Los principios de intimación e imputación constituyen los pilares fundamentales sobre los cuales se erige el derecho de defensa dentro del sistema procesal penal costarricense. Sin una acusación clara, previa, detallada y formalmente comunicada, el derecho a defenderse se convierte en una mera formalidad, vacía de contenido material.
La imputación define con precisión el «qué» se acusa, estableciendo el marco fáctico inmutable del proceso, mientras que la intimación garantiza el «saber» qué se acusa, siendo este conocimiento el presupuesto indispensable para la articulación de cualquier estrategia defensiva eficaz. Ambos principios, intrínsecamente conectados, aseguran que ninguna persona sea sometida a un proceso penal sin comprender a cabalidad la naturaleza y causa de la persecución en su contra.
Estos principios procesales no operan en el vacío, sino que se enmarcan dentro de la garantía constitucional macro del debido proceso, cuyo fundamento normativo se encuentra en el artículo 39 de la Constitución Política y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
En el ordenamiento jurídico costarricense, los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes no solo complementan, sino que integran el parámetro de constitucionalidad, conformando un «bloque de constitucionalidad» con un rango superior a las leyes ordinarias. Esto significa que toda actuación procesal, y la legislación que la regula, debe ser conforme tanto con la Constitución como con la Convención, garantizando así un estándar de protección elevado para el individuo frente al poder punitivo del Estado.
La presente investigación se estructura para analizar estos principios de manera sistémica. Se partirá de un estudio del debido proceso como concepto matriz y de sus principios derivados, como la legalidad y la tipicidad, que sientan las bases para la certeza jurídica. Posteriormente, se profundizará en el contenido y alcance de los principios de imputación e intimación, desglosando sus requisitos y manifestaciones a lo largo del procedimiento penal. Finalmente, se examinará un caso jurisprudencial emblemático para ilustrar cómo la vulneración de estas garantías, incluso por defectos en la redacción de la ley penal, socava el derecho de defensa y la seguridad jurídica del ciudadano.
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Bienvenidos a una nueva entrega de la Biblioteca Jurídica del Bufete de Costa Rica. En este episodio, ofrecemos un análisis jurídico detallado sobre el rango y valor de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos dentro del ordenamiento costarricense. Esta explicación legal explora la trascendental jurisprudencia de la Sala Constitucional, en particular el Voto 2313-95, que establece el principio de supraconstitucionalidad de estos tratados cuando otorgan mayores derechos o garantías. Abordamos cómo esta doctrina impacta la labor de los abogados en Costa Rica y configura la asesoría legal que nuestro bufete jurídico provee. Profundizamos en la jerarquía normativa, diferenciando los instrumentos que alcanzan un valor superior a la Constitución y aquellos con rango supralegal pero infraconstitucional. Este es un episodio esencial para comprender el derecho costarricense contemporáneo y la protección de las garantías fundamentales. Explore este derecho en profundidad y acceda a la publicación completa para una consulta legal detallada.
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