Las garantías constitucionales representan el corazón mismo del sistema de justicia costarricense. En un Estado Social de Derecho como Costa Rica, el debido proceso constituye mucho más que un conjunto de formalidades procesales; representa la materialización de la dignidad humana en el ejercicio del poder punitivo estatal.
El ordenamiento jurídico costarricense ha construido un sólido sistema de protección fundamentado en lo que la doctrina denomina «bloque de constitucionalidad». Este marco normativo integra las disposiciones de la Constitución Política con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por el país, creando un entramado de protecciones que trasciende las fronteras del derecho interno.
La legitimidad del poder punitivo del Estado descansa en el respeto escrupuloso de estas garantías constitucionales. Cada proceso, cada decisión judicial, cada acto de investigación debe enmarcarse dentro de estos principios fundamentales que protegen al individuo frente al aparato estatal. El presente análisis examina sistemáticamente estas garantías, explorando su fundamento normativo, desarrollo conceptual e implicaciones prácticas en el sistema de justicia costarricense.
La protección de los derechos fundamentales en Costa Rica no se limita únicamente a las disposiciones contenidas en la Constitución Política. El concepto de bloque de constitucionalidad ha permitido integrar los tratados internacionales de derechos humanos como normas de rango supralegal, enriqueciendo significativamente el catálogo de garantías disponibles para el ciudadano.
Esta integración normativa ha sido especialmente relevante en materia de debido proceso, donde instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos han complementado y expandido las protecciones constitucionales internas. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido pionera en reconocer esta jerarquía normativa especial, otorgando a los tratados de derechos humanos una posición privilegiada en el ordenamiento jurídico nacional.
El principio del juez natural constituye una de las garantías constitucionales más fundamentales del debido proceso. Esta garantía establece que toda persona tiene el derecho inalienable a ser juzgada exclusivamente por tribunales ordinarios, preestablecidos por ley, que sean competentes, independientes e imparciales.
La finalidad primordial de esta institución radica en la proscripción absoluta de los tribunales de excepción, esas comisiones especiales o juzgadores designados ad hoc que históricamente han sido utilizados por regímenes autoritarios para perseguir opositores políticos o resolver controversias de manera favorable a los intereses del poder dominante.
El fundamento normativo de esta garantía descansa en sólidas bases tanto del derecho interno como del derecho internacional. En el ámbito nacional, el Artículo 35 de la Constitución Política establece de manera categórica que «Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución».
Esta protección constitucional se ve reforzada por el diseño estructural del Poder Judicial contenido en los Artículos 152 y siguientes de la Carta Magna, que establecen la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales como los únicos órganos depositarios de la función jurisdiccional. A nivel internacional, el Artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos complementa esta garantía al consagrar el derecho de toda persona a ser oída por un «juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley».
La predeterminación legal constituye el primer elemento fundamental del juez natural. No basta con que el tribunal exista; su creación y la definición de su competencia deben emanar necesariamente de una ley formal, previa a la comisión del hecho que será objeto del proceso. Esta exigencia prohíbe de manera absoluta la constitución de tribunales post factum, diseñados para conocer de un caso específico.
Esta predeterminación no es meramente formal, sino que responde a una necesidad sustancial de protección contra la arbitrariedad. Cuando las reglas del juego se establecen con posterioridad a los hechos, se abre la puerta a manipulaciones que pueden comprometer gravemente la imparcialidad del juzgamiento.
La atribución de un asunto a un tribunal determinado no puede quedar librada a la discrecionalidad de ninguna autoridad. Debe obedecer estrictamente a reglas procesales objetivas y preexistentes, tales como la materia, el territorio, la cuantía o el grado funcional. Esta exigencia asegura que la asignación del juez sea un acto reglado y previsible, eliminando cualquier posibilidad de manipulación en la distribución de casos.
La competencia, entendida como la medida de la jurisdicción asignada a cada tribunal, debe estar claramente definida en la ley y ser de conocimiento público. Solo así se garantiza que tanto las partes como la sociedad en general puedan conocer de antemano cuál será el tribunal competente para conocer de determinado tipo de controversias.
La independencia judicial representa un presupuesto indispensable del juez natural y se manifiesta en una doble dimensión. La independencia externa protege al Poder Judicial de injerencias indebidas de otros poderes del Estado o de poderes fácticos que puedan existir en la sociedad. Esta dimensión exige no solo la ausencia de presiones directas, sino también la existencia de garantías institucionales que protejan la autonomía del Poder Judicial.
La independencia interna, por su parte, garantiza que cada juez pueda resolver sin estar subordinado a directrices de sus superiores jerárquicos en cuanto al contenido de sus decisiones. El Artículo 154 de la Constitución subraya esta independencia al someter al Poder Judicial únicamente a la Constitución y a la ley, excluyendo cualquier otra forma de subordinación.
La imparcialidad constituye el cuarto pilar fundamental del juez natural y se refiere a la posición neutral del juzgador frente a las partes y al objeto del proceso. Esta garantía opera en dos niveles complementarios que deben ser satisfechos simultáneamente.
La imparcialidad subjetiva atañe a la convicción personal del juez, quien no debe tener prejuicios, intereses personales o vínculos particulares con el litigio que puedan comprometer su neutralidad.
Esta dimensión, aunque más difícil de verificar empíricamente, es fundamental para la legitimidad del juzgamiento.
La imparcialidad objetiva se refiere a las garantías externas que ofrece el sistema para inspirar confianza en la neutralidad del tribunal. Esta dimensión se materializa a través de normas específicas sobre impedimentos, excusas y recusaciones, así como en la organización misma del proceso que debe garantizar la igualdad de armas entre las partes.
El principio del juez natural trasciende la mera protección individual para convertirse en una garantía estructural del sistema democrático. En su dimensión individual, constituye un derecho subjetivo fundamental que protege a cada persona contra el riesgo de ser juzgada por tribunales parciales o constituidos específicamente para su caso.
En su dimensión estructural, esta garantía defiende la separación de poderes al impedir que el poder político cree foros judiciales a su medida para perseguir oponentes o resolver controversias de manera favorable a sus intereses. Esta perspectiva revela que una vulneración al principio puede ocurrir de formas sutiles, no solo mediante la creación explícita de un tribunal ad hoc, sino también a través de reformas legales que alteren irrazonablemente las reglas de competencia o mediante nombramientos de jueces que eludan los procedimientos establecidos.
