La Ley N.° 10728, Ley para Fortalecer los Sistemas de Control de Obra Pública del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), reforma la Ley 3155, Crea el Ministerio de Transportes en sustitución del Actual Ministerio de Obras Públicas, y […]
MOPT
La Ley N.° 10745 se ocupa del fortalecimiento de la coordinación entre el MOPT y los gobiernos locales, para la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal. Así lo dice su título oficial, que es lo único que […]
La Ley N.° 10742 adiciona un artículo 4 bis a la Ley 9329, Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, de 15 de octubre de 2015. El numeral nuevo regula […]
La Ley N.° 10968, Ley para facilitarle a las ciudadanas y los ciudadanos la empleabilidad como choferes de transporte público, es una ley de reforma. Su artículo único da nueva redacción al numeral 87 de la Ley 9078, Ley de […]
La Ley N.° 10878, «Ley para que se desafecte un bien inmueble propiedad del Estado-Ministerio de Obras Públicas y Transportes y autorización para que lo done al Estado-Ministerio de Seguridad Pública», desafecta de su uso público una finca del Estado-Ministerio […]
La Ley N.° 3503, Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores, es la norma base que organiza el transporte público colectivo en Costa Rica. Su artículo 1 declara que el transporte remunerado de personas en vehículos automotores […]
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La Justicia tiene Precio
¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.
Licenciado Arroyo
Dictamen Jurídico N.° 0005
La Cruz de Alajuelita
Derecho Penal · Procesal · Constitucional · DDHH- Causa
- Petición CIDH 326-21
- Lugar de los hechos
- Alajuelita, San José · Costa Rica
- Hechos
- 6 de abril de 1986
Dictamen jurídico sobre la masacre cometida en el Cerro San Miguel de Alajuelita el Domingo de Ramos de 1986: siete víctimas —una mujer adulta y seis menores de edad—; una sentencia condenatoria (1989) anulada en 1990 por graves irregularidades —entre ellas, indicios de tortura para obtener la confesión del adolescente…
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