En el complejo mundo del derecho administrativo, a menudo se asocia la labor del abogado con la impugnación de las acciones del Estado. Sin embargo, una función igualmente crucial, y quizás menos comprendida, es la defensa vigorosa de los actos administrativos que son válidos y beneficiosos para el país. Esta defensa no es, como algunos podrían pensar, una simple protección del «poderoso», sino una salvaguarda del progreso, la seguridad jurídica y la eficiencia estatal.
Más Allá del Prejuicio: ¿A Quién se Defiende Realmente?
Cuando un abogado administrativo defiende una concesión de obra pública, no solo está representando a una empresa. Está protegiendo un proyecto que puede generar cientos de empleos, mejorar la infraestructura y, en última instancia, beneficiar a toda la ciudadanía. Frecuentemente, estos proyectos enfrentan recursos administrativos malintencionados, interpuestos por competidores cuyo único objetivo es entrabar y retrasar el proceso para obtener una ventaja indebida. En este contexto, la defensa del acto administrativo válido se convierte en una defensa del interés público.
El Peligro de la «Parálisis por Análisis»
Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de un país es la ineficiencia administrativa. Los procedimientos deben ser justos y garantizar el debido proceso, pero también deben ser ágiles. El fenómeno conocido como «parálisis por análisis», donde los funcionarios públicos temen tomar decisiones por el riesgo de enfrentar demandas, es un verdadero cáncer para la administración. Este miedo a decidir congela proyectos, retrasa inversiones y ahoga la iniciativa. Un sistema legal robusto debe dar seguridad no solo al ciudadano que impugna, sino también al funcionario que actúa conforme a la ley y al inversor que confía en la validez de los actos del Estado.
El Rol del Abogado: Un Defensor de la Justicia y la Eficiencia
Por lo tanto, el abogado experto en derecho administrativo tiene una doble responsabilidad. Por un lado, debe ser un fiscal implacable contra los actos inválidos que perjudican los derechos de los ciudadanos. Por otro lado, debe ser un defensor férreo de los actos válidos que impulsan el desarrollo. Defender la legalidad y la legitimidad de una decisión bien tomada es tan importante como atacar una arbitraria. Solo a través de este equilibrio se puede asegurar que la maquinaria del Estado funcione de manera justa, ágil y en beneficio de toda la sociedad.