El principio de no autoincriminación, sintetizado en la máxima latina nemo tenetur se ipsum accusare, constituye una de las garantías constitucionales más profundamente arraigadas en la tradición jurídica occidental. Este principio consagra el derecho fundamental de toda persona a no ser obligada a declarar en su contra ni a confesarse culpable, estableciendo una barrera infranqueable contra la coacción estatal para obtener admisiones de culpabilidad.
Su fundamento último reside en el respeto irrestricto a la dignidad humana, que impide tratar al individuo como un mero objeto de investigación en lugar de reconocerlo como un sujeto de derechos. Esta garantía protege la autonomía de la voluntad y la libertad de conciencia, principios fundamentales que distinguen a los sistemas democráticos de los regímenes autoritarios donde la confesión forzada ha sido históricamente una herramienta de opresión.
La protección contra la autoincriminación forzada encuentra su asidero en los más altos niveles del ordenamiento jurídico costarricense. En el plano constitucional, el Artículo 36 establece que «En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad».
Esta norma fundamental se ve reforzada por el Artículo 40 constitucional, que establece una regla de exclusión probatoria de rango constitucional al declarar que «Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula». En el ámbito internacional, el Artículo 8.2.g de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza a toda persona el «derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable».
El derecho a guardar silencio representa la manifestación más directa y conocida de la no auto incriminación. Este derecho implica mucho más que una simple facultad; constituye una prerrogativa fundamental que permite al imputado adoptar una postura pasiva durante todo el proceso, sin que su silencio pueda ser utilizado en su perjuicio o interpretado como un indicio de culpabilidad.
Las autoridades tienen la obligación ineludible de informar al imputado sobre este derecho desde el primer momento en que es señalado como sospechoso de haber cometido un delito. Esta información no puede ser meramente formal, sino que debe ser clara, comprensible y oportuna, asegurando que la persona entienda completamente las implicaciones de su decisión de declarar o permanecer en silencio.
Una característica fundamental del sistema de garantías constitucionales es que la declaración del imputado no se concibe como un medio de prueba para la acusación, sino como una oportunidad para que este ejerza su defensa material. Esta distinción no es meramente académica, sino que tiene importantes consecuencias prácticas para el desarrollo del proceso.
Por esta razón, el imputado no declara bajo juramento y no puede ser perseguido por perjurio si falta a la verdad en su declaración, aunque esta circunstancia pueda afectar su credibilidad ante el tribunal. Esta protección reconoce que sería contradictorio exigir al imputado que declare bajo amenaza de sanción cuando precisamente se le está garantizando el derecho a no contribuir a su propia incriminación.
La protección de la no auto incriminación abarca no solo la declaración formal ante las autoridades, sino cualquier acto que exija del imputado una exteriorización de contenido mental que pueda incriminarlo. Esto incluye, por ejemplo, el requerimiento de revelar contraseñas, códigos o cualquier información que implique una participación activa del sujeto en la producción de evidencia en su contra.
Sin embargo, esta garantía se distingue claramente de la obtención de prueba física o corporal, como la toma de huellas dactilares, muestras de ADN o reconocimientos fotográficos, donde el individuo es objeto de la prueba pero no se le compele a realizar un acto testimonial o de colaboración activa con la investigación.
La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido consistente en extender la aplicación de esta garantía más allá del estricto ámbito del proceso penal, aplicándola a cualquier procedimiento administrativo sancionador o disciplinario. Esta extensión se fundamenta en la doctrina del ius puniendi único del Estado, que reconoce que el poder sancionador estatal, independientemente de su manifestación concreta, debe estar sujeto a las mismas garantías fundamentales.
Esta aplicación extensiva ha tenido particular relevancia en procedimientos disciplinarios funcionariales, investigaciones de la Contraloría General de la República y otros mecanismos administrativos de sanción, donde se ha reconocido que los funcionarios públicos también gozan del derecho a no contribuir a su propia incriminación.
Los principios de intimación e imputación constituyen garantías constitucionales instrumentales de fundamental importancia para la efectividad del derecho de defensa. La intimación se define como el acto formal de comunicación mediante el cual se le informa a una persona que es objeto de una investigación o un procedimiento en su contra, mientras que la imputación consiste en la atribución clara, precisa, circunstanciada y detallada de los hechos específicos que se le reprochan.
Estas garantías representan la condición de posibilidad para el ejercicio efectivo del derecho de defensa. Sin un conocimiento cabal y completo de la acusación que se formula en su contra, cualquier intento de defensa por parte del imputado resultaría fútil e ineficaz, convirtiendo el proceso en una mera formalidad vacía de contenido garantista.
La necesidad de una imputación clara y detallada se deriva de normas fundamentales tanto del derecho interno como del derecho internacional. En el ámbito constitucional, el Artículo 39 de la Constitución Política sirve como base al garantizar la «previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa». Esta oportunidad solo puede ser real y efectiva si el individuo conoce con exactitud los hechos que se le atribuyen y las circunstancias que rodean la imputación.
A nivel internacional, el Artículo 8.2.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos constituye la fuente más explícita al exigir la «comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada». Esta norma ha sido desarrollada extensamente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha precisado los alcances y requisitos de esta garantía.
Para que la imputación cumpla efectivamente su función garantista, debe incluir una descripción fáctica completa y exhaustiva que abarque las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos investigados. No basta con una referencia genérica a la conducta presuntamente ilícita; es necesario especificar detalladamente cada elemento de la conducta que se atribuye al imputado.
Asimismo, la imputación debe señalar la calificación jurídica provisional de dichos hechos, indicando claramente cuál es el tipo penal que se considera aplicable y por qué se estima que la conducta del imputado encuadra en esa descripción típica. Finalmente, debe incluir un resumen de los elementos de prueba en los que se fundamenta la acusación, permitiendo al imputado conocer las bases fácticas y probatorias de la imputación.
El requisito de que la comunicación sea «previa» no es una mera formalidad procesal, sino una exigencia sustancial que debe interpretarse en sentido amplio. La comunicación debe realizarse en el primer acto del procedimiento que involucre al imputado o que pueda afectar sus derechos fundamentales, especialmente antes de recibirle declaración o de adoptar cualquier medida que restrinja su libertad.
Esta exigencia temporal permite al imputado preparar su defensa desde el inicio mismo del procedimiento, evitando que se vea sorprendido por imputaciones que conoce tardíamente y frente a las cuales no ha tenido oportunidad de articular una estrategia defensiva adecuada.
