La Ley N.° 10349, titulada «Reforma del artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N.º 8488, de 22 de noviembre de 2005, y sus reformas», adiciona dos párrafos finales al numeral 32 de esa ley, que trata del ámbito de aplicación del régimen de excepción.
El texto que trae la ley dispone que las obras necesarias para atender emergencias no declaradas y las de la fase de respuesta de las emergencias declaradas quedan exentas de ciertos permisos y trámites, y que en las fases de rehabilitación y reconstrucción la aplicación del régimen de excepción se condiciona a que los proyectos estén incorporados al Plan General de la Emergencia.
Reforma del Artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N.° 8488, de 22 de noviembre de 2005, y sus Reformas (Ley N.° 10349)
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La ley rige a partir de su publicación y salió en el Alcance N.° 80 a La Gaceta N.° 79 del 8 de mayo de 2023. La Gaceta no ofrece de esta ley un texto digital fiable: el texto de esta página lo transcribió y cotejó la Biblioteca palabra por palabra contra la página oficial, y el facsímil oficial de La Gaceta va al final del PDF de la ley.
N° 10349
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
REFORMA DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, LEY N.° 8488, DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2005, Y SUS REFORMAS
Nota de la Biblioteca Jurídica: La Gaceta no ofrece de esta ley un texto digital fiable. Este texto lo transcribió la Biblioteca Jurídica y lo cotejó, palabra por palabra, con la página oficial; el facsímil oficial se reproduce íntegro al final del PDF de esta ley (Alcance N.° 80 a La Gaceta N.° 79 del 8 de mayo de 2023, páginas 11 a 14 del PDF del Alcance; 4 páginas).
Adiciónense dos párrafos finales al artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N.° 8488, de 22 de noviembre de 2005, y sus reformas. Los textos son los siguientes:
Artículo 32- Ámbito de aplicación del régimen de excepción
El régimen de excepción deberá entenderse como comprensivo de la actividad administrativa y disposición de fondos y bienes públicos, siempre y cuando sean estrictamente necesarios para resolver las imperiosas necesidades de las personas y proteger los bienes y servicios cuando, inequívocamente, exista el nexo exigido de causalidad entre el suceso provocador del estado de emergencia y los daños provocados en efecto.
Las obras y proyectos necesarios para la atención de cualquiera de las fases de la emergencia reguladas en el artículo 30 de la presente ley, así como las acciones establecidas en el párrafo final del artículo 15, están cubiertas por el régimen de excepción y, por lo tanto, su ejecución no debe ser sometida a la tramitología ordinaria. Las obras necesarias para atender emergencias no declaradas, reguladas en el párrafo final del artículo 15 de la presente ley, y las que se ejecuten en la fase de respuesta regulada en el inciso a) del artículo 30 en el caso de emergencias declaradas, estarán exentas de realizar los permisos y trámites atinentes a la ejecución de obras en cauces, zonas protegidas, zonas boscosas o forestales, áreas de protección u áreas fronterizas. En estos casos, y debido a la necesidad urgente que este tipo de acciones implica, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias únicamente deberá comunicar la intervención a realizar y su respectiva justificación a la entidad pública competente.
Durante las fases de rehabilitación y reconstrucción de una emergencia declarada, según las regulaciones de los incisos b) y c) del artículo 30, la aplicación del régimen de excepción será condicionada a la incorporación de los proyectos y obras al Plan General de la Emergencia. Dichos proyectos estarán exentos de cumplir con la tramitología ordinaria en materia ambiental atinente a la ejecución de obras en cauces, zonas protegidas, zonas boscosas o forestales, áreas de protección u áreas fronterizas, por lo que las instituciones competentes tendrán la obligación de implementar procedimientos extraordinarios de aprobación de proyectos amparados a un decreto de emergencia que garanticen una atención expedita de los trámites en tiempos reducidos sin contravenir los principios del derecho ambiental. Cuando las instituciones no tengan aprobados procedimientos extraordinarios para la atención de proyectos amparados a un decreto de emergencia, se eximirá de estos trámites las obras que se encuentren inscritas en el Plan General de la Emergencia y que deban intervenirse con el objetivo de evitar un grave daño al ambiente o a las personas.
Rige a partir de su publicación.
El artículo único adiciona dos párrafos finales al numeral 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N.º 8488, de 22 de noviembre de 2005, y sus reformas. Ese numeral se titula «Ámbito de aplicación del régimen de excepción» y el texto que publica la ley lo describe como comprensivo de la actividad administrativa y la disposición de fondos y bienes públicos estrictamente necesarios para resolver las necesidades de las personas y proteger bienes y servicios.
Según el artículo único, las obras necesarias para atender emergencias no declaradas, y las que se ejecuten en la fase de respuesta de emergencias declaradas, estarán exentas de realizar los permisos y trámites atinentes a obras en cauces, zonas protegidas, zonas boscosas o forestales, áreas de protección o áreas fronterizas. En esos casos, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias únicamente deberá comunicar la intervención y su justificación a la entidad pública competente.
El artículo único dispone que, en esas fases de una emergencia declarada, la aplicación del régimen de excepción queda condicionada a que los proyectos y obras estén incorporados al Plan General de la Emergencia. Esos proyectos están exentos de la tramitología ordinaria en materia ambiental para obras en cauces, zonas protegidas, zonas boscosas o forestales, áreas de protección o áreas fronterizas, y las instituciones competentes deben implementar procedimientos extraordinarios de aprobación que garanticen una atención expedita.
El artículo único establece que, cuando las instituciones no tengan aprobados procedimientos extraordinarios para los proyectos amparados a un decreto de emergencia, se eximirá de esos trámites a las obras inscritas en el Plan General de la Emergencia que deban intervenirse con el objetivo de evitar un grave daño al ambiente o a las personas. Los procedimientos extraordinarios deben aplicarse sin contravenir los principios del derecho ambiental.
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