control político correspondientes.

Adicionalmente, se destinarán ciento diez millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$110.000.000,00) como contrapartida aportada por el Estado.

Las condiciones financieras aplicables al contrato de préstamo para financiar esta operación individual deberán ser las ofrecidas al sector público con garantía estatal por el BID y, en ningún caso, al momento de suscripción podrá celebrarse el contrato de préstamo, si se da alguna de las siguientes situaciones:

a) La comisión de crédito anual sobre saldos no desembolsados del financiamiento excede el uno coma cinco por ciento (1,5%).

b) La comisión por inspección y vigilancia excede el dos por ciento (2%) del monto del financiamiento.

c) La tasa de intereses sobre los saldos deudores diarios son a una tasa de interés en dólares superior a la Tasa Libor a tres meses o la referencia que se pacte en su sustitución, más un margen del tres coma cero por ciento (3,0%), o bien, su equivalente en otras monedas diferentes del US dólar o su equivalente en tasa fija.

d) Los plazos para realizar los desembolsos son inferiores a tres años, y los plazos para amortización son inferiores a quince años, contados a partir de la suscripción del contrato de préstamo.

ARTÍCULO 4

Mecanismo de ejecución

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) será el Organismo Ejecutor del Programa. Para desempeñar esta función, el Organismo Ejecutor contará con la siguiente estructura de apoyo:

i) Comité Asesor de la Supervisión. Se empleará la figura de un Comité Asesor de la Supervisión (CAS), con una Unidad Asesora (UA), en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que estará a cargo de la supervisión general del Programa.

ii) Unidad Administradora Ruta 1. Se podrá emplear el apoyo de la Unidad Administradora del Proyecto del “Fideicomiso Corredor San José - San Ramón y sus Radiales, 2016”, que actuará como subejecutor del Programa específicamente para la gestión técnica y financiera de las obras impostergables en el corredor San José - San Ramón (Ruta 1).

iii) Unidad Ejecutora y Fideicomiso. El Organismo Ejecutor contará con el apoyo de una Unidad Ejecutora, para realizar la gestión administrativa, técnica y legal del Programa y, de un Fideicomiso, para realizar la gestión financiera del Programa, a excepción de las obras impostergables en el corredor San José - San Ramón (Ruta 1). En caso de no lograrse un acuerdo razonable para el desarrollo de esta función por parte de estas entidades (el Fideicomiso y la Unidad Ejecutora), el Organismo Ejecutor podrá proponer y acordar, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el empleo de un fideicomiso y/o Unidad Ejecutora diferentes para desarrollar cabalmente esta función, siguiendo las políticas y los procedimientos previstos en este contrato de préstamo.

Si para lograr los objetivos del Programa fuera necesario realizar un ajuste en el mecanismo de ejecución descrito, el Organismo Ejecutor podrá proponer y acordar, con el Banco Interamericano de Desarrollo, los ajustes pertinentes. Todos los cambios convenidos deberán reflejarse en el Manual Operativo del Programa.

ARTÍCULO 5

Expropiaciones y reasentamientos

Para los efectos del trámite de los procesos de expropiación de los terrenos requeridos para la ejecución del Programa, la Unidad Ejecutora designada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por medio de los profesionales que la integran o mediante consultores especialistas contratados para el apoyo en las gestiones que se requieran, podrá encargarse directamente de todas las actuaciones preparatorias requeridas para el dictado de los actos administrativos que le competen al organismo ejecutor. Esas actuaciones preparatorias incluyen la elaboración de estudios técnicos, planos catastrados para expropiación, incluidos los derivados de relocalización de servicios públicos, dictámenes jurídicos, valoraciones sociales, gestoría vial, avalúos de bienes inmuebles y derechos comerciales, estudios socioeconómicos, entre otros.

De existir limitación procedimental o presupuestaria por parte de las instituciones estatales encargadas de la implementación de las medidas sociales, incluidos los planes de reasentamiento necesarios para cumplir con lo dispuesto en los respectivos contratos de préstamos, se faculta al Organismo Ejecutor el uso de los recursos del financiamiento del Programa para cubrir los procesos y costos relacionados.

