La Ley Nº 5525, conocida como Ley de Planificación Nacional, constituye un pilar esencial del marco jurídico costarricense al crear el Sistema Nacional de Planificación, cuya misión es articular las políticas públicas con los objetivos de desarrollo económico y social del […]
Ordenamiento territorial
La Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades (Ley N.º 8801) constituye un pilar esencial para la concreción del artículo 170 de la Constitución Política, al materializar el proceso de descentralización territorial que el Estado costarricense ha […]
La Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial (Ley N.º 9221) constituye un pilar esencial dentro del ordenamiento jurídico costarricense, al integrar la planificación urbana con la protección del litoral. Su […]
La Ley N.º 10096, “Desarrollo Regional de Costa Rica”, constituye un pilar esencial dentro del marco jurídico nacional, pues traduce el compromiso del Estado con la equidad territorial y la mejora de la calidad de vida de la población. Su promulgación […]
La Ley de Planificación Urbana, promulgada bajo el número 4240, constituye un pilar esencial dentro del ordenamiento jurídico costarricense al articular la gestión del territorio con los principios constitucionales de desarrollo sostenible y bienestar social. Su incorporación al corpus legal […]
La Justicia tiene Precio
¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.
Licenciado Arroyo
Dictamen Jurídico N.° 0005
La Cruz de Alajuelita
Derecho Penal · Procesal · Constitucional · DDHH- Causa
- Petición CIDH 326-21
- Lugar de los hechos
- Alajuelita, San José · Costa Rica
- Hechos
- 6 de abril de 1986
Dictamen jurídico sobre la masacre cometida en el Cerro San Miguel de Alajuelita el Domingo de Ramos de 1986: siete víctimas —una mujer adulta y seis menores de edad—; una sentencia condenatoria (1989) anulada en 1990 por graves irregularidades —entre ellas, indicios de tortura para obtener la confesión del adolescente…
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