La Ley N.° 10620 es la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2025. Aprueba los ingresos ordinarios y extraordinarios del Gobierno de la República y los egresos del Gobierno, de la Asamblea Legislativa, de la Contraloría General de la República, de la Defensoría de los Habitantes de la República y del Poder Judicial.
Además de aprobar las cifras, la ley autoriza al Poder Ejecutivo a emitir títulos valores de deuda interna dentro de los límites que fija su primer artículo, establece en el artículo 7 las normas de ejecución presupuestaria que rigen durante el ejercicio y, en el artículo 8, autoriza a las municipalidades de Guatuso, Puriscal, Quepos, Talamanca, Buenos Aires, Poás y Alajuelita a variar el destino de partidas aprobadas en leyes anteriores.
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2025 (Ley N.° 10620)
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Los cuadros de ingresos y egresos de los artículos 1 a 6 no se transcriben en la página: constan en el facsímil oficial de La Gaceta, que va al final del PDF de la ley. El texto de los artículos lo transcribió y cotejó la Biblioteca contra la página oficial. La ley se publicó en el Alcance N.° 197 a La Gaceta N.° 230 del 6 de diciembre de 2024.
N° 10620
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025
Nota de la Biblioteca Jurídica: La Gaceta no ofrece de esta ley un texto digital fiable. Este texto lo transcribió la Biblioteca Jurídica y lo cotejó, palabra por palabra, con la página oficial; el facsímil oficial se reproduce íntegro al final del PDF de esta ley (Alcance N.° 197 a La Gaceta N.° 230 del 6 de diciembre de 2024, páginas 2 a 1832 del PDF del Alcance; 1831 páginas). Los cuadros de la ley no se transcriben, para no alterar ni una cifra: están en ese facsímil (páginas 3 a 13, 15 a 1792 y 1810 a 1831 del PDF del Alcance).
Apruébense los siguientes Ingresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico de 2025
(Los cuadros de este artículo se reproducen en el facsímil oficial al final del PDF de esta ley: páginas 3 a 13 de la edición de La Gaceta.)
Autorizase al Poder Ejecutivo para emitir hasta CUATRO BILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN COLONES CON 00/100 CÉNTIMOS en Títulos Valores de Deuda Interna 2025.
Parte de estas emisiones podrán realizarse en moneda extranjera.
El Poder Ejecutivo queda autorizado para establecer vía reglamento, el plazo hasta por un máximo de cincuenta años, el tipo de interés, que podrá fijarse en una tasa máxima de 18.0% anual en colones y un 15% anual en dólares o su equivalente en monedas extranjeras y demás características de las emisiones de Títulos Valores de Deuda Interna 2025.
Pago de intereses de títulos de la deuda pública. En el marco de la renegociación de la deuda entre el Gobierno Central y las instituciones del Sector Público No Financiero, se autoriza al Ministerio de Hacienda a reconocer a éstas por el pago de intereses de los títulos de la deuda pública, una tasa de interés máxima igual a la suma del porcentaje de inflación más uno punto veinticinco por ciento (1,25%).
En caso de colocación con no residentes, la Tesorería Nacional deberá publicar la información financiera de esas colocaciones.
Apruébense los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico de 2025.
(Los cuadros de este artículo se reproducen en el facsímil oficial al final del PDF de esta ley: páginas 15 a 1656 de la edición de La Gaceta.)
Apruébense los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Asamblea Legislativa, para el Ejercicio Económico del 2025.
(Los cuadros de este artículo se reproducen en el facsímil oficial al final del PDF de esta ley: páginas 1657 a 1675 de la edición de La Gaceta.)
Apruébense los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Contraloría General de la República, para el Ejercicio Económico del 2025.
(Los cuadros de este artículo se reproducen en el facsímil oficial al final del PDF de esta ley: páginas 1676 a 1698 de la edición de La Gaceta.)
Apruébense los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Defensoría de los Habitantes de la República, para el Ejercicio Económico del 2025.
(Los cuadros de este artículo se reproducen en el facsímil oficial al final del PDF de esta ley: páginas 1699 a 1716 de la edición de La Gaceta.)
Apruébense los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Poder Judicial, para el Ejercicio Económico del 2025.
(Los cuadros de este artículo se reproducen en el facsímil oficial al final del PDF de esta ley: páginas 1717 a 1792 de la edición de La Gaceta.)
Normas de ejecución presupuestarias
Para ejecutar, controlar y evaluar lo dispuesto en los artículos anteriores, se establecen las siguientes disposiciones:
1. Durante el ejercicio económico 2025, los órganos que conforman el presupuesto nacional no podrán destinar los montos que se produzcan en las subpartidas de las partidas 0, 1, 2 y 6 para incrementar otras partidas presupuestarias, con excepción de las subpartidas 6.01.03 Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales (contribuciones estatales); 7.01.03 Transferencias de capital a instituciones descentralizadas no empresariales (contribuciones estatales, para el caso de los programas de inversión); 6.03.01 Prestaciones legales; 6.03.99 Otras prestaciones para el pago de subsidios por incapacidad; 6.06.01 Indemnizaciones y 6.06.02 Reintegros o devoluciones.
El acatamiento de lo aquí indicado es responsabilidad de la administración activa, por lo que deberá tomar las medidas pertinentes para su cumplimiento y el Ministerio de Hacienda deberá incluir, en el Informe de Liquidación del Presupuesto, un acápite relativo a esta norma presupuestaria.
Esta norma de ejecución presupuestaria no será de aplicación para los programas presupuestarios: 928-Servicio de Investigación Judicial; 929-Servicio Ejercicio de la Acción Penal Pública;
930-Defensa Pública; 950-Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, todos del título presupuestario 301-Poder Judicial, así como tampoco en el título presupuestario 205-Ministerio de Seguridad Pública.
Tampoco será de aplicación para el Ministerio de Educación Pública (MEP), en lo concerniente al traslado de recursos entre los programas presupuestarios: 550 Definición y Planificación de la Política Educativa; 551 Servicios de Apoyo a la Gestión; 553 Desarrollo Curricular y Vínculo al Trabajo; 554 Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo; 555 Aplicación de la Tecnología a la Educación; 556 Gestión y Evaluación de la Calidad; 557 Desarrollo y Coordinación Regional y 558 Programas de Equidad, con el propósito de cubrir parcial o totalmente la partida 0 Remuneraciones.
2. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante resolución administrativa, autorizada por el máximo jerarca institucional del órgano del Gobierno de la República que se trate y aprobada por el Ministerio de Hacienda, varíe los requerimientos humanos de cada título presupuestario contenido en la ley, con el fin de efectuar las modificaciones provenientes de las reasignaciones, las reclasificaciones, las asignaciones, las revaloraciones parciales, las variaciones en la matrícula de los centros educativos que atienden los diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo y los estudios integrales de puestos dictados por los órganos competentes, en el entendido de que estas no alterarán el total de los puestos consignados en cada programa presupuestario incluidos en esta ley de presupuesto.
De estas autorizaciones, la institución respectiva deberá tener, en su sitio web, un listado actualizado de las plazas y sus ajustes, y remitir cada mes, al Ministerio de Hacienda, ese listado, a fin de que este prepare un solo repositorio de datos que deberá disponer en el sitio web de ese Ministerio. El máximo jerarca institucional del órgano del Gobierno de la República de que se trate deberá comunicar, a los funcionarios incluidos en dicha resolución, sobre las modificaciones sufridas con respecto al puesto que ocupa. Los órganos del Gobierno de la República deberán observar los requerimientos que para atender estas modificaciones ha emitido con anterioridad el Ministerio de Hacienda.
Las modificaciones que se requieran aplicar, en la relación de puestos contenida en la ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República, producto de los cambios entre escalas salariales y por la aplicación de la Ley 10159, Ley Marco de Empleo Público, de 8 de marzo de 2022, también se realizarán mediante resolución administrativa, autorizada por el máximo jerarca institucional del órgano del Gobierno de la República que se trate, en el entendido de que estas no alterarán el total de los puestos consignados en cada programa presupuestario incluidos en dicha ley de presupuesto. Con base en estas autorizaciones, la institución mantendrá, en su sitio web, un listado de los puestos que sufrieron cambios, que remitirá cada mes al Ministerio de Hacienda, para el registro de las modificaciones salariales y la actualización en la ley de presupuesto, así como para su posterior publicación en el repositorio dispuesto para tales efectos.
3. Los sueldos del personal, pagados por medio de la subpartida de Servicios Especiales de los ministerios, no podrán ser superiores a los devengados por el personal incorporado al Régimen del Servicio Civil, por el desempeño de funciones similares. Además, el personal pagado por servicios especiales deberá cumplir los requisitos exigidos por el citado régimen. Los nombramientos deberán ajustarse a lo indicado en la relación de puestos de cada ministerio o en la clasificación de la Dirección General de Servicio Civil.
4. Los sueldos del personal, pagados por medio de la subpartida de Servicios Especiales de la Defensoría de los Habitantes de la República, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República no podrán ser superiores a los contenidos en el índice salarial vigente de cargos fijos de cada una de estas instituciones, para puestos con funciones similares.
5. Los gastos con cargo a la subpartida Prestaciones Legales deberán pagarse en estricto orden de presentación en las unidades financieras institucionales y por el monto total. Tendrán prioridad los pagos que correspondan a causahabientes de servidores fallecidos; también, serán prioritarias las solicitudes de pago de personas que no puedan seguir laborando por incapacidad permanente y tengan derecho a prestaciones.
6. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, modifique el número de cédula de persona jurídica de los beneficiarios de transferencias, a solicitud del responsable de la unidad financiera del respectivo Ministerio, o bien, por iniciativa de la Dirección General de Presupuesto Nacional, cuando se determine que el número consignado en la ley de presupuesto ordinario no corresponde.
7. Durante la ejecución del presupuesto 2025, el Ministerio de Hacienda realizará revisiones trimestrales de las estimaciones de recaudación anual de los ingresos corrientes, al cierre de los meses de marzo, junio y setiembre. A partir de cada revisión, el monto que exceda la cantidad consignada en el código de ingreso 1 0 0 0 00 00 0 0 000 Ingresos Corrientes del inciso A) del artículo 1 de esta ley, se deberá certificar, por la Contraloría General de la República, e incorporar al presupuesto mediante aprobación legislativa.
El proyecto de ley de presupuesto deberá ser presentado ante la Asamblea Legislativa antes de los quince días hábiles, luego de certificada la revisión de la estimación. Los fondos que por esta vía se adicionen al presupuesto solo se aplicarán para cambio en la fuente de financiamiento del gasto autorizado, rebajando en el mismo monto la autorización de emisión de títulos valores consignada en el código de ingreso 3 1 3 1 01 00 0 0 280 Emisión Títulos Valores Deuda Interna, del inciso B) del artículo 1 de la misma ley.
8. Durante el año 2025, los ministerios y sus entes adscritos, todas las instituciones y los órganos que conforman el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, y las entidades que reciben transferencia de Gobierno quedan autorizados a tener subejecución, hasta de un diez por ciento (10%) de su presupuesto autorizado en cada programa o cada subprograma, en aras de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos asignados. Esta subejecución no podrá ser considerada para reducir posteriormente el presupuesto de las subpartidas o partidas subejecutadas.
9. Los montos de aquellas subpartidas del presupuesto de la República, que la Dirección General de Presupuesto Nacional determine en sus lineamientos como susceptibles de reducción o eliminación, deberán ser reducidos de manera efectiva en todos los programas y subprogramas de cada título presupuestario, salvo que dicha Dirección determine su uso y relevancia. Este análisis deberá ser incluido en el informe a que hace referencia la norma presupuestaria siguiente.
10. Durante el año 2025 no se crearán nuevas plazas en los ministerios ni en sus órganos desconcentrados, excepto por autorización de la Autoridad Presupuestaria, que incluya una evaluación de su impacto sobre el cumplimiento de la regla fiscal en el gasto efectivo. Las plazas vacantes de los ministerios y sus órganos desconcentrados, creadas antes del 1 de enero de 2025, no podrán utilizarse durante el ejercicio económico 2025, salvo que su uso sea autorizado por la Autoridad Presupuestaria, que incluya una evaluación de su impacto sobre el cumplimiento de la regla fiscal en el gasto efectivo.