Los procedimientos de adquisiciones directas de bienes y derechos inmuebles y las expropiaciones correspondientes a estos deberán realizarse de la forma más expedita posible y se considerarán de interés público primordial. Para los efectos anteriores, se observarán las disposiciones respectivas de la Ley 9286, Reforma Integral de la Ley N.° 7495, Ley de Expropiaciones, de 3 de mayo de 1995, y sus reformas, de 11 de noviembre de 2014, y publicada en La Gaceta 24, de 4 de febrero de 2015, y se procurará la mayor celeridad, así como lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N.° 42022, de 20 de setiembre de 2019, Oficialización de la Estrategia para la Atención de los Procesos de Adquisición de Derechos de Vías y Relocalización de Servicios en los Proyectos Vinculados a los Planes Nacionales de Desarrollo y Plan Nacional de Transportes.

En caso de que sea necesario llevar el trámite de adquisición de bienes inmuebles al proceso jurisdiccional de expropiación, una vez depositado el monto del avalúo administrativo ante el órgano jurisdiccional respectivo, este deberá otorgar, en un plazo máximo de tres días hábiles, a los propietarios o poseedores, un plazo no mayor de quince días hábiles para que desalojen o desocupen el inmueble o derecho.

La resolución que se emita no tendrá recurso alguno en sede judicial, ni sus efectos podrán ser suspendidos por la aplicación de medidas cautelares.

ARTÍCULO 6

Procedimientos de contratación administrativa

Las operaciones individuales a ser financiadas con recursos del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CCLIP) CR-O0005 se regirán por las políticas del banco en materia de contratación de obras y adquisición de bienes y selección y contratación de consultores vigentes al momento de la suscripción de los correspondientes Contratos de Préstamo individual, independientemente del mecanismo de ejecución que utilice el Organismo Ejecutor, las cuales prevalecerán sobre los procedimientos y las normas del ordenamiento jurídico nacional, cuya aplicación será solo supletoria.

En los casos en que según el monto contractual estimado proceda que la Contraloría General de la República tramite y resuelva los recursos de objeción y de apelación en contra de los pliegos o carteles de licitación y los actos de adjudicación que se dicten en los procedimientos de adquisiciones, se aplicarán todos los plazos previstos para el caso de las licitaciones abreviadas, según lo establece la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995. En dichos trámites recursivos la Contraloría General de la República resolverá sobre las nulidades existentes según sus competencias y lo establecido en el artículo 28 de la Ley 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, de 7 de setiembre de 1994.

ARTÍCULO 7

Autorización para cobro de peajes

Se autoriza de manera facultativa al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), según corresponda, para que establezcan en las rutas nacionales el cobro de un peaje en los proyectos a realizar con esta ley, que permita garantizar un adecuado mantenimiento de la vía en todos sus componentes, dentro de los principios de racionalidad, proporcionalidad, oportunidad y conveniencia local y nacional.

Para lo anterior, deberá existir un estudio previo de viabilidad técnica que analice todos los aspectos relacionados con la medida de colocar un peaje. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) se encargará de la aprobación de las tarifas correspondientes.

ARTÍCULO 8

Exención de pago de impuestos para la formalización del financiamiento

No estarán sujetos al pago de ninguna clase de impuestos, tasas, contribuciones o derechos, los documentos que se requieran para formalizar los contratos de préstamo suscritos en el marco del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CCLIP) CR-O0005 entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); asimismo, la inscripción de estos documentos en los registros correspondientes queda exonerada de todo tipo de pago.

ARTÍCULO 9

Exención de tributos

Se exonera al ente gestor o fideicomiso a cargo de la ejecución del presente proyecto de toda clase de impuestos, tasas, sobretasas, timbres, contribuciones o derechos de carácter nacional o de importación, en el tanto estos se relacionen con la administración y ejecución del proyecto.

Por las características propias del presente contrato de préstamo, se exonera de toda clase de impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones o derechos de carácter nacional, las adquisiciones de obras, bienes y servicios que se efectúen con recursos del financiamiento en cuestión, siempre y cuando tales contrataciones se realicen con estricto apego a las disposiciones de los contratos de préstamo y se incorporen en el proyecto.