La imputación debe ser formulada en un lenguaje claro, preciso y comprensible, no solo para el abogado defensor, sino también para el propio imputado. Esta exigencia tiene particular relevancia cuando el imputado no cuenta con formación jurídica, casos en los cuales las autoridades deben hacer un esfuerzo adicional para asegurar que la persona comprenda efectivamente los alcances de la imputación.
La utilización de formulaciones vagas, genéricas o ambiguas constituye una violación flagrante del debido proceso y genera un estado de indefensión que compromete gravemente la legitimidad del procedimiento. La jurisprudencia ha sido enfática en señalar que la imprecisión en la imputación no solo vulnera el derecho de defensa, sino que puede invalidar todo el procedimiento.
Existe una conexión intrínseca y fundamental entre los principios de imputación y tipicidad penal que trasciende el ámbito meramente procesal para adentrarse en cuestiones sustantivas del derecho penal. El principio de tipicidad, derivado del Artículo 39 constitucional, constituye una garantía sustantiva dirigida al legislador, exigiéndole que las leyes penales describan las conductas prohibidas de forma clara, precisa y determinada.
Por su parte, el principio de imputación representa una garantía procesal dirigida al fiscal y al juez, que materializa y concreta la tipicidad en el caso específico. Si la ley debe ser clara para ser constitucionalmente válida, la acusación basada en esa ley debe ser igualmente clara para que el proceso sea legítimo y respetuoso de las garantías fundamentales.
Una imputación imprecisa no constituye únicamente un mero defecto formal procesal, sino que frecuentemente revela problemas más profundos relacionados con la claridad y precisión de la norma penal subyacente. Por esta razón, los debates sobre la claridad de una acusación pueden evidenciar problemas de inconstitucionalidad en la propia ley penal, como lo ha demostrado la jurisprudencia constitucional al anular normas penales por su falta de precisión en la descripción de la conducta prohibida o en la determinación de la sanción aplicable.
El derecho de defensa ocupa una posición central y privilegiada dentro del sistema de garantías constitucionales que conforman el debido proceso. Se define como el derecho fundamental de toda persona a oponerse de manera eficaz a la pretensión punitiva o sancionatoria del Estado, utilizando todos los medios y recursos que el ordenamiento jurídico le concede para proteger sus derechos e intereses legítimos.
Su centralidad radica en su carácter instrumental, pues constituye el vehículo procesal a través del cual se activan y materializan todas las demás garantías del imputado. Sin un derecho de defensa efectivo, otras garantías como la presunción de inocencia, el derecho a la prueba o el derecho a recurrir se convertirían en meras declaraciones programáticas sin eficacia práctica real.
Esta garantía fundamental goza de un amplio y sólido reconocimiento en el ordenamiento jurídico costarricense. En el ámbito constitucional, el Artículo 39 de la Constitución Política lo consagra de manera general al asegurar la «previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa», estableciendo así una garantía genérica que debe concretarse a través de manifestaciones específicas.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos desarrolla de manera exhaustiva y detallada los componentes específicos de esta garantía en su Artículo 8.2. Este precepto incluye el derecho fundamental a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección (inciso d), el derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado cuando no se designe defensor particular (inciso e), y el derecho de la defensa a interrogar testigos presentes en el tribunal y a obtener la comparecencia de personas que puedan aportar elementos útiles para el esclarecimiento de los hechos (inciso f).
La defensa material representa el derecho que asiste al propio imputado de intervenir activamente y de manera personal en el proceso que lo afecta. Esta dimensión reconoce que nadie mejor que el propio interesado conoce las circunstancias particulares de su caso y que su participación directa es fundamental para el descubrimiento de la verdad y la protección de sus derechos.
Esta modalidad de defensa incluye múltiples facultades específicas: el derecho a ser oído por el tribunal en todas las oportunidades que el procedimiento le concede, la facultad de presentar sus propias alegaciones y observaciones sobre los hechos y el derecho aplicable, el derecho a proponer prueba que considere pertinente para su defensa, la facultad de estar presente durante la evacuación de la prueba de cargo para poder controvertirla, y en general, el derecho a controlar y supervisar el desarrollo del procedimiento que afecta directamente sus intereses fundamentales.
La defensa técnica se refiere a la asistencia obligatoria y especializada de un profesional en derecho que posea los conocimientos técnicos necesarios para proteger efectivamente los derechos del imputado en el complejo marco del proceso penal. Esta modalidad de defensa no es meramente complementaria a la defensa material, sino que constituye un derecho autónomo e irrenunciable.
La jurisprudencia, tanto nacional como interamericana, ha sido enfática en establecer que esta defensa técnica no puede ser meramente formal o aparente, sino que debe ser genuinamente «eficaz». Una defensa técnica se considera ineficaz, y por tanto violatoria del debido proceso, cuando el abogado actúa con manifiesta negligencia, pasividad inexcusable o incompetencia notoria, omitiendo actos procesales que son cruciales para la protección de los intereses legítimos de su defendido.
El sistema de garantías que conforman el debido proceso está compuesto por un conjunto complejo de derechos de naturaleza eminentemente técnica, cuyo conocimiento y ejercicio efectivo escapan al dominio de un ciudadano que no posee formación jurídica especializada. Conceptos como la presunción de inocencia, las reglas de exclusión de prueba ilícita, el derecho a recurrir o las normas sobre valoración probatoria requieren un conocimiento especializado para su aplicación práctica.
En este contexto, la defensa técnica no constituye simplemente un derecho más dentro del catálogo de garantías procesales, sino que funciona como la «garantía habilitante» de todo el sistema. El abogado defensor actúa como el intérprete y traductor que convierte estos derechos abstractos y técnicos en acciones procesales concretas y efectivas: una objeción oportuna, un recurso bien fundamentado, un interrogatorio estratégico o una argumentación persuasiva.
Sin una defensa técnica verdaderamente eficaz, el resto de las garantías constitucionales corren el riesgo grave de convertirse en letra muerta para el imputado, quien carecería de los medios técnicos necesarios para activarlas y ejercerlas efectivamente. Por esta razón, la evaluación de la justicia de un proceso no puede limitarse a constatar la presencia formal de un defensor, sino que debe analizar cuidadosamente la calidad, diligencia y eficacia de su actuación profesional.
