Reforma de los Artículos 140, 195 y 316 de la Ley 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970, para Imponer una Pena Proporcional a la Agresión con Arma, las Amenazas con Arma de Fuego a Civiles y a Funcionarios Públicos en el Ejercicio de sus Funciones (Ley N.° 10677)

N° 10677

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 140, 195 Y 316 DE LA LEY 4573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970, PARA IMPONER UNA PENA PROPORCIONAL A LA AGRESIÓN CON ARMA, LAS AMENAZAS CON ARMA DE FUEGO A CIVILES Y A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

Nota de la Biblioteca Jurídica: La Gaceta no ofrece de esta ley un texto digital fiable. Este texto lo transcribió la Biblioteca Jurídica y lo cotejó, palabra por palabra, con la página oficial; el facsímil oficial se reproduce íntegro al final del PDF de esta ley (Alcance N.° 69 a La Gaceta N.° 98 del 30 de mayo de 2025, páginas 2 a 5 del PDF del Alcance; 4 páginas).

ARTÍCULO ÚNICO

Refórmense los artículos 140, 195 y 316 de la Ley 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970. Los textos son los siguientes:

Artículo 140- Agresión con armas

Será reprimido con prisión de cuatro meses a dos años, el que agreda a otro con cualquier arma u objeto contundente, aunque no cause herida, o a quien amenace con arma de fuego.

Si concurre alguna de las circunstancias previstas en el homicidio calificado o en estado de emoción violenta, la pena aumentará o disminuirá en un tercio respectivamente, a juicio de la persona juzgadora.

Artículo 195- Amenazas agravadas

Será sancionado con prisión de seis meses a dos años, quien haga uso de amenazas injustas y graves para alarmar o amenazar a una persona.

Si las amenazas fueran cometidas por dos o más personas reunidas, o si las amenazas fueran anónimas o simbólicas, la pena de prisión será de un año a tres años, siempre que la conducta en concreto no se ajuste a un tipo penal de mayor gravedad.

Artículo 316- Amenaza a un funcionario público

Será reprimido con prisión de un mes a dos años, quien amenace a un funcionario público a causa de sus funciones, dirigiéndose a él personal o públicamente, o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica. Si la acción se hiciera empleando arma de fuego, la pena será de dos años a tres años de prisión, siempre que la conducta en concreto no se ajuste a un tipo penal de mayor gravedad.

Rige a partir de su publicación.