Los derechos del consumidor representan una de las manifestaciones más evidentes de la evolución del derecho moderno hacia la protección integral de la persona humana en todas sus dimensiones. En Costa Rica, esta protección trasciende la simple regulación comercial para constituirse en un verdadero sistema de salvaguarda de las libertades individuales en el ámbito económico.
La relación entre consumidor y proveedor no puede entenderse como un simple intercambio comercial entre iguales. La realidad del mercado contemporáneo evidencia asimetrías profundas que van más allá de lo meramente económico, abarcando diferencias sustanciales en el acceso a la información, en el poder de negociación y en la capacidad de influir sobre las condiciones contractuales.
El ordenamiento jurídico costarricense ha respondido a esta realidad con un enfoque innovador que sitúa al consumidor no como un mero participante del mercado, sino como un ciudadano que ejerce derechos fundamentales en cada transacción comercial. Esta perspectiva ha permitido construir un marco normativo que armoniza la libertad de empresa con la protección efectiva de los derechos individuales.
La Constitución Política de Costa Rica dedica especial atención a los derechos del consumidor a través del Artículo 46, una disposición que eleva esta protección al máximo rango normativo. Esta norma constitucional establece una doble dimensión protectora que merece análisis detallado.
La dimensión negativa de esta protección constitucional se manifiesta en la prohibición expresa de monopolios particulares y de cualquier acto que amenace la libertad de comercio, agricultura e industria. Esta disposición no solo protege la competencia en abstracto, sino que reconoce que un mercado concentrado perjudica directamente al consumidor al limitar sus opciones y facilitar prácticas abusivas.
Por otra parte, la dimensión positiva del Artículo 46 consagra un catálogo específico de derechos fundamentales para el consumidor que incluye la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, el derecho a información adecuada y veraz, la libertad de elección y el derecho a un trato equitativo. Estos derechos no son concesiones graciosas del legislador, sino verdaderas garantías constitucionales con fuerza normativa directa.
La verdadera fuerza del marco constitucional de protección al consumidor emerge cuando se interpreta de manera sistemática con el conjunto de derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna. Esta integración revela la profundidad del compromiso constitucional con la protección integral de la persona.
El derecho a la vida, proclamado como inviolable en el Artículo 21 constitucional, encuentra expresión concreta en la protección del consumidor contra productos y servicios que pongan en riesgo su salud o seguridad. Esta conexión no es meramente teórica; la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la exposición del consumidor a productos defectuosos o peligrosos constituye una amenaza directa al derecho fundamental a la vida.
La protección de los intereses económicos del consumidor se vincula inextricablemente con el derecho de propiedad consagrado en el Artículo 45 constitucional. El patrimonio del individuo, resultado de su trabajo y esfuerzo, merece protección frente a prácticas comerciales que lo menoscaben injustificadamente. Esta perspectiva transform la defensa de los intereses económicos del consumidor en una manifestación del derecho fundamental a la propiedad.
El Artículo 50 constitucional, que reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, proporciona fundamento para la protección del consumidor frente al impacto ambiental de los bienes y servicios. Esta conexión ha adquirido particular relevancia en el contexto actual de creciente conciencia ecológica y responsabilidad ambiental empresarial.
El sistema costarricense de protección al consumidor se ve significativamente reforzado por la incorporación de instrumentos internacionales de derechos humanos que, conforme al Artículo 7 constitucional, poseen jerarquía superior a las leyes ordinarias. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, proporciona fundamentos supranacionales sólidos para esta protección.
El Artículo 25 de la Convención, que garantiza el derecho a la protección judicial efectiva, constituye la base supranacional para los mecanismos de tutela que el ordenamiento costarricense establece en favor del consumidor. Este derecho no se agota en la mera existencia formal de recursos, sino que exige que estos sean efectivos, accesibles y expeditos.
