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La libertad de empresa y la libertad de comercio constituyen elementos vertebrales del sistema económico costarricense, encontrando su fundamento en un sólido entramado constitucional que ha evolucionado para adaptarse a las exigencias de un Estado Social de Derecho moderno.
Estas libertades, lejos de constituir prerrogativas absolutas, se encuentran inmersas en un complejo sistema de equilibrios que busca armonizar la iniciativa privada con el bienestar colectivo y la justicia social.
El presente análisis jurídico examina exhaustivamente cómo el ordenamiento costarricense estructura y regula la actividad económica privada, partiendo de una premisa fundamental: la libertad de empresa y la libertad de comercio operan dentro de un marco constitucional que las reconoce como derechos fundamentales, pero que simultáneamente las modula mediante principios superiores como la solidaridad social, la protección ambiental y los derechos de los consumidores.
La doctrina jurídica costarricense ha desarrollado una importante diferenciación conceptual entre ambas libertades. La libertad de empresa se entiende como el derecho fundamental a iniciar, organizar y desarrollar una actividad económica, abarcando desde la concepción del proyecto empresarial hasta su materialización en el mercado.
Esta libertad engloba la capacidad de emprender, de asumir riesgos económicos y de organizar los factores de producción de manera autónoma.
Por su parte, la libertad de comercio se refiere específicamente al derecho de participar activamente en el intercambio de bienes y servicios, sin restricciones indebidas que obstaculicen el acceso al mercado o la competencia en condiciones de igualdad.
Esta libertad protege tanto el derecho del comerciante individual como la estructura competitiva del mercado en su conjunto.
Esta distinción conceptual no es meramente académica, sino que tiene implicaciones prácticas importantes para la interpretación y aplicación de las normas constitucionales y legales que regulan la actividad económica en Costa Rica.
El sistema constitucional costarricense no concentra la protección de las libertades económicas en una única norma, sino que construye un robusto entramado jurídico basado en tres pilares fundamentales que operan de manera sistémica e interdependiente.
El artículo 45 de la Constitución Política establece que «la propiedad es inviolable» y constituye el presupuesto material indispensable para el ejercicio efectivo de la libertad de empresa. Sin la garantía constitucional de poder poseer, usar y disponer de los medios de producción, así como de los frutos derivados de la actividad económica, la libertad empresarial carecería de contenido material y se convertiría en una mera declaración formal.
La jurisprudencia constitucional ha interpretado este derecho como la base sobre la cual se construye todo el edificio de la iniciativa privada. No obstante, el constituyente costarricense tuvo la previsión de establecer que este derecho no es absoluto, al prever la posibilidad de expropiación «por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley».
Adicionalmente, la Constitución faculta a la Asamblea Legislativa para imponer, mediante una mayoría calificada de dos tercios, «limitaciones de interés social» a la propiedad privada. Esta previsión constitucional demuestra la intención original del constituyente de armonizar el derecho individual de propiedad con las necesidades y el bienestar de la colectividad.
El artículo 46 representa la piedra angular de la libertad de comercio y la libertad de empresa en Costa Rica. Su redacción prohíbe expresamente «los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria».
La Sala Constitucional ha interpretado esta norma como el reconocimiento del derecho fundamental de toda persona a escoger y ejercer la actividad comercial lícita que mejor convenga a sus intereses legítimos, sin más limitaciones que aquellas derivadas de la propia Constitución y las leyes que la desarrollen.
Una transformación sustancial de este artículo se produjo con la adición de un párrafo final dedicado específicamente a los derechos de los consumidores y usuarios. Este párrafo establece: «Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo».
Esta reforma modificó profundamente la naturaleza del artículo 46, convirtiéndolo en una norma bidireccional que, por un lado, garantiza la libertad de empresa y la libertad de comercio del agente económico y, por otro, establece un mandato constitucional de protección para el consumidor, que actúa como contrapeso y límite natural a dichas libertades.
El artículo 28 constitucional, al proteger las «acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero», establece el fundamento constitucional del principio de autonomía de la voluntad. Este principio constituye el vehículo jurídico a través del cual se materializan los actos de comercio y se estructuran las relaciones empresariales.
