El derecho fundamental de los ciudadanos a organizarse políticamente constituye uno de los cimientos más sólidos sobre los cuales se erige cualquier sistema democrático moderno. En Costa Rica, esta prerrogativa se materializa de manera especialmente significativa a través del derecho a formar parte de los partidos políticos, una manifestación especializada de la libertad de asociación que trasciende el ámbito meramente privado para convertirse en un elemento esencial del ordenamiento constitucional.
La relevancia de este derecho adquiere dimensiones particulares en el contexto costarricense, donde el artículo 98 de la Constitución Política define expresamente a los partidos políticos como «instrumentos fundamentales para la participación política». Esta categorización no es meramente declarativa, sino que establece un monopolio funcional que convierte a estas organizaciones en los únicos vehículos legítimos para la postulación de candidaturas en procesos electorales, según establece categóricamente el artículo 48 del Código Electoral vigente.
Esta exclusividad funcional magnifica extraordinariamente la trascendencia del derecho de afiliación partidaria, transformándolo en la puerta de entrada ineludible para el ejercicio pleno de los derechos políticos pasivos. La afiliación a un partido político deja de ser una simple manifestación de la libertad asociativa para convertirse en una condición habilitante fundamental para la participación activa en la vida política nacional.
El sistema político costarricense atraviesa actualmente un período de profundas transformaciones que han modificado sustancialmente el panorama partidario. La fragmentación electoral, los niveles históricamente elevados de abstencionismo y la palpable desafección ciudadana hacia las instituciones de representación política han generado nuevos desafíos para el efectivo ejercicio del derecho a formar parte de los partidos políticos.
En este contexto, resulta fundamental comprender a cabalidad el contenido, alcance y límites de este derecho, así como los mecanismos jurídicos e institucionales disponibles para su tutela. La investigación de estos aspectos no solo reviste importancia académica, sino que constituye una herramienta práctica indispensable para legisladores, operadores jurídicos, dirigentes partidarios y ciudadanos interesados en fortalecer la democracia costarricense.
La comprensión integral del derecho a formar parte de los partidos políticos exige, como punto de partida, una delimitación conceptual precisa de estas organizaciones. Desde una perspectiva doctrinal amplia, los partidos políticos se conciben como asociaciones voluntarias de ciudadanos que, compartiendo determinados principios ideológicos y programáticos, buscan canalizar las demandas sociales y facilitar la participación ciudadana en el proceso político, con la finalidad última de obtener el control de los órganos del poder público mediante procedimientos electorales.
El ordenamiento jurídico costarricense ha acogido esta conceptualización en el artículo 49 del Código Electoral, que define a los partidos políticos como «asociaciones voluntarias de ciudadanos y ciudadanas, sin fines de lucro, creadas con el objeto de participar activamente en la política nacional, provincial o cantonal según estén inscritos, y cumplen una función de relevante interés público». Esta definición legal destaca tres elementos constitutivos fundamentales: su carácter voluntario, su finalidad política participativa y su naturaleza de interés público.
La determinación de la naturaleza jurídica específica de los partidos políticos ha constituido una de las cuestiones más complejas y debatidas en la doctrina jurídica contemporánea. Estas organizaciones no encajan cómodamente en las categorías tradicionales del derecho público o privado, presentando características híbridas que han llevado tanto a la jurisprudencia nacional como a la doctrina especializada a catalogarlas como entidades sui generis.
La evolución histórica del concepto de partido político refleja una transformación profunda en la comprensión del papel que estas organizaciones desempeñan en los sistemas democráticos. Durante el período del liberalismo clásico, los partidos políticos eran percibidos con desconfianza y frecuentemente caracterizados como «facciones» que distorsionaban la expresión auténtica de la voluntad individual de los ciudadanos.
Esta perspectiva inicial evolucionó gradualmente hacia el reconocimiento de los «partidos de masas» durante el siglo XX, cuando se comenzó a comprender su papel esencial en la articulación de intereses sociales diversos y en la estructuración de alternativas políticas coherentes. La constitucionalización de los partidos políticos en la segunda mitad del siglo XX marcó un hito definitivo en esta evolución, reconociéndolos no solo como actores legítimos del juego democrático, sino como órganos esenciales para su funcionamiento.
La Constitución Política costarricense de 1949, y especialmente su reforma de 1997, refleja fielmente esta evolución conceptual al definir a los partidos políticos como instrumentos fundamentales para la participación política. Este reconocimiento constitucional conlleva una consecuencia jurídica ineludible: si los partidos políticos son fundamentales para la democracia, entonces los principios democráticos deben ser fundamentales para el funcionamiento interno de los partidos políticos.
El análisis técnico del derecho a formar parte de los partidos políticos requiere una distinción conceptual precisa entre los términos «afiliación» y «militancia», frecuentemente utilizados como sinónimos en el lenguaje político cotidiano, pero que poseen implicaciones jurídicas diferenciadas.
La afiliación se refiere específicamente al vínculo jurídico formal que une a un ciudadano con una organización partidaria, establecido mediante un acto de inscripción que genera un conjunto de derechos y deberes recíprocos claramente definidos. Este estatus confiere al individuo la condición legal de miembro de la agrupación política, con todas las prerrogativas que ello implica en términos de participación en los órganos internos y acceso a las candidaturas.
La militancia, por su parte, denota un grado superior de participación activa y comprometida en la vida partidaria, que trasciende la mera inscripción formal para manifestarse en un involucramiento efectivo en las actividades, decisiones y proyectos políticos de la organización. Esta distinción resulta particularmente relevante en el contexto jurídico, ya que mientras los derechos fundamentales de participación se predican universalmente de todos los afiliados, el ejercicio efectivo de determinados roles dirigenciales o la capacidad de influencia en la toma de decisiones suele asociarse al nivel de militancia activa.
El desarrollo de los partidos políticos en Costa Rica no puede comprenderse adecuadamente sin considerar las tendencias y transformaciones que han caracterizado la evolución de estas organizaciones en el contexto internacional. La trayectoria histórica de los partidos políticos en el mundo occidental ha transitado por diversas fases que han moldeado profundamente su naturaleza, estructura y funciones.