La exención descrita en el párrafo anterior cubre también el impuesto único por el tipo de combustible, contenido en la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias de 4 de julio de 2001, debiendo la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) vender los combustibles que se requieran para este proyecto libres de dicho impuesto.

Estarán exentos del pago de impuestos, tasas, contribuciones, derechos y timbres, dentro de los que se contemplan los del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, los actos de formalización de las operaciones necesarias para la ejecución de este proyecto, así como los de inscripción de los documentos en los registros que correspondan, incluyendo los permisos de construcción y de viabilidad ambiental.

Los contratistas y subcontratistas deberán pagar los impuestos respectivos por los equipos y vehículos nacionalizados una vez finalizada la ejecución del proyecto o en caso de que estos sean vendidos, excepto si estos son donados al Estado costarricense. La eventual donación deberá ser expresamente aceptada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), previo a lo cual el interesado deberá haber comunicado el detalle de los bienes por donar a la Dirección General de Hacienda y a la Dirección General de Aduanas y llevar a cabo los trámites respectivos ante cada entidad.

ARTÍCULO 10

Procedimiento de evaluación de impacto ambiental

Las actividades, las obras o los proyectos que se desarrollen con cargo a los fondos aquí aprobados, incluidos los referentes a relocalización de los servicios públicos, deberán cumplir la evaluación de impacto ambiental por medio de trámites expeditos, con el fin de satisfacer el fin público y cumplir los objetivos para los cuales se aprueban los contratos de préstamo. Se deberá realizar una evaluación ambiental, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), por ser el órgano competente, establecerá por medio de resolución administrativa, en un plazo máximo de diez días hábiles, los términos de referencia ambiental, estos últimos tendrán carácter de estudios específicos; asimismo, indicará el instrumento de evaluación correspondiente. La Setena deberá colaborar con la redacción de los instrumentos de evaluación ambiental, si así se requiere por parte de la Administración Pública, al amparo de la normativa tutelar ambiental.

Las actividades y los proyectos que se financian con los contratos de préstamo aprobados en esta ley se exceptúan del pago de las tarifas establecidas por el Decreto Ejecutivo N.° 34536-Minae, denominado Reglamento de fijación de tarifas de servicios brindados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Asimismo, se exceptúan las actividades, las obras o los proyectos que se ejecuten con los fondos aquí aprobados, de la publicación establecida en el artículo 22 de la Ley 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995.

ARTÍCULO 11

Viabilidad ambiental

Recibida la totalidad de la información y los estudios requeridos, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) contará con un plazo hasta de un mes para emitir la resolución administrativa, en la que se otorga o rechaza la viabilidad ambiental. Esta resolución administrativa deberá ser notificada a la Dirección de Geología y Minas y a las partes legitimadas en el expediente administrativo.

La Setena deberá sujetar el procedimiento a reglas de calificación única de la información, con el propósito de dar cumplimiento a los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función administrativas.

ARTÍCULO 12

Concesión minera

Será competencia de la Dirección de Geología y Minas otorgar la concesión de explotación de cauces de dominio público y/o canteras para la extracción de los materiales que servirán de insumo para la actividad, la obra o el proyecto por desarrollarse, según el objetivo del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CCLIP) CR-O0005. La Dirección de Geología y Minas indicará cuáles estudios técnicos específicos deberá presentar el Estado o adjudicatario de la contratación administrativa, sin dejar de lado la observancia del proceso abreviado que se debe respetar para los trámites de las actividades, las obras o los proyectos que se desarrollen con cargo a los cursos aquí aprobados.

Los estudios técnicos presentados en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), o elaborados por esta, servirán de insumo para la evaluación en la Dirección de Geología y Minas, si esta última considera que la información se puede homologar; lo anterior de conformidad con estricto apego a la Ley 8220, Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, de 4 de marzo de 2002, la Dirección lo hará efectivo por medio de resolución administrativa.

El primer paso en el trámite de concesión minera será la reserva del área por explotar en el Registro Minero de la Dirección de Geología y Minas por parte del interesado, y se considerarán legitimados, para todos los efectos legales y administrativos, la Administración Pública o el adjudicatario de la actividad, la obra o el proyecto.