El principio de igualdad ante la ley, contenido en el Artículo 24 de la Convención, encuentra aplicación directa en la prohibición de prácticas comerciales discriminatorias. Este principio obliga a tratar de manera igual a situaciones iguales y prohíbe distinciones arbitrarias que carezcan de justificación objetiva y razonable.
Una disposición de particular relevancia para los derechos del consumidor es el Artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana, que establece categóricamente que «Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley». Esta norma constituye un mandato directo e inequívoco para la protección de los intereses económicos del consumidor.
Esta disposición trasciende el ámbito financiero para abarcar cualquier forma de explotación económica que aprovече la posición de vulnerabilidad del consumidor. Su aplicación se extiende a prácticas como la imposición de precios desproporcionados, condiciones contractuales leoninas o aprovechamiento de estados de necesidad para obtener ventajas patrimoniales injustas.
La Ley N° 7472, conocida como Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, constituye el desarrollo legislativo principal del mandato constitucional de protección al consumidor. Su título mismo revela una filosofía jurídica que busca armonizar dos objetivos complementarios: promover un mercado competitivo y proteger efectivamente al consumidor.
Esta ley no surge como una restricción a la actividad empresarial, sino como un marco normativo que busca corregir las fallas naturales del mercado para asegurar su funcionamiento eficiente y equitativo. Reconoce que un mercado verdaderamente libre requiere reglas claras que protejan a todos los participantes, especialmente a aquellos en posición de vulnerabilidad.
La estructura de la ley refleja una comprensión sofisticada de la dinámica del mercado moderno. No se limita a prohibir conductas específicas, sino que establece principios generales, define derechos fundamentales, crea instituciones especializadas y diseña procedimientos eficaces para hacer efectiva la protección.
El Artículo 32 de la Ley 7472 desarrolla exhaustivamente el mandato constitucional, enumerando los derechos fundamentales e irrenunciables del consumidor. Este catálogo no constituye una simple enumeración de prerrogativas comerciales, sino la traducción específica de libertades y garantías constitucionales al ámbito de las relaciones de consumo.
El derecho a la protección contra riesgos para la salud, seguridad y medio ambiente representa la materialización más directa del derecho fundamental a la vida y la integridad personal. Este derecho reconoce que la libertad individual carece de sentido si la persona está expuesta constantemente a riesgos derivados de productos o servicios defectuosos.
Esta protección no se limita a los riesgos evidentes o inmediatos, sino que abarca también aquellos que pueden manifestarse a largo plazo o que afectan el ambiente en el cual se desarrolla la vida humana. La jurisprudencia ha interpretado este derecho de manera amplia, incluyendo la protección contra riesgos potenciales cuando existe incertidumbre científica sobre los efectos de determinados productos o sustancias.
La protección de los legítimos intereses económicos del consumidor constituye una manifestación específica del derecho de propiedad y de la prohibición de explotación económica. Este derecho trasciende la simple regulación de precios para abarcar la protección integral del patrimonio del consumidor.
Los intereses económicos del consumidor pueden verse afectados por múltiples vías: precios desproporcionados que no corresponden al valor real del bien o servicio, cláusulas contractuales que impongan cargas económicas desmedidas, prácticas que induzcan gastos innecesarios o servicios adicionales no solicitados, y sistemas de financiación que oculten el costo real del crédito.
La protección de estos intereses requiere un enfoque integral que considere no solo el precio nominal, sino el valor real de la transacción, incluyendo todos los costos asociados, la calidad del bien o servicio, y la relación entre el precio y las condiciones del mercado.
El acceso a información veraz, clara y oportuna constituye un presupuesto indispensable para el ejercicio de la autonomía de la voluntad en las relaciones de consumo. Sin información adecuada, la libertad de elección se torna meramente formal, y el consentimiento contractual pierde su carácter libre e informado.
Este derecho se conecta directamente con la faceta de «recibir informaciones» de la libertad de pensamiento y expresión reconocida en el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La información no es solo un instrumento para la toma de decisiones comerciales, sino un elemento constitutivo de la libertad individual en la sociedad moderna.