Durante el siglo XIX, el panorama político estuvo dominado por los denominados «partidos de notables», caracterizados por ser esencialmente comités de élites locales carentes de una estructura organizativa permanente y de una base de afiliados masiva. Estas agrupaciones se centraban fundamentalmente en la competencia electoral entre personalidades prominentes, sin desarrollar programas ideológicos coherentes o estructuras participativas amplias.
La expansión del sufragio universal a finales del siglo XIX y principios del XX catalizó la emergencia de los «partidos de masas», organizaciones caracterizadas por una fuerte base ideológica, una estructura burocrática permanente y una membresía amplia y organizada. Los partidos socialistas y democristianos europeos ejemplifican paradigmáticamente este modelo organizativo, que influyó significativamente en el desarrollo partidario latinoamericano.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, la literatura especializada identifica la emergencia de los «partidos catch-all» o «partidos profesionales», caracterizados por un debilitamiento de su carga ideológica tradicional, una mayor dependencia de los medios de comunicación masiva y del financiamiento público y privado, así como un enfoque pragmático dirigido a captar el voto de un electorado amplio y heterogéneo que trasciende las divisiones de clase tradicionales.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desempeñado un papel fundamental en la consolidación de los derechos políticos como derechos humanos fundamentales plenamente exigibles y justiciables. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Costa Rica, establece en su artículo 16 el derecho a la libertad de asociación con fines políticos, mientras que su artículo 23 consagra los derechos políticos fundamentales.
La jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido particularmente relevante para determinar el contenido y alcance de estos derechos. La Corte ha establecido claramente que los Estados no solo tienen obligaciones negativas de no interferir indebidamente con estos derechos, sino también obligaciones positivas de crear las condiciones institucionales y normativas necesarias para que puedan ser ejercidos de manera efectiva y significativa.
Antes de la Guerra Civil de 1948, el panorama político costarricense estuvo caracterizado por la predominancia de agrupaciones personalistas y caudillistas que carecían de las características organizativas propias de los partidos políticos modernos. Los denominados «partidos» de este período eran, en su gran mayoría, vehículos electorales construidos en torno a figuras políticas prominentes, con estructuras organizativas extremadamente débiles, escasa disciplina interna y una base ideológica frecuentemente difusa o completamente inexistente.
La afiliación partidaria durante este período respondía más a criterios de lealtad personal hacia el líder político que a una adhesión genuina a un programa político coherente o a una ideología definida. Aunque existieron algunas agrupaciones con rasgos ideológicos más marcados, como el Partido Unión Católica o el Partido Reformista, la norma general fue la fluidez organizativa y la transitoriedad de las etiquetas partidarias, que aparecían y desaparecían según las conveniencias electorales del momento.
La promulgación de la Constitución Política de 1949, surgida como consecuencia directa de la Guerra Civil, marca un punto de inflexión definitivo en la evolución del sistema partidario costarricense. Por una parte, el nuevo texto constitucional institucionalizó formalmente el papel de los partidos políticos como pilares fundamentales del régimen democrático emergente. Por otra parte, reflejó las profundas tensiones ideológicas características del período de la Guerra Fría mediante la incorporación de restricciones específicas al ejercicio del derecho de asociación política.
El texto original del artículo 98 constitucional establecía expresamente: «Se prohíbe la formación o el funcionamiento de partidos políticos que por sus programas ideológicos, medios de acción o vinculaciones internacionales, tiendan a destruir los fundamentos de la organización democrática de Costa Rica, o que atenten contra la soberanía del país, todo a juicio de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las dos terceras partes de sus miembros y previo informe del Tribunal Supremo de Elecciones.»
Esta formulación normativa, aunque redactada en términos aparentemente genéricos, fue interpretada y aplicada de manera específica para proscribir de facto al partido comunista, entonces denominado Vanguardia Popular, estableciendo una barrera ideológica explícita al libre ejercicio del derecho de asociación política que contrastaba significativamente con los estándares internacionales de derechos humanos que comenzaban a consolidarse en el período de posguerra.
Durante la administración del Presidente Daniel Oduber Quirós, se impulsó una reforma constitucional de trascendental importancia que modificó sustancialmente el contenido del artículo 98 de la Constitución Política. La reforma, aprobada en 1975, eliminó completamente la cláusula de proscripción ideológica y la sustituyó por un texto que garantizaba de forma mucho más amplia el derecho de agrupación política, sujeto únicamente al respeto del orden constitucional democrático.
Este hito normativo consolidó definitivamente el principio de pluralismo político en Costa Rica, alineando la Constitución nacional con los estándares internacionales de derechos humanos que prohíben categóricamente la discriminación por motivos de opinión política. El control estatal sobre los partidos políticos se desplazó desde sus contenidos ideológicos hacia su compromiso procedimental con las reglas del juego democrático, marcando una evolución fundamental hacia un sistema político genuinamente pluralista.
Desde las elecciones de 1953, las primeras organizadas bajo la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones, hasta los primeros años del siglo XXI, el sistema político costarricense estuvo caracterizado por un bipartidismo estable y dominante que concentró la abrumadora mayoría de la representación política. El Partido Liberación Nacional y una coalición de fuerzas opositoras, que eventualmente se consolidaría en el Partido Unidad Social Cristiana, monopolizaron prácticamente la competencia electoral y la representación parlamentaria.
Durante esta prolongada etapa, la identidad partidaria constituyó un elemento central de la identidad social y política de amplios sectores de la población costarricense. La afiliación a uno de los dos grandes partidos representaba mucho más que una simple preferencia electoral; constituía una forma de pertenencia social que se manifestaba en múltiples dimensiones de la vida comunitaria y que se transmitía frecuentemente de generación en generación.
La participación política se canalizaba efectivamente a través de las estructuras capilares de estos partidos, que lograban una movilización electoral consistentemente elevada y mantenían una presencia organizativa permanente en prácticamente todos los distritos del país. Este modelo bipartidista proporcionó estabilidad política y gobernabilidad durante varias décadas, aunque también limitó significativamente las opciones de representación política disponibles para los ciudadanos.
Las elecciones nacionales de 2002 marcaron el inicio de una transformación profunda del sistema partidario costarricense que continúa desarrollándose hasta el presente. El surgimiento del Partido Acción Ciudadana como una fuerza electoral significativa rompió definitivamente la hegemonía tradicional del bipartidismo, iniciando un proceso de creciente fragmentación política que ha caracterizado las últimas dos décadas.