La capacidad de las partes para crear, modificar y extinguir obligaciones de manera voluntaria representa un elemento esencial para el dinamismo de una economía de mercado. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha reconocido la autonomía de la voluntad como un derecho fundamental derivado, lo que refuerza su protección constitucional y su jerarquía dentro del ordenamiento jurídico costarricense.
El artículo 56 de la Constitución, al garantizar el «derecho de libre elección de trabajo», complementa el marco constitucional de las libertades económicas. La libertad de empresa puede conceptualizarse como la manifestación colectiva y organizada de esta libertad individual de elección laboral.
Esta disposición constitucional trasciende el simple derecho a elegir un empleo, abarcando también la potestad de crear trabajo, de organizar los factores de producción y de asumir el riesgo inherente a toda actividad económica. Así, la libertad de empresa se configura como una extensión lógica y natural del derecho fundamental a la libre elección de una ocupación honesta y útil para la sociedad.
El modelo de Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política costarricense impone límites sustantivos y necesarios a la libertad de empresa y la libertad de comercio. Estos límites no deben interpretarse como meras excepciones a la regla general de libertad, sino como elementos configuradores de los propios derechos fundamentales, diseñados para armonizar la iniciativa privada con fines de interés público superior.
La Constitución asigna al Estado costarricense un rol inherentemente dual y complejo: debe garantizar el ejercicio de las libertades económicas mientras simultáneamente interviene activamente para asegurar el bienestar social, la redistribución equitativa de la riqueza y la protección del medio ambiente.
El artículo 50 de la Constitución constituye la norma programática fundamental que define el carácter social del Estado costarricense. Esta disposición impone al Estado el deber constitucional de «procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza».
La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar que este artículo define y limita el alcance de la libertad de empresa y la libertad de comercio. El ejercicio de estas libertades no puede interpretarse de forma aislada, sino que debe contextualizarse dentro de un Estado con responsabilidades socioeconómicas activas, que incluyen funciones redistributivas y la protección especial de los sectores más vulnerables de la sociedad.
La reforma constitucional que introdujo en este artículo el derecho a un «ambiente sano y ecológicamente equilibrado» establece un límite directo y explícito a las actividades empresariales que puedan degradar el entorno natural. Esta adición constitucional obliga a que el ejercicio de la libertad de empresa se realice de manera sostenible y ambientalmente responsable.
Como derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, la libertad de empresa y la libertad de comercio están protegidas por el principio de reserva de ley. Esta garantía procedimental significa que cualquier regulación o restricción a su ejercicio solo puede provenir de una ley en sentido formal y material, es decir, una norma emanada de la Asamblea Legislativa mediante el procedimiento constitucionalmente establecido.
Este principio constituye una garantía fundamental para el ciudadano empresario, ya que impide que el Poder Ejecutivo u otras autoridades administrativas limiten estos derechos por vía reglamentaria, más allá de lo que la ley expresamente autoriza. Los reglamentos ejecutivos únicamente pueden desarrollar y pormenorizar los preceptos contenidos en una ley preexistente, sin incrementar las restricciones ni crear nuevas limitaciones, respetando siempre el «contenido esencial» del derecho fundamental.
El artículo 28 de la Constitución establece que las acciones privadas están fuera de la acción de la ley siempre que «no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero». Esta disposición establece un límite general aplicable a toda actividad privada, incluyendo expresamente las actividades comerciales y empresariales.
La jurisprudencia constitucional ha interpretado el concepto de «orden público» de manera amplia y evolutiva, abarcando no solamente la seguridad ciudadana y la paz social, sino también la organización económica del Estado y la estabilidad de sectores estratégicos para el desarrollo nacional. Esta interpretación extensiva justifica la intervención estatal para regular actividades que, aunque formalmente lícitas, puedan generar un impacto negativo en la salud pública, la estabilidad de sectores económicos estratégicos o los derechos legítimos de los consumidores.
Para evaluar la constitucionalidad de las leyes que limitan las libertades económicas, la Sala Constitucional ha desarrollado y aplicado consistentemente un riguroso test de razonabilidad y proporcionalidad. Este control judicial garantiza que las limitaciones impuestas a la libertad de empresa y la libertad de comercio no sean arbitrarias y respondan a una justificación objetiva y constitucionalmente legítima.
