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El sistema de garantías laborales costarricense representa una construcción jurídica excepcional dentro del panorama latinoamericano, caracterizada por su profundidad normativa y su vocación protectora. Esta estructura legal no constituye simplemente un conjunto de normas destinadas a regular las relaciones entre capital y trabajo, sino que encarna la materialización práctica de los principios fundamentales que definen a Costa Rica como un Estado Social de Derecho.
La arquitectura de los derechos del trabajador en el ordenamiento nacional encuentra su génesis en el mandato constitucional contenido en el Artículo 50 de la Carta Magna, que establece como objetivo primordial del Estado procurar el mayor bienestar para todos los habitantes y organizar la producción con miras al más adecuado reparto de la riqueza.
Esta disposición trasciende la mera declaración programática para convertirse en el fundamento axiológico que orienta toda la legislación laboral del país.
Las garantías del trabajador en Costa Rica se distinguen por su carácter integral e irrenunciable, principio consagrado tanto en el Artículo 74 constitucional como en el Artículo 11 del Código de Trabajo. Esta irrenunciabilidad no representa una limitación a la autonomía de la voluntad, sino una salvaguarda esencial que impide que la necesidad económica del trabajador sea instrumentalizada para erosionar conquistas sociales históricamente consolidadas.
El marco normativo nacional se ve fortalecido por su apertura al derecho internacional de los derechos humanos, particularmente a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que goza de rango supralegal conforme al Artículo 7 constitucional. El principio de desarrollo progresivo consagrado en el Artículo 26 de dicha Convención obliga al Estado costarricense a adoptar medidas conducentes a la plena efectividad de los derechos económicos y sociales, estableciendo un estándar dinámico de protección que evoluciona constantemente hacia mayores niveles de tutela.
La Constitución Política de 1949 marcó un hito en la consolidación de los derechos del trabajador al dedicar íntegramente su Título V a los «Derechos y Garantías Sociales». Esta sistematización constitucional de las garantías laborales refleja una decisión política fundamental: elevar la protección del trabajo humano al más alto rango normativo, sustrayéndola de las vicisitudes de las mayorías legislativas coyunturales.
El Artículo 56 constitucional establece una concepción revolucionaria del trabajo al definirlo simultáneamente como derecho individual y obligación social. Esta dualidad conceptual impone al Estado un papel activo en la generación de empleo digno, mientras prohíbe expresamente que el trabajo sea reducido a la «condición de simple mercancía». La norma constitucional trasciende así la lógica puramente contractual para incorporar consideraciones de dignidad humana y justicia social.
La especificidad numérica con que la Constitución regula aspectos como la jornada laboral (Artículo 58) y las vacaciones (Artículo 59) demuestra una voluntad constituyente de blindar estas conquistas sociales contra posibles regresiones legislativas.
Al establecer directamente que la jornada diurna no podrá exceder de ocho horas ni la nocturna de seis, y al garantizar un mínimo de dos semanas de vacaciones por cada cincuenta semanas laboradas, el constituyente petrificó estándares mínimos que ninguna mayoría parlamentaria puede desconocer.
El derecho a un salario mínimo, consagrado en el Artículo 57 constitucional, no se agota en la mera garantía de una remuneración básica.
La norma constitucional exige que este salario procure «bienestar y existencia digna», estableciendo un estándar cualitativo que debe orientar su fijación periódica. Más aún, el principio de igualdad salarial constitucionalmente consagrado —»a trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia, salario igual»— representa una herramienta fundamental contra la discriminación en el ámbito laboral.
La protección constitucional del salario se complementa con las garantías del Artículo 63, que establece el derecho de los trabajadores despedidos sin justa causa a recibir una indemnización. Esta disposición constituye el fundamento del auxilio de cesantía y refleja el reconocimiento constitucional de que la terminación arbitraria del contrato laboral genera un daño que debe ser compensado.
Los Artículos 60, 61 y 62 de la Constitución configuran un robusto sistema de garantías para la acción colectiva de los trabajadores. La libertad de sindicalización reconocida en el Artículo 60 trasciende la mera libertad de asociación para establecer específicamente el derecho de trabajadores y patronos a organizarse con fines económicos, sociales y profesionales.