Los recursos presupuestados para las plazas vacantes, creadas antes del 1 de enero de 2025 y que no hayan sido utilizadas antes del 30 de junio de 2025, deberán destinarse exclusivamente a la atención de necesidades de los cuerpos policiales, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana, el combate de la delincuencia y el crimen organizado.
Estos recursos serán distribuidos, en partes iguales, entre el Programa Presupuestario 928-Servicio de Investigación Judicial del título 301 Poder Judicial y el título 205-Ministerio de Seguridad Pública, mediante presupuesto extraordinario presentado a la Asamblea Legislativa, antes del 30 de agosto de 2025.
Se exceptúan de lo dispuesto en la presente norma presupuestaria las plazas correspondientes en el título I, De la Carrera Administrativa, relacionadas exclusivamente con la prestación de servicios en los centros educativos, museos, teatros, casas de cultura; en el título II, De la Carrera Docente y el título IV, Del Régimen Artístico, ambos de la Ley 1581, Estatuto de Servicio Civil, de 30 de mayo de 1953; las correspondientes a los cuerpos policiales, dispuestos en el artículo 6 de la Ley 7410, Ley General de Policía, de 26 de mayo de 1994, incluidas las plazas para el Programa de Seguridad Turística, así como los creados al amparo de la Ley 8000, Creación del Servicio Nacional de Guardacostas, de 5 de mayo de 2000, las plazas excluidas del Régimen del Servicio Civil y las plazas relacionadas exclusivamente con la prestación de servicios en los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Cen Cinai).
11. Los ministerios y sus órganos desconcentrados deberán remitir a la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) y a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), en los primeros cinco días de vencido cada trimestre de 2025, un informe de las plazas vacantes que consigne el número de puesto, el código y el nombre de la clase, así como la información que indique desde cuándo está vacante, el costo mensual y anualizado de cada una de ellas. Este informe deberá publicarse en el sitio web del Ministerio de Hacienda.
12. Durante el primer trimestre del año 2025, todos los órganos que conforman el presupuesto nacional estarán obligados a realizar una evaluación de costo-beneficio de los alquileres de edificios, locales y terrenos sufragados mediante la subpartida 10101. Esta evaluación será enviada a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, a fin de realizar el control del gasto presupuestario y valorar opciones para reducir el monto.
En caso de que el costo-beneficio sea negativo para la administración, los jerarcas estarán obligados a realizar las gestiones para la renegociación de los contratos y, en caso de ser posible, realizarla y renovar el contrato e informar a dicha Secretaría Técnica.
En ninguna circunstancia o razón la aplicación de esta norma podrá derivar en un aumento del gasto en nuevas contrataciones, lo que implica que no se podrá trasladar la administración a alquilar un inmueble en condiciones más onerosas que el que desaloja.
El Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), deberá incluir los ahorros obtenidos por estos procesos de renegociación, para que sean reflejados presupuestariamente.
13. La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda deberá emitir un informe al ministro de Hacienda y a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa sobre la valoración de los alquileres, definida en la norma presupuestaria anterior, antes de finalizar el primer semestre de 2025, en el que detalle lo siguiente
a) La cantidad de contratos que tiene cada institución, la moneda en la cual fueron adquiridos, la fecha en la cual fueron adquiridos y la fecha de finalización del contrato.
b) El monto de cada contrato y las erogaciones de recursos mensuales que realizan las instituciones.
c) Indicar los contratos que tienen cláusulas de renovación automática.
d) Indicar si los contratos tienen cláusulas de penalización.
e) Indicar los análisis técnicos y criterios que fundamentaron la contratación de los alquileres.
f) Las alternativas de solución existentes para atender los requerimientos institucionales relacionados con edificios y terrenos.
g) Los contratos de alquiler con opción de compra. La evaluación y el control de la partida constituirá un antecedente en la asignación de recursos para su financiamiento futuro. La evaluación debe estar concluida y considerada para la formulación del presupuesto 2025.
14. Durante el ejercicio presupuestario 2025, los jerarcas de las instituciones que conforman el presupuesto de la República no podrán autorizar la compensación de vacaciones en los términos del inciso c) del artículo 156 de la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, y deberán implementar programas para el disfrute de vacaciones acumuladas para los funcionarios y las funcionarias de sus respectivos títulos, programas y subprogramas presupuestarios.
15. Durante el año 2025, los jerarcas y titulares subordinados de todos los órganos que conforman el presupuesto nacional, las nuevas necesidades de contratos de servicios de gestión y apoyo, a los que se refieren las subpartidas 10401, 10402, 10403, 10404 y 10405 deberán suplirlas, en primera instancia, mediante el recurso humano institucional existente o convenios de cooperación con otras instituciones del sector público. En caso de no contarse con estos servicios, en los términos anteriores, podrán usarse estas subcontrataciones de conformidad con lo definido por la ley de presupuesto.
Para el caso de los contratos que requieran ser renovados por vencimiento durante el año 2025, la administración deberá hacer el estudio costo - beneficio, a fin de determinar la conveniencia económica de suplir dichas necesidades con funcionarios estatales o mediante la subcontratación.
Se excluyen de esta norma al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus órganos desconcentrados, cuando se trate de contratos para estudios de prefactibilidad, preingeniería, diseño y supervisión, y que sean necesarios para la construcción, conservación y supervisión de obra pública vial, portuaria, aeroportuaria y servicios necesarios para la operación del transporte público.
También, se excluyen de esta norma al Ministerio de Comercio Exterior y al Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo relativo a las contrataciones para la atención de litigios internacionales. El Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), deberá incluir, en cada presupuesto extraordinario presentado al Poder Legislativo durante el año 2025, un informe detallado sobre el resultado de esta disposición y de igual forma deberá contemplarlo en el informe de liquidación presupuestaria.
16. Todas las compras que realicen las entidades públicas, con fondos del presupuesto de la República, se harán por medio del Sistema de Compras Públicas (Sicop), siguiendo los lineamientos definidos en la Ley 9986, Ley General de Contratación Pública, de 27 de mayo de 2021.
