La Ley N.º 7142, conocida como Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, constituye un pilar esencial dentro del ordenamiento jurídico costarricense al materializar el compromiso constitucional de garantizar la igualdad de género. Adoptada por la Asamblea Legislativa, la norma se inscribe en la continuidad de la política pública de derechos humanos y complementa la normativa interna con los estándares internacionales, particularmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Su promulgación refuerza la doctrina de la supremacía constitucional al establecer obligaciones positivas del Estado en materia de igualdad. De este modo, la ley no solo reconoce derechos, sino que impone deberes de acción y vigilancia a las instituciones públicas.
En su articulado, la Ley 7142 aborda diversas áreas que configuran el panorama de la igualdad de género en Costa Rica. Regula la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los ámbitos político, económico, social y cultural, y dispone la prohibición de cualquier forma de discriminación por razón de género. Asimismo, contempla la promoción de programas y servicios que faciliten la participación plena de la mujer, así como la incorporación de mecanismos específicos en los partidos políticos y en la administración pública para asegurar oportunidades equitativas. La normativa también establece directrices para la gestión de recursos humanos en el sector público, permitiendo concursos dirigidos a mujeres cuando exista una brecha de género comprobada.
Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer en Costa Rica (Ley N° 7142)
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Los aspectos fundamentales de la ley se centran en la obligación estatal de promover y garantizar la igualdad, tal como lo expresan los artículos primeros, que hacen referencia directa a la CEDAW y a la responsabilidad de todas las instituciones de velar por la no discriminación. Destaca la participación activa de la Defensoría General de los Derechos Humanos, encargada de adoptar medidas para eliminar la discriminación en el ejercicio de cargos públicos. Un elemento innovador es la autorización, bajo criterios técnicos, de concursos públicos exclusivos para mujeres cuando se demuestre una relación de dos a uno desfavorable en la representación de género, medida reforzada por la reforma de 2025. Estas disposiciones combinan principios de igualdad sustantiva con instrumentos de acción afirmativa, creando un marco integral para la equidad.
Para los profesionales del derecho y la ciudadanía, la Ley 7142 reviste una importancia práctica y normativa que trasciende el texto legal. Los abogados deben interpretar y aplicar sus preceptos al asesorar a instituciones públicas, organizaciones políticas y empleadores, garantizando el cumplimiento de los requisitos de estudio técnico y la observancia de los parámetros de igualdad. Los ciudadanos, por su parte, adquieren una herramienta jurídica para reclamar sus derechos y denunciar posibles violaciones de igualdad de género. En un contexto social que demanda mayor equidad, la ley se convierte en un referente esencial para la construcción de políticas inclusivas y para la defensa de los principios de justicia y no discriminación.
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