La información que debe proporcionarse al consumidor incluye las características esenciales del bien o servicio, su precio total incluyendo impuestos y cargas adicionales, condiciones de venta, garantías, riesgos asociados al uso, y cualquier otra circunstancia relevante para la decisión de compra.
El contrato constituye el instrumento jurídico central en las relaciones de consumo, pero su regulación en este ámbito no puede limitarse a la aplicación de los principios generales del derecho contractual. La realidad del mercado moderno, caracterizada por la contratación masiva y estandarizada, requiere un enfoque específico que equilibre la autonomía de la voluntad con la protección material del consumidor.
El ordenamiento costarricense parte de los principios generales de la contratación privada establecidos en el Código Civil, pero los modula con normas especiales de orden público diseñadas específicamente para salvaguardar la autonomía real del consumidor. Esta modulación no anula el principio de autonomía de la voluntad, sino que busca asegurar que se ejerza en condiciones de igualdad material.
Los contratos de adhesión, definidos en el Artículo 2 de la Ley 7472 como aquellos cuyas condiciones generales han sido predispuestas unilateralmente por una de las partes, representan el paradigma de la contratación moderna. Su naturaleza misma, donde el consumidor solo puede adherirse en bloque al contenido preestablecido, plantea un desafío fundamental al principio de consentimiento libre e informado.
Estos contratos no son intrínsecamente perjudiciales para el consumidor; de hecho, permiten reducir costos de transacción y facilitar el comercio masivo. Sin embargo, su uso puede convertirse en un mecanismo de imposición de condiciones desequilibradas que el consumidor no tiene posibilidad real de negociar.
El riesgo principal de los contratos de adhesión radica en la posibilidad de incluir cláusulas que alteren sustancialmente el equilibrio contractual en favor del predisponente, aprovechando la posición de debilidad negocial del adherente y la dificultad práctica de leer y comprender condiciones generales extensas y complejas.
Para contrarrestar los riesgos inherentes a la contratación de adhesión, el Artículo 42 de la Ley 7472 establece un sistema robusto de control sobre el contenido de estos contratos, declarando la nulidad absoluta de las cláusulas consideradas abusivas.
Este sistema de control no constituye una intromisión indebida en la libertad contractual, sino un mecanismo de «saneamiento» del negocio jurídico destinado a preservar su equilibrio esencial. Su aplicación busca restaurar las condiciones mínimas de reciprocidad que caracterizan los contratos válidos, eliminando estipulaciones que aprovechen abusivamente la posición dominante del predisponente.
La ley identifica específicamente varias categorías de cláusulas que se consideran abusivas por alterar desproporcionadamente el equilibrio contractual. Entre estas se encuentran aquellas que restringen o renuncian a los derechos del consumidor de manera desproporcionada, las que exoneran o limitan injustificadamente la responsabilidad del proveedor, y las que facultan al proveedor para modificar unilateralmente el contrato sin causa justificada.
Particular atención merece la prohibición de cláusulas que inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, alterando así las reglas procesales básicas que aseguran un juicio justo. Esta prohibición reconoce que la carga probatoria debe distribuirse según la facilidad y disponibilidad de medios de prueba, principio que generalmente favorece al proveedor por su mejor acceso a la información técnica y documental.
La exigencia de que los contratos sean legibles y estén redactados en español responde al principio fundamental de que el consentimiento debe ser informado. Un contrato que no puede ser comprendido por el adherente no puede generar obligaciones válidas, pues carece del elemento esencial del consentimiento libre e informado.
El Artículo 43 de la Ley 7472 establece la obligación de todo comerciante de garantizar el buen funcionamiento de los bienes y servicios que ofrece, instituyendo una garantía mínima legal de 30 días hábiles que presenta el carácter de irrenunciable.