17. Durante el período de vigencia de esta ley, la Tesorería Nacional estará obligada a publicar mensualmente, en el sitio web oficial del Ministerio de Hacienda, el monto ofertado y asignado de cada colocación de títulos valores, así como los rendimientos ofertados y asignados, y los plazos de vencimiento de cada una de ellas. Esto deberá realizarse incluso en aquellos casos en que no se logre asignar la colocación. Dicha publicación deberá realizarse a más tardar tres días después del último día de cada mes.
18. Al 31 de enero de 2025, y al finalizar cada uno de los tres primeros trimestres de 2025, el Poder Ejecutivo estará en la obligación de publicar un informe de los canjes deuda o reestructuración de deuda interna y externa, y eliminar del presupuesto nacional los recursos que dejen de ser necesarios para la amortización y los intereses del servicio de la deuda. Dicho informe debe incluir el saldo de intereses con la aplicación de cambios en la fuente de financiamiento.
19. Cada jerarca, de cada título presupuestario, deberá entregar al Ministerio de Hacienda, trimestralmente, un listado de las transferencias corrientes y de capital realizadas durante el 2025 por título y programa presupuestario, incluyendo montos, receptor, ejecución de la transferencia y del uso de los recursos transferidos, así como la fuente de financiamiento, el seguimiento y monitoreo de las transferencias corrientes y de capital, los montos erogados, los gastos que financiaron y los resultados detallados de estos en los órganos receptores de dichos recursos, a excepción de aquellos referidos a las contribuciones a la seguridad social. Un listado consolidado por el Ministerio de Hacienda debe ser incluido en el sitio web del Ministerio de Hacienda, en cada trimestre.
20. Todos los recursos asignados a gasto de capital durante el 2025, que correspondan a inversión pública, de acuerdo con los grupos: 5.02 (Construcciones, adiciones y mejoras) y 5.03 (Bienes prexistentes), deberán formar parte de uno o varios proyectos formalmente elaborados y entregados ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), que tendrá la obligación de custodiar dichos expedientes y revisar su avance. Se exceptúan de la disposición anterior todas las transferencias de capital, así como lo establecido en los grupos 5.01 (Maquinaria, equipo y mobiliario) y 5.99 (Bienes duraderos diversos). El Ministerio de Hacienda deberá incluir, en el informe de ejecución física definido en el párrafo segundo del artículo 52 de la Ley 8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001, el nivel de incumplimiento, los resultados parciales o totales del proyecto en cuestión y las propuestas de mejora.
21. Al cierre de marzo, junio, setiembre y diciembre de 2025, el Ministerio de Hacienda deberá remitir un informe trimestral acumulativo, a la Comisión de Asuntos Hacendarios, sobre todas las posibles sumas giradas de más, originadas por sobrepagos salariales o cualquier otra causa en el Ministerio de Educación Pública. Asimismo, se deberán informar, al mismo corte, todas las posibles sumas giradas de más en el título presupuestario 231 Regímenes de Pensiones, producto de errores en revalorizaciones, pago a jubilados fallecidos y por cualquier otra causa que da origen a la erogación. Para ambos casos, se deberán detallar los saldos pendientes de recuperación, las acciones desplegadas para su cobro y los montos recuperados.
22. El Ministerio de Hacienda deberá remitir a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, a más tardar el 15 de febrero de 2025, una certificación de los ingresos efectivos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), donde haga constar el presupuesto asignado a Fodesaf para el año 2025, proveniente de contribuciones sociales (contribución patronal sobre la nómina, según artículo 15, inciso b), de la Ley 5662) y el presupuesto asignado a Fodesaf proveniente del impuesto al valor agregado (según el artículo 15, inciso a), de la Ley 5662), incluyendo, además, la forma en que dichos ingresos fueron distribuidos dentro del presupuesto de la República, según título presupuestario, programa, subprograma, clasificación del objeto de gasto, indicador de partida y fuente de financiamiento. En dicha certificación, el Ministerio de Hacienda deberá incluir una estimación de los 593 mil salarios base a los que se refiere el artículo 15, inciso a), de la Ley 5662, y la diferencia entre los ingresos efectivos de Fodesaf procedentes del impuesto al valor agregado (IVA) y dicha estimación de los 593 mil salarios base, todo según lo requerido en artículo 15, inciso a), de la Ley 5662.
23. La Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda deberán remitir a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, a más tardar el 31 de agosto de 2025, un informe elaborado en conjunto que identifique la integralidad de los recursos asignados al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y ejecutados por las distintas unidades ejecutoras durante el presente ejercicio presupuestario, de acuerdo con la totalidad de los destinos establecidos en la Ley 5662, sus reformas y reglamentos, indicando los montos asignados y ejecutados dentro del presupuesto de la República para cada destino específico, según título presupuestario, programa, subprograma, clasificación del objeto de gasto, indicador de partida y fuente de financiamiento, así como el porcentaje de ejecución que representan. Deberá indicar, además, las modificaciones presupuestarias que, a esa fecha, hayan sido aplicadas en el presupuesto de la República en las partidas presupuestarias vinculadas a Fodesaf.
24. A más tardar el 15 de febrero de 2025, el Ministerio de Hacienda deberá remitir, a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, la siguiente información
a) Certificación emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre la inclusión (total o parcial) de las obligaciones del Estado con los seguros sociales para el ejercicio económico 2025, así como un análisis del impacto de dicha asignación sobre las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social.
b) Análisis de la evolución de los montos presupuestados y ejecutados, asignados a la Caja Costarricense de Seguro Social en los últimos diez ejercicios presupuestarios.
c) Análisis de la evolución de la deuda del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social.
25. El Ministerio de Hacienda deberá incorporar los recursos de los créditos externos que sean aprobados por la Asamblea Legislativa, a más tardar dos meses después de la entrada en vigencia de sus respectivas leyes, con el propósito de dar cumplimiento al principio de universalidad e integridad. Para acreditar el cumplimiento se deberá remitir a la Asamblea Legislativa, en la exposición de motivos de los presupuestos extraordinarios que se presenten, un análisis de los recursos de los créditos externos aprobados, incorporados y los pendientes de serlo, correspondientes a ejercicios anteriores, junto con su respectiva justificación.