La determinación de cuándo una defensa técnica es eficaz constituye uno de los desafíos más complejos del derecho procesal contemporáneo. La jurisprudencia ha desarrollado diversos criterios para evaluar esta eficacia, que van desde estándares mínimos hasta exigencias más rigurosas de calidad profesional.
Entre los indicadores de ineficacia más claramente identificados se encuentran la ausencia injustificada del defensor en audiencias cruciales, la omisión de recursos procedentes que podrían beneficiar al imputado, la falta de preparación evidente para las audiencias, la ausencia de estrategia defensiva coherente, y la falta de comunicación adecuada con el defendido. Una defensa pasiva, que se limita a estar presente sin participar activamente en la protección de los derechos del imputado, equivale materialmente a la ausencia de defensa y constituye una violación del debido proceso.
El principio de inocencia, universalmente conocido como presunción de inocencia, constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta todo el sistema de justicia penal en las sociedades democráticas. Este principio establece de manera categórica que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente demostrada en una sentencia condenatoria firme, dictada tras un proceso que respete todas las garantías constitucionales.
Es fundamental comprender que este principio no constituye una simple presunción legal de carácter técnico-procesal, sino que representa un verdadero estado jurídico del ciudadano frente al poder punitivo del Estado. La inocencia no es algo que deba ser demostrado por el individuo; por el contrario, constituye su estado natural que solo puede ser modificado mediante el cumplimiento riguroso de todas las exigencias que impone el debido proceso.
Esta garantía fundamental se encuentra firmemente establecida y protegida en múltiples niveles del ordenamiento jurídico costarricense. En el ámbito constitucional, aunque la Constitución Política no enuncia expresamente la presunción de inocencia con esa denominación específica, el Artículo 39 la consagra materialmente al exigir de manera categórica la «necesaria demostración de culpabilidad» como requisito indispensable e ineludible para la imposición de cualquier pena.
En el plano internacional, el Artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la establece de manera explícita y contundente: «Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad». Esta formulación ha sido desarrollada extensamente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha precisado sus alcances y exigencias específicas.
La primera dimensión del principio de inocencia opera como una regla de trato que exige imperativamente que el imputado sea considerado y tratado como una persona no culpable por parte de todas las autoridades públicas durante todo el desarrollo del procedimiento penal. Esta dimensión trasciende el ámbito estrictamente procesal para proyectarse sobre todas las actuaciones estatales que puedan afectar al imputado.
Esta regla tiene un impacto directo y crucial en la regulación y aplicación de las medidas cautelares, especialmente en lo que respecta a la prisión preventiva. La medida cautelar de privación de libertad debe ser interpretada y aplicada de manera absolutamente excepcional, pues constituye una restricción severa de la libertad de una persona que goza del estado jurídico de inocencia.
La justificación de la prisión preventiva no puede fundamentarse en la gravedad del delito imputado o en consideraciones de prevención general, sino únicamente en la existencia de riesgos procesales concretos y específicos, como el peligro de fuga o la posibilidad de obstaculización de la investigación. En ningún caso puede concebirse como un adelanto de la pena o como una forma de satisfacer demandas sociales de castigo inmediato.
La segunda dimensión del principio opera como una regla probatoria fundamental que impone la carga de la prueba (onus probandi) de manera exclusiva e integral sobre el órgano acusador. Esta regla establece de manera inequívoca que el imputado no tiene ninguna obligación de probar su inocencia; por el contrario, es el Estado, a través de sus órganos de persecución penal, quien debe probar más allá de toda duda razonable cada uno de los elementos del delito y la participación específica del acusado en los hechos imputados.
Esta distribución de la carga probatoria no es arbitraria, sino que responde a principios fundamentales del Estado de Derecho. El Estado cuenta con recursos institucionales, técnicos y humanos considerablemente superiores a los del individuo, por lo que resulta razonable y proporcional exigirle que asuma la responsabilidad de demostrar sus acusaciones. Además, esta regla protege al ciudadano de la imposición arbitraria de cargas probatorias que podrían resultar imposibles de satisfacer.
La tercera dimensión del principio opera específicamente en el momento crucial de la deliberación y decisión final del tribunal. La regla in dubio pro reo establece que si, tras la valoración completa y exhaustiva de todo el acervo probatorio producido durante el proceso, el tribunal alberga una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, está constitucionalmente obligado a dictar una sentencia absolutoria.
Esta regla reconoce que el estándar probatorio exigido para una condena penal es la certeza sobre la culpabilidad, no la mera probabilidad o verosimilitud. La duda razonable debe entenderse como aquella que surgiría en la mente de una persona prudente y reflexiva ante la evidencia presentada. Si tal duda existe, debe resolverse siempre en favor del imputado, pues es preferible que un culpable resulte absuelto antes que un inocente sea condenado.
Una de las tensiones más complejas y delicadas del sistema de justicia penal surge de la aparente contradicción entre la presunción de inocencia como regla de trato y la existencia de medidas cautelares que restringen derechos fundamentales del imputado, particularmente la prisión preventiva. Mientras la presunción de inocencia exige tratar al imputado como no culpable, la prisión preventiva implica la restricción más severa de su libertad antes de que exista una condena firme.
La calidad y legitimidad de un sistema de justicia penal se mide en gran medida por la forma en que gestiona esta tensión inevitable. Un sistema genuinamente respetuoso de los derechos fundamentales debe interpretar y aplicar la prisión preventiva de manera sumamente restrictiva, como una medida de ultima ratio que solo puede justificarse cuando no existan alternativas menos lesivas que puedan cumplir la misma finalidad cautelar.
La aplicación de medidas cautelares debe estar precedida de un estricto y riguroso juicio de proporcionalidad que evalúe la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida. El uso extensivo, automático o rutinario de la prisión preventiva no solo vulnera el derecho fundamental a la libertad, sino que erosiona la esencia misma del principio de inocencia, transformándolo en la práctica en una presunción de culpabilidad que contradice los fundamentos del Estado de Derecho.
La triple prohibición constitucional de tratamientos crueles o degradantes, penas perpetuas y penas confiscatorias constituye uno de los límites más absolutos e infranqueables al poder punitivo del Estado. Esta prohibición encuentra su fundamento último en el reconocimiento y respeto irrestricto de la dignidad intrínseca de la persona humana, principio fundamental que informa todo el ordenamiento jurídico costarricense.