Esta garantía legal constituye una manifestación concreta del derecho a la protección de los intereses económicos del consumidor. Su carácter irrenunciable responde a la necesidad de asegurar que la contraprestación pagada por el consumidor se corresponda efectivamente con un bien o servicio idóneo para el uso al que está destinado.
La garantía legal opera independientemente de las garantías voluntarias que el comerciante pueda ofrecer, estableciendo un piso mínimo de protección que no puede ser eliminado por acuerdo contractual. Esta característica es fundamental para evitar que los proveedores eludan sus responsabilidades básicas mediante cláusulas de exoneración.
El Artículo 34 de la Ley 7472 establece un conjunto de obligaciones que constituyen el correlato necesario de los derechos del consumidor. Estas obligaciones no representan cargas arbitrarias impuestas a la actividad comercial, sino deberes básicos que aseguran la transparencia y lealtad en las transacciones.
La obligación de informar de manera clara, veraz y en español sobre todas las características relevantes del bien o servicio constituye el núcleo de las obligaciones del comerciante. Esta obligación trasciende la simple descripción del producto para abarcar todos los aspectos que puedan influir en la decisión del consumidor.
La información debe proporcionarse en el idioma oficial del país para asegurar su comprensión por parte del consumidor promedio. Esta exigencia reconoce que el uso de idiomas extranjeros puede constituir una barrera para el ejercicio informado de los derechos del consumidor, especialmente en sectores de la población con menor acceso a educación formal.
El deber de suministrar instrucciones claras de uso y advertir sobre riesgos asociados al producto o servicio responde directamente al derecho fundamental del consumidor a la protección de su salud y seguridad. Esta obligación reconoce que muchos productos, aun siendo seguros cuando se usan adecuadamente, pueden presentar riesgos si se utilizan incorrectamente.
Las advertencias sobre riesgos deben ser específicas, comprensibles y prominentes. No basta con mencionar genéricamente posibles peligros; es necesario identificar claramente los riesgos concretos y las medidas preventivas correspondientes.
El Artículo 36 de la Ley 7472 proscribe una serie de conductas que atentan directamente contra la libertad de elección del consumidor y la estabilidad de sus intereses económicos. Estas prohibiciones no constituyen restricciones arbitrarias al comercio, sino medidas necesarias para preservar el funcionamiento eficiente y equitativo del mercado.
La prohibición del acaparamiento y la especulación responde a la necesidad de asegurar el acceso equitativo de los consumidores a bienes y servicios esenciales. Estas prácticas distorsionan artificialmente el funcionamiento del mercado, creando escasez ficticia o manipulando precios en perjuicio directo del consumidor.
El acaparamiento de productos de primera necesidad o de uso generalizado puede tener efectos particularmente perniciosos en situaciones de emergencia o crisis, cuando la disponibilidad de ciertos bienes puede ser vital para la población. La prohibición de esta práctica reconoce la función social que cumple la distribución eficiente de bienes y servicios.
La prohibición de ventas atadas o condicionadas protege la libertad de elección del consumidor al impedir que los proveedores aprovechen su posición dominante en un mercado para extender su poder a otros mercados relacionados. Esta práctica no solo perjudica al consumidor individual, sino que puede tener efectos anticompetitivos más amplios.
Las ventas condicionadas pueden manifestarse de diversas formas: exigir la compra de productos adicionales no deseados, condicionar la venta a la contratación de servicios complementarios, o establecer requisitos que no se relacionan objetivamente con la naturaleza del bien o servicio ofrecido.
El Artículo 37 de la Ley 7472 somete la oferta, promoción y publicidad a un estricto principio de veracidad, prohibiendo cualquier mensaje que pueda inducir a error o engaño sobre la naturaleza, características o finalidad del bien o servicio.
Esta regulación reconoce el poder persuasivo de la publicidad moderna y su capacidad para influir significativamente en las decisiones de consumo. La publicidad no es solo información; es comunicación persuasiva que puede manipular las percepciones y expectativas del consumidor si no está sujeta a controles adecuados.
