La Ley N.° 10987 adiciona un inciso k) al numeral 79 de la Ley 7410, Ley General de Policía, del 26 de mayo de 1994. Ese numeral enumera los derechos de los miembros de las fuerzas de policía, y el nuevo inciso agrega uno más: que el Estado suscriba una póliza que cubra su responsabilidad patrimonial y los gastos de su representación legal.
Según el texto, la póliza cubre la responsabilidad patrimonial en vía contencioso-administrativa, civil o penal y los gastos de representación legal en esas instancias, cuando el funcionario resulte imputado o demandado por el ejercicio directo de sus funciones policiales. La responsabilidad patrimonial tiene un límite de hasta cincuenta salarios base y los gastos de representación legal, de hasta veinticinco, conforme al numeral 2 de la Ley 7337. El inciso también fija exclusiones y dispone que, una vez cubiertos los gastos de representación legal, la Procuraduría General de la República queda eximida de acompañar y defender al funcionario.
Adición de un Inciso k) al Artículo 79 de la Ley 7410, Ley General de Policía, del 26 de mayo de 1994, para Regular la Suscripción de una Póliza de Responsabilidad Patrimonial y Representación Legal de los Funcionarios Policiales Demandados o Denunciados por Actos en el Ejercicio del Cargo (Ley N.° 10987)
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La ley consta de un artículo único y rige a partir de su publicación. Se publicó en el Alcance N.° 153 a La Gaceta N.° 218 del 17 de noviembre de 2026, con fecha de sanción del 9 de noviembre de 2026.
N° 10987
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
ADICIÓN DE UN INCISO K) AL ARTÍCULO 79 DE LA LEY 7410, LEY GENERAL DE POLICÍA, DEL 26 DE MAYO DE 1994, PARA REGULAR LA SUSCRIPCIÓN DE UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES DEMANDADOS O DENUNCIADOS POR ACTOS EN EL EJERCICIO DEL CARGO
Adiciónese un inciso k) al artículo 79 de la Ley 7410, Ley General de Policía, del 26 de mayo de 1994. El texto es el siguiente:
Artículo 79- Derechos
Los miembros de las fuerzas de policía protegidos por esta ley gozarán de los siguientes derechos:
(…)
k) Suscripción por parte del Estado de una póliza que cubra tanto la responsabilidad patrimonial en vía contencioso-administrativa, civil o penal, como los gastos de representación legal en esas instancias, cuando resulten imputados o demandados como consecuencia del ejercicio directo de sus funciones policiales propiamente dichas, además de sus funciones conexas y preparatorias.
Solo estarán comprendidas en el concepto anterior las acciones u omisiones propias de la actuación policial que impliquen una intervención directa frente al administrado o sus bienes.
La póliza tendrá un límite de hasta cincuenta salarios base, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 7337, del 5 de mayo de 1973, para la responsabilidad patrimonial. Asimismo, contemplará una cobertura de hasta veinticinco salarios base para los gastos de representación legal, de conformidad con la misma disposición normativa. La aseguradora establecerá un límite único combinado y un límite agregado anual, así como el deducible correspondiente, conforme a los criterios actuariales que se elaboren.
Se excluirán de la protección de la póliza aquellos casos en los que el funcionario policial haya actuado bajo los efectos del alcohol o una droga ilícita, o se haya apartado de instrucciones, protocolos o procedimientos institucionales, y su conducta sea evidentemente contraria al ordenamiento jurídico, o bien, cometa actos relacionados con delitos o infracciones sexuales, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzada. Dicho análisis deberá efectuarse previamente a determinar si el reclamo se encuentra amparado por la póliza y en el plazo establecido en la Ley 8956, Ley Reguladora del Contrato de Seguros, del 17 de junio de 2011.
Una vez que la cobertura de la supracitada póliza asuma los gastos de representación legal, se exime a la Procuraduría General de la República de sus responsabilidades en cuanto al acompañamiento, seguimiento, asesoría y defensa del funcionario, según lo dispuesto en el inciso
g) del artículo 3 de la Ley 6815, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, del 27 de setiembre de 1982.
Rige a partir de su publicación.
Según el artículo único, la póliza cubre la responsabilidad patrimonial en vía contencioso-administrativa, civil o penal, así como los gastos de representación legal en esas instancias. Aplica cuando el policía resulte imputado o demandado como consecuencia del ejercicio directo de sus funciones policiales propiamente dichas, además de sus funciones conexas y preparatorias.
El artículo único fija un límite de hasta cincuenta salarios base para la responsabilidad patrimonial y una cobertura de hasta veinticinco salarios base para los gastos de representación legal. Ambos se calculan conforme al numeral 2 de la Ley 7337, del 5 de mayo de 1973. Además, la aseguradora establece un límite único combinado, un límite agregado anual y el deducible, según los criterios actuariales que se elaboren.
El artículo único excluye los casos en que el funcionario actuó bajo los efectos del alcohol o de una droga ilícita, o se apartó de instrucciones, protocolos o procedimientos institucionales y su conducta es evidentemente contraria al ordenamiento jurídico. También quedan excluidos los actos relacionados con delitos o infracciones sexuales, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzada.
Según el artículo único, solo se comprenden las acciones u omisiones propias de la actuación policial que impliquen una intervención directa frente al administrado o sus bienes. El texto cubre las funciones policiales propiamente dichas, además de las conexas y preparatorias, pero no extiende la protección a otras conductas que no tengan esa intervención directa.
No. El artículo único establece que, una vez que la cobertura de la póliza asuma los gastos de representación legal, se exime a la Procuraduría General de la República de sus responsabilidades de acompañamiento, seguimiento, asesoría y defensa del funcionario. Lo anterior se hace según el inciso g) del numeral 3 de la Ley 6815, del 27 de setiembre de 1982.
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