El Derecho de Familia en Costa Rica es la rama del ordenamiento juridico que regula las relaciones personales y patrimoniales derivadas del vinculo familiar. Comprende instituciones fundamentales como el matrimonio, la union de hecho, la filiacion, la patria potestad, la adopcion, la tutela y la curatela, asi como los regimenes de pension alimentaria y la proteccion integral de los menores de edad.
La legislacion familiar costarricense se sustenta principalmente en el Codigo de Familia (Ley N. 5476) y el Codigo Procesal de Familia, complementados por normativa especial como la Ley de Penalizacion de la Violencia contra las Mujeres, la Ley General de la Persona Joven y los tratados internacionales ratificados por Costa Rica en materia de derechos del nino y proteccion familiar.
El sistema judicial costarricense cuenta con juzgados especializados en materia de familia, que atienden procesos de divorcio, separacion judicial, declaratoria de paternidad, fijacion de pensiones alimentarias, violencia domestica y proteccion de personas menores de edad. La Sala Constitucional ha desarrollado abundante jurisprudencia reconociendo el derecho a la familia como derecho fundamental.
En Bufete de Costa Rica publicamos textos completos de la legislacion familiar vigente, verificados con el Sistema Costarricense de Informacion Juridica. Consulte las leyes que protegen a la familia costarricense para su investigacion o ejercicio profesional.
La Ley 8261 Costa Rica regula la protección de la persona joven, su desarrollo, derechos y participación. Texto completo vigente.
La Ley 8589 Costa Rica penaliza la violencia contra las mujeres, protege víctimas y fija sanciones…
La Ley 9747 Costa Rica regula el procedimiento judicial familiar, tutela de menores y derechos conyugales.…
La Ley 5476 Costa Rica regula esta materia con artículos vigentes consolidados en Bufete de Costa…
¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.
Dictamen jurídico sobre la masacre cometida en el Cerro San Miguel de Alajuelita el Domingo de Ramos de 1986: siete víctimas —una mujer adulta y seis menores de edad—; una sentencia condenatoria (1989) anulada en 1990 por graves irregularidades —entre ellas, indicios de tortura para obtener la confesión del adolescente…
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