La Ley N.° 10786 autoriza al Estado y a cualesquiera instituciones públicas para que colaboren y realicen donaciones a la Asociación Obras del Espíritu Santo. Establece que el Estado y sus instituciones podrán apoyar al sostenimiento y desarrollo de esa asociación.
La autorización alcanza a ministerios, órganos adscritos, instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas, municipalidades y entes públicos no estatales, y comprende bienes muebles e inmuebles, servicios, recursos económicos y derechos. Si el inmueble está afectado por una ley a un fin específico, se requiere desafectación legal previa. La asociación debe enviar anualmente estados financieros auditados a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, y la Contraloría General de la República fiscaliza las donaciones.
Autorización al Estado y a Cualesquiera Instituciones Públicas para que Colaboren y Realicen Donaciones a la Asociación Obras del Espíritu Santo (Ley N.° 10786)
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La ley rige a partir de su publicación, que se hizo en el Alcance N.° 140 a La Gaceta N.° 206 del 3 de noviembre de 2025. El texto de esta página lo transcribió la Biblioteca y lo cotejó palabra por palabra contra la página oficial de La Gaceta; el facsímil oficial va al final del PDF de la ley.
N° 10786
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
AUTORIZACIÓN AL ESTADO Y A CUALESQUIERA INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA QUE COLABOREN Y REALICEN DONACIONES A LA ASOCIACIÓN OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO
Nota de la Biblioteca Jurídica: La Gaceta no ofrece de esta ley un texto digital fiable. Este texto lo transcribió la Biblioteca Jurídica y lo cotejó, palabra por palabra, con la página oficial; el facsímil oficial se reproduce íntegro al final del PDF de esta ley (Alcance N.° 140 a La Gaceta N.° 206 del 3 de noviembre de 2025, páginas 10 a 13 del PDF del Alcance; 4 páginas).
El Estado y sus instituciones podrán apoyar al sostenimiento y desarrollo de la Asociación Obras del Espíritu Santo.
Se autoriza al Estado, los ministerios y sus órganos adscritos, las instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas, municipalidades, entes públicos no estatales y cualquier otra entidad pública, sin importar su forma de organización y naturaleza, para que donen, a la Asociación Obras del Espíritu Santo, toda clase de bienes muebles e inmuebles (con o sin edificaciones), servicios, recursos económicos, derechos y cualquier otro objeto que estimen útil para colaborar con los fines que desarrolla dicha Asociación en la sociedad costarricense. En el caso de bienes inmuebles afectados por una ley a un fin específico, se deberá realizar la respectiva desafectación legal previo a acordar la donación.
La Asociación Obras del Espíritu Santo, enviará, anualmente, los estados financieros auditados, sobre estas labores, a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, para lo que corresponda.
La Contraloría General de la República fiscalizará las donaciones recibidas por parte de las organizaciones, al amparo de esta ley.
Rige a partir de su publicación.
El artículo 2 autoriza al Estado, los ministerios y sus órganos adscritos, las instituciones autónomas y semiautónomas, las empresas públicas, las municipalidades, los entes públicos no estatales y cualquier otra entidad pública, sin importar su forma de organización y naturaleza, para que donen a la Asociación Obras del Espíritu Santo.
Según el artículo 2, toda clase de bienes muebles e inmuebles, con o sin edificaciones, además de servicios, recursos económicos, derechos y cualquier otro objeto que se estime útil para colaborar con los fines que la Asociación desarrolla en la sociedad costarricense. Es una autorización amplia, pero cada entidad decide si dona.
El artículo 2 dispone que, en el caso de bienes inmuebles afectados por una ley a un fin específico, se deberá realizar la respectiva desafectación legal antes de acordar la donación. Es decir, primero se desafecta el bien conforme a la ley y sólo después se puede acordar la donación a la Asociación.
El artículo 3 obliga a la Asociación a enviar anualmente los estados financieros auditados sobre estas labores a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos. El artículo 4 añade que la Contraloría General de la República fiscalizará las donaciones recibidas al amparo de esta ley.
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