El reconocimiento constitucional del derecho de huelga en el Artículo 61, junto con el otorgamiento de «fuerza de ley» a las convenciones colectivas en el Artículo 62, evidencia una concepción avanzada de las relaciones laborales que reconoce a los trabajadores organizados como sujetos activos en la determinación de sus condiciones de trabajo. Esta arquitectura constitucional eleva la negociación colectiva al rango de fuente autónoma del derecho laboral.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos ha enriquecido sustancialmente el catálogo de garantías laborales disponibles en el ordenamiento costarricense. El Artículo 16 de la Convención, que protege la libertad de asociación, refuerza las garantías sindicales internas y las ancla en el sistema interamericano de protección de derechos humanos.
Particularmente relevante resulta el Artículo 26 de la Convención, que establece el principio de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta disposición genera dos tipos de obligaciones para el Estado costarricense: una positiva, consistente en adoptar medidas para lograr gradualmente la plena efectividad de estos derechos, y otra negativa, que prohíbe la adopción de medidas regresivas que disminuyan el nivel de protección alcanzado.
El ordenamiento laboral costarricense estructura la relación individual de trabajo sobre la base de presunciones que favorecen sistemáticamente al trabajador. La presunción de existencia del contrato laboral establecida en el Artículo 18 del Código de Trabajo constituye una herramienta fundamental para combatir la simulación contractual y la informalidad laboral.
Esta presunción iuris tantum opera invirtiendo la carga probatoria: quien recibe servicios personales debe demostrar que la relación no reviste carácter laboral si pretende eludir las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. La jurisprudencia ha desarrollado criterios para determinar la existencia de los elementos configuradores de la relación laboral: la prestación personal del servicio, la subordinación jurídica y la remuneración.
La regulación de las modalidades contractuales en el Código de Trabajo evidencia una clara preferencia legislativa por la estabilidad y permanencia en el empleo. El contrato por tiempo indefinido constituye la forma contractual que el ordenamiento promueve activamente, mientras que los contratos a plazo fijo están sometidos a restricciones que impiden su uso fraudulento.
El Artículo 27 del Código de Trabajo establece una salvaguarda crucial contra la precarización: cuando al vencimiento del plazo subsisten las causas que dieron origen al contrato temporal, este se transforma automáticamente en contrato por tiempo indefinido. Esta disposición impide que los empleadores utilicen sucesivos contratos temporales para encubrir relaciones laborales de carácter permanente.
La exigencia de formalización escrita para la mayoría de contratos laborales, regulada en los Artículos 23 y 24 del Código, busca garantizar la certeza jurídica y facilitar la prueba de las condiciones pactadas. Significativamente, la falta del documento escrito se imputa siempre al empleador, reflejando el principio protector que informa todo el derecho del trabajo.
El sistema costarricense de terminación del contrato laboral no prohíbe el despido sin causa, pero establece un sofisticado mecanismo de desincentivos económicos que promueve la continuidad de la relación laboral. Esta aproximación reconoce la realidad económica de que la prohibición absoluta del despido puede resultar contraproducente para la generación de empleo, mientras busca equilibrar los intereses en conflicto.
El preaviso, regulado en el Artículo 28 del Código de Trabajo, constituye la primera línea de protección contra la terminación abrupta. Su duración escalonada según la antigüedad del trabajador busca proporcionar un tiempo razonable para la búsqueda de nueva colocación. La omisión del preaviso se sanciona con el pago de una suma equivalente al salario del período correspondiente.
El auxilio de cesantía del Artículo 29 representa el núcleo de la protección contra el despido injustificado. Su cálculo progresivo según la antigüedad reconoce que la pérdida del empleo genera un daño mayor en trabajadores con mayor permanencia en la empresa. La Ley de Protección al Trabajador ha modernizado parcialmente este instituto al transformar una porción del pasivo laboral en ahorro acumulativo a través del Fondo de Capitalización Laboral.
El ordenamiento laboral evidencia una notable simetría al reconocer en el Artículo 83 del Código de Trabajo la institución de la renuncia justificada. Esta figura permite al trabajador dar por terminado el contrato con responsabilidad para el empleador cuando este último incurre en faltas graves, como la falta de pago del salario, maltrato o violación de las condiciones de seguridad.
La renuncia justificada constituye un mecanismo de autodefensa que eleva la decisión del trabajador de abandonar el empleo al nivel de una sanción contra el empleador incumplidor. Esta institución refleja el reconocimiento de que ciertos comportamientos patronales constituyen una ruptura del pacto social fundamental que sustenta la relación laboral.