ARTÍCULO 13

Relocalización de servicios públicos

En todos los proyectos financiados con los recursos aprobados en el marco del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CCLIP) CR-O0005, será responsabilidad de las instituciones prestatarias de servicios públicos competentes realizar la relocalización de los servicios públicos, conforme a sus competencias y zonas de acción.

Para cumplir esta disposición, el Organismo Ejecutor, con el apoyo de la Unidad Ejecutora del Programa prevista en el artículo 4 de esta ley, deberá:

i) Comunicar a la institución prestataria del servicio público competente el Plan de Ejecución Plurianual del Programa (PEP), los Planes Operativos Anuales (POA) y los informes semestrales de progreso, cuando estos sean remitidos al Banco Interamericano de Desarrollo, para que dichas instituciones realicen la planificación de los trabajos de relocalización de servicios públicos.

ii) Entregar a la institución responsable de la relocalización de los servicios públicos la solicitud de relocalización, acompañada de los diseños finales de la obra de infraestructura vial, a efectos de que estas procedan con el diseño de los trabajos de relocalización de servicios públicos con base en dicha información. En el caso de variaciones de dichos diseños, el Órgano Ejecutor entregará los diseños modificados a dichas instituciones, las cuales procederán a realizar la modificación en los diseños de obras de relocalización e informarán al Órgano Ejecutor de la variación en el costo de los trabajos por dicho cambio.

iii) Coordinar con la institución responsable de la relocalización de servicios públicos el plazo en que se requiere que los servicios sean relocalizados.

iv) Comunicar, con al menos cuarenta y cinco días de anticipación, la fecha en que se requiere que la institución inicie los trabajos de relocalización de servicios públicos.

Lo anterior, para que las instituciones prestatarias de servicios públicos procedan a diseñar y ejecutar las relocalizaciones respectivas, dentro del plazo acordado, en apego a los objetivos y plazos del Programa.

El costo de los diseños y las obras de relocalización que se deban realizar de acuerdo con los diseños de la obra de infraestructura del transporte, remitidos por la Unidad Ejecutora del Programa, será notificado por las instituciones responsables de la relocalización de servicio y será asumido por el Organismo Ejecutor, en su defecto, cubiertos con fondos del presupuesto nacional, para lo cual se deberán adoptar las previsiones correspondientes.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, por medio de esta ley se autoriza a todas las instituciones responsables de la reubicación de servicios públicos para que realicen todas las gestiones necesarias para la modificación en los programas de trabajo y reajuste, y la modificación de las partidas presupuestarias de cada institución, luego del traslado de los fondos por parte del Órgano Ejecutor.

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente artículo acarreará responsabilidad disciplinaria al funcionario responsable de la institución prestataria del servicio público o del Órgano Ejecutor, por el incumplimiento de deberes acaecido, según el régimen sancionatorio correspondiente.

ARTÍCULO 14

Inclusión de recursos en el presupuesto ordinario y extraordinario de la República

Siendo que los recursos de las operaciones individuales que se suscriban en el marco del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CCLIP) CR-O0005 son única y exclusivamente para que sean utilizados en la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, se autoriza al Poder Ejecutivo para que incluya dichos recursos en el presupuesto ordinario y extraordinario de la República vigente, mediante decreto ejecutivo.

ARTÍCULO 15

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), como órgano ejecutor del presente contrato de préstamo, presentará a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa y ante la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda, respectivamente, un informe sobre la ejecución de gastos, con cargo al financiamiento señalado en este contrato de préstamo. Los informes indicados deberán remitirse cada seis meses.

El informe deberá contener:

a) El monto y el detalle de los recursos utilizados y ejecutados de las obras en sus diferentes etapas.

b) Las metas propuestas y alcanzadas, en cumplimiento de los plazos establecidos.

c) El detalle de las obras ejecutadas en el plazo fijado dentro del programa establecido por el Organismo Ejecutor, los rubros de inversión y los desembolsos respectivos.

d) El nombre del adjudicatario de cada obra (persona física o jurídica) conforme al Programa y el detalle de los contratos respectivos, así como la contratación de bienes y servicios, con la lista de las respectivas personas físicas o jurídicas contratadas.

Rige a partir de su publicación en La Gaceta.