Desde entonces, el sistema de partidos ha experimentado un proceso acelerado de fragmentación, con la aparición constante de nuevas agrupaciones políticas de nivel nacional, provincial y cantonal, así como una mayor volatilidad electoral que ha debilitado significativamente las lealtades partidarias tradicionales. Esta transformación ha tenido consecuencias profundas para el ejercicio del derecho a formar parte de los partidos políticos.
La fragmentación política ha intensificado considerablemente la competencia interna por candidaturas y recursos, lo que ha generado un aumento significativo de los conflictos intrapartidarios. Estos conflictos, que en el pasado se resolvían principalmente a través de mecanismos informales dentro de las estructuras partidarias consolidadas, ahora se dirimen con creciente frecuencia ante el Tribunal Supremo de Elecciones, catalizando un proceso de judicialización de la vida interna de los partidos políticos.
El derecho a formar parte de los partidos políticos en Costa Rica se encuentra regulado por un sistema normativo jerarquizado que establece claramente el orden de prelación de las diferentes fuentes jurídicas aplicables. El artículo 3 del Código Electoral determina de manera expresa esta jerarquía, que constituye el fundamento para la resolución de conflictos normativos en la materia.
En primer lugar, se ubica la Constitución Política como norma suprema del ordenamiento jurídico nacional, seguida por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica, que gozan de rango supralegal conforme a la jurisprudencia constitucional consolidada. En tercer lugar se encuentran las leyes electorales, principalmente el Código Electoral, seguidas por los reglamentos, directrices y circulares emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones en ejercicio de su potestad normativa.
Los estatutos de los partidos políticos debidamente inscritos ocupan un lugar específico en esta jerarquía, subordinados a todas las fuentes anteriores pero con supremacía sobre las demás disposiciones de rango inferior. Esta estructura jerárquica resulta fundamental para comprender que la autonomía estatutaria de los partidos políticos, aunque constitucionalmente reconocida, se encuentra limitada por las normas superiores del ordenamiento jurídico.
Costa Rica, como Estado parte de los principales tratados internacionales de derechos humanos, se encuentra obligada a garantizar que su legislación interna y sus prácticas institucionales se conformen plenamente a los estándares internacionales en la materia. Los instrumentos más relevantes para el derecho de asociación política incluyen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, establece en su artículo 16 el derecho fundamental a la libertad de asociación, garantizando específicamente el derecho de todas las personas a «asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole». Este artículo establece además que el ejercicio de este derecho solo puede ser objeto de restricciones previstas por la ley en la medida estrictamente necesaria en una sociedad democrática, por razones de seguridad nacional, orden público, salud o moral públicas, o para proteger los derechos y libertades de los demás.
El artículo 23 de la misma Convención complementa estas garantías al establecer los derechos políticos fundamentales, incluyendo el derecho de todos los ciudadanos a «participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos», así como el derecho a «votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores».
La Constitución Política costarricense establece el marco normativo fundamental para el ejercicio del derecho a formar parte de los partidos políticos a través de disposiciones específicas que han sido objeto de desarrollo jurisprudencial extenso.
El artículo 25 consagra el derecho general de asociación en su doble dimensión, estableciendo que «los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos» (dimensión positiva) y que «nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna» (dimensión negativa). Esta garantía fundamental proporciona la base constitucional para el derecho a la afiliación y desafiliación partidaria.
El artículo 98, por su parte, constituye la norma constitucional específica sobre partidos políticos, reconociendo expresamente el «derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional». Esta disposición establece dos condiciones fundamentales: que los partidos se comprometan a «respetar el orden constitucional» y, tras la reforma de 1997, que «su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos».
La exigencia constitucional de democracia interna representa una innovación fundamental que abre la puerta al control jurisdiccional sobre la vida interna de los partidos políticos, estableciendo un límite claro a la autonomía organizativa de estas agrupaciones cuando entra en conflicto con los derechos fundamentales de sus miembros.
El Código Electoral de 2009, Ley N.º 8765, constituye el cuerpo normativo más importante para el desarrollo del derecho a formar parte de los partidos políticos, estableciendo un régimen jurídico detallado que regula todos los aspectos relevantes de la vida partidaria.
Los artículos 48 al 51 definen la naturaleza jurídica de los partidos políticos como vehículos exclusivos para la participación electoral, su régimen como asociaciones de interés público, el principio de autorregulación subordinado al ordenamiento democrático y su ámbito territorial de participación. Estas disposiciones establecen el marco general dentro del cual debe desarrollarse el ejercicio del derecho de afiliación partidaria.
El artículo 52 reviste particular importancia al prescribir el contenido mínimo obligatorio de los estatutos partidarios, funcionando como una especie de ley marco que obliga a las agrupaciones políticas a incorporar en su normativa interna disposiciones específicas sobre diversos aspectos organizativos y procedimentales. Entre los contenidos obligatorios destacan los mecanismos de defensa interna para los afiliados, incluyendo el derecho a la doble instancia en materia sancionatoria, las normas sobre equidad de género basadas en los principios de paridad y alternancia, los mecanismos para la participación efectiva de la juventud, y los procedimientos internos para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres.
El Código Electoral establece un catálogo específico de derechos y deberes que definen el contenido del estatus de afiliado a un partido político. El artículo 53 enumera los derechos fundamentales, incluyendo la libre afiliación y desafiliación, el derecho a elegir y ser elegido tanto en cargos internos como en candidaturas para cargos de elección popular, el derecho a la discrepancia y libre expresión dentro del marco de los principios partidarios, el acceso a los recursos de defensa interna y jurisdiccionales, y el derecho a recibir capacitación política.
El artículo 54 establece los deberes correlativos, que incluyen compartir las finalidades y principios del partido, respetar su orientación ideológica general, contribuir económicamente según las posibilidades, acatar los acuerdos válidamente adoptados por los órganos competentes, y cumplir con las actividades que les sean encomendadas conforme a los estatutos.