La limitación de la jornada de trabajo representa una de las conquistas más significativas del derecho laboral moderno, y el ordenamiento costarricense la aborda con particular rigor. Los límites establecidos en el Artículo 136 del Código de Trabajo desarrollan directamente el mandato constitucional del Artículo 58, creando un sistema integral que reconoce las diferentes modalidades de jornada.
La distinción entre jornada diurna (máximo ocho horas), nocturna (máximo seis horas) y mixta (máximo siete horas) responde a criterios científicos sobre el impacto diferenciado del trabajo en distintos horarios sobre la salud y el rendimiento del trabajador. El límite semanal de cuarenta y ocho horas complementa estas restricciones diarias, asegurando un equilibrio adecuado entre tiempo de trabajo y tiempo libre.
La regulación del trabajo extraordinario, que debe remunerarse con un recargo del cincuenta por ciento sobre el salario ordinario, establece un claro desincentivo económico contra la prolongación excesiva de la jornada. El límite absoluto de doce horas diarias, incluyendo la jornada ordinaria y extraordinaria, constituye una barrera infranqueable que protege la salud física y mental del trabajador.
El tratamiento jurídico del salario en el derecho costarricense trasciende la concepción civilista de la contraprestación para convertirlo en un patrimonio de subsistencia dotado de protecciones especiales. El salario mínimo, cuya fijación periódica está constitucionalmente garantizada, debe cubrir las «necesidades normales del hogar en el orden material, moral y cultural», estableciendo un estándar integral de bienestar.
La protección del salario opera en múltiples dimensiones. La inembargabilidad parcial regulada en el Artículo 172 del Código de Trabajo protege una porción sustancial del salario contra las pretensiones de acreedores comunes, reconociendo su función alimentaria básica. Solo las deudas por pensión alimenticia pueden afectar hasta el cincuenta por ciento del salario, reflejando la prioridad que el ordenamiento otorga a la protección de la familia.
El privilegio especialísimo que gozan los créditos salariales en caso de insolvencia del empleador, establecido en el Artículo 33 del Código de Trabajo, eleva estos créditos por encima de la generalidad de las obligaciones comerciales. Esta preferencia legal reconoce que el salario no es una deuda comercial ordinaria, sino un medio de subsistencia que debe protegerse con especial celo.
El aguinaldo o decimotercer salario, regulado por las Leyes 1835 y 2412, constituye una garantía social adicional que mejora sustancialmente la capacidad económica de los trabajadores. Su obligatoriedad tanto en el sector público como privado demuestra el compromiso del Estado con el mejoramiento progresivo de las condiciones laborales.
La protección de la vida y la salud del trabajador constituye una obligación primordial que emana del Artículo 66 de la Constitución Política. El sistema de riesgos del trabajo, regulado en el Título Cuarto del Código de Trabajo, establece un marco integral de protección que combina la prevención con la reparación.
La obligación patronal de asegurar a todos los trabajadores contra los riesgos del trabajo a través del monopolio estatal del Instituto Nacional de Seguros constituye un sistema de socialización del riesgo que protege tanto al trabajador como al empleador. La definición amplia de accidente de trabajo, que incluye los ocurridos en el trayecto usual entre el domicilio y el trabajo, refleja una comprensión moderna de la relación entre la actividad laboral y los riesgos asociados.
El concepto de enfermedad del trabajo, que abarca todo estado patológico resultante de la acción continuada de una causa originada en el trabajo o en el medio laboral, reconoce que los riesgos para la salud no se limitan a los accidentes súbitos, sino que pueden derivar de exposiciones prolongadas a condiciones adversas.
La libertad sindical en el ordenamiento costarricense trasciende la simple libertad de asociación para configurarse como un derecho fundamental complejo que incluye el derecho a constituir organizaciones sindicales, afiliarse a ellas, desarrollar actividades sindicales y no ser objeto de discriminación por el ejercicio de estos derechos.
El Artículo 332 del Código de Trabajo declara la constitución de sindicatos como un «acto de interés público», elevando la sindicalización al rango de actividad socialmente valiosa que merece protección especial. La regulación de los diferentes tipos de sindicatos —gremiales, de empresa, industriales y mixtos— busca adaptar la organización sindical a las diversas realidades del mundo del trabajo.
La protección del fuero sindical, regulada en los Artículos 363 y siguientes del Código de Trabajo, constituye una garantía esencial para la efectividad de la libertad sindical. La prohibición de prácticas laborales desleales y la declaración de nulidad de los despidos de trabajadores amparados por fuero sindical sin justa causa buscan eliminar los desincentivos para la participación en actividades sindicales.