La prohibición de la publicidad engañosa constituye una protección esencial del consentimiento informado del consumidor. Cuando la decisión de compra se basa en información falsa o tergiversada, el consentimiento pierde su carácter libre e informado, viciando la validez misma de la transacción.
La publicidad engañosa puede manifestarse no solo a través de afirmaciones explícitamente falsas, sino también mediante omisiones significativas, exageraciones desproporcionadas, o presentaciones que, siendo técnicamente correctas, inducen a interpretaciones erróneas por parte del consumidor promedio.
El sistema costarricense de protección al consumidor se caracteriza por ofrecer una doble vía de tutela que combina los mecanismos administrativos especializados con la protección judicial tradicional. Esta dualidad no representa una duplicación innecesaria, sino una estrategia integral que busca maximizar la efectividad de la protección según las características específicas de cada caso.
La vía administrativa está encomendada a la Comisión Nacional del Consumidor (CNC), órgano especializado adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Esta especialización institucional responde a la necesidad de contar con un órgano que comprenda las complejidades técnicas y económicas de las relaciones de consumo y pueda ofrecer soluciones expeditas y especializadas.
El carácter gratuito de la vía administrativa constituye un elemento fundamental para asegurar el acceso efectivo a la justicia en materia de consumo. Muchos conflictos de consumo involucran montos relativamente pequeños que harían económicamente inviable el recurso a la vía judicial ordinaria si el consumidor tuviera que asumir costos significativos de representación legal.
Las potestades de la CNC, establecidas en el Artículo 53 de la Ley 7472, son amplias y comprenden tanto facultades sancionadoras como reparadoras. Esta combinación permite no solo castigar las infracciones, sino también restablecer el equilibrio alterado por la práctica abusiva, ordenando medidas como la devolución de dinero o la corrección de publicidad engañosa.
El procedimiento administrativo ante la CNC se diseña bajo principios de eficiencia y accesibilidad, pero sin sacrificar las garantías básicas del debido proceso. La fase de conciliación obligatoria para asuntos patrimoniales reconoce que muchos conflictos de consumo pueden resolverse mediante acuerdo directo entre las partes cuando se cuenta con la mediación de una autoridad imparcial.
La conciliación no solo beneficia a las partes directamente involucradas al permitir soluciones más rápidas y menos costosas, sino que también contribuye a la eficiencia del sistema al liberar recursos para casos más complejos que requieren decisión administrativa formal.
Cuando los derechos del consumidor se vulneran en su dimensión de derechos fundamentales, el mecanismo judicial por excelencia es el recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Este recurso trasciende la protección ordinaria para ofrecer una tutela directa y expedita de los derechos constitucionales amenazados o violados.
El amparo en materia de consumo no se limita a casos de violaciones por parte de autoridades públicas, sino que se extiende a situaciones donde sujetos privados ejercen posiciones de poder que les permiten afectar significativamente los derechos fundamentales del consumidor. Esta extensión reconoce que en la sociedad moderna el poder no se concentra exclusivamente en el Estado, sino que puede radicar también en grandes corporaciones o proveedores que dominan mercados específicos.
Un aspecto crucial de la tutela judicial es el reconocimiento de la dimensión colectiva de muchas violaciones a los derechos del consumidor. Una práctica comercial abusiva, como una cláusula ilegal en contratos masivos o una campaña de publicidad engañosa, afecta simultáneamente a miles de consumidores de manera idéntica.
La Sala Constitucional ha desarrollado una sólida jurisprudencia sobre «intereses difusos» que resulta plenamente aplicable al campo de la protección del consumidor. Esta doctrina reconoce que existen derechos cuya titularidad es individual, pero cuya lesión afecta a una colectividad indeterminada pero determinable, situación que caracteriza perfectamente a muchas violaciones de derechos del consumidor.