La tensión entre derechos y deberes de los afiliados constituye uno de los campos más ricos de desarrollo jurisprudencial, especialmente en lo que se refiere a la delimitación entre el deber de lealtad partidaria y el derecho a la libre expresión y discrepancia política.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido estándares fundamentales que influyen directamente en la interpretación del derecho interno costarricense en materia de partidos políticos. Dos casos paradigmáticos han marcado la evolución de estos estándares en el contexto regional.
El caso Yatama vs. Nicaragua, resuelto mediante sentencia del 23 de junio de 2005, abordó la exclusión de una organización indígena de participar en elecciones municipales por no haberse constituido como partido político conforme a los requisitos legales nicaragüenses. La Corte Interamericana determinó que el Estado había violado los derechos políticos y el derecho a la protección judicial, estableciendo que aunque los Estados poseen un margen de apreciación para regular el ejercicio de los derechos políticos, estas regulaciones no pueden ser desproporcionadas ni desconocer las formas de organización propias de determinados grupos sociales.
El caso Castañeda Gutman vs. México, decidido el 6 de agosto de 2008, abordó directamente la compatibilidad del monopolio de los partidos políticos en la postulación de candidaturas con la Convención Americana. La Corte concluyó que tanto un sistema que permite candidaturas independientes como uno basado exclusivamente en partidos políticos pueden ser compatibles con la Convención, siempre que el sistema elegido garantice efectivamente el ejercicio de los derechos políticos. En el caso de un sistema de partidos, esto implica que los ciudadanos deben tener libertad real para asociarse y formar nuevos partidos en condiciones razonables.
La jurisprudencia nacional ha sido el principal motor de desarrollo del contenido específico del derecho a formar parte de los partidos políticos, a través de las decisiones tanto de la Sala Constitucional como del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta evolución jurisprudencial ha estado marcada por tensiones competenciales significativas que han contribuido a definir los contornos actuales del derecho.
La relación entre la competencia exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones para interpretar la normativa electoral y la potestad de la Sala Constitucional como guardiana suprema de la Constitución ha generado tensiones jurisdiccionales que han tenido impactos importantes en el desarrollo del derecho de asociación política.
Aunque la Ley de la Jurisdicción Constitucional excluye expresamente de su conocimiento los «actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral», la Sala Constitucional ha consolidado una línea jurisprudencial que le permite revisar la constitucionalidad de normas de rango legal en materia electoral y, de forma más controvertida, las interpretaciones generales del TSE cuando estas puedan colisionar con derechos fundamentales.
Un ejemplo paradigmático de estas tensiones jurisdiccionales se manifestó en la evolución jurisprudencial sobre la paridad de género en los partidos políticos. La Sala Constitucional, en su sentencia N.º 16070-2015, revocó la interpretación del TSE que limitaba la aplicación de la paridad únicamente a su dimensión vertical, estableciendo que una interpretación sistemática del Código Electoral imponía también la obligación de aplicar la paridad horizontal.
Posteriormente, en la sentencia N.º 002951-2023, la Sala Constitucional anuló una resolución del TSE que intentaba modular el alcance de la paridad horizontal, reafirmando su competencia para garantizar la supremacía constitucional incluso en materias específicamente electorales. Estas decisiones consolidaron el principio de que la autonomía del TSE no puede constituir un escudo para la violación de derechos fundamentales.
El aporte más significativo del Tribunal Supremo de Elecciones al desarrollo del derecho de asociación política ha sido la creación y consolidación del recurso de amparo electoral como mecanismo específico de tutela de los derechos de los afiliados partidarios.
Ante la ausencia inicial de un procedimiento específico en la legislación electoral para proteger los derechos de los afiliados, el TSE desarrolló jurisprudencialmente este mecanismo mediante la adaptación analógica del procedimiento de amparo constitucional. El artículo 225 del Código Electoral de 2009 finalmente positivizó este instrumento procesal, definiéndolo como el mecanismo «para la tutela efectiva de los derechos y las libertades de carácter político-electoral» contra acciones u omisiones de partidos políticos.
A través de la resolución de miles de amparos electorales, el TSE ha construido un cuerpo jurisprudencial robusto que ha definido el contenido específico de los derechos de los afiliados partidarios.
En materia de democracia interna y selección de candidatos, el TSE ha desarrollado estándares estrictos que han llevado a la anulación de numerosas asambleas y procesos de selección por violaciones a los estatutos o a los principios democráticos fundamentales. Se han proscrito prácticas como la celebración de asambleas con horarios indefinidos que dificulten la fiscalización, y se ha exigido que todos los procesos de elección interna sean genuinamente competitivos y transparentes.
En el ámbito del debido proceso en procedimientos sancionatorios, el TSE ha establecido una línea jurisprudencial constante que ha resultado en la anulación de expulsiones y sanciones cuando los partidos no han respetado las garantías procesales fundamentales, incluyendo el derecho de defensa, la imparcialidad del órgano sancionador y el derecho a la doble instancia. Estos principios ahora se encuentran positivizados en el artículo 52 del Código Electoral.
La evolución normativa y jurisprudencial del derecho a formar parte de los partidos políticos ha generado una transformación fundamental en la naturaleza de la relación entre los afiliados y las organizaciones partidarias. Esta transformación se ha manifestado en múltiples dimensiones que han reconfigurado significativamente la dinámica de la vida interna de los partidos políticos.
La tradicional relación de sujeción casi privada, característica del período anterior a la consolidación del amparo electoral, ha evolucionado hacia una relación de derecho público en la cual los derechos fundamentales de los ciudadanos mantienen su plena vigencia incluso dentro del ámbito partidario. Esta evolución ha sido posible gracias al reconocimiento jurisprudencial de la naturaleza sui generis de los partidos políticos como entes públicos no estatales.
La aplicación práctica del amparo electoral ha generado una casuística extensa que ilustra la efectividad del sistema de protección de los derechos de los afiliados. Los casos más frecuentes han involucrado violaciones al debido proceso en procedimientos sancionatorios, donde el TSE ha intervenido consistentemente para proteger a miembros de partidos frente a expulsiones o suspensiones arbitrarias.