La negociación colectiva en el sistema costarricense no constituye simplemente un mecanismo de resolución de conflictos, sino una fuente autónoma de derecho laboral. El Artículo 62 de la Constitución otorga «fuerza de ley» a las convenciones colectivas, mientras que el Artículo 54 del Código de Trabajo las califica como «ley profesional».
Esta caracterización significa que el sindicato, al negociar colectivamente, actúa como un legislador delegado para su ámbito específico, estableciendo normas que deben ser observadas en todos los contratos individuales, presentes y futuros, dentro de su campo de aplicación. La convención colectiva crea así un derecho objetivo que trasciende la voluntad individual de los trabajadores representados.
La obligatoriedad de negociar establecida en el Artículo 56 del Código de Trabajo para empleadores del sector privado que tengan más de la tercera parte de sus trabajadores sindicalizados busca equilibrar el poder de negociación entre las partes. El mecanismo de resolución judicial de los puntos en discordia constituye una garantía de que la negociación colectiva no quede frustrada por la intransigencia patronal.
El derecho de huelga reconocido en el Artículo 61 de la Constitución constituye la herramienta última de presión de los trabajadores para la defensa de sus intereses económicos y sociales. Su reconocimiento constitucional lo eleva al rango de derecho fundamental, aunque su ejercicio está sujeto a regulaciones que buscan equilibrar los derechos en conflicto.
La definición legal de huelga como «abandono temporal del trabajo en una empresa, establecimiento o negocio, acordado y ejecutado pacíficamente por un grupo de tres o más trabajadores» refleja una concepción restrictiva que privilegia la paz social sobre la eficacia del instrumento de presión. El requisito de que la huelga sea ejecutada «pacíficamente» busca distinguir el ejercicio legítimo del derecho de las acciones que pueden afectar el orden público.
La prohibición de la huelga en los servicios públicos, establecida en el Artículo 375 del Código de Trabajo, genera una tensión estructural entre el reconocimiento constitucional amplio del derecho y su limitación legal. La interpretación amplia del concepto de «servicio público» por parte de los tribunales ha restringido significativamente el ejercicio efectivo de este derecho en importantes sectores de la economía.
La protección especial de la maternidad constituye una manifestación concreta del mandato constitucional del Artículo 51, que ordena la protección especial de la familia, la madre y el menor. El sistema de garantías establecido en los Artículos 94 y siguientes del Código de Trabajo busca asegurar que la maternidad no se convierta en una causa de discriminación laboral.
La prohibición absoluta de despedir a trabajadoras embarazadas o en período de lactancia, salvo autorización previa de la Inspección de Trabajo por falta grave, constituye una protección robusta que va más allá de la simple indemnización. La nulidad del despido realizado en contravención de esta norma y el derecho de la trabajadora a solicitar su reinstalación inmediata con pago de salarios caídos demuestran el carácter imperativo de esta protección.
La licencia por maternidad de cuatro meses (uno antes y tres después del parto) con subsidio de la seguridad social asegura que la trabajadora pueda atender adecuadamente su estado sin sacrificar su seguridad económica. Los períodos de lactancia remunerados reconocen las necesidades especiales de la madre trabajadora y contribuyen a la salud del recién nacido.
La protección especial de los menores trabajadores, fundamentada en el Artículo 71 de la Constitución, se materializa a través de un régimen restrictivo que busca asegurar que el trabajo no interfiera con el desarrollo integral del menor. La prohibición del trabajo de menores en labores insalubres, peligrosas o nocturnas refleja el reconocimiento de que los menores requieren protección especial debido a su estado de desarrollo.
La limitación de la jornada laboral para menores de edad a siete horas diarias y cuarenta y dos semanales reconoce que los menores tienen menor resistencia física y necesidades educativas que deben ser atendidas. Estas restricciones buscan permitir que el menor trabajador pueda conciliar el trabajo con la educación y el desarrollo personal.
La Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia representa un avance significativo en la protección de la dignidad en el trabajo. Su enfoque integral abarca tanto la prevención como la investigación y sanción de estas conductas, reconociendo que el hostigamiento sexual constituye una forma de discriminación que afecta desproporcionadamente a las mujeres.