26. En cada presupuesto extraordinario o modificación presupuestaria, sometido a aprobación de la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda deberá incorporar un acápite en el que verifique y acredite el cumplimiento de los principios presupuestarios establecidos en el artículo 5 de la Ley 8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001.
27. Durante el primer trimestre, cada jerarca, correspondiente a cada título presupuestario, deberá presentar, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, un informe detallado que contemple las transferencias o los pagos de cuotas a organismos internacionales programados para el año 2025 por título y programa presupuestario, incluyendo montos, receptor, ejecución de la transferencia y del uso de los recursos transferidos, así como la fuente de financiamiento, los impactos o beneficios y la sustentación jurídica de dicho pago. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá consolidar toda la información remitida y enviará a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa el informe y recomendar de cuáles organismos internacionales puede prescindir participar el Estado. El Departamento de Análisis Presupuestario analizará el informe y emitirá sus recomendaciones técnicas a la Comisión de Hacendarios.
28. Se insta al Consejo Nacional de Rectores (Conare), por medio de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), a priorizar un modelo de gestión institucional de resultados basado en indicadores que les permitan medir el fin público para el cual fue creada cada universidad. Asimismo, sea este modelo el mecanismo de seguimiento de la ejecución de los recursos asignados mediante el Fondo Especial de Educación Superior (FEES) y otras transferencias realizadas mediante el presupuesto nacional de la República.
Para ello, informará a la Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional Hacienda-Mideplán los avances trimestrales del cumplimiento de los indicadores y metas de la programación presupuestaria, quien remitirá un informe a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios del cumplimiento de esta disposición.
29. Se insta al Consejo Nacional de Rectores (Conare) a fomentar, a través de sus programas de acción social, procesos de sistematización para la gestión del conocimiento sobre buenas prácticas aplicadas en los sectores de mayor demanda laboral en el mercado empresarial de Costa Rica, con la finalidad de que las universidades públicas ajusten su oferta académica a los requerimientos nacionales en materia de empleabilidad e innovación para así incrementar la cantidad de graduandos en las áreas de mayor demanda laboral, para lo cual remitirá informes de seguimientos sobre estas iniciativas al Consejo Superior de Educación, quien analizará y emitirá las recomendaciones pertinentes.
30. Se insta al Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) para que, dentro de sus programas de formación municipal, desarrolle una asesoría especializada e integral que permita identificar las mejores prácticas de gobernanza y gestión municipal. Lo anterior, con el fin de fortalecer su oferta formativa y promover modelos de gestión municipal en los gobiernos locales con enfoque de resultados para la excelencia y desarrollo. Podrá acompañarse del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), para fortalecer el desarrollo de la presente iniciativa.
Se autorizan las siguientes modificaciones presupuestarias:
1. Se autoriza a la Municipalidad de Guatuso para que varíe el destino de la partida aprobada en la Ley 9341, código presupuestario 232 901 70104 313 280 2310 3120, por un monto de un millón seiscientos mil colones (¢1.600.000), o el saldo que exista, destinados a “Construcción de dos servicios sanitarios y una bodega en el cementerio de Bueno Aires, distrito San Rafael”, a fin de que se utilicen para mejoramiento y equipamiento del centro comunal de Buenos Aires, salón y cocina, San Rafael.
2. Se autoriza a la Municipalidad de Puriscal para que varíe el destino de la partida aprobada en la Ley 9289, código presupuestario 232 900 70104 244 280 2310 2151, por un monto de un millón ochocientos diecinueve mil cuarenta y nueve colones (¢1.819.049) o el saldo que exista, destinados a “ Compra de materiales para la reparación de la calle a Cortezal, específicamente en el hundimiento de los Barboza, distrito Barbacoas”, a fin de que se utilice para compra y colocación de lastre en la calle Ricardo Agüero en Barbacoas.
3. Se autoriza a la Municipalidad de Quepos para que varíe el destino de la partida aprobada en la Ley 9289, código presupuestario 232 906 60104 273 001 1310 2151, por un monto de diez millones novecientos ocho mil seiscientos noventa y nueve colones (¢10.908.699) o el saldo que exista, destinados a “Titulación de terrenos de las escuelas y plazas de deportes del distrito Savegre”, a fin de que se utilice para construcción de oficina y mejoras de la tubería de la Asada de Portalón, Savegre.