El test aplicado por la jurisdicción constitucional exige que cualquier medida restrictiva cumpla con tres condiciones acumulativas:
Necesidad e Idoneidad: La medida regulatoria debe ser estrictamente necesaria para satisfacer un interés público imperativo y debe ser técnicamente idónea para alcanzar el fin constitucional que se persigue. No basta con que la medida sea conveniente o útil; debe ser indispensable y eficaz.
Proporcionalidad en Sentido Estricto: Debe existir un equilibrio razonable entre la restricción impuesta al derecho fundamental y el beneficio que se obtiene para el interés público. El sacrificio exigido al derecho no debe ser excesivo o desmedido en comparación con la importancia y urgencia del objetivo constitucional que se busca alcanzar.
Respeto al Contenido Esencial: Ninguna regulación puede vaciar de contenido los derechos fundamentales, debiendo preservar su núcleo esencial que los hace reconocibles y efectivos.
El artículo 46 de la Constitución Política trasciende la mera consagración de libertades individuales para establecer un mandato imperativo dirigido al Estado costarricense de proteger y fomentar un sistema de competencia económica efectiva. Esta norma revela una profunda comprensión del constituyente sobre los riesgos inherentes tanto a la concentración de poder económico en manos del Estado como a la concentración de poder de mercado en actores privados.
El primer párrafo del artículo 46 es categórico al establecer que «son prohibidos los monopolios de carácter particular». Esta prohibición constitucional se extiende expresamente a «cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria».
La redacción constitucional es particularmente significativa, ya que no solamente proscribe la existencia de monopolios privados, sino que también invalida preventivamente cualquier normativa, incluso con rango de ley, que tenga por efecto o finalidad crear barreras anticompetitivas o restringir la libre concurrencia en el mercado. Esta disposición constituye una de las protecciones más robustas del ordenamiento jurídico costarricense contra las prácticas restrictivas de la competencia.
El mismo artículo 46 declara expresamente que «es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora». Esta disposición constitucional no confiere una facultad discrecional al Estado, sino que le impone un deber jurídico constitucional de carácter vinculante.
El Estado costarricense tiene la obligación constitucional activa de vigilar permanentemente el mercado y adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para prevenir y sancionar conductas anticompetitivas, tales como la colusión entre competidores, el abuso de posición dominante o las concentraciones empresariales que generen una acumulación excesiva de poder de mercado en detrimento del bienestar de los consumidores.
El constituyente costarricense demostró realismo económico al reconocer que, en determinadas circunstancias, las propias dinámicas del mercado pueden conducir naturalmente a la formación de «monopolios de hecho». Para estas situaciones excepcionales, el artículo 46 establece que dichas empresas «deben ser sometidas a una legislación especial».
Esta previsión constitucional faculta al legislador para crear regímenes regulatorios específicos y diferenciados para aquellos mercados donde, por razones técnicas, económicas o de infraestructura, la competencia es naturalmente limitada o resulta económicamente inviable, asegurando que el poder de mercado de estas empresas no sea utilizado en detrimento del interés público o los derechos de los consumidores.
A diferencia de los monopolios privados, que están constitucionalmente prohibidos de manera absoluta, la Constitución permite excepcionalmente el establecimiento de monopolios en favor del Estado o de las municipalidades. Sin embargo, esta posibilidad está sujeta a un requisito procedimental de altísima exigencia: la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.
Esta mayoría calificada, una de las más elevadas previstas en todo el texto constitucional, refleja la clara preferencia del sistema jurídico costarricense por la competencia como regla general y el monopolio estatal como una excepción estrictamente controlada que debe estar legitimada por un amplio consenso político y social.
El Código de Comercio (Ley N° 3284) y la legislación societaria complementaria constituyen los instrumentos normativos fundamentales que traducen las libertades económicas consagradas constitucionalmente en reglas prácticas y operativas para el ejercicio empresarial. Este conjunto normativo define los sujetos, los actos y las estructuras jurídicas a través de las cuales los individuos y colectivos pueden materializar efectivamente su derecho a emprender y participar en el tráfico mercantil.
El artículo 5 del Código de Comercio establece con precisión quiénes son considerados «comerciantes» para efectos del ordenamiento jurídico costarricense. Esta categoría legal incluye no solamente a las personas físicas que ejercen actos de comercio de forma habitual y en nombre propio, sino también a un amplio espectro de entidades jurídicas, como las empresas individuales de responsabilidad limitada y todas las sociedades constituidas conforme al Código, independientemente del objeto social específico que desarrollen.
