Ley de Pagos del Programa Nacional de Comedores Escolares de Costa Rica (Ley N° 10869)

La Ley N.º 10869, “Ley de Pagos del Programa Nacional de Comedores Escolares”, constituye una norma de carácter presupuestario y administrativo que se inserta dentro del marco jurídico costarricense para garantizar la alimentación escolar. Su promulgación refuerza el compromiso del Estado con la nutrición infantil, alineándose con la Ley 9435 de 2017 y con los principios de eficiencia y transparencia que rigen la gestión pública. Al regular los flujos de recursos destinados a los comedores, la norma contribuye a la estabilidad del sistema educativo y a la protección del derecho a una alimentación adecuada.

Esta legislación regula, entre otros aspectos, la planificación y consolidación del presupuesto de alimentación por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), la forma de pago a los proveedores a través del Consejo Nacional de la Producción (CNP) y la garantía de recursos para la infraestructura de los comedores durante los periodos no lectivos. Asimismo, establece la obligación del CNP de contar con un sistema digital que agilice la tramitación de pedidos y pagos, y define los plazos y procedimientos que deben observarse para la facturación y entrega de bienes. En conjunto, la ley aborda la interacción entre las juntas de educación, las juntas administrativas y los entes proveedoras, asegurando una cadena de suministro coherente y oportuna.

Entre las disposiciones clave se destaca la reforma del artículo 9 de la Ley 9435, que obliga al MEP a consolidar anualmente el presupuesto de alimentación y a garantizar su disponibilidad para los comedores. El CNP debe efectuar los pagos a los proveedores dentro de los cuarenta y cinco días naturales contados desde la facturación o la entrega, lo que busca evitar retrasos y fortalecer la confianza del sector privado. La normativa también impone la implementación de un sistema digital de gestión de pedidos y pagos, con un plazo de doce meses para su puesta en marcha, y contempla disposiciones transitorias que obligan a la administración a adoptar las medidas necesarias en el ejercicio presupuestario siguiente.

Para los profesionales del derecho, la Ley 10869 ofrece un campo de aplicación relevante en materia de derecho administrativo, contratación pública y gestión presupuestaria, exigiendo un conocimiento preciso de los plazos y mecanismos de pago. Los ciudadanos, por su parte, se benefician de una mayor certeza en la continuidad de los servicios de alimentación escolar y de una mayor transparencia en la utilización de los recursos públicos. En la actualidad, la norma se vuelve esencial para asegurar la efectividad de las políticas de nutrición y para promover la rendición de cuentas en la cadena de suministro de los comedores escolares.

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Referencias Bibliográficas

• Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2025). Ley de Juntas de Educación de Costa Rica (Ley n.° 10631). Versión consolidada vigente al 28 de enero de 2025. Biblioteca Jurídica del Bufete de Costa Rica. https://bufetedecostarica.com/ley-de-juntas-de-educacion-de-costa-rica-10631/