4. Se autoriza a la Municipalidad de Talamanca para que varíe el destino de las siguientes partidas presupuestarias:
• Ley 8691, código presupuestario 232 906 70104 329 280 2310 3120, por un monto de nueve millones de colones (¢9.000.000), o el saldo que exista, destinada “para la compra de equipo para la fabricación de alcantarillas, distrito Telire”,
• Ley 9103, código presupuestario 232 906 70104 561 001 2310 2220, por un monto de dos millones cuatrocientos mil colones (¢2.400.000), o el saldo que exista, destinada a “Proyecto construcción de cabezales y alcantarillados en quebradas, de la carretera Sepecue-Orochico, distrito Telire”,
• Ley 9103, código presupuestario 232 906 70104 565 001 2310 3120, por un monto de un millón seiscientos mil colones (¢1.600.000), o el saldo que exista, destinada a “Construcción de salón de reuniones para la asociación Iyok Alal (Hijos de la Tierra), distrito Telire”,
• Ley 9341, código presupuestario 232 906 70104 311 280 2310 3420, por un monto de tres millones doscientos mil colones (¢3.200.000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de materiales para construcción de una plataforma multiuso en el liceo de Yorkin, Distrito Telire”,
• Ley 9514, código presupuestario 232 906 70104 328 280 2310 3120, por un monto de dos millones cuatrocientos mil colones (¢2.400.000), o el saldo que exista, destinada a “Construcción de salón de reuniones para la Asociación Ñala Tskok en Orbita, distrito Telire”,
• Ley 9632, código presupuestario 232 906 70104 385 280 2310 3310, por un monto de un millón doscientos mil colones (¢1.200.000), o el saldo que exista, destinada a “Proyecto para enmallado del perímetro de la plaza de fútbol de Monte Sinaí, distrito Telire”,
• Ley 9791, código presupuestario 232 906 70104 441 280 2310 3120, por un monto de un millón seiscientos mil colones (¢1.600.000), o el saldo que exista, destinada a “Proyecto para la construcción de oficina para el Concejo de Vecinos en la comunidad de Bajo Coen, distrito Telire”,
• Ley 9791, código presupuestario 232 906 70104 435 280 2310 2151, por un monto de ochocientos mil colones (¢800.000), o el saldo que exista, destinada a “Proyecto para la remodelación del puente colgante de la comunidad de Orbita, distrito Telire”,
• Ley 9791, código presupuestario 232 906 70104 436 280 2310 3310, por un monto de ochocientos mil colones (¢800.000), o el saldo que exista, destinada a “Proyecto para la colocación de malla en el perímetro de la cancha de fútbol de la comunidad de Boca Uren, distrito Telire”,
• Ley 9791, código presupuestario 232 906 70104 439 280 2310 3130, por un monto de un millón setecientos veintinueve mil seiscientos colones (¢1.729.600), o el saldo que exista, destinada a “Proyecto para la colocación de malla en el perímetro de la oficina del acueducto de la comunidad de Suiri, distrito Telire”,
• Ley 9193, código presupuestario 232 906 70104 267 280 2310 3410, por un monto de dos millones de colones (¢2.000.000), o el saldo que exista, destinada a “Construcción de cancha polideportiva en la escuela Meleruk 2, distrito Bratsi”,
• Ley 9791, código presupuestario 232 906 70104 420 280 2310 3120, por un monto de ochocientos cincuenta y siete mil seiscientos setenta y un colones (¢857.671), o el saldo que exista, destinada a “Proyecto para construcción de salón comunal en la comunidad de Las Flores Suretka, distrito Bratsi”,
• Ley 9791, código presupuestario 232 906 70104 422 280 2310 3411, por un monto de dos millones trescientos cuarenta y siete mil trescientos dos colones (¢2.347.302), o el saldo que exista, destinada a “Compra de play recreativo para niños de preescolar de la comunidad de Olivia, distrito Bratsi”,
• Ley 9791, código presupuestario 232 906 70104 426 280 2310 3410, por un monto de ochocientos mil colones (¢800.000), o el saldo que exista, destinada a “Proyecto para la construcción de play en la escuela de Bordon, distrito Cahuita”,
• Ley 9791, código presupuestario 232 906 70104 428 280 2310 2151, por un monto de ochocientos mil colones (¢800.000), o el saldo que exista, destinada a “Proyecto para la construcción de parada de bus en la comunidad de Cataratas, distrito Cahuita”,
• Ley 9791, código presupuestario 232 906 70104 433 280 2310 3410, por un monto de un millón noventa y nueve mil seiscientos ochenta y dos colones (¢1.099.682), o el saldo que exista, destinada a “Proyecto para la construcción de play en la escuela de Carbón 1, distrito Cahuita”,
• Ley 9791, código presupuestario 232 906 70104 431 280 2310 3310, por un monto de doscientos ochenta mil colones (¢280.000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de chapeadora para el mantenimiento de la cancha de fútbol de la comunidad de Cocles, distrito Cahuita”,
• Ley 9791, código presupuestario 232 906 70104 261 280 2310 3410, por un monto de doscientos ochenta mil colones (¢280.000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de chapeadora para el mantenimiento de la cancha de fútbol de la comunidad de Manzanillo, distrito Cahuita”,
• Ley 9411, código presupuestario 232 906 70104 432 280 2310 3310, por un monto de seis millones ochocientos veintinueve mil setecientos tres colones (¢6.829.703), o el saldo que exista, destinada a “Compra de materiales para mejoras a la cancha multiusos de la escuela de Catarina, distrito Sixaola”,
A fin de que se utilicen para estudios preliminares previos al diseño y la construcción del Centro Deportivo y Cultural de Talamanca.
5. Se autoriza a la Municipalidad de Buenos Aires, para que varíe el destino de las siguientes partidas presupuestarias:
• Ley 9791, código presupuestario 232 905 70104 301 280 2310 3421, por un monto de cuatro millones cuatrocientos quince mil ciento sesenta colones (¢4.415.160), o el saldo que exista, destinada a “Remodelación del gimnasio del Liceo Yolanda Oreamuno en la comunidad de Volcán”,
• Ley 9791, artículo 8, inciso 12, por un monto de ciento ochenta mil colones (¢180.000), o el saldo que exista, destinados a “Compra de equipo musical para la iglesia católica de Ultrapez, distrito de Volcán”,
• Ley 9791, artículo 8, inciso 13, por un monto de un millón ochocientos mil colones (¢1.800.000), o el saldo que exista, destinados a “Compra de materiales de construcción para el mejoramiento del gimnasio de la escuela Convento, distrito Volcán”,
• Ley 9791, artículo 8, inciso 14, por un monto de un millón trescientos cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve colones (¢1.345.289), o el saldo que exista, destinados a la “Compra de mobiliario, equipo y utensilios de cocina para la Asociación de Desarrollo Integral de Cordoncillo de Volcán”,
• Ley 9791, artículo 8, inciso 15, por un monto de dos millones quinientos mil colones (¢2.500.000), o el saldo que exista, destinados a “Compra de mobiliario, equipo y utensilios de cocina a beneficio de la Iglesia Católica de Tarise de Volcán, distrito Volcán”,
• Ley 9791, artículo 8, inciso 16, por un monto de un millón ochocientos veinte mil seiscientos veintiocho colones (¢1.820.628), o el saldo que exista, destinados a “Mejoras al acueducto de la Piedra de Convento de Volcán, distrito Volcán”,