Esta garantía parte del reconocimiento de que, incluso después de haber sido declarado responsable del más grave de los delitos, el individuo no pierde jamás su condición esencial de persona humana y, por tanto, no puede ser sometido a castigos que lo aniquilen en su integridad física, psíquica, temporal o patrimonial. La dignidad humana opera como un núcleo irreductible que debe ser respetado en todas las circunstancias, incluso en el ejercicio legítimo del poder punitivo estatal.
Esta garantía fundamental está consagrada de forma expresa y contundente en múltiples niveles del ordenamiento jurídico costarricense. En el ámbito constitucional, el Artículo 40 de la Constitución Política establece de manera categórica e inequívoca: «Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación». Esta norma constitucional representa una de las disposiciones más claras y directas en materia de límites al poder punitivo.
En el plano internacional, el Artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos refuerza y complementa esta protección al prohibir expresamente la tortura y las «penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes», añadiendo además la exigencia positiva de que toda persona privada de libertad sea tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
La prohibición de tratamientos crueles y degradantes trasciende ampliamente la mera prohibición de actos de tortura física o violencia activa directa. La evolución de la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, ha extendido progresivamente el alcance de esta prohibición para incluir una amplia gama de situaciones que pueden configurar tratos crueles o degradantes por acción u omisión del Estado.
Las condiciones de detención constituyen un área particularmente sensible en la aplicación de esta prohibición. El hacinamiento carcelario crónico, la falta de acceso adecuado a servicios básicos de salud e higiene, la ausencia de programas de rehabilitación, el confinamiento prolongado en celdas inadecuadas, la exposición a condiciones insalubres o la falta de separación adecuada entre diferentes categorías de reclusos pueden constituir, por omisión del Estado, formas institucionalizadas de trato cruel y degradante.
La jurisprudencia ha establecido que el Estado tiene la obligación positiva de garantizar condiciones dignas de detención, lo que implica no solo abstenerse de infligir tratos crueles, sino también adoptar medidas activas para prevenir que las condiciones carcelarias degeneren hasta el punto de constituir un trato inhumano o degradante.
La prohibición de penas perpetuas se vincula directamente con el fin resocializador de la pena, principio fundamental reconocido en el Artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Una pena que no contemple la posibilidad de libertad futura es incompatible con la idea de rehabilitación y reinserción social, convirtiéndose en sí misma en una forma de trato cruel que anula toda esperanza de reintegración a la sociedad.
En el contexto costarricense, esta prohibición ha generado debates importantes en relación con el límite máximo de 50 años de prisión establecido en el Código Penal. Algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia han cuestionado si este límite máximo constituye una forma de perpetuidad de facto, especialmente considerando la expectativa de vida promedio de la población y las condiciones particulares de ciertos grupos etarios.
La evaluación de si una pena constituye perpetuidad debe realizarse no solo desde una perspectiva matemática, sino considerando las circunstancias específicas del condenado, su edad, estado de salud y expectativas reales de rehabilitación y reinserción social. Una pena que, por su duración, anule toda posibilidad práctica de vida en libertad puede considerarse funcionalmente perpetua, aun cuando formalmente no lo sea.
La distinción entre confiscación prohibida y comiso permitido es fundamental para la correcta aplicación de esta garantía constitucional. La confiscación, que está expresamente prohibida, constituye una pena que implica la apropiación estatal de la totalidad o una parte sustancial del patrimonio de una persona como forma de castigo, siendo intrínsecamente desproporcionada y frecuentemente afectando a terceros inocentes.
Por el contrario, el comiso o decomiso constituye una institución jurídica permitida que opera como una consecuencia accesoria del delito, no como una pena propiamente dicha. El comiso recae específicamente sobre bienes que mantienen una relación directa con la actividad ilícita: los instrumenta sceleris (instrumentos del delito) y los producta sceleris (productos o ganancias del delito).
Para que el comiso sea constitucionalmente válido, debe existir un nexo causal directo y comprobado entre el bien objeto de decomiso y la actividad delictiva. Además, debe respetar principios de proporcionalidad y no puede afectar derechos de terceros de buena fe que no hayan participado en la actividad ilícita.
Las tres prohibiciones contenidas en el Artículo 40 constitucional no deben ser interpretadas como compartimentos estancos o normas aisladas, sino como un sistema integrado y coherente de protección de la dignidad humana frente al poder punitivo estatal. Estas prohibiciones abordan el ejercicio del poder sancionador desde diferentes perspectivas complementarias: el cuerpo (prohibición de tratos crueles), el tiempo (prohibición de penas perpetuas) y el patrimonio (prohibición de confiscación).
En conjunto, su finalidad última es la misma: impedir la «destrucción civil» de la persona, es decir, evitar que el poder punitivo del Estado anule completamente las posibilidades de desarrollo personal y reinserción social del individuo. Esta visión sistémica reconoce que una pena excesivamente prolongada puede constituir un trato degradante, que una sanción patrimonial desproporcionada puede ser cruel, y que las condiciones inhumanas de reclusión agravan cualquier pena, sin importar su duración formal.
Esta perspectiva integral obliga a los operadores jurídicos, especialmente a los jueces, a realizar un análisis de proporcionalidad comprehensivo que considere no solo la duración formal de la pena, sino también las condiciones concretas de su ejecución, los efectos globales sobre la dignidad del condenado y las posibilidades reales de rehabilitación y reinserción social. Solo mediante esta evaluación holística puede garantizarse el respeto efectivo de estas prohibiciones constitucionales fundamentales.
El principio Non bis in idem, expresión latina que significa «no dos veces por lo mismo», constituye una de las garantías constitucionales más antiguas y universalmente reconocidas en los sistemas jurídicos civilizados. Este principio fundamental prohíbe de manera categórica que una persona sea juzgada o sancionada más de una vez por los mismos hechos, protegiendo así al individuo contra el acoso procesal y garantizando la seguridad jurídica en las relaciones entre el ciudadano y el Estado.
La garantía del Non bis in idem opera en una doble dimensión complementaria e inseparable. Por una parte, funciona como una prohibición material (ne bis puniri) que impide la imposición de una doble sanción por la misma conducta, evitando así que el poder punitivo del Estado se ejerza de manera excesiva o desproporcionada. Por otra parte, actúa como una prohibición procesal (ne bis procedi) que impide someter a una persona a un nuevo proceso penal o administrativo por un hecho respecto del cual ya ha sido juzgada mediante una resolución firme que ha adquirido autoridad de cosa juzgada.