En la resolución N.º 393-E-2000, aunque se declaró inadmisible un recurso específico por razones de legitimación procesal, el TSE estableció criterios fundamentales sobre las vías procesales disponibles para impugnar normas estatutarias, reconociendo su competencia para conocer, vía amparo electoral, violaciones a derechos fundamentales derivadas de actos concretos de los partidos. Estas decisiones han obligado a los partidos a profesionalizar significativamente sus procedimientos disciplinarios.
El equilibrio entre la libertad de expresión de los afiliados y el deber de lealtad partidaria ha constituido otro campo importante de desarrollo jurisprudencial. El TSE ha tendido consistentemente a proteger la crítica interna como componente esencial del debate democrático, anulando sanciones impuestas a miembros por expresar públicamente su disenso con las decisiones de la dirigencia, siempre que no se incurra en calumnias o injurias que excedan los límites del debate político legítimo.
Una de las áreas donde el marco normativo costarricense presenta deficiencias significativas es la regulación del transfuguismo político. A pesar de que los ciudadanos votan por listas partidarias cerradas y bloqueadas, la jurisprudencia y la práctica parlamentaria han sostenido que la credencial legislativa pertenece al individuo electo, no al partido político que postuló su candidatura.
Esta situación ha permitido que múltiples diputados se declaren «independientes» o se unan a bancadas diferentes sin perder su escaño, generando una desconexión significativa entre la voluntad electoral expresada por los ciudadanos y la conformación efectiva de las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa. La ausencia de una regulación jurídica clara que sancione esta práctica constituye una debilidad sistemática que afecta la coherencia del sistema de representación política.
La evolución jurisprudencial ha funcionado como catalizador directo de importantes reformas legislativas que han fortalecido el marco normativo de protección de los derechos de los afiliados partidarios.
El Código Electoral de 2009 representa el ejemplo más claro de cómo la labor pretoriana de los tribunales se traduce en derecho positivo. Una parte sustancial de su Título III sobre Partidos Políticos constituye esencialmente una codificación y sistematización de principios y reglas que la Sala Constitucional y el TSE habían desarrollado jurisprudencialmente durante las décadas de 1990 y 2000.
La Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política, promulgada en 2022, representa una consecuencia directa de la evolución jurisprudencial en materia de igualdad de género. Esta ley modificó el artículo 52 del Código Electoral para obligar a los partidos a incluir en sus estatutos procedimientos internos y sanciones administrativas específicas por violencia política contra las mujeres.
El impacto más notable a nivel institucional ha sido la transformación del rol del Tribunal Supremo de Elecciones, que ha evolucionado desde ser primordialmente un órgano administrador de elecciones hacia convertirse en un verdadero tribunal de justicia electoral con competencias amplias en materia de derechos fundamentales.
La consolidación del amparo electoral ha posicionado al TSE como el principal garante de la democracia interna de los partidos políticos. Su función contemporánea trasciende significativamente la organización de procesos electorales para abarcar la supervisión integral de todos los procesos que contribuyen a la formación de la voluntad política, desde la afiliación partidaria hasta la selección de candidaturas presidenciales.
Esta expansión del rol jurisdiccional ha fortalecido indudablemente el Estado de Derecho en la esfera política, aunque no sin generar tensiones importantes con la autonomía de los partidos políticos y, como se ha señalado, con las competencias de la propia Sala Constitucional.
El análisis del modelo costarricense de regulación del derecho a formar parte de los partidos políticos adquiere mayor profundidad cuando se contextualiza dentro de las experiencias de otros países latinoamericanos que han desarrollado marcos normativos similares. México, Colombia y Chile ofrecen ejemplos particularmente relevantes de diferentes enfoques regulatorios que permiten identificar tendencias regionales, mejores prácticas y lecciones aprendidas.
México ha desarrollado uno de los marcos regulatorios más detallados de la región en materia de partidos políticos. La Ley General de Partidos Políticos define a estas organizaciones como «entidades de interés público», estableciendo una regulación minuciosa de su vida interna que presenta similitudes importantes con el modelo costarricense.
El artículo 40 de la ley mexicana garantiza a los afiliados un catálogo extenso de derechos que incluye la participación en la elección de dirigentes y candidatos, el derecho a postularse para cargos internos y candidaturas, la exigencia de rendición de cuentas a los dirigentes, y el acceso tanto a la jurisdicción interna como a los tribunales electorales para impugnar decisiones que afecten sus derechos. La fiscalización de estos derechos está a cargo del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La experiencia mexicana demuestra que una regulación legal exhaustiva puede coexistir con un sistema de control jurisdiccional especializado, aunque también evidencia los desafíos que presenta la supervisión detallada de organizaciones que mantienen un grado importante de autonomía organizativa.
Colombia ha optado por un enfoque que combina la establecimiento de principios generales obligatorios con mayor flexibilidad en la implementación específica. La Ley 1475 de 2011 establece principios fundamentales de organización y funcionamiento que incluyen la participación, la igualdad, el pluralismo, la equidad de género y la transparencia, sin descender a regulaciones excesivamente detalladas.
La legislación colombiana garantiza a los afiliados el derecho a «intervenir, directamente o a través de sus representantes, en la adopción de las decisiones fundamentales del partido» y los derechos de «elegir y ser elegido». Además, prohíbe expresamente la doble militancia y establece un régimen sancionatorio para los partidos que incumplan sus obligaciones democráticas, cuyo control corresponde al Consejo Nacional Electoral.
Una característica distintiva del modelo colombiano es su regulación específica del transfuguismo político, estableciendo que quien siendo elegido por un partido decida presentarse por otro debe renunciar a su curul al menos doce meses antes de las siguientes elecciones.
Chile presenta un modelo que enfatiza la autonomía organizativa de los partidos dentro de parámetros democráticos establecidos por la ley. La Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos define a estas organizaciones como «asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente, dotadas de personalidad jurídica de derecho público».
La legislación chilena regula detalladamente los requisitos para la afiliación, estableciendo que ningún ciudadano puede estar afiliado a más de un partido y garantizando el derecho a renunciar en cualquier momento. Los estatutos deben establecer una organización interna democrática que incluya órganos como un Tribunal Supremo interno para resolver disputas disciplinarias. El control de legalidad corresponde al Servicio Electoral.
La comparación de estos marcos regulatorios revela diferencias significativas en aspectos clave que permiten evaluar las fortalezas y debilidades relativas de cada modelo.