• Ley 9791, artículo 8, inciso 17, por un monto de veintiocho millones veinticuatro mil ciento cinco colones (¢28.024.105), o el saldo que exista, destinados a “Compra de equipo musical para la iglesia católica de Ultrapez, distrito de Volcán”,
• Ley 9926, artículo 5, inciso 35, por un monto de un millón trescientos cincuenta mil colones (¢1.350.000), o el saldo que exista, destinados a “Mejoras varias en las aulas de catequesis del templo católico de Volcán”,
• Ley 9926, artículo 5, inciso 36, por un monto de novecientos treinta y un mil trescientos cuarenta y tres colones (¢931.343), o el saldo que exista, destinados a “Compra de equipo de audio y mobiliario a favor de la iglesia cristiana Luz del Mundo ubicada en la urbanización los Pinos de Volcán”,
• Ley 9461, artículo 4, inciso 20, por un monto de ocho millones novecientos cuarenta y siete mil quinientos diecinueve colones (¢8.947.519), o el saldo que exista, destinados a “Construcción de baterías sanitarias, baños, camerinos y compra de mobiliario para el salón comunal de Volcán”,
• Ley 9461, artículo 4, inciso 24, por un monto de dos millones quinientos sesenta y siete mil novecientos diez colones (¢2.567.910), o el saldo que exista, destinados a “Compra de materiales de construcción para mejoras en el cementerio de Volcán de Buenos Aires”,
• Ley 9604, artículo 4, inciso 9, por un monto de novecientos mil colones (¢900.000), o el saldo que exista, destinados a “Compra de molino para industrialización de maíz para la elaboración de comidas regionales, de la Asociación de Mujeres de Tarise, distrito Volcán”,
• Ley 9461, código presupuestario 232 905 70104 389 280 2310 3340, por un monto de dos millones trescientos treinta y seis mil noventa y siete colones (¢2.336.097), o el saldo que exista, destinada a “Compra materiales para construcción de bodega para debido uso de la iglesia”,
• Ley 9514, código presupuestario 232 905 70104 735 001 2310 3340, por un monto de un millón de colones (¢1.000.000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de mobiliario y equipo audiovisual y musical de la iglesia de Dios de la Profecía de Altamira, distrito Volcán”,
• Ley 9514, código presupuestario 232 905 70104 738 001 2310 3120, por un monto de un millón de colones (¢1.000.000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de materiales eléctricos para la iluminación de la capilla del cementerio de Volcán, distrito Volcán”,
• Ley 9514, código presupuestario 232 905 70104 740 001 2310 3230, por un monto de quinientos mil colones (¢500.000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de equipo, mobiliario e insumos para la Fundación pro-Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, distrito Volcán”,
• Ley 9341, código presupuestario 232 905 70104 223 280 2310 1310, por un monto de dos millones trescientos ochenta y dos mil doscientos ochenta y siete colones (¢2.382.287), o el saldo que exista, destinada a “Compra de materiales para mejoras en la delegación de la fuerza pública del caserío de Peje, distrito Volcán”,
• Ley 9411, código presupuestario 232 905 70104 228 280 2310 3340, por un monto de un millón cien mil colones (¢1.100.000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de equipo musical para la Iglesia Metodista Peje de Volcán, distrito Volcán”,
• Ley 9411, código presupuestario 232 905 70104 229 280 2310 3340, por un monto de un millón cien mil colones (¢1.100.000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de equipo musical para la Iglesia Metodista de Volcán, distrito Volcán”,
• Ley 9411, código presupuestario 232 905 70104 230 280 2310 3340, por un monto de un millón cien mil colones (¢1.100.000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de equipo musical para la Iglesia la Profecía de Volcán”,
• Ley 9791, código presupuestario 232 905 70104 301 280 2310 3421, por un monto de cuatro millones cuatrocientos quince mil ciento sesenta colones (¢4.415.160), o el saldo que exista, destinada a “Remodelación del gimnasio del Liceo Yolanda Oreamuno en la comunidad de Volcán, distrito Volcán”,
• Ley 9632, código presupuestario 232 905 70104 259 280 2310 3120, por un monto de un millón ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos trece colones (¢1.843.413), o el saldo que exista, destinada a “Mejoras en el cementerio de la comunidad de Volcán, distrito Volcán”,
• Ley 9632, código presupuestario 232 905 70104 260 280 2310 3120, por un monto de novecientos mil colones (¢900.000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de motoguadaña y equipo de mantenimiento para el salón comunal de la comunidad de Cordoncillo, distrito Volcán”,
• Ley 9632, código presupuestario 232 905 70104 261 280 2310 3120, por un monto de novecientos mil colones (¢900.000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de equipo musical para la iglesia de la Profecía de la comunidad de Altamira, distrito Volcán”,
• Ley 9632, código presupuestario 232 905 70104 262 280 2310 3120, por un monto de un millón trescientos cincuenta mil colones (¢1.350.000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de utensilios de cocina y cerámica para el grupo de mujeres de Tarise, distrito Volcán”,
• Ley 9632, código presupuestario 232 905 70104 263 280 2310 3340, por un monto de novecientos mil colones (¢900.000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de equipo musical para la Iglesia Católica de la comunidad de Altamira, distrito Volcán”,
• Ley 9514, código presupuestario 232 905 70104 738 001 2310 3120, por un monto de un millón de colones (¢1.000.000), o el saldo que exista, destinada a “Compra de materiales eléctricos para la iluminación de la capilla del Cementerio de Volcán, Distrito Volcán”.
A fin de que se utilicen para la compra de uniformes, equipo y suministro para la escuela de fútbol de Volcán, distrito Volcán.
6. Se autoriza a la Municipalidad de Buenos Aires, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley 9926, artículo 5, inciso 33, por un monto de siete millones ochocientos noventa y cuatro mil setenta y cuatro colones (¢7.894.074), o el saldo que exista, destinada a “Compra de terreno para usos varios de la Asociación de Desarrollo Integral Santa Rosa”, a fin de que se utilice para la construcción de la cocina comunal en el Templo Católico de Santa Rosa, distrito Brunka.
7. Se autoriza a la Municipalidad de Poás, para que varíe el destino de la partida aprobada en la Ley 9289, código presupuestario 232 901 70104 256 280 2310 2151, por un monto de dos millones setecientos sesenta y tres mil seiscientos sesenta y un colones (¢2.763.661) o el saldo que exista, destinados a “Compra de máquina para hacer adoquines, para mejorar la aceras del distrito de San Pedro, distrito San Pedro”, a fin de que se utilice para para la compra de lámparas iluminarias para el parque de niños de la urbanización don Manuel y el parque de la urbanización el Mesón, del distrito de San Pedro.
