Ley para la Eficiencia y Transparencia Presupuestaria del Impuesto a Personas Jurídicas, para Fortalecer los Recursos Dirigidos al Sector Seguridad (Ley N.° 10460)

N° 10460

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA DEL IMPUESTO A PERSONAS JURÍDICAS, PARA FORTALECER LOS RECURSOS DIRIGIDOS AL SECTOR SEGURIDAD

Nota de la Biblioteca Jurídica: La Gaceta no ofrece de esta ley un texto digital fiable. Este texto lo transcribió la Biblioteca Jurídica y lo cotejó, palabra por palabra, con la página oficial; el facsímil oficial se reproduce íntegro al final del PDF de esta ley (Alcance N.° 66 a La Gaceta N.° 59 del 4 de abril de 2024, páginas 6 a 9 del PDF del Alcance; 4 páginas).

ARTÍCULO ÚNICO

Se reforman los artículos 10, 11 y 13 de la Ley 9428, Impuesto a las Personas Jurídicas, de 21 de marzo de 2017. Los textos son los siguientes:

Artículo 10- Administración. Corresponde a la Dirección General de Tributación, del Ministerio de Hacienda, la recaudación, la administración, la fiscalización y el cobro de este tributo.

La Contraloría General de la República incluirá, en la certificación de la efectividad fiscal de los ingresos del presupuesto de la República, la estimación de recaudación de este impuesto.

El Ministerio de Hacienda incorporará, en el presupuesto vigente, una actualización de los montos contenidos en la certificación de efectividad fiscal de los ingresos, luego del primer semestre. Esta incorporación se hará en el primer presupuesto extraordinario presentado en el segundo semestre del año, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley.

Artículo 11- Destino del impuesto. La totalidad de los recursos provenientes de la recaudación de este impuesto, una vez deducidas las comisiones pagadas a las entidades recaudadoras, deberán presupuestarse y destinarse a financiar los siguientes rubros:

a) Un setenta y cinco (75%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública, para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, la compra y el mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

b) Un quince por ciento (15%) de la recaudación total de este impuesto se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para la atención del crimen organizado. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país.

c) Un diez por ciento (10%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz, para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

Artículo 13- Presentación de informe. Las entidades beneficiarias con la distribución de recursos de este impuesto, de conformidad con el artículo 10 de esta ley, deberán presentar de forma anual, al cierre del año presupuestario, un informe con el detalle de los gastos y las inversiones realizadas con los recursos provenientes de este impuesto, ante las comisiones permanentes especiales de Seguridad y Narcotráfico, y de Control de Ingreso y del Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.

Asimismo, presentarán una proyección de los gastos y las inversiones a realizar en el año siguiente.

TRANSITORIO ÚNICO

A partir de la vigencia de la presente ley, por un plazo de dos años, a los recursos provenientes de la recaudación del impuesto a las personas jurídicas, conforme a la Ley 9428, Impuesto a las Personas Jurídicas, de 21 de marzo de 2017, no les serán aplicables los artículos 15, 23 y 25 de la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018.

Rige a partir del 1° de enero siguiente a su publicación.