El Código establece igualmente una serie de obligaciones comunes aplicables a todos los comerciantes, incluyendo la necesidad de inscribir determinados documentos en el Registro Mercantil y la obligación de llevar una contabilidad ordenada conforme a los principios contables generalmente aceptados. Estas regulaciones, lejos de constituir restricciones a la libertad de empresa, son mecanismos institucionales que dotan de seguridad jurídica, transparencia y previsibilidad al tráfico mercantil, protegiendo tanto a los propios comerciantes como a los terceros que contratan con ellos.
Una de las manifestaciones más claras de la libertad de empresa es la potestad constitucional de elegir la estructura jurídica más adecuada para cada emprendimiento específico. El artículo 17 del Código de Comercio reconoce diversas formas de sociedades mercantiles, permitiendo a los empresarios estructurar sus negocios según sus necesidades particulares de capital, distribución de riesgo, modelos de gestión y esquemas de responsabilidad.
Esta forma societaria se caracteriza por establecer la responsabilidad personal, ilimitada y solidaria de todos los socios frente a las obligaciones sociales. Representa una estructura empresarial basada fundamentalmente en la confianza personal entre los socios y en el conocimiento mutuo de sus capacidades y solvencia económica.
Presenta una estructura organizacional dual que combina socios gestores o comanditados, quienes tienen responsabilidad ilimitada y se encargan de la administración activa del negocio, con socios comanditarios cuya responsabilidad se limita estrictamente al monto de su aporte de capital y que no participan en la gestión ordinaria de la empresa.
En esta forma societaria, la responsabilidad de los socios se circunscribe exclusivamente al capital efectivamente aportado a la sociedad. El capital social está dividido en «cuotas» nominativas y su transmisión suele estar sujeta a restricciones contractuales o estatutarias para mantener el carácter cerrado y la estabilidad de la composición societaria.
Constituye la forma societaria por excelencia para emprendimientos de gran envergadura que requieren significativas inversiones de capital. El capital está dividido en «acciones», que son títulos valores negociables que facilitan la entrada y salida de inversionistas. La responsabilidad de los socios (accionistas) se limita estrictamente al pago de las acciones que han suscrito, ofreciendo una clara separación patrimonial entre la sociedad y sus miembros.
Esta diversidad de opciones legales materializa efectivamente la libertad de organización empresarial, un componente esencial de la libertad de empresa, permitiendo la canalización eficiente de la inversión y la gestión profesional del riesgo de manera flexible y adaptada a las particularidades específicas de cada proyecto económico.
El robusto marco constitucional costarricense que protege la libertad de empresa y la libertad de comercio se ve significativamente complementado y reforzado por los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el país. De conformidad con el artículo 7 de la Constitución Política, estos tratados internacionales tienen autoridad normativa superior a las leyes internas, integrándose al llamado «bloque de constitucionalidad».
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la protección de las libertades económicas, ya que sus disposiciones sobre el derecho a la propiedad privada y la libertad de asociación tienen aplicación directa en el ordenamiento jurídico costarricense y refuerzan sustantivamente la tutela de la iniciativa económica privada.
El artículo 21 de la Convención Americana establece que «toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes» y que nadie puede ser privado de ellos «excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley».
Esta norma internacional opera como un complemento directo y reforzador del artículo 45 de la Constitución costarricense. Al establecer un estándar internacional mínimo para la protección de la propiedad privada, refuerza significativamente la seguridad jurídica de los individuos y empresas sobre sus activos y inversiones. La exigencia convencional de una «indemnización justa» y la supeditación de cualquier expropiación a «razones de utilidad pública o de interés social» crean una capa adicional de protección contra posibles actos arbitrarios del Estado, consolidando así la base patrimonial sobre la cual se ejerce efectivamente la libertad de empresa.
El artículo 16 de la Convención Americana reconoce expresamente el derecho de todas las personas a «asociarse libremente con fines (…) económicos, laborales, sociales», entre otros fines legítimos. La constitución de sociedades mercantiles, en cualquiera de las formas previstas por el Código de Comercio costarricense, representa una manifestación directa y específica de esta libertad fundamental de asociación con fines económicos.