Esta garantía fundamental posee un sólido asidero normativo tanto en el derecho interno como en el derecho internacional de los derechos humanos. En el ámbito constitucional costarricense, el Artículo 42 de la Constitución Política lo consagra de forma expresa y categórica al establecer que «Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible». Esta misma norma constitucional complementa la protección al prohibir expresamente «reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revisión».
En el plano internacional, el Artículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que «El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos». Aunque esta disposición se refiere específicamente a las absoluciones, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado de manera consistente que esta protección se extiende también a las personas que han sido condenadas, abarcando así todas las resoluciones definitivas que pongan fin al proceso.
La doctrina jurídica tradicional ha desarrollado el concepto de la «triple identidad» como requisito fundamental para la activación de la prohibición del Non bis in idem. Este criterio exige la concurrencia simultánea de tres identidades específicas entre el primer y el segundo proceso para que opere la prohibición constitucional.
La primera identidad es la identidad de sujeto (eadem persona), que requiere que se trate de la misma persona física que fue objeto del primer proceso. Esta identidad no presenta mayores complejidades conceptuales, aunque puede plantear problemas prácticos en casos de homonimia o identificación errónea.
La segunda identidad es la identidad de objeto (eadem res), que se refiere a los mismos hechos históricos considerados como base de la imputación. Es importante señalar que esta identidad se establece sobre la base de los hechos materiales, independientemente de su calificación jurídica posterior. Así, un mismo hecho histórico no puede ser juzgado nuevamente aunque se le asigne una calificación jurídica diferente.
La tercera identidad es la identidad de fundamento (eadem causa petendi), que alude al mismo interés jurídico protegido por la norma o al mismo fundamento de la persecución punitiva. Esta identidad es la que presenta mayor complejidad conceptual y ha sido objeto de diversas interpretaciones doctrinarias.
La jurisprudencia contemporánea, especialmente en el ámbito interamericano, ha tendido a flexibilizar el requisito de la triple identidad, adoptando un enfoque más protector que se centra principalmente en la identidad de los hechos históricos. Esta evolución reconoce que la exigencia estricta de la triple identidad, especialmente del elemento causa petendi, puede llevar a elusiones de la garantía mediante el simple expediente de modificar la calificación jurídica o el bien jurídico protegido.
Este enfoque más amplio y protector se fundamenta en que el Non bis in idem busca proteger a la persona contra la persecución múltiple por los mismos hechos, independientemente de las construcciones jurídicas que puedan hacerse sobre esos hechos. Lo relevante no es tanto la identidad formal de los tipos penales aplicados, sino la identidad sustancial de los comportamientos enjuiciados.
El principio Non bis in idem se materializa procesalmente a través de la institución de la cosa juzgada material, que confiere inmutabilidad y carácter definitivo a las sentencias que han adquirido firmeza. La cosa juzgada no es simplemente un efecto procesal, sino una garantía constitucional que protege la seguridad jurídica y evita la perpetuación indefinida de los conflictos.
La autoridad de cosa juzgada material implica que lo decidido en el proceso no puede ser modificado ni contradicho en procesos posteriores, ni por los mismos tribunales que dictaron la resolución ni por tribunales de jerarquía superior. Esta inmutabilidad es esencial para el funcionamiento del sistema de justicia, pues garantiza que las controversias tengan una solución definitiva.
La cosa juzgada opera tanto en sentido positivo como negativo. En sentido positivo, implica que lo declarado en la sentencia debe ser respetado y acatado. En sentido negativo, impide que se inicie un nuevo proceso sobre la misma materia ya decidida, funcionando como una excepción procesal que debe ser declarada de oficio por los tribunales.
El propio Artículo 42 constitucional contempla una excepción específica y limitada al principio Non bis in idem al permitir expresamente el recurso de revisión. Esta excepción no constituye una violación del principio, sino que representa un mecanismo de corrección de errores judiciales graves que han llevado a condenas injustas.
El recurso de revisión posee características muy específicas que lo distinguen claramente de un nuevo juicio ordinario. En primer lugar, opera exclusivamente en favor del condenado (pro reo), nunca en favor de la acusación. En segundo lugar, solo procede en casos excepcionales expresamente previstos en la ley, generalmente relacionados con el descubrimiento de nuevas pruebas de inocencia o la demostración de errores graves en el proceso original.
Además, el recurso de revisión no constituye una nueva persecución penal, sino un remedio extraordinario que busca corregir una injusticia manifiesta. Su finalidad no es permitir una nueva evaluación de la culpabilidad basada en las mismas pruebas, sino remediar situaciones en las que han surgido elementos que demuestran claramente que la condena fue errónea.
El principio Non bis in idem trasciende la esfera de la protección individual para convertirse en un pilar fundamental de la seguridad jurídica y la confianza en el sistema de justicia. En su dimensión individual, protege a la persona contra el acoso procesal y la persecución múltiple, garantizando que una vez resuelto un conflicto penal, pueda reconstruir su vida sin el temor constante de nuevas persecuciones por los mismos hechos.
En su dimensión social e institucional, esta garantía asegura la finalidad y el cierre definitivo de los procesos judiciales. Sin la inmutabilidad que proporciona la cosa juzgada, ningún conflicto se resolvería de manera verdaderamente definitiva, generando una incertidumbre perpetua que socavaría gravemente la legitimidad del Poder Judicial y la estabilidad del sistema jurídico en su conjunto.
Al prohibir la reapertura indefinida de casos fenecidos, el Non bis in idem garantiza a toda la sociedad la estabilidad de las relaciones jurídicas y la predictibilidad del derecho. Esta estabilidad es esencial para la paz social, pues permite que los conflictos se consideren definitivamente resueltos una vez que han transitado por los canales institucionales establecidos, evitando que se conviertan en fuentes permanentes de tensión social.
El principio de doble instancia, también conocido en la doctrina como derecho al recurso o derecho a la apelación, constituye una garantía fundamental que asiste a toda persona condenada en un proceso penal para que su sentencia sea objeto de una revisión integral por parte de un tribunal jerárquicamente superior al que dictó la resolución original.
La justificación de esta garantía es múltiple y responde a necesidades tanto técnicas como de legitimidad del sistema de justicia. En primer lugar, busca reducir significativamente la posibilidad de error judicial al permitir que un segundo tribunal, independiente del primero, realice un nuevo y completo examen del caso. En segundo lugar, contribuye a la unificación de la jurisprudencia al permitir que tribunales superiores establezcan criterios interpretativos uniformes. Finalmente, aumenta considerablemente la legitimidad y aceptabilidad social de las decisiones condenatorias, pues una condena que ha superado el escrutinio de dos tribunales independientes posee una carga de legitimidad significativamente mayor.