La aplicación de la doctrina de intereses difusos permite superar las limitaciones del litigio individual, que frecuentemente resulta inviable por razones económicas cuando el monto individual del perjuicio es pequeño en relación con los costos del proceso. Esta perspectiva colectiva legitima a organizaciones de consumidores y entidades públicas para actuar en representación de la colectividad afectada.
El derecho de asociación y participación de los consumidores, reconocido en el catálogo de derechos fundamentales, constituye una extensión de las libertades democráticas básicas al ámbito de las relaciones económicas. Las organizaciones de consumidores no son simplemente grupos de interés, sino manifestaciones de ciudadanía activa que contribuyen al equilibrio del mercado.
Estas organizaciones cumplen múltiples funciones esenciales: educan a los consumidores sobre sus derechos, canalizan denuncias colectivas, participan en la formulación de políticas públicas, y actúan como contrapeso al poder de los grandes proveedores. Su fortalecimiento es indispensable para un sistema equilibrado de protección al consumidor.
El desarrollo del comercio electrónico ha introducido nuevos desafíos para la protección del consumidor que requieren adaptaciones tanto normativas como institucionales. Las transacciones digitales presentan características específicas que pueden amplificar las asimetrías tradicionales entre consumidores y proveedores.
La distancia física entre las partes, la dificultad para examinar previamente los productos, la complejidad de los sistemas de pago electrónico, y la facilidad para crear identidades virtuales falsas son algunos de los factores que incrementan la vulnerabilidad del consumidor en el entorno digital.
La protección efectiva del consumidor en el comercio electrónico requiere el desarrollo de principios específicos que aborden estas realidades particulares sin frenar la innovación tecnológica. Esto incluye regulaciones sobre derecho de retracto en compras a distancia, seguridad en sistemas de pago, protección de datos personales, y mecanismos eficaces de resolución de disputas transfronterizas.
El sector financiero presenta desafíos particulares para la protección del consumidor debido a la complejidad técnica de los productos, la información asimétrica especialmente marcada, y las consecuencias potencialmente devastadoras de prácticas abusivas para la economía familiar.
Los productos financieros complejos, como los derivados para consumidores minoristas, los créditos con tasas variables, o los seguros con múltiples coberturas, requieren un nivel de comprensión técnica que frecuentemente excede las capacidades del consumidor promedio. Esta situación crea oportunidades para prácticas abusivas que pueden pasar inadvertidas hasta que producen consecuencias graves.
La protección del consumidor financiero requiere un enfoque especializado que combine la supervisión prudencial tradicional con mecanismos específicos de protección del consumidor. Esto incluye requisitos reforzados de transparencia, educación financiera, y procedimientos expeditos para la resolución de conflictos.
La creciente conciencia sobre la sostenibilidad ambiental ha introducido nuevas dimensiones en la protección del consumidor. El «greenwashing» o lavado verde, que consiste en presentar productos o servicios como ambientalmente responsables sin que realmente lo sean, representa una forma de publicidad engañosa que explota las preocupaciones legítimas de los consumidores conscientes del ambiente.
La protección del consumidor en este ámbito requiere el desarrollo de estándares claros para las afirmaciones ambientales, sistemas de certificación confiables, y mecanismos de verificación independientes. También implica educar a los consumidores para que puedan distinguir entre afirmaciones genuinas y estrategias de marketing superficiales.
El carácter dinámico del mercado y la constante innovación en productos, servicios y modalidades comerciales requieren una actualización continua del marco normativo de protección al consumidor. Esta actualización no debe entenderse como una revisión completa del sistema, sino como un proceso de adaptación que preserve los principios fundamentales mientras aborda nuevas realidades.