Este anclaje en el derecho internacional de los derechos humanos eleva la protección del derecho a crear y organizar empresas más allá del ámbito puramente legal interno. Significa que cualquier restricción estatal a la capacidad de los individuos para unirse y formar entidades empresariales no solamente debe superar el escrutinio de constitucionalidad interna, sino también ser compatible con los estándares internacionales del sistema interamericano de derechos humanos, que exige que tales restricciones sean «necesarias en una sociedad democrática» y cumplan con criterios estrictos de proporcionalidad.
El desarrollo acelerado de las tecnologías digitales ha planteado nuevos desafíos para la interpretación y aplicación de la libertad de empresa y la libertad de comercio en Costa Rica. Las plataformas digitales, el comercio electrónico y los modelos de negocio basados en datos han generado la necesidad de actualizar los marcos regulatorios tradicionales sin comprometer los principios constitucionales fundamentales.
La jurisprudencia constitucional ha comenzado a abordar estos desafíos, reconociendo que las libertades económicas deben adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas sin perder su esencia protectora de la iniciativa privada. Esto incluye el reconocimiento de nuevas formas de organización empresarial y modelos de negocio que no existían cuando se redactaron las normas constitucionales originales.
La creciente conciencia sobre la sostenibilidad ambiental ha introducido nuevas dimensiones en el ejercicio de la libertad de empresa. La reforma constitucional que introdujo el derecho a un ambiente sano ha obligado a repensar cómo se ejerce la actividad empresarial, incorporando criterios de sostenibilidad que antes no formaban parte del análisis jurídico tradicional.
Esta evolución no representa una limitación indebida a las libertades económicas, sino una actualización necesaria de su contenido para hacerlas compatibles con los desafíos del siglo XXI. La libertad de empresa moderna debe ejercerse de manera responsable con el medio ambiente, lo que ha llevado al desarrollo de nuevos marcos regulatorios que promueven la innovación verde y los modelos de negocio sostenibles.
El auge del comercio digital ha planteado interrogantes sobre cómo equilibrar la libertad de comercio con la protección de datos personales y la privacidad de los consumidores. La legislación costarricense ha evolucionado para abordar estos desafíos, creando marcos regulatorios que permiten el desarrollo del comercio electrónico mientras protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Esta evolución demuestra la capacidad del sistema jurídico costarricense para adaptar los principios constitucionales tradicionales a las nuevas realidades económicas y tecnológicas, manteniendo el equilibrio entre la promoción de la innovación empresarial y la protección de los derechos fundamentales.
La Sala Constitucional ha desarrollado una jurisprudencia extensa y consistente sobre el alcance y límites de la libertad de empresa y la libertad de comercio. Sus resoluciones han establecido criterios interpretativos que han moldeado la comprensión contemporánea de estas libertades fundamentales.
Entre los principios más importantes establecidos por la jurisprudencia constitucional se encuentra el reconocimiento de que estas libertades no son absolutas, sino que deben ejercerse en armonía con otros derechos fundamentales y con los principios del Estado Social de Derecho. La Sala ha sido consistente en aplicar tests estrictos de proporcionalidad para evaluar las regulaciones que afectan estas libertades.
La interpretación de las libertades económicas ha evolucionado significativamente desde las primeras resoluciones de la Sala Constitucional. Inicialmente, la jurisprudencia tendía a enfatizar el aspecto individual de estas libertades, pero progresivamente ha incorporado una visión más integral que considera su función social y su impacto en el bienestar colectivo.
Esta evolución refleja una maduración en la comprensión del papel de las libertades económicas en un Estado Social de Derecho, reconociendo que su protección debe ser compatible con objetivos más amplios de justicia social y desarrollo sostenible.
El futuro de la libertad de empresa y la libertad de comercio en Costa Rica requerirá una continua adaptación a los cambios en los paradigmas económicos globales. Esto incluye la incorporación de criterios de sostenibilidad, responsabilidad social empresarial y gobierno corporativo en el ejercicio de estas libertades.
La economía circular, los modelos de negocio colaborativos y las empresas con propósito social representan nuevas formas de ejercer la libertad de empresa que requieren marcos regulatorios actualizados pero que mantengan los principios constitucionales fundamentales.