La obligación impuesta a todo empleador de mantener un ambiente laboral libre de hostigamiento, estableciendo políticas internas y procedimientos de denuncia, refleja un enfoque preventivo que busca crear culturas organizacionales respetuosas. El establecimiento de responsabilidad patronal por el incumplimiento de estas obligaciones incentiva la adopción de medidas efectivas de prevención.
El régimen de servicio civil crea un modelo diferenciado de relación laboral para los funcionarios públicos, fundamentado en los principios de mérito e inamovilidad. La garantía de estabilidad establecida en el Estatuto de Servicio Civil no constituye un privilegio injustificado, sino un mecanismo para asegurar la continuidad y objetividad de la función administrativa.
La inamovilidad del funcionario público, que impide su despido salvo por causas justificadas y mediante procedimiento disciplinario, busca aislar la administración pública de las presiones políticas y asegurar que los servidores públicos sirvan al interés general y no a intereses partidarios. El complejo procedimiento de despido, que incluye investigación, derecho de defensa y revisión por tribunales especializados, materializa esta garantía de estabilidad.
El sistema de seguridad social costarricense, fundamentado en el Artículo 73 de la Constitución, constituye uno de los pilares del modelo de desarrollo social del país. Su estructura de financiamiento tripartito, que involucra al Estado, los empleadores y los trabajadores, refleja el principio de solidaridad nacional que informa todo el sistema de protección social.
La administración del sistema por la Caja Costarricense de Seguro Social como institución autónoma busca asegurar su independencia técnica y financiera frente a las presiones políticas coyunturales. La cobertura integral que incluye los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte ha convertido al sistema costarricense en un modelo de referencia regional.
El carácter obligatorio y universal del sistema refleja el reconocimiento de que la protección social no puede quedar librada a la decisión individual, sino que constituye una responsabilidad colectiva que requiere mecanismos de inclusión forzosa para asegurar su viabilidad financiera y su función redistributiva.
La Ley de Protección al Trabajador introdujo elementos innovadores que han modernizado significativamente el sistema de protección social costarricense. La creación del Fondo de Capitalización Laboral transformó la expectativa del auxilio de cesantía en un derecho de propiedad tangible y periódico del trabajador.
El FCL opera como un sistema de ahorro forzoso que permite al trabajador acumular recursos que puede retirar cada cinco años o al finalizar la relación laboral. Esta transformación reduce la incertidumbre asociada con el auxilio de cesantía tradicional y proporciona al trabajador mayor control sobre sus recursos de protección.
El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias constituye el segundo pilar del sistema reformado, basado en capitalización individual administrada por operadoras especializadas. Su objetivo de complementar la pensión básica de la CCSS busca fortalecer la sostenibilidad del sistema frente a los desafíos demográficos y mejorar las tasas de reemplazo para los futuros pensionados.
La creación de una jurisdicción laboral especializada, ordenada por el Artículo 70 de la Constitución, reconoce que los conflictos laborales requieren un tratamiento procesal específico que atienda las particularidades de la relación de trabajo. Esta especialización busca nivelar el campo procesal para que la igualdad ante la ley sea real y no meramente formal.
Los principios procesales que informan esta jurisdicción —oralidad, gratuidad, celeridad y apreciación de la prueba en conciencia— reflejan la necesidad de adaptar el proceso a las características de la relación laboral y a la condición típicamente desventajosa del trabajador. La competencia exclusiva de estos tribunales para conocer de todos los conflictos laborales asegura la uniformidad en la aplicación del derecho del trabajo.
La estructura organizativa que incluye Juzgados de Trabajo como primera instancia y el Tribunal Superior de Trabajo como segunda instancia proporciona las garantías del debido proceso mientras mantiene la especialización en todos los niveles. La apelación ante tribunales especializados evita que la segunda instancia diluya la protección otorgada en primera instancia.
El fomento de mecanismos alternativos para la resolución de controversias laborales responde a la necesidad de ofrecer vías más expeditas y menos confrontativas para la solución de conflictos. La Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos abre espacios para la mediación y conciliación en disputas de carácter patrimonial disponible.
El arreglo directo establecido en el Código de Trabajo como primera vía para resolver diferencias reconoce que muchos conflictos pueden solucionarse mediante el diálogo entre las partes sin necesidad de intervención judicial. La conciliación obligatoria en conflictos colectivos busca agotar las posibilidades de entendimiento antes de declarar una huelga o proceder al arbitraje.