La experiencia internacional muestra que los sistemas más exitosos de protección al consumidor son aquellos que combinan principios estables con capacidad de adaptación a nuevas circunstancias. Esta flexibilidad puede lograrse mediante la incorporación de cláusulas generales que permitan abordar prácticas abusivas no previstas específicamente, y através del desarrollo jurisprudencial que interprete los principios básicos en contextos nuevos.
La efectividad del sistema de protección al consumidor depende crucialmente de la fortaleza institucional de los órganos encargados de aplicarlo. Esto incluye no solo recursos humanos y materiales adecuados, sino también la especialización técnica necesaria para abordar la complejidad creciente de los mercados modernos.
La coordinación entre diferentes instituciones con competencias relacionadas es igualmente importante. La protección del consumidor intersecta con la regulación de competencia, la supervisión financiera, la protección de datos personales, y la regulación sanitaria, entre otras áreas. Una coordinación efectiva entre estas instituciones maximiza la coherencia y eficacia del sistema de protección.
La educación del consumidor constituye un complemento indispensable de la protección legal. Un consumidor informado y consciente de sus derechos es su mejor defensor, capaz de tomar decisiones acertadas y de detectar prácticas abusivas antes de que le causen perjuicios significativos.
Los programas de educación del consumidor deben ser integrales, incluyendo no solo información sobre derechos legales, sino también habilidades prácticas para la toma de decisiones de consumo, comprensión básica de productos financieros, y conciencia sobre prácticas comerciales problemáticas.
Esta educación debe comenzar desde el sistema educativo formal, pero debe extenderse a programas de educación continua para adultos, especialmente dirigidos a poblaciones vulnerables como adultos mayores, personas con menor educación formal, y migrantes que pueden no estar familiarizados con el sistema legal costarricense.
El análisis del marco jurídico costarricense de protección al consumidor revela la construcción de un sistema integral, coherente y progresista que eleva la defensa del consumidor del nivel de política pública sectorial al rango de protección de derechos fundamentales. Esta elevación no es meramente simbólica, sino que tiene consecuencias jurídicas concretas que fortalecen significativamente la posición del consumidor frente a prácticas abusivas.
La constitucionalización de los derechos del consumidor a través del Artículo 46 de la Constitución Política, interpretado sistemáticamente con otros derechos fundamentales y reforzado por instrumentos internacionales de derechos humanos, proporciona una base sólida e incontrovertible para la protección. Esta base trasciende las consideraciones meramente económicas para reconocer que el consumidor es, ante todo, una persona humana digna de respeto y protección.
El desarrollo legislativo de estos principios constitucionales, principalmente a través de la Ley 7472, ha creado un marco normativo que equilibra adecuadamente la promoción de la competencia con la defensa efectiva del consumidor. Este equilibrio no representa una tensión irreconciliable, sino una síntesis armoniosa que reconoce que un mercado verdaderamente libre requiere reglas claras que protejan a todos los participantes.
La doble vía de tutela, administrativa y judicial, complementada por los mecanismos de protección constitucional y la doctrina de intereses difusos, proporciona un arsenal completo de herramientas para hacer efectivos los derechos del consumidor. Esta diversidad de mecanismos no representa redundancia, sino una estrategia integral que adapta la protección a las características específicas de cada situación.
Los desafíos contemporáneos, desde el comercio electrónico hasta la sostenibilidad ambiental, requieren adaptaciones continuas del sistema, pero sobre la base sólida de principios consolidados. La experiencia costarricense demuestra que es posible construir un sistema de protección al consumidor que sea a la vez robusto y flexible, que proteja efectivamente sin frenar la innovación, y que preserve la dignidad humana en todas las esferas de la actividad económica.
El sistema costarricense de protección al consumidor representa así un modelo digno de estudio y emulación, que demuestra cómo el derecho puede evolucionar para responder a las necesidades de la sociedad moderna sin abandonar sus compromisos fundamentales con la justicia, la dignidad humana y el bien común. Su fortalecimiento continuo no solo beneficia a los consumidores individuales, sino que contribuye a la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todos.
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