Para mantener la relevancia y efectividad de las libertades económicas en el contexto contemporáneo, será necesario fortalecer ciertos aspectos del marco regulatorio. Esto incluye la actualización de la legislación societaria, el fortalecimiento de los mecanismos de protección al consumidor y la modernización de los sistemas de resolución de conflictos comerciales.
El análisis exhaustivo del ordenamiento jurídico costarricense revela un sistema sofisticado y equilibrado en el tratamiento de la libertad de empresa y la libertad de comercio. Estas libertades fundamentales no constituyen meras concesiones legales, sino pilares constitucionales robustamente protegidos por un entramado normativo que podríamos denominar la «trinidad constitucional»: el derecho a la propiedad privada (artículo 45), la libertad de comercio (artículo 46) y la autonomía de la voluntad (derivada del artículo 28).
Esta interconexión sistémica garantiza que la iniciativa privada disponga de un marco jurídico sólido y previsible para su desarrollo, proporcionando la seguridad jurídica necesaria para fomentar la inversión, la innovación y el emprendimiento en el país.
La característica definitoria del modelo costarricense radica en el equilibrio dinámico que establece entre las libertades económicas y los imperativos del Estado Social de Derecho, consagrado principalmente en el artículo 50 de la Constitución. La libertad de empresa y la libertad de comercio no se conciben como fines en sí mismos, sino como instrumentos fundamentales para el desarrollo individual y colectivo.
Por esta razón, estas libertades están sujetas a regulaciones y limitaciones que persiguen objetivos superiores como el bienestar general, la justicia social, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos de terceros, especialmente los consumidores y usuarios. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha desempeñado un papel crucial en la gestión de la tensión inherente entre el mandato constitucional de garantizar la libertad económica y el deber estatal de intervenir para promover el bien común.
La utilización de principios como la reserva de ley, la razonabilidad y la proporcionalidad como herramientas para dirimir conflictos entre derechos fundamentales ha demostrado ser eficaz para mantener el equilibrio del sistema. Estos principios garantizan que las limitaciones a las libertades económicas sean producto de decisiones democráticas (reserva de ley), que respondan a necesidades objetivas (razonabilidad) y que no impongan cargas desproporcionadas sobre los derechos individuales (proporcionalidad).
El marco jurídico costarricense promueve decididamente una economía de mercado con una marcada vocación social. Se reconoce a la iniciativa privada como el motor principal del desarrollo económico, pero se reserva al Estado las herramientas constitucionales y legales necesarias para orientar dicho desarrollo hacia fines de interés público y bienestar colectivo.
Este enfoque integral busca garantizar que los beneficios del progreso económico no se concentren de manera desproporcionada en determinados sectores o grupos sociales, sino que sean compartidos de manera más equitativa entre todos los habitantes del país. De esta manera, se consolida un modelo jurídico-económico donde la libertad de empresa y la solidaridad social no constituyen conceptos antagónicos, sino elementos complementarios de un proyecto de desarrollo nacional integral.
La solidez del marco constitucional costarricense para las libertades económicas se manifiesta en su capacidad de adaptación a los nuevos desafíos económicos, tecnológicos y sociales del siglo XXI. La libertad de empresa y la libertad de comercio continúan siendo elementos vitales para el desarrollo nacional, pero su ejercicio debe evolucionar para incorporar criterios de sostenibilidad, responsabilidad social y respeto por los derechos humanos.
El futuro de estas libertades en Costa Rica dependerá de la capacidad del sistema jurídico para mantener este equilibrio dinámico, adaptándose a los cambios sin comprometer los principios fundamentales que han hecho del país un referente en la región en materia de protección de derechos fundamentales y desarrollo económico sostenible.
El modelo costarricense de libertades económicas representa una síntesis exitosa entre los principios del libre mercado y los objetivos del Estado Social de Derecho, demostrando que es posible construir un sistema económico que sea tanto eficiente como socialmente justo, tanto innovador como responsable con las generaciones futuras.
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⚖️🇨🇷 La libertad de empresa y la libertad de comercio son derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Costa Rica, permitiendo a los ciudadanos emprender actividades económicas y contribuir al desarrollo del país. Sin embargo, su ejercicio no es absoluto. Este artículo profundiza en los límites y regulaciones que el Estado puede imponer, como la potestad de la Asamblea Legislativa para establecer monopolios a favor del Estado o municipalidades, siempre que exista un interés público apremiante.
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