Los acuerdos alcanzados a través de estos mecanismos, una vez homologados, adquieren autoridad de cosa juzgada material, proporcionando certeza jurídica a las partes. Esta equiparación procesal incentiva el uso de estas vías alternas al garantizar que sus resultados tengan la misma eficacia que una sentencia judicial.
El sistema de garantías laborales costarricense enfrenta el desafío de adaptarse a las transformaciones del mundo del trabajo, particularmente el auge del trabajo por plataformas digitales, el teletrabajo y las formas atípicas de empleo. Estas modalidades laborales cuestionan algunos presupuestos tradicionales del derecho del trabajo, como la presencia física en un lugar determinado y la subordinación directa.
La jurisprudencia constitucional ha comenzado a desarrollar criterios para determinar cuándo estas nuevas modalidades configuran relaciones laborales protegidas por las garantías tradicionales. El principio de primacía de la realidad cobra particular relevancia en este contexto, obligando a analizar las condiciones reales de prestación del servicio más allá de la denominación contractual utilizada.
La efectividad de las garantías laborales depende crucialmente de la existencia de mecanismos eficaces de supervisión y control. El fortalecimiento de la Inspección del Trabajo constituye una prioridad para asegurar el cumplimiento efectivo de la legislación laboral, particularmente en sectores caracterizados por altos niveles de informalidad.
La modernización de los procedimientos de inspección, incluyendo el uso de tecnologías digitales y la coordinación interinstitucional, puede mejorar significativamente la capacidad del Estado para detectar y sancionar violaciones a los derechos del trabajador. La implementación de sistemas de denuncia confidencial y protección de testigos constituye otro elemento importante para facilitar la labor inspectiva.
El análisis exhaustivo del sistema de garantías laborales costarricense revela una arquitectura jurídica de notable sofisticación y coherencia interna, que ha logrado materializar en normas concretas y exigibles los principios fundamentales del Estado Social de Derecho. Esta construcción normativa trasciende la regulación técnica de las relaciones de trabajo para convertirse en una expresión integral del compromiso nacional con la justicia social y la dignidad humana.
La fortaleza del sistema radica en su fundamentación constitucional sólida, que eleva las principales garantías del trabajador al más alto rango normativo y las sustrae de las vicisitudes políticas coyunturales. La irrenunciabilidad de los derechos laborales, consagrada tanto constitucional como legalmente, asegura que las conquistas sociales no puedan ser erosionadas por la necesidad económica individual.
La integración del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente a través de la Convención Americana, ha enriquecido el catálogo de garantías disponibles y ha establecido estándares dinámicos de protección que evolucionan hacia niveles superiores. El principio de desarrollo progresivo constituye un mandato de mejoramiento continuo que impide el retroceso en las condiciones laborales.
El equilibrio logrado entre la protección del trabajador y la viabilidad económica del sistema se evidencia en instituciones como el auxilio de cesantía, que desincentiva el despido arbitrario sin prohibirlo absolutamente, y en la regulación de la jornada extraordinaria, que permite la flexibilidad necesaria pero con costos disuasivos apropiados.
La especialización de la jurisdicción laboral y el fomento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos demuestran que la proclamación de derechos se acompaña de vías efectivas para su tutela y reivindicación. Esta integralidad del sistema de protección constituye un elemento distintivo del modelo costarricense.
Los regímenes especiales de protección para grupos vulnerables y la constante evolución del sistema de seguridad social evidencian la capacidad de adaptación del marco normativo a nuevas realidades y necesidades sociales. La Ley de Protección al Trabajador ejemplifica esta capacidad de innovación al introducir elementos de capitalización individual sin abandonar los principios solidarios fundamentales.
El sistema de garantías laborales de Costa Rica constituye, en síntesis, una demostración práctica de que es posible construir un modelo de desarrollo económico fundamentado en la justicia social, donde la protección del trabajo humano no constituye un obstáculo para el crecimiento, sino su fundamento ético y su condición de sostenibilidad. Este modelo continúa evolucionando para enfrentar los desafíos contemporáneos, manteniendo su vocación protectora mientras se adapta a las transformaciones del mundo del trabajo.
La experiencia costarricense demuestra que las garantías del trabajador, lejos de ser concesiones graciosas o conquistas circunstanciales, constituyen elementos estructurales de un proyecto de sociedad que reconoce en la dignidad del trabajo y en la justicia social los pilares fundamentales de la convivencia democrática y el desarrollo humano integral.
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