Es importante señalar que la Constitución Política de Costa Rica no consagra de forma explícita y textual el principio de doble instancia en materia penal. Sin embargo, su existencia como garantía constitucional se deriva tanto del diseño institucional del sistema de justicia como de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado costarricense.
En el ámbito constitucional, la existencia de la doble instancia se infiere del diseño organizacional de la estructura judicial establecida en los Artículos 152 y siguientes de la Constitución, que prevén una organización jerárquica de tribunales que presupone lógicamente la existencia de diferentes grados de jurisdicción. Además, el Artículo 42 constitucional establece de manera expresa que «Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo punto», precepto que presupone necesariamente la existencia de tales instancias múltiples.
En el plano internacional, el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos constituye la fuente directa y vinculante que consagra, como garantía mínima del debido proceso, el «derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior». Esta disposición convencional, que forma parte del bloque de constitucionalidad costarricense, impone al Estado la obligación de garantizar un recurso efectivo contra las sentencias condenatorias.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado de manera progresiva el contenido y alcance del derecho al recurso, estableciendo estándares cada vez más exigentes para los Estados parte de la Convención. Un hito fundamental en esta evolución fue el establecimiento del criterio de que el derecho al recurso consagrado en la Convención no se satisface con la mera existencia de un recurso de casación tradicional.
El recurso de casación tradicional se caracteriza por su alcance limitado, pues se restringe únicamente a la revisión de cuestiones de derecho (quaestio iuris), sin permitir un nuevo examen de los hechos probados o de la valoración de la prueba realizada por el tribunal de primera instancia. Esta limitación fue considerada insuficiente por la Corte Interamericana, que estableció que el estándar convencional exige un recurso que permita una revisión amplia e integral del fallo condenatorio.
La Corte Interamericana ha precisado que el recurso debe permitir una revisión comprehensiva que incluya tanto el análisis de los hechos probados como la valoración de la prueba (quaestio facti), así como la correcta aplicación del derecho (quaestio iuris). Esta revisión integral debe permitir al tribunal superior determinar si la condena está sólida y adecuadamente fundamentada tanto en los hechos como en el derecho.
El recurso debe ser efectivo, lo que significa que debe tener la potencialidad real de modificar la decisión impugnada cuando esta adolezca de errores que ameriten corrección. Un recurso meramente formal, que no pueda alterar sustancialmente la decisión, no satisface las exigencias convencionales.
Además, el recurso debe ser accesible tanto desde el punto de vista formal como material. Esto implica que no pueden establecerse obstáculos excesivos o irrazonables para su interposición, y que debe garantizarse asistencia legal adecuada para su preparación y sustentación.
En respuesta a estos estándares internacionales, el sistema procesal penal costarricense ha experimentado una significativa evolución. Se ha transitado progresivamente desde un sistema que contemplaba únicamente un recurso de casación de alcance limitado hacia un modelo que incorpora un recurso de apelación de la sentencia que permite un control mucho más amplio y efectivo del fallo de primera instancia.
Esta transformación no ha sido meramente cosmética, sino que ha implicado cambios sustanciales en la concepción misma del recurso. El nuevo modelo reconoce que la revisión de segunda instancia debe ser verdaderamente integral, permitiendo al tribunal superior realizar una evaluación completa tanto de la corrección de los procedimientos seguidos como de la solidez de las conclusiones alcanzadas por el tribunal de primera instancia.
La implementación efectiva de la doble instancia requiere no solo la existencia formal del recurso, sino también la garantía de que la segunda instancia se desarrolle con el respeto de todas las garantías procesales fundamentales. Esto incluye el derecho a ser oído, el derecho a presentar alegaciones y pruebas, y el derecho a la debida motivación de la decisión.
Es fundamental que el tribunal de segunda instancia mantenga la independencia e imparcialidad necesarias para realizar una revisión objetiva del caso. Esto excluye la posibilidad de que el mismo juez que conoció en primera instancia participe en la segunda instancia, principio que está expresamente consagrado en el Artículo 42 constitucional.
Es importante precisar que el derecho a la doble instancia está concebido fundamentalmente como una garantía para la persona condenada, no para el órgano acusador. Esta característica responde a la lógica del sistema de garantías penales, que busca proteger especialmente a la persona frente al poder punitivo estatal.
Sin embargo, esto no significa que el Ministerio Público carezca completamente de recursos procesales. La diferencia radica en que mientras el derecho del condenado a recurrir constituye una garantía fundamental irrenunciable, los recursos de la acusación responden a necesidades de técnica procesal y pueden estar sujetos a limitaciones más estrictas.
Existen ciertos ámbitos jurisdiccionales donde, por la naturaleza específica del tribunal o del procedimiento, las decisiones son finales e inimpugnables. El ejemplo más claro en el sistema costarricense son las sentencias dictadas por la Sala Constitucional en los recursos de amparo y hábeas corpus, así como en las acciones de inconstitucionalidad.
Esta excepción se justifica por la naturaleza especializada y de máximo nivel jerárquico de la Sala Constitucional en materia de derechos fundamentales. Además, estas decisiones están sujetas a un procedimiento especial que incorpora garantías adicionales que compensan la ausencia de una segunda instancia formal.
La doble instancia funciona como un mecanismo fundamental de control de calidad dentro del sistema de justicia. El conocimiento de que sus decisiones serán revisadas por un tribunal superior incentiva a los jueces de primera instancia a ser más cuidadosos y rigurosos en su trabajo, contribuyendo así a elevar el nivel general de la administración de justicia.
Este control de calidad no solo beneficia a las partes en el proceso específico, sino que contribuye al mejoramiento general del sistema al permitir la corrección de errores y la identificación de problemas sistemáticos que requieren atención.
El acto de juzgar es intrínsecamente falible, y una condena penal representa la injerencia más severa del Estado en los derechos fundamentales de una persona. En este contexto, la doble instancia no debe ser vista como un mero trámite burocrático, sino como un mecanismo fundamental de legitimación del poder punitivo estatal.