8. Se autoriza a la Municipalidad de Alajuelita, para que varíe el destino de la partida aprobada en la Ley 9193, código presupuestario 232 900 70104 303 280 2310 3310, por un monto de tres millones cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y seis colones (₡3.434.536) o el saldo que exista, destinados a la "Construcción de los camerinos de la plaza de fútbol de la urb. Corina Rodríguez, distrito San Felipe", a fin de que se utilicen para mejoras de las infraestructuras del Parque Corina Rodríguez 1986.
9. Se autoriza a la Municipalidad de Poás, para que varíe el destino de las siguientes partidas presupuestarias:
• Ley 9411, código presupuestario 232 901 70104 270 280 2310 2151, por un monto de un millón trescientos diecinueve mil quinientos ochenta y tres colones (¢1.319.583) o el saldo que exista, destinados a “Construcción y mejoras a la parada de bus en San Juan Norte, distrito San Juan”,
• Ley 9411, código presupuestario 232 901 70104 271 280 2310 2151, por un monto de un millón trescientos diecinueve mil quinientos ochenta y tres colones (¢1.319.583) o el saldo que exista, destinados a “Construcción de paradas de bus en la entrada lineal Don Nicolas, Calle Liles y en frente de Don Taco, distrito San Juan”.
A fin de que se utilicen para arreglo de techo de escuela de San Juan Norte.
10. Se autoriza a la Municipalidad de Poás, para que varíe el destino de la partida aprobada en la Ley 9791, código presupuestario 232 901 70104 399 280 2310 2151, por un monto de un millón quinientos noventa y ocho mil ciento cincuenta y dos colones (¢1.598.152) o el saldo que exista, destinados a “Reparación de aceras de la entrada del INVU hacia el norte, en la comunidad de San Juan Sur, distrito San Juan”, a fin de que se utilice para entubado y construcción de aceras, de la entrada la lechuza hacia el norte.
(Los cuadros de este artículo se reproducen en el facsímil oficial al final del PDF de esta ley: páginas 1810 a 1831 de la edición de La Gaceta.)
El artículo 1 aprueba los ingresos ordinarios y extraordinarios del Gobierno de la República para el ejercicio económico de 2025, y el artículo 2 aprueba los egresos ordinarios y extraordinarios del Gobierno de la República para ese mismo ejercicio. Ambos remiten a cuadros que se reproducen en el facsímil oficial de La Gaceta.
El artículo 1 autoriza al Poder Ejecutivo a emitir hasta cuatro billones seiscientos sesenta y seis mil novecientos diecinueve millones novecientos ochenta y siete mil setecientos cincuenta y un colones en Títulos Valores de Deuda Interna 2025. El mismo artículo dice que parte de estas emisiones podrán realizarse en moneda extranjera.
Según el artículo 1, el Poder Ejecutivo queda autorizado para establecer por reglamento un plazo de hasta cincuenta años, el tipo de interés y las demás características de las emisiones. La tasa podrá fijarse en un máximo de 18.0% anual en colones y de 15% anual en dólares, o su equivalente en monedas extranjeras.
El artículo 1 dispone que, en el marco de la renegociación de la deuda entre el Gobierno Central y las instituciones del Sector Público No Financiero, se autoriza al Ministerio de Hacienda a reconocerles por el pago de intereses una tasa máxima igual a la suma del porcentaje de inflación más uno punto veinticinco por ciento (1,25%). Si la colocación es con no residentes, la Tesorería Nacional debe publicar la información financiera de esas colocaciones.
Los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aprueban ingresos y egresos y cada uno indica que sus cuadros se reproducen en el facsímil oficial de La Gaceta, al final del PDF de la ley. En la página figura el texto de los artículos, sin los cuadros, que son cientos de páginas de cifras.
Además de los egresos del Gobierno de la República que aprueba el artículo 2, el artículo 3 aprueba los de la Asamblea Legislativa, el artículo 4 los de la Contraloría General de la República, el artículo 5 los de la Defensoría de los Habitantes de la República y el artículo 6 los del Poder Judicial, todos para el ejercicio económico de 2025.
La norma 8 del artículo 7 autoriza durante el año 2025 a los ministerios y sus entes adscritos, a las instituciones y órganos del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, y a las entidades que reciben transferencia de Gobierno, a tener subejecución hasta de un diez por ciento (10%) de su presupuesto autorizado en cada programa o subprograma. Esa subejecución no podrá considerarse para reducir después el presupuesto de las subpartidas o partidas subejecutadas.
La norma 10 del artículo 7 dice que durante 2025 no se crearán nuevas plazas en los ministerios ni en sus órganos desconcentrados, salvo autorización de la Autoridad Presupuestaria con una evaluación de su impacto sobre la regla fiscal. Los recursos de plazas vacantes creadas antes del 1 de enero de 2025 y no utilizadas antes del 30 de junio de 2025 se destinan a los cuerpos policiales, en partes iguales entre el programa 928 del Poder Judicial y el título 205 Ministerio de Seguridad Pública, mediante presupuesto extraordinario presentado antes del 30 de agosto de 2025.
La norma 16 del artículo 7 ordena que todas las compras de las entidades públicas con fondos del presupuesto de la República se hagan por medio del Sistema de Compras Públicas (Sicop), siguiendo los lineamientos de la Ley 9986, Ley General de Contratación Pública.
El artículo 8 autoriza a las municipalidades de Guatuso, Puriscal, Quepos, Talamanca, Buenos Aires, Poás y Alajuelita a variar el destino de partidas aprobadas en leyes anteriores, o su saldo, para proyectos que el propio artículo describe. Por ejemplo, la Municipalidad de Guatuso puede destinar un millón seiscientos mil colones (¢1.600.000), o el saldo que exista, al mejoramiento y equipamiento del centro comunal de Buenos Aires, salón y cocina, San Rafael.
¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.
Dictamen jurídico sobre la masacre cometida en el Cerro San Miguel de Alajuelita el Domingo de Ramos de 1986: siete víctimas —una mujer adulta y seis menores de edad—; una sentencia condenatoria (1989) anulada en 1990 por graves irregularidades —entre ellas, indicios de tortura para obtener la confesión del adolescente…
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