La Ley N.° 8862, Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público, es una norma breve pero de gran alcance: reserva un porcentaje mínimo de las plazas del Estado para las personas con discapacidad, como […]
Igualdad de oportunidades
La Ley N.º 10215, que crea el Programa de Inclusión Social y Laboral de Personas Adultas con Discapacidad (Insolapad), se inserta en el ordenamiento jurídico costarricense como una respuesta concreta a los mandatos constitucionales de igualdad, no discriminación y garantía de los […]
En el marco constitucional costarricense, el artículo 56 eleva el trabajo a derecho fundamental del individuo y a obligación social del Estado, imponiendo la garantía de una ocupación honesta, útil y debidamente remunerada. La Ley N.º 2694 nace como respuesta a […]
El valor de la igualdad se erige como un pilar fundamental del Estado de Derecho costarricense, constituyendo un elemento estructurante para la convivencia armónica, la justicia y la salvaguarda de la dignidad humana. Su trascendencia radica en su capacidad para […]
La Ley N.º 7600, conocida como Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, constituye un hito en el ordenamiento jurídico costarricense al reconocer el desarrollo integral de la población con discapacidad como un asunto de interés público. Su […]
La Justicia tiene Precio
¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.
Licenciado Arroyo
Dictamen Jurídico N.° 0005
La Cruz de Alajuelita
Derecho Penal · Procesal · Constitucional · DDHH- Causa
- Petición CIDH 326-21
- Lugar de los hechos
- Alajuelita, San José · Costa Rica
- Hechos
- 6 de abril de 1986
Dictamen jurídico sobre la masacre cometida en el Cerro San Miguel de Alajuelita el Domingo de Ramos de 1986: siete víctimas —una mujer adulta y seis menores de edad—; una sentencia condenatoria (1989) anulada en 1990 por graves irregularidades —entre ellas, indicios de tortura para obtener la confesión del adolescente…
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