En cuanto a la naturaleza jurídica, Costa Rica y Chile han optado por caracterizar a los partidos como entidades de derecho público, mientras que México los define como entidades de interés público y Colombia no especifica explícitamente su naturaleza pública o privada. Esta diferencia conceptual tiene implicaciones importantes para el grado de control estatal sobre su funcionamiento interno.
Respecto a los requisitos de afiliación, todos los países analizados coinciden en exigir la ciudadanía nacional y establecer la prohibición de doble militancia, aunque con diferentes grados de explicitación normativa. Costa Rica mantiene una prohibición implícita de doble afiliación, mientras que los otros países la establecen expresamente.
En materia de democracia interna, Costa Rica se distingue por el grado de fiscalización directa que ejerce el TSE sobre los procesos internos, mientras que otros países optan por controles menos invasivos que respetan mayor autonomía organizativa.
El tema del transfuguismo presenta diferencias fundamentales: mientras Costa Rica carece de regulación específica, Colombia ha establecido un marco normativo que sanciona esta práctica con la pérdida del escaño. México y Chile no regulan explícitamente el transfuguismo a nivel de pérdida del escaño, permitiendo que los representantes pasen a ser «independientes».
Del análisis comparado emergen varias prácticas que podrían contribuir al fortalecimiento del sistema costarricense. En materia de mecanismos de democracia interna, sistemas como las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias implementadas en Argentina representan esfuerzos por abrir la selección de candidatos a un electorado más amplio que la militancia tradicional, aunque su implementación requiere adaptaciones cuidadosas al contexto específico de cada país.
Las plataformas digitales desarrolladas en países como México para facilitar la consulta del estatus de afiliación y los procesos de desafiliación constituyen ejemplos de buenas prácticas en materia de transparencia y acceso a la información que podrían implementarse en Costa Rica con relativa facilidad.
La regulación colombiana del transfuguismo ofrece un modelo específico que podría adaptarse al contexto costarricense, aunque requeriría reformas constitucionales significativas para modificar la actual interpretación sobre la titularidad personal de las curules legislativas.
El sistema de partidos políticos costarricense enfrenta actualmente desafíos fundamentales que amenazan la efectividad del derecho a formar parte de estas organizaciones. El más apremiante de estos desafíos es la creciente desconexión entre la ciudadanía y los partidos políticos, manifestada en múltiples indicadores que revelan una crisis profunda de representatividad.
Los estudios del Programa Estado de la Nación han documentado consistentemente una caída progresiva en la confianza ciudadana hacia los partidos políticos, acompañada de un debilitamiento significativo de la identificación partidaria tradicional. Esta tendencia se refleja en niveles de abstencionismo electoral que se han cronificado por encima del treinta por ciento en las elecciones nacionales, una cifra alarmantemente alta en comparación con los promedios históricos del país.
La crisis de representatividad implica que, aunque el derecho a afiliarse a un partido político está formalmente garantizado y protegido por un marco jurídico robusto, para un segmento creciente de la población este derecho carece de atractivo práctico o relevancia política. Los partidos son percibidos cada vez más como estructuras cerradas, distantes de las preocupaciones ciudadanas cotidianas y poco eficaces para canalizar las demandas sociales hacia el sistema político.
Estrechamente vinculado con la crisis general de representatividad se encuentra el problema específico de la participación política de la juventud. Aunque el artículo 52 del Código Electoral obliga a los partidos a establecer «mecanismos para la participación efectiva de la juventud», la realidad demuestra que los jóvenes ocupan frecuentemente roles marginales o meramente instrumentales dentro de las estructuras partidarias tradicionales.
La participación juvenil en los partidos políticos tiende a limitarse a actividades de campaña electoral, sin traducirse en una influencia real sobre la toma de decisiones estratégicas o en el acceso efectivo a posiciones de liderazgo dentro de las organizaciones. La cultura política prevaleciente, que conserva características adultocéntricas significativas, y la falta de mecanismos innovadores de participación que se adapten a las formas de comunicación y organización preferidas por las nuevas generaciones, contribuyen tanto a la apatía política juvenil como al desarrollo de formas de activismo que operan al margen de los canales partidarios tradicionales.
Una tendencia particularmente preocupante en el panorama político contemporáneo es el crecimiento de liderazgos personalistas que utilizan a los partidos políticos como meros «vehículos electorales» carentes de sustancia programática o organizativa genuina. En lugar de construir organizaciones programáticas con arraigo social a largo plazo, emergen figuras políticas que crean o capturan estructuras partidarias existentes con el único propósito de competir en procesos electorales específicos.
Estos «partidos de un solo uso» tienden a carecer de democracia interna auténtica, presentan estructuras organizativas extremadamente precarias y frecuentemente desaparecen del panorama político tras los comicios, contribuyendo significativamente a la volatilidad del sistema y a la erosión de la institucionalidad partidaria. Esta tendencia devalúa profundamente el concepto mismo de afiliación política, transformándola de un acto de adhesión a un proyecto político colectivo en un mero requisito formal para completar nóminas electorales.
La fragmentación política que caracteriza al sistema partidario costarricense contemporáneo presenta desafíos complejos para el ejercicio efectivo del derecho a formar parte de los partidos políticos. Aunque esta fragmentación puede interpretarse como una expresión positiva de mayor pluralismo político, también ha generado consecuencias problemáticas para la coherencia del sistema de representación.
La multiplicación de partidos políticos ha intensificado la competencia interna por candidaturas y recursos, llevando a un aumento significativo de los conflictos intrapartidarios que se resuelven cada vez más frecuentemente a través de recursos jurisdiccionales ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Esta judicialización de la vida interna partidaria, aunque ha fortalecido la protección de los derechos de los afiliados, también ha contribuido a la burocratización de los procesos internos y ha incrementado los costos de participación política.
La revolución digital está reconfigurando fundamentalmente las modalidades de ejercicio del derecho a formar parte de los partidos políticos, presentando tanto oportunidades extraordinarias para revitalizar la democracia partidaria como desafíos formidables para la regulación y la integridad de los procesos políticos.