Una condena que ha superado el escrutinio riguroso de dos tribunales independientes posee una carga de legitimidad significativamente mayor que una decisión única e inapelable. Esta legitimidad adicional es esencial para la aceptación social de las decisiones judiciales y para la confianza pública en el sistema de justicia.
La implementación de un recurso amplio e integral no constituye únicamente el cumplimiento de una obligación internacional, sino que responde a una necesidad intrínseca para la credibilidad y sostenibilidad del propio sistema de justicia en una sociedad democrática. Un sistema que permite la corrección de sus errores es un sistema que demuestra su compromiso con la justicia y la verdad, fortaleciendo así su legitimidad ante la sociedad.
Las garantías constitucionales del debido proceso analizadas en este estudio no constituyen compartimentos estancos o derechos aislados que puedan ser considerados de manera independiente. Por el contrario, conforman un sistema integral, coherente e interdependiente donde cada garantía se relaciona y complementa con las demás, creando una red de protección que trasciende la suma de sus partes individuales.
Esta perspectiva sistémica es fundamental para comprender la verdadera dimensión de la protección que ofrece el ordenamiento jurídico costarricense. La vulneración de una garantía específica no solo afecta el derecho particular que esta protege, sino que puede comprometer la eficacia de todo el sistema. Por ejemplo, una imputación imprecisa no solo viola el derecho a conocer la acusación, sino que puede hacer nugatorio el derecho de defensa y, en última instancia, afectar la presunción de inocencia.
El reconocimiento normativo de estas garantías constitucionales, aunque fundamental, no es suficiente para asegurar su efectividad práctica. La verdadera medida de un sistema de justicia no se encuentra únicamente en la elegancia de sus formulaciones teóricas, sino en su capacidad para materializar estas protecciones en la realidad cotidiana de los procesos judiciales.
Este desafío de implementación práctica requiere un compromiso constante de todos los operadores del sistema de justicia. Los jueces deben ser vigilantes guardianes de estas garantías, aplicándolas no como formalidades procesales, sino como expresiones concretas de la dignidad humana. Los fiscales deben ejercer su función acusatoria dentro de los límites que imponen estas garantías, reconociendo que la búsqueda de la verdad no puede realizarse a cualquier costo. Los defensores deben conocer profundamente estas garantías para poder ejercer una defensa técnica verdaderamente eficaz.
Uno de los debates más persistentes en el derecho procesal penal contemporáneo gira en torno a la aparente tensión entre la eficacia del sistema de justicia penal y el respeto escrupuloso de las garantías constitucionales. Esta tensión, sin embargo, se basa frecuentemente en una comprensión errónea de la finalidad última del sistema de justicia.
Un sistema de justicia que sacrifica las garantías fundamentales en aras de una pretendida eficacia no es verdaderamente eficaz, sino arbitrario. La legitimidad de las decisiones judiciales, y por tanto su aceptación social y su eficacia práctica, depende precisamente del respeto de estas garantías. Una condena obtenida mediante la violación del debido proceso puede aparentar eficacia inmediata, pero compromete la credibilidad del sistema a largo plazo.
La efectividad de las garantías constitucionales del debido proceso depende en gran medida de su conocimiento y comprensión por parte de los operadores jurídicos. La educación jurídica, tanto en el nivel universitario como en la formación continua de los profesionales del derecho, debe enfatizar no solo el contenido normativo de estas garantías, sino también su fundamento filosófico y su relevancia práctica.
Es fundamental que los futuros abogados, jueces y fiscales comprendan que estas garantías no son obstáculos técnicos que dificultan su trabajo, sino herramientas esenciales que legitiman y dignifican el ejercicio del poder punitivo estatal. Solo mediante esta comprensión profunda puede asegurarse que las garantías constitucionales se conviertan en una parte natural e integral de la cultura jurídica nacional.
Las garantías constitucionales del debido proceso no son conceptos estáticos e inmutables, sino que evolucionan constantemente en respuesta a nuevos desafíos y a una comprensión más profunda de sus implicaciones. Esta evolución se manifiesta tanto en el desarrollo jurisprudencial como en la incorporación de nuevos estándares internacionales.
La jurisprudencia de la Sala Constitucional y de los tribunales internacionales de derechos humanos continúa precisando y expandiendo el contenido de estas garantías, adaptándolas a realidades sociales cambiantes y a nuevas formas de criminalidad. Esta evolución dinámica es saludable y necesaria, pues permite que el sistema de garantías mantenga su relevancia y efectividad frente a desafíos emergentes.
El sistema de garantías constitucionales del debido proceso en Costa Rica ha alcanzado un nivel significativo de desarrollo y sofisticación. Sin embargo, persisten desafíos importantes que requieren atención continua. Entre estos desafíos se encuentran la necesidad de mejorar las condiciones carcelarias para asegurar el cumplimiento de la prohibición de tratos crueles y degradantes, la implementación más efectiva de alternativas a la prisión preventiva para fortalecer la presunción de inocencia, y la modernización de los procedimientos para asegurar una defensa técnica verdaderamente eficaz.
Además, el sistema debe adaptarse constantemente a nuevas realidades, como la criminalidad organizada transnacional, los delitos cibernéticos y los desafíos que plantea la globalización para la administración de justicia. Esta adaptación debe realizarse siempre dentro del marco de respeto irrestricto de las garantías fundamentales, pues es precisamente en momentos de crisis o de desafíos excepcionales cuando estas garantías se vuelven más importantes y necesarias.
Las garantías constitucionales del debido proceso en Costa Rica representan una conquista civilizatoria de valor incalculable. Su desarrollo y consolidación han sido producto de un largo proceso histórico de lucha por los derechos humanos y la dignidad de la persona. Su preservación y fortalecimiento constituyen una responsabilidad compartida de toda la sociedad costarricense.
Estas garantías no son dádivas del Estado hacia los ciudadanos, sino reconocimientos de derechos inherentes a la condición humana. Su respeto no es un acto de benevolencia, sino una obligación ineludible que define la diferencia entre un Estado de Derecho y un régimen autoritario.
El futuro de la democracia costarricense y la solidez de sus instituciones dependen, en gran medida, de la capacidad de la sociedad para mantener y fortalecer este sistema de garantías. En un mundo donde los autoritarismos resurgen y donde las tentaciones de sacrificar derechos en nombre de la seguridad se multiplican, Costa Rica debe mantenerse firme en su compromiso con el debido proceso como expresión fundamental de la dignidad humana y como pilar irrenunciable del Estado Social de Derecho.
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