El marco normativo costarricense, diseñado durante la era analógica, mantiene un enfoque predominantemente físico para los procedimientos de afiliación y participación partidaria. El artículo 60 del Código Electoral regula la constitución de partidos mediante la recolección de adhesiones en hojas de papel selladas por el TSE, mientras que la afiliación ordinaria frecuentemente requiere la cumplimentación de formularios físicos.
Este modelo contrasta significativamente con las posibilidades que ofrece la tecnología contemporánea. La Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos proporciona un marco jurídico establecido para la validación de identidad y voluntad por medios digitales, aunque su aplicación específica para la afiliación partidaria no está explícitamente desarrollada en la legislación electoral vigente.
El TSE emitió la Circular DGRE-003-2020, estableciendo lineamientos específicos para la celebración de asambleas partidarias mediante modalidades virtuales.
Esta circular sentó precedentes importantes al exigir el respeto de principios fundamentales como la simultaneidad, garantizando el acceso equitativo de todos los miembros a las plataformas tecnológicas utilizadas, y la deliberación efectiva, asegurando la posibilidad de comunicación integral y en tiempo real entre los participantes. La experiencia práctica demostró que las asambleas virtuales pueden incrementar significativamente la participación al eliminar barreras geográficas y temporales, especialmente beneficiando a miembros residentes en zonas rurales o con limitaciones de movilidad.
Más allá de la digitalización de procesos existentes, tecnologías emergentes como blockchain e inteligencia artificial prometen transformar estructuralmente los mecanismos de democracia interna de los partidos políticos.
La tecnología blockchain ofrece potencial revolucionario para los procesos de votación interna, incluyendo convenciones para seleccionar candidatos y elecciones de autoridades partidarias. Su naturaleza descentralizada, inmutable y transparente podría resolver muchos de los conflictos que tradicionalmente afectan estos procesos, proporcionando un sistema donde cada voto sea único, anónimo y verificable por todos los participantes sin requerir intermediarios centralizados.
La inteligencia artificial está siendo incorporada gradualmente en la gestión partidaria y las campañas políticas para una variedad de propósitos. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar volúmenes masivos de datos para realizar microsegmentación del electorado, permitiendo a los partidos dirigir mensajes altamente personalizados a grupos específicos de afiliados o votantes potenciales.
La adopción de estas tecnologías no está exenta de riesgos significativos que requieren atención regulatoria urgente. La brecha digital representa una amenaza real de crear nuevas formas de exclusión política, donde ciudadanos sin acceso a internet de calidad, dispositivos adecuados o habilidades digitales necesarias podrían quedar marginados de la vida interna de los partidos políticos.
El uso de inteligencia artificial generativa para crear contenido falso pero extremadamente realista, la propagación de desinformación a través de bots automatizados, y la creación de «cámaras de eco» algorítmicas representan amenazas directas a la deliberación democrática auténtica. Estos fenómenos pueden polarizar artificialmente el debate interno, manipular las percepciones de los afiliados y socavar fundamentalmente la integridad de los procesos de selección interna.
La recolección masiva de datos personales por parte de los partidos políticos mediante herramientas de big data e inteligencia artificial plantea preocupaciones serias sobre privacidad y seguridad de la información personal. Es imperativo establecer regulaciones estrictas, alineadas con la Ley de Protección de Datos Personales, sobre cómo los partidos pueden recolectar, utilizar, almacenar y proteger los datos de los ciudadanos.
El futuro del derecho de asociación política estará inextricablemente vinculado con la evolución tecnológica. Es previsible que la afiliación digital y la participación remota se conviertan en modalidades normales, que las decisiones internas se tomen a través de plataformas especializadas de democracia deliberativa en línea, y que las votaciones se realicen mediante aplicaciones móviles seguras.
Esta transformación presenta una oportunidad única para la innovación jurídica en Costa Rica. El país necesita una reforma integral del Código Electoral que incorpore un capítulo específico sobre «Democracia Digital y Partidos Políticos» que, como mínimo, debería regular y habilitar explícitamente la afiliación mediante firma digital certificada, establecer un marco legal permanente para asambleas virtuales o híbridas, crear marcos para proyectos piloto de voto electrónico bajo supervisión del TSE, e imponer obligaciones de transparencia algorítmica y ciberseguridad a los partidos políticos.
Ante los desafíos identificados, se proponen líneas específicas de acción que podrían fortalecer significativamente el ejercicio del derecho a formar parte de los partidos políticos en Costa Rica.
La ausencia de regulación del transfuguismo político constituye una de las deficiencias más evidentes del marco normativo actual. Es imperativo abrir un debate nacional sobre una reforma constitucional o legal que aborde este fenómeno de manera integral. Las opciones incluyen establecer que la curul legislativa pertenece al partido político que postuló al candidato, lo que implicaría que el tránsfuga perdería automáticamente su escaño, o implementar sanciones políticas significativas como la imposibilidad de presidir comisiones legislativas, integrar el Directorio de la Asamblea Legislativa o acceder a determinados recursos administrativos.
Esta reforma requeriría una discusión profunda sobre la naturaleza del mandato representativo en Costa Rica y podría necesitar modificaciones constitucionales significativas para alterar la interpretación actual sobre la titularidad personal de las curules.
La implementación de mecanismos de selección de candidaturas más participativos, como las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias reguladas y fiscalizadas por el TSE, podría aumentar significativamente la legitimidad de los candidatos y reconectar a los partidos con segmentos más amplios del electorado. Sin embargo, la adopción de este sistema requeriría adaptaciones cuidadosas al contexto político y cultural costarricense.
Más allá de las exigencias estatutarias actuales, podría legislarse para que una proporción específica del financiamiento público estatal se destine obligatoriamente a programas de formación política y fomento del liderazgo juvenil, con metas cuantificables y resultados verificables que vayan más allá de la mera inclusión formal.
La adaptación del marco normativo a la era digital requiere reformas específicas que aborden las oportunidades y riesgos de las nuevas tecnologías. La habilitación explícita de la afiliación digital mediante firma electrónica certificada, la regulación permanente de asambleas virtuales o híbridas, y la creación de marcos para experimentos controlados con voto electrónico bajo supervisión del TSE constituyen elementos esenciales de esta modernización.
Igualmente importante es el establecimiento de obligaciones estrictas para los partidos en materia de transparencia algorítmica cuando utilicen inteligencia artificial para microsegmentación de mensajes, así como la imposición de deberes rigurosos de ciberseguridad y protección de datos personales de los afiliados.
A nivel institucional, el TSE debe continuar y profundizar su rol de fiscalización proactiva del cumplimiento de las normas de democracia interna, no limitándose a reaccionar ante denuncias sino verificando de oficio el cumplimiento de obligaciones como la realización de asambleas, la renovación de estructuras y el respeto de las cuotas de género y juventud.
Los programas de educación cívica del Instituto de Formación y Estudios en Democracia deben fortalecerse para educar a la ciudadanía sobre la importancia de la participación política a través de los partidos y los derechos que les corresponden como afiliados.
Los propios partidos políticos deben asumir responsabilidades específicas en la modernización de sus estructuras y prácticas. La revisión proactiva de estatutos para crear estructuras más flexibles, horizontales y permeables a la participación ciudadana, especialmente de jóvenes y grupos tradicionalmente subrepresentados, constituye una tarea urgente.
La implementación de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, tanto financieros como programáticos, donde los representantes electos informen periódicamente a las bases partidarias sobre su gestión y el cumplimiento de promesas de campaña, podría contribuir significativamente a restaurar la confianza ciudadana en estas organizaciones.
La investigación desarrollada ha permitido establecer que el derecho a formar parte de los partidos políticos en Costa Rica constituye un derecho fundamental de configuración compleja que trasciende ampliamente la simple manifestación de la libertad de asociación. Su carácter de vehículo exclusivo para el ejercicio pleno de los derechos políticos pasivos lo convierte en un elemento estructural del sistema democrático costarricense, cuya efectividad determina en gran medida la calidad y legitimidad de la representación política.
La tensión dialéctica entre la autonomía partidaria para autorregularse y la exigencia constitucional de democracia interna ha sido el motor principal de la evolución normativa y jurisprudencial en esta materia. La consistente resolución de esta tensión a favor de la supremacía de los derechos fundamentales de los afiliados ha consolidado un sistema de protección robusto, aunque no exento de desafíos importantes.
La jurisprudencia ha funcionado como la fuente material primaria del contenido específico de este derecho, anticipándose frecuentemente a las reformas legislativas y creando instituciones como el amparo electoral que posteriormente han sido positivizadas. Este desarrollo pretoriano ha sido fundamental para mantener la vigencia práctica de los derechos en un contexto de transformación acelerada del sistema partidario.
A pesar de la solidez del andamiaje jurídico desarrollado, el derecho a formar parte de los partidos políticos enfrenta amenazas sistemáticas que requieren atención urgente. La crisis de representatividad, manifestada en altos niveles de abstencionismo y desafección ciudadana, devalúa la afiliación partidaria y debilita la función mediadora de los partidos en el sistema democrático.
La fragmentación política, aunque expresión legítima de pluralismo, ha intensificado los conflictos internos y la judicialización de la vida partidaria, creando nuevas barreras para la participación efectiva. El problema del transfuguismo político revela una desconexión fundamental entre la voluntad electoral expresada por los ciudadanos y la configuración efectiva de las fuerzas políticas en el sistema de representación.
La transformación digital presenta la paradoja más compleja para el futuro de este derecho. Las nuevas tecnologías ofrecen herramientas sin precedentes para democratizar y ampliar la participación política, pero también introducen riesgos formidables de manipulación, exclusión y erosión de la privacidad. La adaptación exitosa del marco normativo a esta realidad digital constituye el desafío más urgente y definitorio para la próxima década.
El futuro del derecho a formar parte de los partidos políticos en Costa Rica estará determinado por tres tendencias previsibles que ya se manifiestan en el presente. La continuidad de la judicialización de la vida partidaria parece inevitable mientras persistan la fragmentación política y los conflictos internos, consolidando el rol del TSE como árbitro principal de la democracia interna.
La presión por la modernización digital será constante e irreversible. La regulación de la afiliación digital, el voto electrónico interno y el uso de inteligencia artificial en las campañas se convertirá en el principal campo de desarrollo normativo y jurisprudencial en materia electoral durante los próximos años.
El debate sobre el vínculo representativo y la regulación del transfuguismo eventualmente exigirá una decisión nacional sobre si mantener el modelo actual de titularidad personal de las curules o avanzar hacia un sistema que fortalezca el vínculo programático con los partidos políticos.
El derecho a formar parte de un partido político representa mucho más que una garantía individual; constituye una función cívica esencial para la vitalidad de la democracia representativa. En una época caracterizada por el escepticismo hacia las instituciones tradicionales y el crecimiento de los personalismos políticos, la defensa y fortalecimiento de los partidos políticos como espacios genuinamente plurales, democráticos y representativos constituye una tarea ineludible para la preservación del sistema democrático.
A pesar de sus deficiencias evidentes, los partidos políticos siguen siendo los instrumentos insustituibles para la agregación de intereses sociales diversos, la formulación de proyectos nacionales coherentes y la canalización pacífica y constructiva del conflicto político. El marco jurídico y jurisprudencial que Costa Rica ha desarrollado para proteger los derechos de los afiliados constituye un activo valioso que debe preservarse y fortalecerse.
Sin embargo, las normas jurídicas y las decisiones judiciales resultan insuficientes si no se acompañan de una voluntad política genuina de transformación por parte de los propios partidos y de una ciudadanía activa que exija y ejerza efectivamente su derecho a participar. La modernización organizativa de los partidos, su apertura real a la sociedad civil, la adopción inteligente y responsable de las nuevas tecnologías y, fundamentalmente, la reconstrucción de la confianza con los ciudadanos, constituyen las condiciones sine qua non para que el derecho a formar parte de los partidos políticos sea no solo una garantía formal robusta, sino el motor efectivo de una democracia costarricense más vibrante, inclusiva y resiliente frente a los desafíos del siglo XXI.
La tarea por delante requiere una colaboración estrecha entre legisladores, operadores jurídicos, dirigentes partidarios, académicos y ciudadanos comprometidos con el fortalecimiento democrático. Solo mediante este esfuerzo colectivo será posible asegurar que el derecho a formar parte de los partidos políticos mantenga su relevancia y efectividad como pilar fundamental del sistema democrático costarricense en las décadas venideras.
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